Ileana Boyoli Castillo

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Ileana Boyoli Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vistos; para dictar sentencia, los autos en el juicio de amparo número 281/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el seis de abril siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Boyoli Castillo Ileana, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Congreso del Estado de Guerrero. 2. Gobernador del Estado de Guerrero. Con residencia en Chilpancingo, Guerrero 3. Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "1. Del Congreso del Estado de Guerrero, se reclama: la expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, inciso a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 2. Del Gobernador del Estado de Guerrero, se reclama: la aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del Estado de Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, específicamente su artículo 9, inciso a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. 3. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, se reclama: la aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucional se reclama, a través de la recepción del pago y emisión del recibo correspondiente." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 281/2021; se desechó únicamente respecto del acto reclamado consistente en la orden de publicación de la ley que se tilda de inconstitucional, atribuido al Gobernador del Estado de Guerrero, y se admitió por los restantes actos reclamados; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley local con motivo de su primer acto de aplicación por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del análisis integral del escrito de demanda se obtiene que, la quejosa Boyoli Castillo Ileana, reclama lo siguiente: I. Del Congreso del Estado de Guerrero: la expedición de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente el numeral 9, incisos a) y c). II. Del Gobernador del Estado de Guerrero: la aprobación, sanción, promulgación y ejecución de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, específicamente el numeral 9, incisos a) y c), que establece la tasa del impuesto predial. III. Del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero: la aplicación de los preceptos legales cuya inconstitucionalidad se reclama, a través de la recepción de los pagos y emisión del recibo correspondiente, con número de folio 2100254412. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado, por conducto del Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo, omitió pronunciarse respecto de los actos que se le atribuyen consistentes en la aprobación y ejecución de la norma que se tilda de inconstitucional; sin embargo, no se tienen por presuntivamente ciertos los actos antes mencionados, en razón de que de conformidad con el artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, que contiene las facultades de la citada responsable, no se advierte que posea la potestad de efectuar los actos que se le reclaman; además, es sabido que la aprobación de las leyes corresponde al Congreso y, en el caso concreto, la ejecución es competencia de las autoridades del Ayuntamiento, quienes cobran el impuesto predial. En tal virtud, queda demostrado que los actos atribuidos a la autoridad mencionada en este considerando son inexistentes; y en consecuencia, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Gobernador (únicamente en lo concerniente a la sanción y promulgación de la norma controvertida) y al Congreso del Estado de Guerrero, residentes en la ciudad de Chilpancingo; pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados por conducto de los funcionarios públicos que los representan. Máxime que, conforme con los artículos 86 y 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que la quejosa les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, debido a que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales reclamados. Por su parte, el Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye, reflejado en la emisión de la factura con el folio 2100254412; sin embargo, debe tenerse por cierto el acto de aplicación que se le atribuye, porque, de ésta se advierte el pago del impuesto predial. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones y no fue objetada. QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de examinar la cuestión de fondo; procede analizar la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Encargado del Despacho de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, sostiene que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no acredita su interés jurídico, la cual es infundada, en atención a lo siguiente. En efecto, dicha porción normativa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Se destaca que, en el caso a estudio el acto reclamado consiste en el primer acto de aplicación de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; en autos obra la factura con número de folio 2100254412, de veintitrés de enero de dos mil veintiuno y con sello digital, de la que se advierte la titularidad del predio sobre el que se realizó el pago por concepto de impuesto predial relativo al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, valorado en el considerando que antecede, por lo que resulta inconcuso, contrario a lo alegado por la autoridad municipal, que se acredita su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio del fondo. Al no existir más causales de improcedencia que analizar se procede a examinar el fondo materia del debate planteado, lo cual se hará al tenor de los motivos de queja hechos valer. La quejosa Boyoli Castillo Ileana, en su único concepto de violación, en esencia señala que el artículo 9, incisos a) y c), de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, transgrede los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicha porción normativa establece un pago igual del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predio urbanos y sub-urbanos edificados, y baldíos, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio; y cita parcialmente la ley de ingresos del año dos mil seis, así