Ileana Yamileth Huitzil Ek

Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
705/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2017

Partes del expediente

  • Ileana Yamileth Huitzil Ek

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el diez de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    CITATORIO. Toda vez que la parte QUEJOSA no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de once de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diez de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, diez de octubre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo de cuenta, Ileana Yamileth Huitzil Ek solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 705/2017. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, la quejosa, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV.- De la autoridad responsable preciso que es mi deseo señalar como acto reclamado primigenio el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual no se admitió el recurso de apelación hecho valer por la suscrita contra la sentencia interlocutoria de cuatro de agosto del año en curso y como consecuencia de este el acuerdo dictado el cinco de septiembre de la presente anualidad, en el que se declara que ha caudado ejecutoria dicha sentencia interlocutoria, así como las notificaciones de dichos autos. [.]." Esto es, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto primigenio reclamado por la parte quejosa es el auto de veintitrés de agosto del año en curso, mediante el cual no se le admitió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución interlocutoria de cuatro de agosto del mes y año en cita, y como consecuencia de éste el acuerdo de cinco de septiembre de esta anualidad en el que se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución, éstos dictados en autos del juicio de alimentos 358/2013 del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, así como, las notificaciones de dichos proveídos. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador considera que con relación a los actos reclamados en este juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Inicialmente es necesario señalar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, deberán agotarse los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta directriz de procedencia del juicio biinstancial se desprende del contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]". Del contenido de la anterior disposición legal se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Establecido lo anterior, resulta pertinente destacar que el acto reclamado se hace consistir en el proveído de veintitrés de agosto del año en curso mediante el cual la Juez responsable determió no admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de cancelación de pensión alimenticia, en virtud de que la parte quejosa no señaló las constancias que debía integrar el testimonio de apelación para ser remitido al tribunal de alzada y, como consecuencia, el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete que declaró ejecutoriada la sentencia interlocutoria emitida en autos del juicio de alimentos 358/2013 del índice del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; en ese sentido, se tiene que los actos reclamados por la quejosa son meramente decretos judiciales, no se trata de resoluciones que pongan fin al juicio o de imposible reparación, ya que en atención a la naturaleza de dichos proveídos reclamados en esta vía constitucional, se evidencia la circunstancia de que la quejosa, antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar, tal como lo prevé la ley de la materia, el medio de defensa que al efecto le otorga para combatir el acto de autoridad, que en este caso, en específico es el recurso de revocación, previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 590, que a la letra reza: "Artículo 590.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En efecto, de la interpretación sistemática del citado numeral, se advierte que todos los autos contra los cuales no se conceda el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación; por ello, si en el particular, la parte quejosa reclama el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto por la quejosa contra la resolución interlocutoria de cancelación de pensión alimenticia y, como consecuencia, el proveído de cinco de septiembre del año en cita, en que se declaró ejecutoriada dicha resolución, dictados en autos del juicio de alimentos 358/2013, es inconcuso que ante dicha inconformidad el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, prevé un medio de defensa legal susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de molestia de que se queja la inconforme, siendo en el caso el recurso de revocación previsto en el numeral precitado, y que la quejosa se encuentra obligada a ocurrir ante la potestad común y promover el referido recurso para así agotar el medio ordinario de defensa, como parte que es del juicio natural; y al no hacerlo, es incuestionable que la demanda de amparo resulta improcedente. Conviene precisar que para que se surta la referida causa de improcedencia es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial o del trabajo; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En esa tesitura, con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, pues en el caso concreto, se colige que la quejosa disponía del recurso de revocación como medio de defensa por el cual era factible revocar, modificar o nulificar, la determinación dictada por la autoridad responsable, ya que se trata de un auto que constituye un acto de autoridad en tanto que afecta en forma unilateral la esfera jurídica del particular y debió agotarlo previamente a esta vía constitucional; de ahí que, al no impugnarlo ordinariamente, se acredita de manera fehaciente la causal de improcedencia del presente juicio de amparo. Tiene sustento a lo anterior por su contenido, la tesis XII.2o.32 C (9a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo 5, Enero de 2012, Materia Civil, en la página 4688, que a la letra dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 23/99-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 11, de rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).", estableció que contra un auto dictado por un tribunal de alzada que declara desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de una sentencia de primera instancia, procede el recurso de reposición, para cuya tramitación se siguen las mismas reglas que para la revocación, conforme a las legislaciones procesales ahí examinadas. Las razones fundamentales que sustentan dicho criterio son aplicables respecto de un auto dictado por el tribunal de alzada que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva de primer grado, porque este último tiene el mismo efecto procesal y la misma consecuencia jurídica que el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, tales como impedir la tramitación de dicho medio de impugnación y dejar firme la resolución impugnada, lo que lo torna en una determinación que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo y, por ende, en su contra procede el recurso de revocación previsto por el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, conforme al cual las resoluciones que no fueren apelables pueden ser revocadas por el propio Juez o tribunal que las dictó, máxime que del citado contexto normativo no se advierte