Ildiberta Guillén Ramos
Expediente 1521/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ildiberta Guillén Ramos
- Ildiberta Guillén Ramos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios la sentencia dictada en este juicio, la haya recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. ...
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1521/2019-II, promovido por Ildiberta Guillén Ramos; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero de lo Civil y Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial, residentes en esta ciudad; que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que no se transcriben por no haber disposición que lo imponga. Sustenta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Abril de 1992, página 406, materia común, bajo el epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, el que la admitió a trámite en proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; se tuvo con el carácter de tercero interesado a Famsa México, sociedad anónima de capital variable; se dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; por auto de siete de febrero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia; determinación en contra de la cual la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto mediante ejecutoria de diez de septiembre pasado, en la que se revocó el auto recurrido y se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se pusiera a la vista de la parte quejosa el informe justificado rendido por el juez responsable, a fin de que ejerciera su derecho de ofrecer pruebas; lo ordenado por el tribunal de alzada se efectuó en proveído de cinco de octubre del presente año, ya que se determinó dar vista a la aludida parte con el informe de referencia, además, con el oficio 234 y anexos, remitidos por la propia autoridad, con la finalidad de que expresara lo que a su derecho conviniera; asimismo, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1, fracción V, 48, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, los actos reclamados consisten en: Lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 773/2018, promovido por FAMSA de México, sociedad anónima de capital variable, instaurado en contra de la quejosa, incluyendo el emplazamiento, la sentencia y en su caso, la ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial en el Estado, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa; por tanto, deben tenerse como ciertos dichos actos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora de las constancias que al efecto anexó la responsable Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, a su oficio 234, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. En el presente asunto, no se determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa mediante el estudio de los conceptos de violación expuestos, ya que no se entrará al análisis de tal cuestión, habida cuenta que quien esto resuelve advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, y su estudio es preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, consultable a fojas 1538 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, por identidad de razón, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En la especie, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que no se entrará al estudio de fondo de los actos reclamados por la parte quejosa. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Así, en el presente caso, de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 773/2018, promovido por FAMSA de México, sociedad anónima de capital variable, instaurado en su contra, incluyendo el emplazamiento, la sentencia y en su caso, la ejecución de la misma. Ahora bien, de las documentales que adjuntó la autoridad responsable Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, a su oficio 234, en alcance a su informe justificado, las cuales fueron valoradas en párrafos que anteceden, se advierte que desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, la aquí quejosa tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 773/2018, toda vez que esa data es la que se contiene en el escrito de contestación de la demanda que presentó ante dicha autoridad; inclusive, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se presentó a desahogar la prueba confesional ofrecida a su cargo; y, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, signó un escrito que posteriormente se presentó ante la responsable, pidiendo se dictara sentencia en el juicio natural. En consecuencia, es evidente que desde las fechas indicadas en el párrafo anterior, la hoy quejosa tuvo conocimiento del juicio natural, de su naturaleza, derechos que se dirimen, de quien lo promueve, del número y autoridad que lo tramita, tan es así que, se reitera, compareció a contestar la demanda, y pedir que se dictara sentencia; por ende, sabía que se había realizado con anterioridad su emplazamiento en dicho juicio; por tanto, resulta evidente que el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia, para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió en exceso, si tomamos en consideración que la demanda de amparo que dio origen al juicio que nos ocupa, se presentó hasta el veinte de diciembre de dos mil diecinueve; tomando en cuenta lo establecido por el artículo 18 de la propia ley, que a la letra dice: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Motivo por el cual, al haberse presentado la demanda de amparo hasta el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es innegable que fue promovida de manera extemporánea; y, por ende, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia invocada; habida cuenta que si la hoy quejosa estima que se le emplazó ilegalmente al juicio de origen, entonces, debió promover su demanda de amparo dentro del plazo de quince días, a partir de que tuvo conocimiento completo del aludido juicio natural, que se estima, fue desde el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en que suscribió el escrito de contestación a la demanda de origen; y, al no haberlo hecho así, sino en forma extemporánea, se reitera, se actualiza la causal de improcedencia de trato. