Ileana Misael Romo Novoa
Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/01/2022
Partes del expediente
- Ileana Misael Romo Novoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ensenada, Baja California, catorce de enero de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, ya que la parte legitimada para hacerlo no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal al ser un juicio que concedió el amparo, se deberá depurar; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido; asimismo, una vez transcurrido esos tres año, será transferido a la Dirección General de Archivo Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del Acuerdo General antes mencionado. Devolución de constancias En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en dos tomos. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a los TERCEROS INTERESADOS ***el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, de conformidad a lo ordenado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber ° Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ° Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa*** la cual causó ejecutoria el ocho de octubre de dos mil veintiuno, motivo por el cual en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Al concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto siguiente 1. La autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por *** contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP. 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá cumplir cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, así como respetar el principio de exhaustividad. Esto es, deberá dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. En el entendido, que la concesión del amparo es únicamente para que la autoridad responsable emita la resolución correspondiente, en los términos precisados, más no así para que resuelva conforme a lo peticionado en el citado medio de impugnación interpuesto por la ofendida, hoy quejosa; por tanto, la sentencia protectora se tendrá por cumplida una vez que, cumpla con los lineamientos de la presente resolución. En atención al citado requerimiento, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 126-II, signado por la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia certificada de la resolución dictada en la averiguación previa 4990/09/311/AP, donde dejó insubsistente la resolución del recurso de revisión 5/2020, dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; y con plenitud de jurisdicción dictó otra en su lugar, en la que determinó confirmar en recurso de revisión el no ejercicio de la acción penal dictado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Es así que, una vez realizado el análisis respecto del cumplimiento al fallo protector pretendido por la responsable, mediante proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, esta juzgadora estimó que dicha autoridad no dio total cumplimiento a la sentencia de amparo. En ese mismo proveído, se requirió a la Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de dicho proveído, cumpliera con la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir, dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por la aquí quejosa, contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP; y con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en el mismo sentido o en uno diverso, en la que se cumpla cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, respetando el principio de exhaustividad; esto es, dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido; específicamente a los siguientes puntos: - Que el Agente del Ministerio Público, tenía la obligación de solicitar la ampliación de la pericial en materia de psicología o solicitar la practicara distinto perito adscrito a diversa institución pública. - Que a pesar de que obraban documentales de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, el órgano investigador no requirió a la persona que actualmente aparece como propietaria del vehículo, a efecto de cerciorarse como fue que lo adquirió. - Que no se hizo una valoración del caudal probatorio contenido en la indagatoria con perspectiva de género. En cumplimiento a dicho requerimiento, mediante oficio 152-P, la juez responsable, remitió copia certificada de la resolución dictada dentro de la averiguación previa número 4990/09/311/AP, en la cual dejó insubsistente la resolución de recurso de revisión dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; y con plenitud de jurisdicción dictó una nueva en la cual, dando contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido, de la siguiente manera Respecto al agravio consistente en: "Que el Agente del Ministerio Público, tenía la obligación de solicitar la ampliación de la pericial en materia de psicología o solicitar la practicara distinto perito adscrito a diversa institución pública." Respondió Agravio que resulta parcialmente cierto, pues de la averiguación previa analizada se advierte que se elaboró un dictamen pericial en materia de psicología que obra en la averiguación previa 4990/09/311, que aduce la quejosa denunciante, se advierte que este si fue valorado por parte del Órgano investigador pues de la determinación de ejercicio de no acción penal de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, a foja 473 de autos, se advierte que el Representante Social hace un análisis de dicha