Ileana Melisa Ayala y Otros.

Expediente 130/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Ileana Melisa Ayala y Otros.
  • Ileana Melisa Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3-A.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de doce de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de lo expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Hágase constar en la carátula del expediente, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el aludido numeral 35 del citado Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    MESA 3-A.- Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de un año a que alude el párrafo quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin que nadie se apersonara en representación legal de los directos agraviados Ileana Melisa Ayala, Andrea Ayala, Jairo Gabriel Ayala, Yeison Ayala, Jesi Raquel Baralaga, Diany Mileydi Lemus Barralaga, Antonio Manuel González Baralaga, Mariela Flores Moya, Josu Aron Rivera Flores, Karla Maribel Cartajena, Elkin Yariel Cartajena, Erika Johama Aguilar Cárdenas, Erick Alexander Martínez Aguilar, Cruz Benedicto Ortiz y Cristian José Hernández; por tanto, se demuestra un abierto desinterés de su parte en proseguir con el juicio de amparo en que se actúa, lo que no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a los directos quejosos. Consecuentemente, se levanta la suspensión del procedimiento en el presente juicio, decretada en auto de nueve de abril de dos mil veintidós; y con fundamento en el párrafo quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda, promovida por Maria Virginia Cano Torres, Christian Humberto Torres Aguilar y Daniel Cruz de Santiago, por lo que se dejan sin efecto las providencias decretadas en este expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