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." [lo subrayado es propio] Consecuentemente, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido que la quejosa señala como acto una posible ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural; no obstante, de las constancias remitidas por la responsable, se aprecia que no se ha dado inicio al procedimiento de ejecución de la misma, al menos a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Asimismo, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia dictada en el juicio natural; empero, también se aprecia que no se duele de dicho acto por vicios propios o en forma destacada, ya que no formula algún concepto de violación en contra de la misma; por lo que es evidente que la impugna en vía de consecuencia respecto del emplazamiento que se le practicó en tal juicio y que también reclama; por tanto, resulta innecesario llevar a cabo la separación de los autos para que el Tribunal Colegiado respectivo conozca de ese acto, dado que, se reitera, la constitucionalidad de la sentencia se hace depender de la calificación del citado emplazamiento. Sirve de apoyo a lo considerado, por similitud de razón jurídica, la tesis VI.1o.T.9 L (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito; publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Materias Común y Laboral, registro 2009764, visible en la página 2405, que dice: "JURISDICCIÓN ESCALONADA. CÓMO DEBE PROCEDER EL JUEZ DE DISTRITO CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA LA ILEGALIDAD O FALTA DE EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO QUE LE PUSO FIN. Cuando en un juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados el ilegal emplazamiento o la falta de éste, así como el laudo pronunciado en el juicio laboral relativo, en términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", el Juez de Distrito debe proceder en los siguientes términos: 1. Si el laudo no se reclama como acto destacado, sino en vía de consecuencia, y en la sentencia recurrida se determina la legalidad del emplazamiento, no procede la separación de los actos, dado que la constitucionalidad del laudo se hace depender de la calificación del emplazamiento; y, 2. Por el contrario, cuando se señala el laudo como acto destacado por vicios propios, y en la sentencia recurrida se califica de legal el emplazamiento, procede la separación de los actos, lo que no atenta contra el principio de continencia de la causa, porque se está ante el análisis de constitucionalidad de actos y temas litigiosos diversos, como es el estudio del laudo, sin que conlleve un nuevo análisis de la legalidad del emplazamiento, ya que por las razones señaladas, para efectos del amparo debe considerarse como acto autónomo. En tal supuesto de jurisdicción escalonada, el Juez de Distrito debe declarar su incompetencia y ordenar la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a efecto de que califique tal determinación, sin perjuicio de los trámites correspondientes para realizar la separación del expediente." Por otro lado, en virtud del sentido que rige la presente sentencia, no se analizarán los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías que en sus conceptos de violación plantea la parte quejosa respecto de tal acto, y que constituyen el problema de fondo, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio respecto del mismo. Lo antes dicho se encuentra sustentado en la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre de 1993, Materia Común, visible en la página 57, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aun y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que se dice agraviada por los actos de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." QUINTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo.Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1521/2019, promovido por Ildiberta Guillén Ramos, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables; por los motivos legales expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, con el secretario de juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.WAFA
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a cinco de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2085/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1521/2019-II, y remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de diez de septiembre del presente año, dentro del amparo en revisión 66/2020, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido de siete de febrero de dos mil veinte, que determina el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 1521/2019-11, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, promovido por IIdlberta Gulllén Ramos, para los efectos que se precisan en el considerando que antecede." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; agréguense a estos autos la ejecutoria de mérito, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, y acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se repone el procedimiento dentro del presente juicio de amparo; y como lo ordena la superioridad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como con las constancias que anexó la citada responsable a su oficio 234, para que manifieste lo que a su interés convenga. Finalmente, se señalan las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.WAFASECCIÓN: AMPARO. Reynosa, Tamaulipas, a cinco de octubre de dos mil veinte. "2020. Año de Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria" JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN REYNOSA. 1966/2020-II Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el Estado. 1967/2020-II Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial del Estado. 1970/2020-II Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito. ======== Reynosa, Tamaulipas. En los autos del juicio de amparo 1521/2019-II, promovido por Ildiberta Guillén Ramos, contra actos de Usted y otra autoridad, con esta fecha se dictó el acuerdo que a continuación se transcribe: "Reynosa, Tamaulipas, a cinco de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 2085/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 1521/2019-II, y remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de diez de septiembre del presente año, dentro del amparo en revisión 66/2020, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido de siete de febrero de dos mil veinte, que determina el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 1521/2019-11, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, promovido por IIdlberta Gulllén Ramos, para los efectos que se precisan en el considerando que antecede." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; agréguense a estos autos la ejecutoria de mérito, el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, y acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se repone el procedimiento dentro del presente juicio de amparo; y como lo ordena la superioridad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como con las constancias que anexó la citada responsable a su oficio 234, para que manifieste lo que a su interés convenga. Finalmente, se señalan las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe." A t e n t a m e n t e: Secretario José Luis González Arredondo. WAFA
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ildiberta Guillén Ramos, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por tanto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107 fracción IV, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1521/2019-II, por ser el ordinal progresivo que le correspondió; sin tramitar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a Famsa México, sociedad anónima de capital variable, con domicilio en calle Colón, número 505, con Ferrocarril, zona centro de esta ciudad; en tal virtud, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso b), 27, fracción I, y 115, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción a efecto de que se constituya en dicho domicilio y emplace a juicio al citado tercero interesado, debiéndole correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, y copia autorizada de este auto admisorio, haciéndole de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
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