Iliana González Ramírez

Expediente 1036/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1036/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Iliana González Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hubiese recurrido el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20 fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda no presentada; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistas las demandas de amparo promovidas por Iliana González Ramírez, en representación de la niña L.M.C.G. personalidad que se presume acredita con la copia simple del acta de nacimiento de la niña que al efecto exhibe, ambas, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se provee como sigue. Sigilo de las constancias. Como medida preventiva, se ordena glosar en sobre cerrado de sigilo las fojas en las que aparezcan datos que refiera a la niña quejosa, así como la acta de nacimiento de la niña accionante de amparo, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 al 23, 113, 116, 120, fracción V; 68, fracción I, y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo sustentado en los artículos 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la protección de los datos personales de la niña implicada en el presente asunto, en el entendido de que su contenido no queda a la vista de las partes, sino únicamente para la consulta de esta juzgadora al momento de resolver la litis constitucional. Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Acumulación de la demanda. Del estudio que se realiza a las demandas de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado esencialmente: "El auto de 22 de junio de 2023, dictado en la controversia familiar ********************." (sic) Ahora, al tomar en consideración que las demandas que dieron origen a los expedientes 1036/2023 y 1037/2023, son promovidas por Iliana González Ramírez, en representación de la niña L.M.C.G., al margen de que guardan estrecha relación, por las consideraciones que más adelante se precisarán, se ordena su acumulación. El artículo 66 de la Ley de Amparo, dispone que los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente dicha Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Asimismo, dispone que el órgano jurisdiccional determinará, al atender a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. De igual forma, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dispone que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En la especie, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como un hecho notorio que se puede invocar de manera oficiosa, se advierte que en los escritos de demanda de amparo registrados con los folios 13119 y 13120, se reclama del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en la controversia familiar ********************; por tanto, constituyen relaciones jurídicas derivadas del mismo hecho; por lo que, se colman los extremos previstos tanto en el artículo 66 de la Ley de Amparo, como en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa del ordinal 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número P./J.24/2015 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." En esas condiciones, toda vez que el artículo 66 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para determinar si se resuelve de plano; en estricto acatamiento al principio de economía procesal y con la finalidad de evitar el dictado de determinaciones contradictorias, se decreta de plano la acumulación de la demanda de amparo 1037/2023, al juicio de amparo 1036/2023, ambas promovidas por Iliana González Ramírez, en representación de la niña L.M.C.G., del índice de este Juzgado de Distrito, por ser el más antiguo. Por lo antes expuesto, elabórese una sola carátula que identifique a los juicios de amparo de que se trata, en la que se debe asentar en el casillero: juicio de amparo número "1036/2023 y acumulado 1037/2023". Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo1, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo, porque la ausencia de firma electrónica representa la falta de voluntad de la quejosa. En efecto, los mencionados artículos de la Ley de Amparo, regulan la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo, prevé como una opción para el justiciable, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, destacando que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 2, fracciones XV y XVI, 3, fracción I, 16, 48, 51, 52 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, en los que se establece que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, se establece que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. Ahora, en el caso en concreto, del estudio integral a los escritos de demanda, se advierte que no contienen la firma electrónica original de la promovente Iliana González Ramírez, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 3º, 6 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Por tanto, resulta evidente la improcedencia de la demanda de amparo de que se trata, al no obrar la firma electrónica que en los casos en que se promueva una demanda utilizando los servicios tecnológicos debe obrar inequívocamente, tal como se encuentra sustentado en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Así, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tales documentos y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se le puede dar valor probatorio alguno a las promociones (demandas) de cuenta por haber sido presentadas sin firma electrónica (evidencias criptográficas). En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quien al parecer promovió la demanda, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sin que se inobserve que la quejosa aduce promover la demanda como amparo urgente sin firma electrónica de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Amparo, al tener por objeto actos que importan peligro de privación de la vida, por considerar que el hecho de no proporcionarle los medios para la subsistencia y cuidado de la niña quejosa, con la prontitud necesaria pone en riesgo su vida, su salud y su integridad física; sin embargo, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa se duele del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en la controversia familiar ********************, del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la que el