pericial y la valora de conformidad con los numerales 179 y 222 del Código de Procedimientos de Baja California, sin embargo de dicho dictamen pericial resulta confuso, en el sentido de que primeramente la perito en psicología adscrita a la Jefatura de Servicios Periciales Zona Ensenada, de nombre ***Concluye que la ofendida si presenta afectación psicológica a causa del delito de Extorsión del que fue víctima, y que incluso resulta ser severo, sugiriendo que reciba terapia psicológica a largo plazo; debiendo acudir a una sesión de una hora por semana durante 18 meses..."; y posteriormente en fecha once de abril de dos mil trece la perito en menci6n acude ante el Órgano investigador a ratificar dicho dictamen, refiriendo: "que ratifica en todas y cada una de sus partes el contenido de Dictamen en Materia de psicología de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, por ser la verdad de los hechos y haber sido elaborado con forme su leal saber y pretender asimismo reconoce como suya la firma que lo calza al margen inferior en la veintiava foja útil por haberla estampado de su puño y letra y ser la mismas que utiliza en todos sus asuntos particulares y oficiales y que agregó que es costumbre establecer en conclusiones si el examinado presenta afectación psicológica en consecuencia a los hechos denunciados como es el caso y se estableció el delito de Extorsión porque es el venía en el oficio de esta fiscalía, pero esto es sin afectar la resolución de esta autoridad, que es todo lo que tiene que declarar previa lectura ratifica lo anterior y firmar al margen para constancia"; advirtiéndose de esto y creando confusión en si lo establecido en la conclusión de dicho dictamen en realidad si presentó afectación psicológica o no la ofendida ***debiendo el Agente del Ministerio Publico solicitar se practicara un nuevo dictamen, pues si bien es cierto, la perito en diligencia de ratificación refiere que es costumbre establecer en las conclusiones que presenta afectación psicológica, sin embargo no asevera si en verdad o no, presentó afectación psicológica, además refirió que dicha conclusión no afecta la resolución de esta autoridad, esto último, no compitiéndole a la perito en psicología pues no es una perito en derecho para asegurar si el resultado de su dictamen afecta la resolución que vaya a determinar el Agente del Ministerio Público, por lo que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Agente del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación y entre su obligación está el desahogar todas y cada una de las probanzas que sirven para mostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, por lo que al existir duda respecto al dictamen pericial practicado a la víctima *** deberá de ampliar dicho dictamen por la perito en comento o ante la imposibilidad de esta, deberá de designar otro perito a fin de que se practique un dictamen pericial y se aclare si en verdad la ofendida presenta afectación psicológica o solo los perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado se dedican a emitir en base de formatos preestablecidos dictámenes sin llevar a cabo una metodología que le permitirá llegar a una conclusión y en su momento sirva al Agente del Ministerio Público para poder realizar una determinaci6n respecto a si ejercita o no acción penal [.] Ahora, por cuanto hace al agravio consistente en "Que a pesar de que obraban documentales de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, el órgano investigador no requirió a la persona que actualmente aparece como propietaria del vehículo, a efecto de cerciorarse como fue que lo adquirió." Dio respuesta de la siguiente manera de la averiguación previa en comento, se advierte que de conformidad con los articulo 20 fracción II y 24 del Código de Procedimientos Penales de Baja California, en fecha diez de junio de dos mil diez el Agente del Ministerio Público ordenó la presentación de la testigo *** quien es la persona que aparece como propietaria del vehículo Ford Explorer Sport Trac, modelo 2002, ante la Secretaria de Planeación y Finanzas, y en fecha veintitrés de junio de dos mil diez, se desahogó su testimonio, la cual fue interrogada respecto a cómo es que adquirió el vehículo en comento la cual ante el Órgano Investigador manifestó: "Comparezco en virtud de requerimiento por parte de esta Fiscalía par lo que manifiesto que a la de nombre ***no la conozco; a la de si la conozco esto porque trabajamos juntas y tengo de conocerla aproximadamente dos años; al de nombre *** lo conozco de toda la vida porque es mi hermano; al de nombre *** esto aproximadamente entre once y tres de la tarde que es la hora en la cual no estoy en la oficina, siendo que me llamo para ofrecerme un vehículo en venta, siendo este un vehículo tipo pick up, color blanco o gris no recuerdo el color, de tamaño chico mas no recurso la marca ni la línea de dicho vehículo tampoco recuerdo el año del mismo, siendo dicho vehículo me estaba diciendo, mi hermano ** se lo estaba dando en abono a pago de un faltante de dinero que tomo sin autorización, es decir, que robo la de nombre *** la cual trabaja con nosotros en la empresa de la cual es socio mi hermano ***, siendo que dicha faltante por parte de los movimientos realizados por ***ya se venían investigando dos meses atrás, ya que ***trabajaba en el área contable del ***en el área administrativa por lo que tuve conocimiento