como la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia la tesis del rubro: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Añade, que dicho criterio es aplicable al caso concreto, en virtud que establece que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en mayor proporción; en consecuencia, dice la quejosa, la normativa reclamada fija una tasa igual para el pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predio urbanos y sub-urbanos edificados, y baldíos, por lo que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, lo que dice, vulnera los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Es infundado el concepto de violación, por lo siguiente: La fracción IV, del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos: (...) IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." El precepto constitucional reconoce el principio de equidad tributaria. Al respecto el Alto Tribunal lo ha definido como la igualdad jurídica que consiste en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante la aplicación de ella. Este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación; sin embargo, también se ha señalado que no toda desigualdad en el trato es inconstitucional, inclusive se ha considerado que el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que no sean caprichosas o arbitrarias. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 43, del Tomo V, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Materia Administrativa, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." En contrapartida al principio de equidad, está el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se hallen en condiciones tributarias desiguales. Esto es lógico, ya que todo impuesto debe definir su hecho imponible tomando como fundamento un determinado tipo de realidades económicas -renta, patrimonio o consumo de éstos- que se gravan en cuanto son índices claros de que existe capacidad o aptitud de contribuir por parte de quien se encuentra en esa realidad o situación específica. En este contexto, la igualdad no sólo reclama que el ordenamiento jurídico, en su emisión y aplicación, respete las preexistentes situaciones de igualdad entre los ciudadanos, sino que exige, asimismo, que el ordenamiento jurídico actúe de tal forma que puedan reconducirse las situaciones de discriminación a situaciones de igualdad. En otras palabras, la equidad tributaria existe tanto al otorgar un trato igual o semejante a situaciones análogas como el diferenciar el trato ante situaciones diferentes, de suerte tal que no toda desigualdad de trato por la ley resulta inconstitucional, sino únicamente cuando produce distinción entre situaciones tributarias iguales si no existe para ello una justificación objetiva y razonable. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 24/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, del Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, de la Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." Luego, el artículo 9, incisos a) y c), de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, prevé: "Artículo 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. a) En predios urbanos y suburbanos baldíos, se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.) c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. (.)" Con base en lo expuesto, se estima que las porciones reclamadas no son contrarias a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria y por ende, es constitucional; ya que otorga un trato igual a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen (impuesto predial), y tienen una misma base y tasa 3.9 al millar respecto del ejercicio fiscal dos mil veintiuno sobre el valor catastral. En efecto, es evidente que a quien corresponda contribuir respecto de un predio no edificado, se le sitúa en un plano de igualdad, respecto del contribuyente de un predio edificado, resulta legal ya que en ambos supuestos tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (la propiedad o tenencia de predios urbanos), lo cual hace que constituyan una misma categoría. De ahí, que de las consideraciones del criterio citado por la parte quejosa se advierte que estableció que resultaba violatoria dicha normativa del principio de equidad tributaria, en la medida en que obligaba a los contribuyentes del impuesto predial a pagar tasas disímiles, lo que en el caso no acontece, porque los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría. En conclusión, las porciones normativas en análisis al establecer que tratándose de predios urbanos y suburbanos baldíos, y urbanos y suburbanos edificados, se pagará el impuesto predial con base en una tasa de 3.9 al millar, no violan el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que los sitúa en una misma categoría, y en toda caso la capacidad de pago se vería reflejada sobre el valor catastral del inmueble, pues la tasa es igual 3.9 al millar sobre dicho valor catastral. Bajo ese contexto al resultar el concepto de violación propuesto infundado lo que procede es negar el amparo solicitado por Boyoli Castillo Ileana, en contra de la Ley número 638, de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en específico su numeral 9º, incisos a) y c), con motivo de su primer acto de aplicación. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 281/2021, respecto a los actos precisados en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Boyoli Castillo Ileana, respecto del artículo 9, incisos a) y c), de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla dado que a la fecha no obra el acuse de recibo ni la constancia de notificación del oficio 5339/2021, girado a la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, a través del cual se le requirió su informe justificado; para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las CATORCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que remite la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero; en atención a su contenido, y en obvio de mayores dilaciones, estése en espera de que se reciba el informe justificado al que alude. Notifíquese.

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