Iliana Castillo Caraza
Expediente 1630/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1630/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 05/03/2018
Partes del expediente
- Iliana Castillo Caraza
- Eduardo Bofill Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
III) Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución de treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 54 a 75), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo); lo anterior, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva. 3. El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, inciso III, párrafo primero, del Acuerdo en mención). En ese contexto, se ordena glosar el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa; mientras que por lo que hace al duplicado del referido incidente, manténgase por cuerda separada y glósese copia íntegra de la presente resolución para los efectos legales conducentes. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales presentados en el juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa y el tercero interesado, no desahogaron la vista formulada en proveído de diecisiete de enero del presente año (foja 11), en relación con la forma en que la autoridad responsable Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la quejosa ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 54 a 75), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Iliana Castillo Caraza en beneficio de sus hijos Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia." 2. Determinación que causó ejecutoria el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y en esa misma fecha se requirió cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 79 y 80). 3. Ahora bien, la concesión de amparo fue para el efecto de que la responsable Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, cumpliera con lo siguiente: "1). Deje intactos la audiencia y el auto de veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, respectivamente, dictados dentro del expediente 502/2017. 2). Emita otra determinación, en la cual, exponga de manera fundada y motivada: a. Que en el sentido más amplio de protección a los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, ordene que los referidos menores y sus progenitores Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda; conjunta o separadamente, reciban terapias psicológicas, con enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. b. De no llevar a cabo lo señalado en el inciso que antecede, haga efectivas las medidas necesarias a los progenitores de los menores, Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda; incluyendo en su caso la imposición de hasta por treinta y seis horas de arresto, como lo señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles, la suspensión o perdida de la guarda y custodia, por parte de los progenitores, conforme el artículo 4.102, fracción III, del Código Civil, ambos del Estado de México, para evitar que se sigan cometiendo contra los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos. c. Que la participación de los referidos menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo en el juicio debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el menor deponga sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación; c.1. Que esa preparación que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el menor quede lo más protegida posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales; c.2. Que en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal del menor en el proceso judicial, debe definirse, previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parada el lapso de espera). c.3. Que los referidos lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite al menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes. d. Que todo lo anterior, lo haga del conocimiento a la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación NUC: TOL/TOL/VIT/034/084092/16/10 y, tenerlo presente al resolver en definitiva sobre el régimen de convivencias al que tienen derecho los padres; para evitar que se sigan cometiendo contra los menores, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos; asimismo, que e. Se reanuden las convivencias entre el progenitor y sus menores hijos." (SIC) Ahora, mediante oficio 22, presentado el nueve de enero de este año en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México (fojas 84 a 91), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho remitió copias certificadas del acuerdo de ocho de enero del presente año, emitido en el expediente 502/2017, a través del cual se advierte que cumple con los efectos señalados con los números ( 1 y 2), así como a los incisos (a, b, c.1, c.2, c.3, d y e), toda vez que: Dejó intactos la audiencia y el auto de veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictados en el expediente 502/2017. Ordenó que los progenitores Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda y los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, reciban terapias psicológicas conjunta o separadamente. Giró oficio al Director de la Clínica Juan Ramón de la Fuente, a efecto de que brinden a dichas personas la atención especializada solicitada. Apercibió a los progenitores que en caso de inasistencia a las terapias correspondientes, se les impondrá un arresto de treinta y seis horas y la suspensión o pérdida de la guarda y custodia de los menores. Refirió que para el caso de que sea necesaria nuevamente la participación de los menores, la audiencia correspondiente deberá estar previamente preparada y diseñada con asistencia profesional anterior a la cita judicial. Hizo del conocimiento de la Agente del Ministerio Publico adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación TOL/TOL/VIT/034/084092/16/10, el contenido de dicho proveído. Ordenó reanudar las convivencias entre el progenitor Eduardo Bofill Aranda y los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo. De lo cual que se puede apreciar que la autoridad responsable cumplió con lo encomendado en sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el presente asunto. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Alejandra Domínguez Santos, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Se hace efecvtivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa y el tercero interesado, no desahogaron la vista formulada en proveído de diecisiete de enero del presente año (foja 11), en relación con la forma en que la autoridad responsable Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió con exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida a la quejosa ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 54 a 75), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Iliana Castillo Caraza en beneficio de sus hijos Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que quedaron precisados en el considerando segundo, en términos del considerando sexto de esta sentencia." 2. Determinación que causó ejecutoria el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete y en esa misma fecha se requirió cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 79 y 80). 