Ileana Rosas Grajeda
Expediente 143/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/01/2022
Partes del expediente
- Ileana Rosas Grajeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA *** EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE ENERO SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil veintidós. I. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ****, en su carácter de apoderada legal de ****, personalidad que acredita en términos de los artículos 6 y 10 de Ley de Amparo, con la escritura pública número ****, pasada ante la fe pública del Notario número *** de Tlaquepaque, Jalisco, contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos que invoca. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número de juicio de amparo 143/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis integral de la petición constitucional, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO." En ese contexto, a criterio de quien esto resuelve la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa se torna improcedente, por los motivos siguientes. IV. Precisión del acto reclamado. Pues bien, como lo manifiesta la parte quejosa en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, el acto que reclama en la presente instancia constitucional, lo constituye lo siguiente: La emisión de las cédulas de infracción con folios **** y ****. V. Causa de improcedencia actualizada. En esta tesitura, quien resuelve advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sostener esta conclusión, se impone realizar una interpretación del artículo 107, constitucional, fracción IV, así como del diverso numerales 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.].". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Ahora, del artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que causen un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal, y señala los casos en los que se deberá de agotar el juicio, recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal.". Luego, en relación a ello, el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que el juicio constitucional, al tratarse de un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos humanos, es improcedente si previamente no se acude a las instancias ordinarias que permitan modificar, revocar o nulificar el acto de la autoridad, salvo los casos de excepción previstos en dicho numeral. De conformidad con dicho principio, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o que puedan ser impugnados mediante algún medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados antes de promover el juicio aludido siempre que no se actualice alguna de las excepciones previstas al respecto. Lo anterior, pues tal juicio es un medio de control jurisdiccional extraordinario que tiene por objeto analizar la regularidad constitucional de actos u omisiones de autoridades o de particulares en funciones de autoridad que vulneren derechos humanos; y, en tal medida, procede exclusivamente contra los actos respecto de los cuales la ley no conceda medio de defensa, pues, de lo contrario, se convertiría en un recurso ordinario más e implicaría una suplantación de las funciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia. De ahí que -por regla general- la parte quejosa debe promover los medios de defensa que procedan contra los actos que pretenda reclamar mediante juicio de amparo antes de promoverlo -a menos que- reclame disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o bien, a menos que se actualice a su favor algunas de las excepciones constitucionales, legales y jurisprudenciales mencionadas a continuación. En primer lugar, no debe agotar dicho principio cuando la ley de la materia no prevea el otorgamiento de la suspensión con la interposición del medio de defensa ordinario ni que pueda ser decretada oficiosamente por la autoridad respectiva; tampoco cuando la contemple pero no con los mismos alcances que establece la Ley de Amparo, o bien, con mayores requisitos que los establecidos en ésta (incluidos existencia y naturaleza del acto); ni cuando el plazo para concederla (veinticuatro horas) sea mayor que el dispuesto para la concesión de la suspensión provisional o no esté previsto. En segundo lugar, no debe agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación, pues sería imposible jurídicamente obligarla a promover un medio ordinario de defensa si no conoce las disposiciones normativas en las que está sustentado ni, por ende, la legislación que lo regula; además, dicha ausencia implicaría una violación constitucional directa. Por lo contrario, si se reclama una indebida o deficiente fundamentación no se actualiza la excepción porque dicha parte podría agotar tales medios de defensa y, la indebida fundamentación, es un problema de mera legalidad. En tercer lugar, no está obligada a ello cuando únicamente alega violaciones directas a la Constitución Federal, siempre que no medie interpretación ni aplicación de preceptos secundarios, ya que, en tal caso, la falta absoluta de fundamentación y motivación le impediría promover el medio ordinario de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado. De ahí que se le dejaría en estado de indefensión si no se le permitiera impugnar éste de manera excepcional mediante el juicio de amparo sin agotar aquel. En cuarto lugar, tampoco debe agotar dicho principio cuando el recurso o medio ordinario de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley de la materia contemple su existencia, es decir, en una disposición normativa en sentido formal y material, puesto que debe ser una "ley" y no cualquier otro ordenamiento general el que señale la procedencia de dichos medios de defensa; ni cuando es tercero extraña al procedimiento del que derive el acto reclamado porque no le son aplicables las restricciones impuestas a las personas que sí lo son. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y Área de Gestión de Estacionamientos, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco en esencia, lo siguiente: Las cédulas de infracción con folios **** y ****. En ese sentido, se advierte que las cédulas de infracción que reclama, son impugnables mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en términos de lo establecido en el artículo 1°, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, bajo su última reforma publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual dispone: "Artículo 1. El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, ante las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa. Para efectos del párrafo anterior, se entiende por disposiciones normativas de carácter general los reglamentos locales y municipales, así como los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones administrativas de observancia general. También procede el juicio en materia administrativa en cualquier otro caso que expresamente determinen las leyes. El juicio en materia administrativa no procede en contra de las resoluciones de los recursos de revisión y de transparencia, en materia de información pública y protección de datos personales emitidas por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en el juicio en materia administrativa, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que el Tribunal de Justicia Administrativa determine la procedencia del mismo, el juicio en materia administrativa procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. En estos casos, tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo." De igual manera, se cita el artículo 4, punto 1, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que dispone: "Artículo 4. Tribunal - Competencia 1. En materia de justicia administrativa, el Tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales: I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales: a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable; [.].". Atento a lo anterior, es dable concluir que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco será competente para conocer del juicio de nulidad relativo a las controversias que se originen entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares y que se consideren definitivos. Por ende, previo a la interposición de la demanda de amparo en contra del acto que se pretende combatir, el quejoso debió agotar el juicio de nulidad respectivo, y, al no contar con alguna constancia que permita concluir que haya sido así, es evidente que no cumplió con las exigencias del principio de definitividad. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones que marca el numeral en estudio, ello es así atento a lo siguiente: ? El recurso o medio ordinario de defensa no se encuentra previsto en un reglamento, ya que las disposiciones que rigen el juicio de nulidad respectivo se encuentran establecidas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Del análisis integral de la demanda y de los argumentos plasmados en ella, no se advierte que el quejoso alegue violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que por el contrario plantea violaciones indirectas a los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ello es así, pues de los planteamientos aludidos en la demanda se advierte que se traducen en una motivación insuficiente del acto reclamado, pero no la falta de expresión, de ahí que lo que se haga valer no es una violación directa a la Constitución, sino un problema de legalidad, de ahí que el gobernado deba agotar el medio de defensa ordinario, porque no se trata de una absoluta falta de fundamentación y motivación, como tampoco de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad en base a determinados preceptos legales. ? En adición, debe decirse que tampoco se actualiza la excepción relacionada con la carencia de fundamentación del acto reclamado, ello es así, pues aduce que de la cédula de notificación de infracción se advierte que la autoridad encargada de su emisión señaló los preceptos a través de los cuales fundamentó su actuar y por los cuales impuso la sanción correspondiente, de ahí que dichos actos no carezcan de fundamentación. En el entendido, que en este punto el artículo hace alusión a que la ausencia de fundamentación, debe ser absoluta a efecto de que sea patente la excepción al principio de definitividad previsto. Ahora, debe decirse que el numeral que contiene la causa de improcedencia en estudio, señala que para que sea obligatorio agotar los medios de defensa ordinarios, las leyes que los prevean puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. De lo anterior, se deduce que los conceptos jurídicos que se utilizan para el otorgamiento de la suspensión, consisten en: 1) Alcances. 2) Requisitos. 3) Plazos. Aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad. Esto sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla y, por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigibilidad de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala mayores requisitos que los previstos en la referida ley para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad no debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, la parte quejosa no deberá agotar el medio ordinario de impugnación previamente a promover el juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, julio de 2000, Novena Época, registro digital 191539, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." La excepción al principio de definitividad antes referida, encuentra su justificación en el derecho humano de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 . Esta última disposición ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como "la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el juicio de amparo, constituye un recurso judicial que cumple con las características de eficacia e idoneidad establecidas en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, ha sido establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 763, Décima Época, registro digital 2010984, que dice: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Establecido lo anterior, es necesario comparar las medidas cautelares establecidas en la Ley de Amparo y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, a efecto de determinar si la legislación citada en último lugar prevé mayores requisitos y menores alcances que los establecidos en la Ley de Amparo. En ese sentido, la suspensión del acto reclamado, prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, bajo su última reforma, se encuentra regulada, entre otros, por los artículos del 66 al 70 Octies. Mientras que la Ley de Amparo regula la medida cautelar, entre otros, en los artículos, 128, 130, 132, 135, 136 y 138, 139, 142, 144 y 147. Para mayor ilustración se inserta un cuadro comparativo de ambas legislaciones. Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco Ley de Amparo Requisitos La deberá solicitar la parte interesada. La deberá de solicitar el quejoso. También se puede conceder de oficio cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Se podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con Se podrá conceder la suspensión después de realizar un análisis ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público y se realice una comprobación de la apariencia del buen derecho. ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. La parte actora deberá garantizar el importe que corresponda, si lo que se solicita es la suspensión de créditos fiscales. Asimismo, deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a un tercero. El quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con el otorgamiento de la suspensión se pudieran causar si no obtuviera sentencia favorable; cuando el otorgamiento de la suspensión pueda ocasionar. Señalar los hechos que se pretenden resguardar. Manifestar el interés suspensional y expresar los motivos por los cuales se solicita la suspensión o medida cautelar. (No lo prevé la Ley de Amparo). Alcances Se tramitará por cuerda separada en vía incidental. Se tramitará por cuerda separada en vía incidental, por duplicado. Para que surta efecto la suspensión el demandante deberá otorgar la garantía correspondiente. Surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido y dejará de surtirlos, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. El Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias, para evitar que quede sin materia el juicio o se cause daño irreparable a la parte demandante. El órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Plazos La medida cautelar podrá ser presentada en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. El Magistrado instructor deberá proveer lo conducente sobre las medidas cautelares provisionales peticionadas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. La suspensión provisional se concederá al momento de la presentación de la demanda o en el auto de admisión -dentro del plazo de veinticuatro horas- de la demanda, dependiendo el supuesto de que se trate. Se sustanciará corriendo traslado a quien se impute el acto administrativo, para que rinda informe dentro del término de cuarenta y ocho horas. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. El Magistrado de Sala Unitaria, resolverá en un término máximo de cinco días, la suspensión definitiva. El órgano judicial señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días. Resolverá sobre la suspensión en la audiencia incidental (5 días). De lo anterior, se desprende que el momento en que puede solicitarse la medida cautelar está regulado en el artículo 130 de la Ley de Amparo en confrontación con el 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y los alcances de la suspensión en los numerales 147 de la Ley de Amparo y 66 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Así, los puntos de divergencia son que el artículo 130 de la Ley de Amparo, prevé que podrá pedirse la suspensión del acto en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; en tanto que el numeral 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dispone que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. Como se advierte, existe una diferencia en el plazo en que habrá de solicitarse la medida cautelar, pues, mientras en el juicio de amparo podrá pedirse en cualquier momento, hasta que no se dicte sentencia ejecutoria; en el juicio administrativo será hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva en primera instancia. Sin embargo, dicha exigencia no es, propiamente, un requisito que deba cumplir el quejoso para el otorgamiento de la suspensión, sino el momento procesal en el que podrá solicitarse su otorgamiento, ello en atención a las particularidades que rigen a cada uno de los juicios, por tanto, no se trata de un elemento comparativo, pues la Ley de Amparo no prevé que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales idénticos o semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, pues únicamente exige que las leyes que rigen el acto no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, con similares alcances y en plazos no mayores. Sin que haya lugar a añadir otros requisitos para que opere la excepción aludida más que aquellos que el Constituyente y el legislador ordinario han establecido. De ahí que, aun cuando las etapas procesales en las que puede solicitarse el otorgamiento de la medida cautelar son distintas, pues tratándose del juicio de amparo, se puede solicitar en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y en el juicio contencioso administrativo, hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, ello no exime al quejoso de agotar el principio procesal, pues se insiste, éstas no constituyen elementos comparables para resolver si se ubica o no en el supuesto de excepción. En efecto, dicho requisito sólo se refiere a la temporalidad o etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, lo que no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la medida cautelar. Lo cual es concordante con lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2002-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro votos, en donde analizó, entre otros supuestos, si las disposiciones contenidas en el ahora derogado artículo 208 Bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación que establecía que la suspensión se podía solicitar por escrito presentado en cualquier tiempo, hasta que se dicte sentencia, constituía, o no, un requisito mayor que los que la Ley de Amparo consignaba para conceder la suspensión y, por tanto, si constituía una excepción al principio de definitividad. En esa ejecutoria se precisó que la circunstancia de que la suspensión en el juicio de nulidad se pudiera solicitar en cualquier tiempo hasta que se dictara sentencia; y que el incidente de suspensión en el juicio de amparo pueda promoverse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, únicamente tenía el propósito de fijar la preclusión del derecho del interesado a solicitar la suspensión de la ejecución del acto, es decir, precisar el límite de tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa, después de transcurrido el cual queda extinguido, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación, desde el lapso comprendido de la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, en la inteligencia de que el lapso es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional y sólo podría considerarse como una desventaja cuando se limitara al momento de presentar la demanda de nulidad. Así se advierte de la parte conducente de la ejecutoria de mérito: "Pues bien, el examen comparativo del artículo 208 Bis del Código Fiscal de la Federación, frente a los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, atendiendo a las siguientes razones legales: 1) Del análisis del artículo 208 Bis, fracción (sic) I y II, del Código Fiscal de la Federación se aprecia que éste exige que el actor solicite la medida suspensional, beneficio del cual goza en cualquier etapa del juicio, ya sea al momento de presentar la demanda de nulidad (fracción I), o en cualquier tiempo hasta que se dicte sentencia (fracción II); por su parte, la Ley de Amparo también exige que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar (artículo 124, fracción I) y dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 141). Así, ambos ordenamientos coinciden en que: a) Es menester que el interesado solicite la concesión de la medida suspensional; y, b) Cuando la suspensión es solicitada al interponer la demanda, ello es suficiente para que la autoridad