y de hecho me toco parte de la investigación cuando se dieron estos faltantes que refiero, una vez dados los faltantes y acreditado en nuestra investigación que la responsables de dichos faltantes era ***sin embargo yo en lo particular no hable con ella, con *** para hacerle saber lo de sus faltantes además de que a quien le corresponde dicha situación era a mi hermano ***, así como tampoco supe si esta ya estaba enterada de que sabíamos de los faltantes en donde esta resultaba como responsable por tratarse de una cuenta que ella*** manejaba dentro del Snake; y fue este día en Octubre que refiero que mi hermano JUAN CARLOS me ofreció este vehículo que yo sabía era de *** esto por que como antes dije se lo estaba dando en abono a pago de lo que indebidamente tomo ***de su trabajo, del Snake en donde trabajaba para mi hermano *** para esto fue que acepte, porque me ofreció en venta el vehículo mi hermano *** dicho pick up por el monto de cuatro mil dólares, sin embargo yo no estuve presente cuando se dio el endoso del vehículo a mi nombre ya que para que no se hiciera el cambio de propietario a nombre de mi hermano JUAN CARLOS y después este a mí fue que le pidió a ***que directamente realizara el endoso del vehículo a mi nombre el pick up que refiero, para esto fue que pasaron quizá dos semanas antes de que mi hermano ***me hiciera entrega de los documentes pertenecientes a dicho vehículo el cual debo decir no lo use de manera inmediata por que se le tenían que hacer varios arreglos antes de poder utilizarlo sin embargo no me quede con el por que para finales de año dos mil nueve que decidí pasarle el vehículo a mi papa *** el cual quedó ya a su nombre, pero como dije antes esto paso en Diciembre del año dos mil nueve, ya a finales de dicho mes, para esto también quiero manifestar que *** ya no la vi trabajar en la empresa de mi hermano en el Snake, ya no regreso y supongo que porque está ya estaba enterada del faltante que tenía que ascendía aproximadamente al monto de trescientos mil pesos, razón por la que dio en abono en pago de su carro el vehículo que me vendió mi hermano *** que a su vez yo pase a mi papa, para esto quiero manifestar que no supe ya en qua situación quedo ***es decir, si esta renuncio o en si la corrieron, pero en cuanto al momento en que se le dijo del faltante y cuando esta hizo el endoso de su vehículo a mi nombre yo no estuve presente, siendo todo lo que tiene que manifestar. (fojas 89-91); situación esta que tenía conocimiento el coadyuvante *** quien en fecha veintinueve de julio de dos mil diez, solicitó copias de todo lo actuado en la citada averiguación previa, por lo que es evidente que tuvo conocimiento la denunciante de que ya se había citado a quien aparece como propietario de dicho vehículo, no pasando por desapercibido que el artículo 20 apartado C, Fracción II, Constitucional se advierte que entre los derechos de la víctima es la de coadyuvar con el Ministerio Publico, situación que si acontece el averiguación previa en comento, por lo que en el supuesto que no se hubiera desahogado dicho testimonio como aduce la denunciante, su representante legal en carácter de coadyuvante pudo haber solicitado se Ilevara el desahogo de dicha probanza, pues este no se encuentra limitado para hacerlo, no advirtiéndose que lo hubiera solicitado En lo referente al agravio que la promovente del recurso de revisión hizo consistir en: "Que no se hizo una valoración del caudal probatorio contenido en la indagatoria con perspectiva de género." La responsable se pronunció: [.] en la presente indagatoria no se advierte que exista en con de la ofendida Ileana Misael Romo Novoa, alguna situación de poder que ponga en desequilibrio a las partes, ni tampoco estereotipo o prejuicio que la ponga en desventaja por cuestiones de sexo o género; asimismo no se advierte alguna situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género en las pruebas desahogadas; no se aprecia que se utilice un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, sin embargo deberá como se mencionó párrafos arriba, desahogar en la totalidad las pruebas ordenadas en la averiguación previa en comento, a fin de que el Agente del Ministerio Publico Investigador las valore y emita una resolución que según lo analizado y valorado le permita Ilegar a ejercitar o no el ejercicio de la acción penal En razón de lo anterior, declaró parcialmente procedentes los agravios hechos valer por la aquí quejosa Ileana Misael Romo Nova, y determinó que la resolución impugnada carece de los requisitos exigidos para su validez, por lo que consideró procedente remitir de nueva cuenta los autos al Agente del Ministerio Público de origen, para que desahogue en su totalidad las probanzas ordenadas en autos y emita una nueva resolución en el sentido que se considere procedente, con la debida fundamentación y motivación y tomando en cuenta la totalidad de las pruebas desahogadas, así como su debida valoración para los efectos mencionados; por lo que, acorde a lo expuesto resolvió*** Con lo anterior, se dio vista a las partes, sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por *** contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP; y con plenitud de jurisdicción, emitiera otra, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá cumplir cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, así como respetar el principio de