  3. Principal

    MESA 4-B.- Vista las razones actuariales suscritas por la fedataria de la adscripción, se advierte que no le fue posible hacer entrega de los oficios 6172/2021, 6173/2021 y 6174/2021, dirigidos a las autoridades responsables denominadas como Instituto Nacional de Migración Delegación Federal del Estado, Tapachula, Chiapas; Instituto Nacional de Migración Secretaria de Gobernación Tapachula Chiapas e Instituto Nacional de Migración Tapachula Chiapas, residentes en esta ciudad, por los motivos que expone. Ahora, a afecto de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo conducente en relación a las autoridades responsables denominadas como Instituto Nacional de Migración Delegación Federal del Estado, Tapachula, Chiapas; Instituto Nacional de Migración Secretaria de Gobernación Tapachula Chiapas e Instituto Nacional de Migración Tapachula Chiapas, residentes en esta ciudad, dese vista a los promoventes, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se les requiere para que en el plazo de tres días, contado legalmente, manifieste lo que a su derecho convenga, ya sea que aclare las denominaciones, desista de dichos señalamientos o acredite la existencia de las autoridades en comento. Se apercibe a los promoventes que en caso de no hacer manifestación alguna en el término concedido, se dejará de tener como autoridades responsables a las citadas autoridades, suspendiéndose toda comunicación con ellas...Por otra parte, en atención a la diversa razón que suscribe la fedataria, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a los directos quejosos Ileana Melisa Ayala, Andrea Ayala, Jairo Gabriel Ayala, Yeison Ayala, Jesi Raquel Baralaga, Diany Mileydi Lemus Barralaga, Antonio Manuel González Baralaga, Mariela Flores Moya, Josu Aron Rivera Flores, Karla Maribel Cartajena, Elkin Yariel Cartajena, Erika Johama Aguilar Cárdenas, Erick Alexander Martínez Aguilar, Cruz Benedicto Ortiz y Cristian José Hernández, el contenido del acuerdo de veinticuatro del mes y año en curso, al constituirse a las instalaciones que ocupan el Instituto Nacional de Migración de esta ciudad donde se encuentra la Estación Migratoria Siglo XXI, Comandancia Regional Zona Fronterizo Costa de la Policía Especializada, los separos de la Policía Federal Ministerial, Fiscalía de Alto Impacto Delegación Tapachula, Fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra Inmigrantes, Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Cuatro Femenil, Trigésima Sexta Zona Militar y el Cuarto Regimiento de Caballería Motorizada y El Nuevo Hospital Regional, todos de esta ciudad. Atento a lo anterior, a afecto de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo conducente, se requiere de igual forma a los promoventes del presente juicio, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación, proporcionen el lugar en el que se puedan localizar a los directos quejosos. Se les apercibe, que en caso de no proporcionar el paradero de los referidos agraviados, se ordenara suspender el procedimiento del presente asunto por el término de un año; se harán los hechos del conocimiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y transcurrido el plazo se tendrá por no presentada, conforme lo establecido por el artículo 15, párrafo cuarto de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA 4-B.- Vista la demanda de amparo que promueve por XXX en representación de XXX, contra actos de las siguientes autoridades: 1.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2.- Instituto Nacional de Migración, Secretaria de Gobernación. 3.- Instituto Nacional de Migración. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 130/2021. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, los actos reclamados los constituyen el alojamiento de los directos quejosos en la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, la detención con fines de deportación, retorno asistido, la retención o privación de la libertad y la incomunicación...Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente:..Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los ahora quejosos (extranjeros), es de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen:..De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, en atención a la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de detención fuera de procedimiento, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Por otra parte, los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, que a letra dicen:..De donde se deduce, que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tiene derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. SUSPENSIÓN DE PLANO En consecuencia, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los directos quejosos XXXX no sean objeto de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco sean deportados o retenidos fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal; en el entendido de que los quejosos deberán quedar a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentren, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad administrativa competente que conozca del procedimiento respectivo, para la continuación del mismo, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Igualmente, para que cese de inmediato la incomunicación, de que sea objeto la parte quejosa y de cualquiera de los actos prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal; y asimismo, se le permita tener acceso y comunicación con familiares y abogados en horarios hábiles. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa sus derechos como presentada: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tienen derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle sus derechos a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarles que en caso de que no hablen español, contaran con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. En el entendido que si el directo quejoso es menor de edad, las autoridades responsables deberán procurar en todo momento la protección del interés superior del menor, lo que implica garantizar su pleno acceso a los derechos humanos reconocidos en su favor y su permanencia en un entorno adecuado para su desarrollo bio-psico-social; así como minimizar el impacto que pudiera ocasionarse en su entorno con motivo de la ejecución del acto reclamado; en términos del artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y, es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación y/o retorno asistido a su país de origen...Asimismo, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que quienes promueven, aducen con relación a la parte quejosa su probable privación de la libertad, lo cual se traduce en una posible restricción de su libertad de tránsito; al respecto, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior, se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país. Sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refieren ser extranjeros, las autoridades responsables deberán presentar a la parte quejosa ante la autoridad migratoria en la estación correspondiente a fin de que regularice su situación, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134, con relación a los numerales 99 y 106 de la Ley de Migración, los cuales establecen lo siguiente:...Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación y expulsión de los quejosos, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegare a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior, tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. En la inteligencia, que deben de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece:...En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a las autoridades responsables, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumplan categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. No es óbice para la determinación tomada, el que la demanda de amparo haya sido presentada de manera electrónica sin que obre la evidencia criptográfica de quien la suscribe, toda vez que el acto reclamado se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo...Ahora bien, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente, es necesario que los directos quejosos: XXX, ratifiquen la petición de amparo, promovida a su favor por XXX, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, y, de no encontrarlos en ese lugar, se constituya a las instalaciones de todas las dependencias policiales y de detención, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, de la Zona Militar, de los hospitales y centros de atención psiquiátricos, todas en esta ciudad; a fin de que localice a los directos quejosos XXX, y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:.. Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo; Notificarles el presente auto; Requerir a los quejosos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en sus nombres. Apercibir a los directos quejosos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas; Dar fe del estado físico en que se encuentren los agraviados. Requerir a los directos quejosos para que en caso de que ratifiquen la demanda precisen si señalan como autorizados para promover en su nombre a María Virginia Cano Torres, Christian Humberto Torres Aguilar y Daniel Cruz de Santiago; asimismo, si es su deseo tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de derechos fundamentales. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento le notifique el presente auto, y asiente la denominación de dicha autoridad. Por otra parte, una vez localizados y debidamente notificados los citados quejosos, provéase sobre la procedencia de la demanda de garantías promovida por XXX en representación de XXX Asimismo, en caso de que la ratifiquen, hágase saber que con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se les requiere para que al momento o en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a legal notificación de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclaren su demanda conforme a lo siguiente: ? Señalen si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. De igual forma, indiquen si han promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. Apercibidos que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar bajo protesta de decir verdad...De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se reitera el exhorto a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9511216248. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503 AUTORIZACIÓN DE COPIAS Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2o. de la Ley de la materia, expídase la copia a que hace referencia por lo que comisiónese al actuario adscrito a efecto de que al momento de la notificación del presente auto haga entrega de las copias solicitadas para la parte quejosa, asentando dicha entrega en la diligencia de mérito. Asimismo, se hace de su conocimiento que, las constancias consultadas en el expediente electrónico que cuenten con la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, como lo dispone el artículo 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de detención de los directos quejosos, hasta en tanto desahoguen el requerimiento formulado en párrafos que anteceden. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente.

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