Ilder Adrian Avila Martin
Expediente 243/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ilder Adrian Avila Martin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el veintiséis siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veintisiete de mayo al diez de junio del presente año. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el punto 7.4 del capítulo de Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, firmado electrónicamente el tres de septiembre de dos mil veinte, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes.
- Principal
PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por César Augusto Domínguez Galán, en favor de Ilder Adrián Ávila Martín, por las razones expuestas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte el auto de cuatro de mayo del año en curso, en el que se proveyó el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con sede en esta ciudad; en consecuencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis 29/98-PL, 15 de febrero de 2000, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Sin que el criterio invocado sea contrario al actual texto de la Ley de Amparo, por lo que puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.
- Principal
De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio INM/ORS/SCVM/1133/2022, signado por el Jefe del Departamento de Control Migratorio de la de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Sinaloa, con sede en esta ciudad, remitido vía correo electrónico institucional, por medio del cual rinde informe relativo a la suspensión de plano. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se reciben las pruebas documentales que acompaña a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Por otra parte, la citada autoridad informa que en esa oficina de representación no existe la autoridad que la parte quejosa denomina "Directora o encargado de la Estación Migratoria en Mazatlán, Sinaloa"; por lo que, al ser un hecho notorio para el suscrito la citada información, en virtud de que ha sido reiterada en diversos asuntos de similar naturaleza que se tramitan en este juzgado, se tiene a la autoridad en mención como no llamada al juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, la responsable de mérito indicó que la información contenida en el comunicado de cuenta tiene el carácter de reservada y confidencial, acorde con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; sin embargo, por ser dicha pieza documental la continente de la justificación de la legalidad del acto reclamado no puede válidamente censurarse su acceso a las partes en este cuaderno, pues de su análisis se advierte que su conocimiento resulta esencial para su defensa. No obstante lo anterior, es indispensable precisar que tal circunstancia tiene como límite las disposiciones normativas en materia de acceso a la información pública, concretamente, en los casos en los que el informe respectivo incluya información reservada o confidencial. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, de cuya ejecutoria derivó el criterio jurisprudencial P./J. 26/2015 (10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro 2009916, cuyos rubro y texto indican: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." En consonancia con el criterio anterior y, en puntual observancia de la jurisprudencia transcrita a fin de salvaguardar la reserva y confidencialidad de los datos contenidos en el informe relativo a la suspensión de plano respecto del cual se provee, se precisa que aun cuando el promovente tiene expedito su derecho para consultar en su totalidad esa información dentro de las instalaciones que ocupa este recinto judicial, en presencia del personal de la adscripción, no podrá bajo ninguna circunstancia ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
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