exhaustividad; esto es dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. Lo anterior así sucedió, pues el Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por *** contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP; asimismo, en resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dio contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido, y con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución en la cual resolvió no entra al estudio del recurso de revisión 5/2020, y ordenó devolver las constancias que integran la averiguación previa 4990/2009/311/AP, iniciada en contra de Juan Carlos Mackfarlang Félix, Raúl Murillo Frías, y quien resulte responsable por la comisión del delito de extorsión. En ese sentido, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en el presente asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a los TERCEROS INTERESADOS *** el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, de conformidad a lo ordenado en auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Ileana Misael Romo Novoa, la cual causó ejecutoria el ocho de octubre de dos mil veintiuno, motivo por el cual en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos SEPTIMO. Efectos del fallo protector. Al concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en el artículo 77, fracción II17, de la Ley de Amparo en vigor, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto siguiente 1. La autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por Ileana Misael Romo Novoa y Norma Iliana Novoa Martínez, contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP. 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá cumplir cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, así como respetar el principio de exhaustividad. Esto es, deberá dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. En el entendido, que la concesión del amparo es únicamente para que la autoridad responsable emita la resolución correspondiente, en los términos precisados, más no así para que resuelva conforme a lo peticionado en el citado medio de impugnación interpuesto por la ofendida, hoy quejosa; por tanto, la sentencia protectora se tendrá por cumplida una vez que, cumpla con los lineamientos de la presente resolución. En atención al citado requerimiento, mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 126-II, signado por la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia certificada de la resolución dictada en la averiguación previa 4990/09/311/AP, en la cual dejó insubsistente la resolución del recurso de revisión 5/2020, dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; y en plenitud de jurisdicción dictó otra en su lugar, en la que determinó confirmar en recurso de revisión el no ejercicio de la acción penal dictado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Con lo anterior, se dio vista a las partes sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En esta guisa, conviene destacar que el sexto párrafo, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye el soporte en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la federación en un juicio de amparo. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, así como en los artículos 192, 193 y 214, de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e inclusive se estableció en el artículo 214 del mismo ordenamiento, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Los preceptos invocados son de la literalidad siguiente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad, aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico". "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada". Además, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, exige (cuando el acto reclamado sea de carácter positivo) que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (si es de carácter negativo o implique una omisión) obligará a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Entonces, de las constancias que integran el juicio de amparo 171/2021-III-E, se advierte que la parte aquí recurrente ***reclamó "De la Autoridad Responsable Ordenadora se le reclama la Resolución Definitiva Recaída al Recurso de Revisión Número 5/2020, interpuesto por la hoy impetrante de garantías, en contra de la Determinación de CONSULTA DE ARCHIVO DEFINITIVO de fecha Veintitrés (23) de Febrero Del Año Dos Mil Veintiuno (2021), dentro de la Averiguación Previa Número 4999/2009/311/AP, misma que me fue notificada en fecha Diez (10) de marzo del Dos Mil Veintiuno, en su parte conducente de los considerandos y los RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO que dicen PRIMERO.