ILIANA GONZÁLEZ FIGUEROA y Otros.

Expediente 763/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 27 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
763/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
27/06/2017

Partes del expediente

  • ILIANA GONZÁLEZ FIGUEROA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por ...., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 763/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la parte quejosa reclama, en esencia, la vulneración a su derecho de audiencia y a las formalidades esenciales del procedimiento establecidas por el ordinal 14 constitucional, consistente en otorgar a los quejosos ...., la oportunidad de defensa previamente al dictado de la determinación de seis de abril de esta anualidad, la cual les fue notificada el diecinueve de junio del año que transcurre; además, la ilegalidad de las notas de extrañamiento de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, la falta de fundamentación y motivación de las mismas, además de la ilegalidad de la determinación de seis de abril del año en curso, y su falta de motivación y fundamentación. Una vez precisado lo anterior, se indica que contra los actos reclamados en este asunto, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, se estima que los actos realmente reclamados por los quejosos, tienen naturaleza laboral y subyace dentro de la relación jurídica derivada de la relación de trabajo existente entre los peticionarios del amparo como empleados y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como patrón equiparado, en donde no obstante la subordinación lógica y legal del empleado al empleador (Ley Federal del Trabajo. Artículo 8°. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado) y la calidad de ente público del segundo, los actos suscitados dentro de tal relación no pueden considerarse como de autoridad, ya que la norma no faculta a los patrones para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de sus trabajadores, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Ello, pues en términos del artículo 123, apartado A, fracción XX, y Apartado B, fracción XII, Constitucional, las diferencias o los conflictos entre los patrones (particulares y públicos) y los trabajadores, se sujetarán a la decisión de los Tribunales laborales competentes, lo cuales se integran por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno. En la especie, para sostener lo inicialmente afirmado, es conveniente señalar que de constancias de autos, en particular de lo narrado por los quejosos en sus antecedentes de los actos reclamados, se advierte en lo de interés que son trabajadores del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, quienes hasta el diecinueve de junio del año en curso, se ostentaban como prefecta e intendente, respectivamente de la escuela secundaria Técnica Número 85, en el Estado de Oaxaca, localizada en la colonia Reforma, perteneciente a la zona escolar 01; luego el dieciséis de junio del año en curso al quejoso ..., le fue notificado nota de extrañamiento, y a la diversa quejosa .... en su expediente personal existe una nota de extrañamiento de la misma fecha, la cual nunca le ha sido notificada; posteriormente, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, les fue notificada la determinación de seis de abril de dos mil diecisiete. De lo narrado se pone de manifiesto que los actos reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que tiene su origen en la relación laboral que los promoventes sostienen con las responsables en su carácter de patrón equiparado (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca); por lo que las controversias suscitadas entre ellos deben decidirse ante la vía ordinaria ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente y no directamente en la vía constitucional mediante el juicio de amparo. Ello, máxime que la materia del acto reclamado en su caso se instituye como la violación a un derecho laboral a cargo del patrón, específicamente a su derecho de inamovilidad laboral, como bien lo aducen los impetrantes en el libelo constitucional, el cual se encuentra protegido por la Constitución en su artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Esto es, no basta que la parte quejosa alegue una violación constitucional o a un derecho humano para hacer procedente el juicio de amparo, sino que es requisito que ese acto se reclame a una autoridad o a un particular que realice actos equiparables, lo que en el caso no acontece, ya que los patrones al efectuar determinaciones en relación a sus empleados no obstante que viole sus derechos humanos, no puede dársele el carácter de autoridad o ente equiparado a una. Se invoca en apoyo, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página 329, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizados con las amplias facultades que dispone el ordinal 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo manifestado la parte quejosa, y ser el presente asunto de naturaleza laboral en el que la demanda de amparo es promovida por la parte trabajadora. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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