3. Ahora bien, la concesión de amparo fue para el efecto de que la responsable Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, cumpliera con lo siguiente: "1). Deje intactos la audiencia y el auto de veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, respectivamente, dictados dentro del expediente 502/2017. 2). Emita otra determinación, en la cual, exponga de manera fundada y motivada: a. Que en el sentido más amplio de protección a los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, ordene que los referidos menores y sus progenitores Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda; conjunta o separadamente, reciban terapias psicológicas, con enfoque en que aprendan a convivir de manera civilizada y correcta, con las herramientas psicológicas necesarias para corregir sus conductas indebidas, la resolución de conflictos y comunicación asertiva, con la finalidad de lograr acuerdos que beneficien a los menores, en todos los aspectos. b. De no llevar a cabo lo señalado en el inciso que antecede, haga efectivas las medidas necesarias a los progenitores de los menores, Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda; incluyendo en su caso la imposición de hasta por treinta y seis horas de arresto, como lo señala el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles, la suspensión o perdida de la guarda y custodia, por parte de los progenitores, conforme el artículo 4.102, fracción III, del Código Civil, ambos del Estado de México, para evitar que se sigan cometiendo contra los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos. c. Que la participación de los referidos menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo en el juicio debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el menor deponga sino, además, respecto de la asistencia profesional anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes la razón de su próxima intervención, el contenido y su posible duración, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su participación; c.1. Que esa preparación que, además, debe acreditarse, es necesaria para propiciar que el menor quede lo más protegida posible en su condición psíquica y emocional, y prepararlo para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales; c.2. Que en el auto que requiera de cualquier modo la participación personal del menor en el proceso judicial, debe definirse, previamente, el lugar específico en que aguardará mientras no se desahogue la diligencia a que haya sido invitado, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, sala o recinto abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parada el lapso de espera). c.3. Que los referidos lineamientos y condiciones consten en el mismo auto en que se invite al menor de edad a acudir ante el Juez, a fin de tener certeza de que se adoptarán por decreto judicial tales medidas y, además, para estar en posibilidad de verificar si las que considera aplicables, efectivamente son todas las necesarias y conducentes. d. Que todo lo anterior, lo haga del conocimiento a la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación NUC: TOL/TOL/VIT/034/084092/16/10 y, tenerlo presente al resolver en definitiva sobre el régimen de convivencias al que tienen derecho los padres; para evitar que se sigan cometiendo contra los menores, violaciones manifiestas de la ley, que los vuelvan a dejar sin defensa, por no reconocerles jurídicamente sus derechos humanos; asimismo, que e. Se reanuden las convivencias entre el progenitor y sus menores hijos." (SIC) Ahora, mediante oficio 22, presentado el nueve de enero de este año en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, la Jueza Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México (fojas 84 a 91), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para acreditar su dicho remitió copias certificadas del acuerdo de ocho de enero del presente año, emitido en el expediente 502/2017, a través del cual se advierte que cumple con los efectos señalados con los números ( 1 y 2), así como a los incisos (a, b, c.1, c.2, c.3, d y e), toda vez que: I. Dejó intactos la audiencia y el auto de veinticinco y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictados en el expediente 502/2017. II. Ordenó que los progenitores Iliana Castillo Caraza y Eduardo Bofill Aranda y los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo, reciban terapias psicológicas conjunta o separadamente. III. Giró oficio al Director de la Clínica Juan Ramón de la Fuente, a efecto de que brinden a dichas personas la atención especializada solicitada. IV. Apercibió a los progenitores que en caso de inasistencia a las terapias correspondientes, se les impondrá un arresto de treinta y seis horas y la suspensión o pérdida de la guarda y custodia de los menores. V. Refirió que para el caso de que sea necesaria nuevamente la participación de los menores, la audiencia correspondiente deberá estar previamente preparada y diseñada con asistencia profesional anterior a la cita judicial. VI. Hizo del conocimiento de la Agente del Ministerio Publico adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres, dentro de la carpeta de investigación TOL/TOL/VIT/034/084092/16/10, el contenido de dicho proveído. VII. Ordenó reanudar las convivencias entre el progenitor Eduardo Bofill Aranda y los menores Eduardo y María Fernanda, ambos de apellidos Bofill Castillo. De lo cual que se puede apreciar que la autoridad responsable cumplió con lo encomendado en sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en el presente asunto. Consecuentemente, de lo hasta aquí expuesto se arriba a la conclusión de que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó violados, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo y al no haberse inconformado dentro del plazo que refiere el artículo 196 de la ley de la materia, en tales condiciones, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, publicada en la página 301 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, con número de registro 165807, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Supernumerario Segundo Familiar de Toluca, Estado de México, por medio del cual remite copia certificada de diversas constancias del expediente 502/2017 de su índice estadístico, ello con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo (fojas 79 a 80). En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibidas que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 247, publicada en la página 203, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta de 1917-2000, con número de registro 917781, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el tercero interesado haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 46), se le tuvo como domicilio de la parte tercera interesada, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente a la quejosa y por lista a la tercero interesada. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.
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