- SE CONFIRMA EN RECURSO DE REVISIÓN EL NO EJECICIO DE LA ACCIÓN PENAL, dictada por el C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales Ensenada, con Residencia en Esta Ciudad de Ensenada, Baja California del Sistema Tradicional, dentro de la Averiguación Previa Número 4999/2009/311/AP, iniciada en contra de *** quienes fueron denunciados por los hechos que probablemente constituyan el delito de EXTORSIÓN. Luego, esta Juzgadora otorgó el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por *** contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP; y con plenitud de jurisdicción, emitiera otra, la cual podría ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá cumplir cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, así como respetar el principio de exhaustividad; esto es dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. Por su parte, la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, emitió el oficio 126-II, recibido en este juzgado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, al cual adjuntó copia certificada de la resolución dictada en la averiguación previa 4990/09/311/AP, en la cual dejó insubsistente la resolución del recurso de revisión 5/2020, dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; y en plenitud de jurisdicción dictó otra en su lugar, en la que determinó confirmar en recurso de revisión el no ejercicio de la acción penal dictado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, el veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. De lo narrado se advierte que la petición solicitada a la autoridad responsable que motivó el otorgamiento del amparo a*** se circunscribía a una sola cuestión, como que dejara insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada con motivo del recurso de revisión 5/2020, interpuesto por la aquí quejosa, contra la determinación de consulta de archivo definitivo emitida en la averiguación previa 4990/2009/311/AP; y con plenitud de jurisdicción, emitiera otra en el mismo sentido o en uno diverso, en la que cumpla cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, respetando el principio de exhaustividad; esto es dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. En efecto, en la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal se estableció lo siguiente Del estudio de las consideraciones antes sintetizadas, confrontadas con los agravios que hizo valer la ofendida *** al interponer el recurso de revisión, se infiere que la autoridad responsable no dio respuesta a cada uno de ellos, pues fue omisa en pronunciarse en lo atiente a Que el Agente del Ministerio Público, tenía la obligación de solicitar la ampliación de la pericial en materia de psicología o solicitar la practicara distinto perito adscrito a diversa institución pública. Que a pesar de que obraban documentales de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, el órgano investigador no requirió a la persona que actualmente aparece como propietaria del vehículo, a efecto de cerciorarse como fue que lo adquirió. Que no obstante de que el órgano investigador mencionó en su determinación de consulta de archivo que existe contradicción entre su declaración y la de los indiciados, no se llevaron los careos procesales como lo prevé el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. - Que el Representante Social al resolver el no ejercicio de la acción penal, señaló que no se reunían los elementos del delito de extorsión previsto en el numeral 224 del Código Penal del Estado de Baja California; que sin embargo, al estar facultado constitucionalmente para llevar a cabo la investigación de delitos, tenía la atribución de establecer la probable comisión del delito de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 164 bis del código sustantivo señalado con antelación. Que no se hizo una valoración del caudal probatorio contenido en la indagatoria con perspectiva de género." En ese sentido se aprecia que si bien la autoridad responsable al dictar la nueva resolución consideró los agravios de la quejosa, consistentes en: - Que no obstante de que el órgano investigador mencionó en su determinación de consulta de archivo que existe contradicción entre su declaración y la de los indiciados, no se llevaron los careos procesales como lo prevé el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Que el Representante Social al resolver el no ejercicio de la acción penal, señaló que no se reunían los elementos del delito de extorsión previsto en el numeral 224 del Código Penal del Estado de Baja California; que sin embargo, al estar facultado constitucionalmente para llevar a cabo la investigación de delitos, tenía la atribución de establecer la probable comisión del delito de secuestro exprés, previsto y sancionado en el artículo 164 bis del código sustantivo señalado con antelación. Pues al efecto señaló mismos agravios que se procede a dar contestación Por lo que hace al agravio marcado como "Primero", el cual esta transcrito líneas arriba y con apoyo al principio de economía procesal, de la averiguación previa analizada se advierte que no se reúnen los elementos del delito de Extorsión denunciado por los argumentos establecidos a lo largo de la presente determinación, ahora bien, el dictamen pericial en materia de psicología que obra en la averiguación previa 4990/09/311, que aduce la quejosa denunciante, se advierte que este si fue valorado por parte del Órgano Investigador, pues de la determinación de ejercicio de no acción penal de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, a foja 4731de autos, se advierte que el Representante Social hace un análisis de dicha pericial y la valora de conformidad con los numerales 179 y 222 del Código de Procedimientos Penales de Baja California. Ahora, la denunciante hace referencia debieron practicarse diligencias de careos procesales, a lo anterior, si bien es cierto la Ley Adjetiva Penal de Baja California abrogada con la entrada del Código Penal de Procedimientos Penales establece como medio de prueba los careos procesales, también lo es, que en dicha averiguación la denunciante no logra acreditar su dicho para establecer