Juez acuerda que una vez que acredite la necesidad y urgencia con mayores elementos probatorios prima facie, estará en condiciones de resolver las medidas provisionales de guarda y custodia, así como el pago de pensión alimenticia en favor de la niña involucrada; por lo que con dichas manifestaciones no puede discernirse que reclame actos de los establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo; por tanto, el acto que reclama, no encuadra en las hipótesis previstas en los preceptos de referencia. Precisamente, no debe pasarse por alto que como evidenció el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 6/2014, el sentido funcional de la suspensión de plano radica en que se encuentra establecida para aquellos actos inconstitucionales en sí mismos, esto es, de aquellos los cuales desde una primera impresión claramente es perceptible su inconstitucionalidad, por su notoriedad, dentro de los que no encuadran aquellos que su ilegalidad se encuentra sujeta a prueba, para los que se instituyó un incidente de suspensión en el cual se pueda probar la necesidad o no de conceder una medida cautelar. Característica que no puede afirmarse del acto reclamado en el presente asunto, en el cual para poder sostenerse que resulta inconstitucional, deben probarse su falta de ajuste a los parámetros legales, al tratarse de un acto de una autoridad jurisdiccional que goza de presunción de legalidad, por lo que mientras su nulidad no sea declarada expresamente por autoridad competente, surte plenamente sus efectos. Sin que se inobserve que en diversas partes de su escrito de demanda señale la promovente que tal acto pone en peligro la vida de la parte quejosa, y que ocasiona afectaciones a su integridad física y psicológica, actos inhumanos o de maltrato, no obstante, el análisis de los actos reclamados debe ser conforme a su naturaleza, y no con base en los conceptos de violación que planteé la parte quejosa respecto a los efectos que aduce que le producen los mismos, siendo que el acto que reclama como destacado se trata de un acuerdo en el que determinó que previo a dictar las medidas provisionales solicitadas, tenía que acreditar los requisitos que le fueron indicados, lo cual por su naturaleza no encuadra en las hipótesis previstas en los preceptos de referencia, y de lo que se deduce que tales cuestiones en realidad van encaminadas a combatir la ilegalidad de dicho acto -más no constituyen por sí mismas actos destacados-, sustentado en que la afectación a sus derechos es producida por la emisión de ese acuerdo. Ello pues de no razonarlo así implicaría que bastaría con que en su demanda la parte quejosa señalara en cada acto que reclamara que el mismo le produce como efectos afectaciones de las previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que el mismo fuera tramitado conforme a los preceptos excepcionales, que rigen ese tipo de casos específicos, lo que no fue así pretendido por el legislador. En tales condiciones, no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica). De igual manera, no obsta a la presente determinación, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que se tenga por recibida la demanda sin el uso de la firma electrónica, en virtud de que, refiere, bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que tiene para firmar electrónicamente por su extravío y de que no ha realizado el trámite correspondiente para su recuperación; y que, en caso que este órgano jurisdiccional considere que no puede dársele trámite sin contar con la firma electrónica, no obstante que acredita la autenticidad del escrito y su identidad, con copia de su identificación oficial; toda vez que, independientemente de que no acredita el extravió que refiere, está en posibilidades de acudir ante las instancias correspondientes a llevar a cabo el trámite de recuperación, y el hecho de que señale que no ha realizado dicho trámite, no es razón legal, para que este juzgador proceda a ordenar diligencias (videoconferencia), para acreditar la autenticidad de la demanda de amparo, pues, se reitera, la única excepción contemplada legalmente para que no se requiera la Firma Electrónica, es cuando el amparo se promueve en los términos del artículo 15 de esta Ley; esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que no sucede en el caso. Lo expuesto, además, porque el artículo 3º de la Ley de Amparo prevé como una "opción" -como acto voluntario en el que asume las cargas que conlleva - para el justiciable, la de presentar su demanda en forma electrónica, en caso de que decida hacerlo así, debe utilizar una firma electrónica (FIREL) que le pertenezca, ello ya que tal evidencia criptográfica se trata de un requisito esencial de la demanda, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe, y permite advertir la voluntad de la parte quejosa de realizar ese acto procesal, cuya omisión necesariamente conlleva el desechamiento de la demanda, al tratarse de un requisito no dispensable conforme al precepto en comento, y los numerales 6, 9, 11, segundo párrafo, 16 y 45 del "Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", así como la jurisprudencia: P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Pues incluso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 11/2022 (11a.), con registro 2025488, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO" determinó que aún en el caso de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), era obligatorio cumplir con ese requisito. Luego, es que con mayor razón en el caso se tenga que cumplir con el mismo, pues no debe pasarse por alto además, que los requisitos y cargas establecidas para las partes en las leyes adjetivas tienen como finalidad brindar seguridad jurídica y asegurar la igualdad de las partes en la contienda, de allí que su aplicación sea obligatoria por los operadores de justicia para respetar el Estado Constitucional de Derecho que sostiene todo sistema jurídico, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos evidencio en el caso Cayara vs Perú, en el sentido de que no se debe permitir que se continúe con un procedimiento que sea enderezado sin cumplir con las leyes de procedimiento, pues si así se hiciera se incumpliría con el fin último del sistema que consiste en brindar seguridad jurídica y equidad procesal, perdiendo así su credibilidad, para lo cual expresamente señaló que tanto