competente (presidente de la Sala o Juez de Distrito), se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la suspensión. Cabe precisar que la circunstancia de que la suspensión en el juicio de nulidad se pueda solicitar en cualquier tiempo hasta que se dicte sentencia; y que el incidente de suspensión en el juicio de garantías pueda promoverse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, no implica que el Código Fiscal exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, sino únicamente tiene el propósito de fijar la preclusión del derecho del interesado a solicitar la suspensión de la ejecución del acto, es decir, precisar el límite del tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa, después de transcurrido el cual queda extinguido, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación, desde el lapso comprendido que va desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, en la inteligencia de que tal lapso es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional, y sólo podría considerarse como una desventaja cuando se limitara al momento de presentar la demanda de nulidad. [.].". El criterio anterior, entre otros temas que se analizaron, dio origen a las jurisprudencias 2a./J. 154/2002 y 2a./J. 155/2002, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, «Novena Época», Tomo XVII, enero de dos mil tres, página setecientos veintidós y quinientos setenta y seis, respectivamente, de rubros: "SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS." De igual manera, el criterio en mención fue retomado por la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 452/2012, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Tomo Uno (sic), junio de dos mil trece, página novecientos treinta y tres, que se cita por identidad jurídica, bajo rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.", en la que determinó que los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que, ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. En ese tenor, la circunstancia de que en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establezca que la suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de la sentencia definitiva, únicamente precisa el límite de tiempo en que se puede ejercer tal derecho, mas no el de impedir que el mismo se ejerza; aunado a que, en la ejecutoria señalada en párrafos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el lapso comprendido que va desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, es suficientemente amplio para darle oportunidad al interesado de solicitar el beneficio suspensional. De ahí que, la etapa procesal en que se puede solicitar y otorgar la medida, no se vincula con cuestiones de procedencia y efectividad de la misma. En esas condiciones, el análisis comparativo de ambas legislaciones, evidencia que tanto en el juicio administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud del interesado, respecto de la cual, ambas legislaciones son coincidentes en el plazo en que se deberá proveer dicha solicitud. Además, ambas legislaciones son coincidentes en establecer que la autoridad jurisdiccional deberá tomar las medidas pertinentes a efecto de conservar la materia del juicio correspondiente y con el fin de que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Máxime, que con la nueva reforma de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ya no resulta necesario demostrar el interés jurídico a efecto de que se decrete la medida cautelar solicitada, y por tanto ya no resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 104/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de dos mil siete, página doscientos ochenta y tres, bajo rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". En consecuencia, al haberse demostrado la actualización de la causa de improcedencia citada, como ya se precisó, debe desecharse de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Intervención de las partes en el juicio. 1. Parte quejosa. a) Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b) Autorizados. Téngase como sus autorizados, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** y ****, por así haberlo solicitado expresamente. c) Se autoriza consulta de expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el nombre de usuario ****, a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. VII. Exhortos a las partes. Dado que el presente juicio inició mediante la presentación física de la demanda, se exhorta a las partes para que proporcionen el usuario que tengan registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para consulta del expediente electrónico y notificaciones por esa vía, a fin de que pueda tramitarse el presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", conforme a los artículos 28 y 29 del acuerdo general citado. Asimismo, se exhorta a las partes para que en su siguiente promoción propongan correo electrónico o número telefónico que cuente con servicio de mensajería instantánea para que se pueda entablar toda clase de comunicaciones no procesales con este Juzgado Federal, la cual deberá registrarse y en su caso, de ello se levantará constancia para ser agregada a los autos. VIII. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. IX. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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Zapopan, Jalisco, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista cumplimiento. Visto el oficio signado por el Presidente de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, así como el Secretario General adscrito a la misma, del cual se advierten las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, y al efecto exhibe copia certificada de las constancias de notificación realizados a las partes respecto del proyecto en forma de laudo dictado dentro del juicio laboral de origen ***; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de julio de dos mil veintiuno. Requiérase. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, informando las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de dieciséis de junio del presente año, así como a la sentencia de amparo, específicamente en lo relativo a las notificaciones efectuadas a las partes del laudo dictado en el juicio laboral de origen ****, así como del auto mediante el cual se eleva a la categoría de definitivo, sin que a la fecha de cumplimiento total a dichos requerimientos. En razón de lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo siguiente: Acredite haber notificado a la totalidad de las partes el laudo dictado dentro del juicio de origen ****. Apercíbase. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. No se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia: "Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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