Iliana Angelica Hernandez Cha

Expediente 96/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
96/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Iliana Angelica Hernandez Cha

Actuaciones

  1. Principal

    VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, al que anexa copia certificada del testimonio dictado en el conflicto competencial 7/2018, suscitado entre el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo y este Juzgado. Desprendiéndose que la superioridad resolvió en los siguientes términos: ".Primero. Se declara legalmente competente al juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al conocer de la demanda de amparo promovida por Ilia Angélica Hernández Cha. Segundo. Remítase testimonio de esta resolución a las autoridades contendientes y los autos del juicio de amparo al juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad." En consecuencia, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido, ..NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, por medio del cual informa que da trámite el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, correspondiéndole el número de conflicto competencial 7/2018. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, por medio del cual reitera de dicho órgano jurisdiccional no es competente para conocer del juicio de amparo 179/2018 de su índice; por lo que, remitió los autos del citado juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en Turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, para los efectos del artículo 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta secretarial que antecede, se tiene por recibido el oficio 319-A-VII, que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remite el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, al que acompaña los autos del juicio de amparo 179/2018 de su índice, promovido por ILIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CHA; por el que comunica que determinó declinar la competencia por cuestión de territorio, para conocer del indicado asunto. En consecuencia, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 96/2018. Ahora, previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo promovida por ILIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CHA; corresponde analizar el planteamiento de competencia territorial a favor de este órgano jurisdiccional que hace el juez declinante, en tanto que ello constituye un presupuesto procesal de orden público. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina con el mayor de los respetos no aceptar la competencia para resolver el juicio de amparo 179/2018 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, ya que no se comparten las razones de ese juzgador, no obstante que afirme que la quejosa habita en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, municipio donde éste órgano ejerce jurisdicción territorial, conforme se justifica a continuación. La autoridad declinante basa su determinación en la hipótesis de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se observa del indicado numeral, para que se actualice dicho supuesto de competencia a favor del juez del lugar donde el acto que se reclame se haya ejecutado, es menester que el mismo tenga "ejecución material". En el particular, para que el Juez de Distrito con sede en esta ciudad, -en este caso por cuestión de turno el suscrito- deba conocer de la aludida demanda de amparo, los actos reclamados por ILIA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CHA deben tener ejecución material, tratar de ejecutarse, estar ejecutando o se hayan ejecutado, en donde ejerce jurisdicción territorial este órgano; de lo contrario no se actualiza la regla competencial en que funda la autoridad declinante su determinación. Así en el particular, tenemos que la impetrante hace consistir los actos reclamados en: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- Tanto de la H. Comisión Ejecutiva del FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), como de la C. Vocal Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), reclamo lo siguiente: 1).- El Oficio número FOVI/18/094, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, signado por la LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA, en su carácter de Vocal Ejecutiva del FOVISSSTESON. Mediante este Oficio, se me negó la devolución de los saldos que, durante mi vida laboral activa, mi patrón aportó en mi favor al Fondo de la Vivienda del ISSSTESON (el FOVISSSTESON). 2).- La aplicación de la Ley número 38, (Ley del ISSSTESON), que regula la operación y funcionamiento del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. Esa aplicación quedó materializada en el Oficio número FOVI/18/094, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, signado por la LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA, en su carácter de Vocal Ejecutiva del FOVISSSTESON. B).- Del H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en el "Palacio Legislativo" ubicado en: CALLE TEHUANTEPEC ESQUINA CON PEDRO MORENO, COLONIA LAS PALMAS, EN HERMOSILLO, SONORA, reclamo lo siguiente: 1).- La aprobación y expedición de la Ley número 38 del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), por la inconstitucionalidad de sus artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II, 113, fracción III, y 114. 2).- La omisión legislativa de establecer el mecanismo conforme al cual, los trabajadores bajo el régimen de seguridad social del ISSSTESON, puedan disponer de las aportaciones hechas en su favor por parte de sus patrones, en materia de Fondo de Vivienda y con destino al FOVISSSTESON. C).- De la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en el "Palacio de Gobierno" ubicado en: CALLE DOCTOR PALIZA #26, ESQUINA CON COMONFORT, COLONIA CENTENARIO, EN HERMOSILLO, SONORA, reclamo lo siguiente: 1).