esa corte internacional como los órganos jurisdiccionales de los Estados parte, deben guardar "un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional", pues de continuar con un proceso enderezado, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales establecidas en las normas, acarrearía la pérdida de autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar un sistema jurídico. Determinación que es concordante con el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que consigna en México el derecho a la tutela judicial efectiva, precisando que si bien las autoridades del país deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales, ello sólo ocurre cuando no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso, o algún otro derecho en ese juicio. Así como con las jurisprudencias 1a./J. 90/2017 (10a.), 2a./J. 12/2016 (10a.), de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros 2015595 y 2010984, de rubros "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN" y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS", en las que ambas salas de nuestro tribunal constitucional sostuvieron que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, y el derecho a un recurso judicial efectivo previsto en el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son perfectamente compatibles con los requisitos de procedencia establecidos por el órgano legislativo para acceder a la jurisdicción del Estado, dentro de su ámbito de libertad de configuración legislativa. De allí que este órgano jurisdiccional de amparo, se encuentre obligado a observar el requisito de procedencia en comento, y de no hacerlo de forma excepcional respecto de la aquí quejosa como ella pretende, este juzgado de Distrito incurría en una actuación arbitraria, realizando una distinción con parcialidad sin justificación legal alguna, actuando así fuera del Estado Constitucional de Derecho, y afrentando directamente la estabilidad del sistema jurídico que nos rige, ello pues la única excepción establecida por el legislador ordinario para cumplir con la firma electrónica en comento, fue en los casos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, dentro del cual no encuadra este juicio de amparo, en el que el acto reclamado consiste en la omisión de dar trámite a la solicitud de la quejosa para la emisión de un decreto pensionario. En consecuencia, es que el requisito anotado, resulta uno no dispensable, y que debe ser cumplido cuando se opta por presentar una demanda en línea. Finalmente, como lo solicita la promovente, a fin de respetar el principio del interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación de la niña quejosa, se abandona el término "menor" para referirse en este juicio de amparo a niña, pues como se señala en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito jurídico, la utilización del término "menor" como sustantivo revela una visión tutelar hacia las personas que las limita en su autonomía, por lo que reconocerlas con el término niñas, niños o adolescentes, según sea el caso, resulta fundamental para estimarlas titulares de derechos, con autonomía propia y con capacidad para tomar sus propias decisiones. En tales condiciones, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse este juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que la demanda de amparo carece de firma electrónica; es decir, no es necesario sustanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque ella se advierte del análisis del propio escrito de demanda. Designación de apoderado legal Por otra parte, en relación a que se tenga la representación de la promovente a la persona que se menciona en la carta poder que acompaña, para que actué en su nombre en todos los asuntos de su interés, no ha lugar, pues ante la falta de Firma Electrónica (evidencia criptográfica) de la promovente en los términos precisados, se trata de una copia simple la cual carece de valor probatorio. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis de jurisprudencia número 730 publicada en la página 491 del Tomo VI en Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación años 1917-1995 que dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR.- Las copias fotostáticas sin certificar resultan insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva del interés jurídico, ya que tales documentos carecen de valor legal alguno, por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo." De igual forma, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, dictado en sesión de quince de febrero del dos mil uno, en los autos del incidente en revisión 872/2000-I, en la que aplicó la jurisprudencia número 193 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 132, Tomo VI, Octava Época, Apéndice de 1995, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo; el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documentos realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia irreal del documento que se pretende hacer aparecer." Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Sin que haya lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que propone, en razón de que no acreditan que se encuentren legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, ya que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tanto, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Lo anterior es así, ya que con independencia de que sus cédulas profesionales se encuentren registradas en la Dirección General de Profesiones, es obligatorio el uso del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, con fundamento en lo establecido en el artículo 261, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. En el entendido de que los requisitos a seguir para el registro de referencia son los establecidos en el artículo 263 de dicho acuerdo general. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica, siempre y cuando se realice con los usuarios que proporciona y se encuentren registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, las notificaciones para la parte quejosa, se realicen en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con registro digital 164525, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, comunicada mediante el oficio CCJ/ST/3095/2023, asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

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