la procedencia de otro medio de impugnación ni la irrecurribilidad de ese tipo de determinaciones; aunado a que como también lo consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal, a través del medio ordinario de impugnación se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento o inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. De negar la procedencia del recurso de revocación, a pesar de que el artículo 679 prevé que las resoluciones del tribunal de alzada pueden ser revocadas, se vulneraría el principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben poder impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos, lo que encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, publicada en el mismo órgano de difusión y Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", ya que como se estableció en la ejecutoria que se comenta, si bien es cierto que en esta última la Primera Sala analizó el artículo 1334 del Código de Comercio, la postura tomada en el sentido de que en contra del auto dictado en primera instancia que no admite el recurso de apelación procede el de revocación, también lo es que ello hace posible deducir que implícitamente se determinó la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de dicha resolución, al existir un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada y, por tanto, por identidad de razón, también se concluye que contra el auto que tiene por no admitido el recurso de apelación en segunda instancia, procede el medio ordinario que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esto es, el recurso de revocación a que alude el referido artículo 679, porque si bien es verdad que este numeral no establece expresamente la procedencia del recurso de revocación en contra de un auto del tribunal de segundo grado que desecha la apelación, también lo es que no existe disposición alguna que prevea que tal determinación sea irrecurrible, o bien, la procedencia de diverso recurso que excluya la revocación en el supuesto señalado; así, a través de este medio de impugnación, se insiste, puede lograrse que el tribunal ad quem corrija algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Aunado a lo anterior, cabe señalar que el principio de definitividad establece que previo al juicio de amparo indirecto deben agotarse contra el acto reclamado los medios de defensa ordinarios que establece la ley, ya que de otra manera no se cumpliría con el objetivo del mencionado principio, esto es, promover el juicio constitucional cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad, pues podría suceder que simplemente por formulismo se interpusiera el recurso aun en una hipótesis en que resultara improcedente, para tener por cumplido el recurso de definitividad que en caso se ha analizado. Ahora, en lo que respecta al acto reclamado consistente en las notificaciones de los proveídos de los que se duele la parte quejosa, dictados en autos del juicio de alimentos 358/2013. Esto es, con relación a los actos reclamados consistentes en las indebidas notificaciones de los proveídos de veintitrés de agosto y cinco de septiembre del año en curso, conviene tener en consideración lo dispuesto en los artículos 584 y 586 del citado ordenamiento legal, que establecen que contra las actuaciones que les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, así como las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V, Título II, del citado Código procede el medio de impugnación de nulidad de actuaciones. Al respecto, los citados artículos 584 y 586 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establecen: "Artículo 584.- La actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. "Artículo 586.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V, Título II, serán nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha.". Como se dijo, y de la lectura de los artículos transcritos, se obtiene que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V, Título II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pueden ser combatidas a través del medio de impugnación denominado en el Título Décimo Primero de dicha codificación como "nulidad de actuaciones". De ahí que la parte quejosa tenía que agotar el medio de defensa ordinario contra la notificación reclamada, pues la ley prevé su procedencia. Lo anterior es así, ya que la quejosa es parte formal en el juicio del cual emana el acto reclamado, en el cual inclusive -bajo protesta de decir verdad- manifestó que el once de noviembre de dos mil dieciséis Manuel Huitzil Cervantes interpuso en la vía incidental la cancelación de pensión alimenticia en contra de la quejosa, su madre y sus hermanas, además, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación contra la resolución incidental de cuatro de agosto del año en curso, en la cual la Juez responsable declaró parcialmente procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia en autos del juicio de origen. En ese tenor, si como se dijo, la quejosa es parte formal del juicio, del cual tuvo conocimiento; por lo que es indudable que estuvo en aptitud de agotar el incidente de nulidad en contra de las notificaciones de las cuales se duele en amparo. Es aplicable lo anterior por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, página 259, Novena Época, que indica: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Igualmente, sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/30 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD. El amparo es improcedente si el acto que se reclama se hace consistir en la falta o ilegalidad de una notificación hecha antes de pronunciarse sentencia, pues dicho acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común mediante el incidente de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Civiles." Por tanto, todo lo señalado con antelación pone en relieve que contra los actos reclamados en estudio procede el medio de impugnación de nulidad de notificaciones, mecanismo ordinario de defensa previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, pues tal actuación se hizo consistir en las notificaciones de los proveídos de veintitrés de agosto y cinco de septiembre del año en curso, dictados en autos del juicio de alimentos 358/2013 del índice de la responsable. De ahí que previo al juicio de amparo debió agotarse el principio de definitividad, pues se insiste, por virtud del medio de impugnación previsto en la ley, pueden nulificarse las notificaciones reclamadas. Asimismo, se precisa que de conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la ley en la materia, el principio de definitividad únicamente encuentra excepción en los casos siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza civil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b); y en segundo término, como se advierte de la demanda de amparo, la aquí quejosa es parte demandada en la controversia de origen, lo cual excluye la hipótesis a que se contrae el inciso c). Resulta aplicable la tesis IV.2º.C.3K(10ª.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución.". Por todo lo anterior, contra los proveídos y notificaciones reclamados, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, antes de acudir al juicio de amparo. En esas condiciones, se acredita de manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ariadne Song Anguas, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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