Ildelith Martínez Medina y Otros.
Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ildelith Martínez Medina y Otros.
- Ildelith Martínez Medina
- Daniel Silva Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Ildelith Martínez Medina, en representación del menor de edad de iniciales D.S.M., que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO A INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su DESTRUCCIÓN una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-126/2022 promovido por Ildelith Martínez Medina en representación del menor de edad de iniciales D.S.M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. Acto continuo se hace constar que las autoridades responsables (1) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el (2) Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con sede en la Ciudad de México, fueron omisas en rendir su informe justificado. De igual manera, se hace constar que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días informara si el menor quejoso de iniciales D.S.M., recibió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, bajo apercibimiento de no hacerlo, o no realizar manifestación alguna, se entendería que dicho menor sí la recibió. Proveído que se notificó a la parte quejosa de manera electrónica el seis de octubre de dos mil veintidós, por lo que el plazo le transcurrió del siete al once del mismo mes y año, sin que hubiera realizado manifestación alguna. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; asimismo, en relación a la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe justificado, se ordena acordar lo conducente en la etapa correspondiente de la presente resolución. Secretario, dé cuenta con los informes justificados rendidos en autos. Por lo que respecta a la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, y se tiene que el menor quejoso de iniciales D.S.M., recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, lo que se atenderá al momento de dictar la sentencia definitiva. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Delegación en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad. Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso en representación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la parte quejosa adjuntó diversas documentales. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito realizó lo conducente. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 126/2022-X, promovido por por Ildelith Martínez Medina en representación del menor de edad de iniciales D.S.M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Ildelith Martínez Medina en representación del menor de edad de iniciales D.S.M., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades referidas y por los actos precisados en su libelo constitucional. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1°, 4° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Protocolo adicional a la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 4.1 de la Convención mencionada; 12, incisos a), c) y d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6°, fracciones II, IV, V, Vi, XI, XIV y XV, 7°, 12, 13, fracciones VII y IX, 14, 15 y 28 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y, 13 y 39 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de nueve de febrero del año en curso, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente 126/2022-X; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión de autoridades administrativas, la cual tendría efectos positivos ejecutables en la circunscripción territorial en la que ejerce competencia este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye: La omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 5 a 11 años de edad, para que se les aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de las farmacéuticas Biontech-Pfizer. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Presidente de la República, no obstante que fue omiso en rendir su informe justificado, por las siguientes razones. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el Juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) y tesis 1a. XVII/2018 (10a.), emitidas por la Segunda y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso, el solicitante del amparo reclamó del Presidente de la República, la omisión de aplicar al menor quejoso de iniciales D.S.M., actualmente de siete años, la vacuna contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la COVID-19, en dos dosis. Al respecto, la autoridad responsable referida fue omiso en rendir su informe justificado. Sin embargo, como se adelantó, no es dable presumir ciertas las omisiones reclamadas, pues como se verá a éstas no les corresponde aplicar la Política Nacional para la Vacunación contra el Covid-19, tal y como se expondrá a continuación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos segundo y tercero, del Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, es a la Secretaría de Salud a quien le corresponde dirigir la brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional. Y, por lo que respecta a las entidades federativas, como en el caso de Michoacán de Ocampo, se nombrara un Coordinador de Brigadas Especiales, quien tendrá a su cargo la estrategia operativa que se llevé a cabo a nivel local. De lo expuesto, se advierte que el Presidente de la República, no es una institución a la que le corresponda dirigir la brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional, sino que ello es exclusivo de la Secretaría de salud y su personal, a nivel federal. En tanto que en el ámbito estatal, quienes participan e intervienen en la aplicación del biológico en mención, es el Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y en su caso, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, ya que si bien, la Política Nacional de vacunación fue implementada por el Gobierno Federal, lo cierto es que en ella participan las Secretarías de Salud e instituciones de salud de las entidades federativas. De ahí que resulta inexistente la omisión reclamada al Presidente de la Republica; pues se reitera, este no tiene facultad para actuar en los términos reclamados por la parte quejosa. Es aplicable, la tesis 1a. XXIV/98, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo en relación con las omisiones reclamadas al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Contrario a lo referido por el agente del Ministerio Público de la adscripción -en su pedimento número 120/2022- es cierto el acto reclamado al Secretario de Servicios de Salud del Estado de Michoacán, la Delegada de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Michoacán y el Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos no obstante que negaron su existencia, mientras que la Secretaría de Salud Federal fue omisa en rendir su informe justificado, de la que también se advierte su existencia; lo anterior porque de dichas autoridades se presume cierto el acto que se les atribuyó, acorde a lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Máxime que resulta un hecho notorio que dichas dependencias participan en el Plan Nacional de Vacunación, específicamente, en su fase de aplicación. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de previo análisis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el que suscribe considera que el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que han cesados los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del dispositivo normativo transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Al respecto, debe destacarse que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado", hace referencia a la desaparición del acto de autoridad que originó el juicio de garantías y, en consecuencia, los efectos de éste, como si el acto reclamado nunca hubiese acontecido, y a la parte quejosa no se le hubiere vulnerado garantía constitucional alguna. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, no se entrará al estudio de fondo de las violaciones aducidas en la de la demanda de amparo, derivada del acto ahí reclamado, toda vez que durante la tramitación del presente juicio, sobrevino la causa de improcedencia antes referida. En efecto, la parte quejosa en su libelo constitucional fue precisa en señalar que su reclamo consistía, específicamente, en la omisión de aplicar la vacuna contra el covid-19 al menor quejoso de iniciales D.S.M. Ahora bien, de los presentes autos se advierte lo siguiente: 1) Mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifestara si el menor D.S.M., ya fue registrado en la plataforma nacional de vacunación y si fue inoculado con la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, se resolvería conforme a derecho. 2) Ante la omisión de la parte quejosa de informar a este juzgado lo solicitado, mediante diverso proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo que el menor quejoso recibió su primera dosis de la vacuna referida. 3) Posteriormente, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días informara si el menor quejoso recibió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra al Covid-19, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se entendería que recibió la segunda dosis citada, lo cual, como se precisó en la audiencia levantada en los presentes autos, se advierte que ya feneció, sin que ésta haya realizado manifestación alguna. Por lo que en la audiencia levantada previamente, se le tuvo por efectivo el apercibimiento y se tiene que el menor quejoso de iniciales D.S.M., ya recibió la segunda dosis de la vacuna citada. Se evidencia de este modo, que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esas condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, queda plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, quien suscribe se encuentra impedida para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ildelith Martínez Medina, quien se ostenta representante del menor con iniciales D.S.M., respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. AUTORIDADES CUMPLEN REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por el apoderado de las autoridades responsables a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso y al efecto informa que no cuentan con registro en el que se advierta si el menor quejoso acudió a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, dado que se entrega de manera personal un Comprobante de Vacunación y otra para la Brigada Correcaminos, para fines estadísticos. En tal virtud, téngase a las autoridades responsables informando el cumplimiento a lo solicitado, en el entendido de que este juzgado se encuentra en la espera de la manifestación que en su caso realice la parte quejosa, con motivo de la vista dada en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS, SE REQUIERE Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de once de agosto del presente año a la parte quejosa y se tuvo al menor quejoso por recibiendo la primera dosis de la vacuna correspondiente contra COVID-19. Ahora bien, de la página oficial de la Secretaría de Salud, se advierte que entre el doce y trece ambos de septiembre de dos mil veintidós, se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra el Covid-19, a los menores de cinco a once años, en varias sedes de esta ciudad, en un horario de las ocho a las quince horas. Para mayor ilustración se digitaliza tal página de internet: Bajo dichas circunstancias, en el caso, se presenta que el menor quejoso con iniciales D.S.M., cuenta con la edad de seis años, lo cual evidencia que pertenece a un grupo de edad -mayores de 5 hasta 12 años- al cual se puede aplicar la vacuna sin tener alguna comorbilidad, y que a la fecha ya se publicó la convocatoria para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a tal grupo etario. Por ende, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación del presente proveído, informe si el menor quejoso con iniciales D.S.M., recibió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o no realizar manifestación alguna, se entenderá que dicho menor recibió la segunda dosis citada. No obstante, requiérase a las autoridades responsables con sede en esta ciudad, dependientes de la Secretaría de Salud, a fin de que en plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, si en su base de datos, existe el registro de vacunación para la segunda dosis del menor quejoso de iniciales D.S.M. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las once horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.
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