la existencia de careos, además los careos procesales deberán practicarse en su momento en el proceso y ante el Órgano Jurisdiccional que lo conoce y no por el Ministerio Púbico en la integración de la indagatoria, pues si su naturaleza es aclarar contradicciones entre las declaraciones de los involucrados en el proceso penal, tal finalidad no se identifica con los fines de la investigación de la averiguación previas, sino con los del juzgamiento para alcanzar la verdad legal Así también en cuanto al agravio marcado como "cuarto" el cual esta transcrito líneas arriba y con apoyo al principio de economía procesal, se advierte que el Órgano Investigador resolutor, realizó un análisis de los medios de prueba que se allegó durante la integración de la averiguación previa tal y como lo establece el artículo 152 del Código de Procedimientos Penales de Baja California, el cual a la letra dice: "Articulo 152.- Facultades del Ministerio Publico y Juzgador en relación con las pruebas.- Durante la averiguación previa, el Ministerio Público deberá allegarse los medios de prueba adecuados para demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado"; por lo que es evidente que desde el inicio de la averiguación previa en fecha siete de octubre de dos mil nueve, hasta el diecinueve de agosto de dos mil quince que se advierte como ultima actuación antes de emitirse las consultas de archivo por no delito así como la autorización de esta, es de apreciarse que el Órgano Investigador se allegó a diversos medios de prueba durante seis años, Ilegando a la determinación de que con estos no se acreditaba los elementos del cuerpo de delito de Extorsión mucho menos otro delito, por lo tanto emitió su resolución de consulta de archivo por no delito, misma que fuera analizada y por lo tanto autorizada por el Director de Averiguaciones Previas en fecha tres de enero de dos mil diecisiete. También lo es que no ha emitido una resolución que cumpla cabalmente con la exigencia de fundamentación y motivación, respetando el principio de exhaustividad, sino que aún se encuentra en vías de cumplimiento, pues en la resolución de cumplimiento emitida por la responsable, nada refirió como se le indicó en la resolución a cumplir, respecto a los siguientes puntos Que el Agente del Ministerio Público, tenía la obligación de solicitar la ampliación de la pericial en materia de psicología o solicitar la practicara distinto perito adscrito a diversa institución pública. - Que a pesar de que obraban documentales de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, el órgano investigador no requirió a la persona que actualmente aparece como propietaria del vehículo, a efecto de cerciorarse como fue que lo adquirió. Que no se hizo una valoración del caudal probatorio contenido en la indagatoria con perspectiva de género. En tales condiciones quedó claro que la autoridad responsable no ha dado total cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que los efectos del fallo protector, relacionados con las consideraciones respectivas, son claros en imponerle la obligación de cumplir cabalmente con la exigencia de fundamentación y motivación, respetando el principio de exhaustividad. En esa tesitura es que a juicio de quien resuelve, la respuesta dada por la autoridad responsable, no colma la exigencia de fundamentación y motivación, así como tampoco agota el principio de exhaustividad si se considera que no se ha emitido una resolución en la que de contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido, lo que lleva a concluir que no se encuentra cabalmente cumplida sino solo en vías de cumplimiento. Máxime que, en el caso, en la parte considerativa de la sentencia protectora, expresamente se señaló: "(.) Con plenitud de jurisdicción, emita otra, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en la que deberá cumplir cabalmente la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, así como respetar el principio de exhaustividad. Esto es, deberá dar contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. En el entendido, que la concesión del amparo es únicamente para que la autoridad responsable emita la resolución correspondiente, en los términos precisados, más no así para que resuelva conforme a lo peticionado en el citado medio de impugnación interpuesto por la ofendida, hoy quejosa; por tanto, la sentencia protectora se tendrá por cumplida una vez que, cumpla con los lineamientos de la presente resolución." En tales condiciones quedó claro que la autoridad responsable no ha dado total cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que los efectos del fallo protector, relacionados con las consideraciones respectivas, son claros. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad Juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta ciudad, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir, de contestación de manera fundada y motivada a la totalidad de las manifestaciones formuladas por la parte ofendida al interponer el recurso de revisión aludido. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se enviará el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de la inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia*** de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Así como la tesis*** de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo.
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