- La promulgación y publicación de los artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II, 113, fracción III, y 114 de la Ley número 38 del ISSSTESON, que hoy vengo tildando de inconstitucionales." Como se observa, por su naturaleza, dichos actos constituyen una negativa simple (negativa de devolución de saldos aportados al FOVISSSTESON, contenida en el oficio FOVI/18/094), y una omisión legislativa, ambos carentes de ejecución material. En el caso de la omisión legislativa se considera que no requiere justificación esa afirmación, por ser una cuestión de conocimiento general que no hay materia de ejecución. Ahora, en cuanto a la negativa simple, aquella conclusión de que carece de ejecución material, obedece a que se trata de una determinación meramente declarativa que no alteró el estado de las cosas, ni modificó el entorno o la esfera jurídica de la quejosa, es decir, con el sentido de esa respuesta quedó en una situación idéntica a la que tenía antes de la solicitud de devolución de saldos aportados por su patrón al FOVISSSTESON, esto es, la indisponibilidad de la solicitante respecto de los recursos que pidió. Ello a pesar de que efectivamente para fundamentar el sentido de la determinación, las responsables hayan invocado los numerales cuya inconstitucionalidad combate ahora la impetrante, sin embargo, esa "aplicación" o fundamentación, no constituye per se una "ejecución material" de la inconstitucionalidad reclamada con motivo de la respuesta negativa, a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, sino que en todo caso, constituye parte de la propia actividad declarativa del acto reclamado conforme a las obligaciones de las autoridades responsables (fundar y motivar), por lo que la indicada "aplicación" de los artículos combatidos, se debe ver desde una óptica integral en el contexto del acto reclamado, es decir, sin desmembrarlo tal y como fue planteado. Lo que tiene sustento en lo que sobre la naturaleza del acto reclamado acoge la Jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que respecto a la competencia en sí, no se soslaya que las reglas cambiaron en la Ley de Amparo vigente. Criterio con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material." [Lo subrayado no es de origen, es propio] En ese orden, si los actos reclamados constituyen una negativa simple y una omisión legislativa, y por ello no conllevan una ejecución material, consecuentemente, no encuadran en el supuesto que hace valer el juzgador oficiante previsto en el primer párrafo del numeral 37 antes citado, por lo que no son aplicables al caso las jurisprudencias que cita como sustento. De ahí que, en el particular se colma la diversa hipótesis contemplada en el tercer párrafo de ese artículo, esto es, que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, es decir, ante el juez declinante porque carece de ejecución material. Así pues, el tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Conclusión a la que arribó la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, en el que sustentó lo siguiente: "Que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oidos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se solucione el pleito sometido a la jurisdicción de los jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la ley de amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto que el artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mi trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico, o lógico, para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intensión del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por tanto, en la hipótesis de impugnación de actos carentes de ejecución material, el juez competente para resolver el conflicto es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no puede dejar de considerase aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto. Así entonces, como lo determinó nuestro máximo tribunal de justicia, es competente para conocer del juicio de constitucionalidad, en los supuestos en que se reclamen actos que no requieren ejecución material -omisivos-, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda, es decir, el juez de amparo que haya previsto la demanda de amparo en primer término, en el caso que nos ocupa es el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 17/2014 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." En ese tenor es que no se acepta la competencia planteada. Se suma a lo anterior, para robustecer el sentido adoptado, que de la causa que motiva a la quejosa (devolución del total de los saldos aportados por su patrón al FOVISSSTESON); ya conoció un Juez de Distrito con residencia en Hermosillo, Sonora, pues así lo manifestó la impetrante en los antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, al precisar que ante la omisión de la autoridad responsable Comisión Ejecutiva del FOVISSSTESON, de dar respuesta a su solicitud de devolución de esas aportaciones, interpuso demanda de amparo indirecto 1448/2017, misma que fue tramitada y resuelta por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. Manifestación que constituye una confesión expresa, a la que se confiere valor probatorio pleno de conformidad a lo que disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin que en ese caso evidentemente haya tenido incidencia sobre la competencia territorial de ese Juez Decimoprimero de Distrito, la cuestión que ahora invoca el juez declinante relativa a la ubicación del domicilio particular de la quejosa (presuntivamente en Hermosillo, Sonora), bajo el argumento de que en ese lugar recaerían las consecuencias materiales de los derechos pensionarios; ya que, se insiste, atendiendo a la naturaleza negativa del acto reclamado, dichas consecuencias naturales en el caso no existen, además de que, a partir de la reforma de dos mil trece a la Ley de Amparo, el criterio del domicilio del quejoso, por si mismo, dejó de tener vigencia y aplicabilidad para determinar la competencia. Pero en cualquier caso, debe dejarse establecido, que no hay constancia fehaciente en autos que demuestre que la quejosa efectivamente habita en la actualidad en Hermosillo, Sonora, pues los documentos que se adjuntaron a la demanda de amparo, son copias simples carentes de valor probatorio alguno; y, en caso de que fueran los originales o copia certificada, sólo son aptos para demostrar lo que en ellos se contiene al momento de su expedición, lo que en modo alguno evidencia que actualmente habite ahí la impetrante, sólo que ese domicilio registró en ese entonces. Lo anterior, tiene relevancia para sostener la competencia del juez declinante, si se toma en consideración que en los propios antecedentes de la demanda, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que todas las gestiones y trámites de devolución de los saldos a FOVISSSTESON, fueron realizados en Hermosillo, Sonora. Lo que tiene sustento en lo que dispone la Jurisprudencia VI.1o.C. J/26, con rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para resolver el juicio de amparo 179/2018 de su índice, pues se reitera que al carecer los actos reclamados de ejecución material, dada su naturaleza negativa y omisiva, se considera que el juez de distrito para conocer de la demanda de amparo, lo es el que previno, esto es, el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. En esas condiciones, devuélvase el juicio de amparo al juzgado de origen, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo que se deje en este juzgado para constancia. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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