Ildefonso Gonzalez Castro
Expediente 510/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ildefonso Gonzalez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el escrito de cuenta suscrito por el tercero interesado German Fabricio Kelly Soto, mediante el cual solicitan copias simples; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de artículo 2°, expídanse a costa del promovente, las copias simples que peticiona, previa razón que por su recibo se deje en autos.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito de firmado por el tercero interesado German Fabricio Kelly Soto, mediante el cual solicita copias. En consecuencia, de conformidad con los numerales 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, expídase las copias solicitadas por el tercero interesado, y entréguesele a quien autoriza previo recibo que se deje en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de seis de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de la citada medida; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, y de la sentencia interlocutoria por la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
En atención al estado procesal que guardan los autos del presente expediente se advierte que transcurrió el plazo a fin de determinar si la sentencia constitucional se encuentra cumplida. En ese contexto, el suscrito Juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que la sentencia constitucional fue emitida el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, conforme a los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo, promovido por ILDEFONSO GONZÁLEZ CASTRO, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO Ampara NI Protege a ILDEFONSO GONZÁLEZ CASTRO, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resultando primero por los motivos expuestos en el último considerando. Inconforme con la resolución, el quejoso promovió recurso de revisión, del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, bajo el número 49/2016, resuelto en sesión de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Queda firme el sobreseimiento decreto en el amparo indirecto que se revisa, en términos de lo precisado en el considerando QUINTO del presente fallo. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ILDELFONSO GONZÁLEZ CASTRO contra las autoridades y actos señalados en el resultando primero de este fallo, para los efectos precisados en la última parte de la propia determinación." Para otorgar mayor claridad a la presente determinación resulta necesario transcribir los efectos de la sentencia constitucional concesoria, conforme a lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito. Pues bien, el Tribunal de alzada determinó lo siguiente: "En consecuencia, ante lo fundado del motivo de agravio analizado y por los razonamientos y consideraciones jurídicas predichas, este Tribunal Colegiado considera procedente modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el única efecto de que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Los Mochis, Sinaloa, deje sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del supuesto convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudiquen al inconforme recurrente Ildelfonso González Castro, a partir del proveído de treinta de agosto de dos mil doce en el que se efectúo a la demandada el requerimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo convenido; pues es la forma fehaciente de resarcir a la impetrante en el pleno derecho de sus derechos vulnerados, con soporte en lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone, tratándose de actos positivos, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho compelido, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación." Pues bien, a fin de puntualizar el efecto de la concesión, resulta pertinente señalar que el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo en el amparo en revisión laboral 49/2016 estableció que con los medios de prueba analizados, se pone de relieve que en el amparo indirecto revisado se logró demostrar la inexistencia de la relación laboral reclamada por los actores en contra de los demandados, pues a juicio del Tribunal de Alzada, las documentales lograron sustentar que en el período que aducen los accionantes prestaron sus servicios para la demandada -del catorce de enero de dos mil nueve al doce de marzo de dos mil diez-, ésta se encontraba registrada en suspensión de actividades ante la autoridad exactora -a partir del treinta de abril de dos mil nueve al veinticuatro de agosto de dos mil catorce, fecha en que se rindió el informe-, además de que no obra ningún registro por parte de esta última ante las instituciones de seguridad social que permita inferir (aunque fuere de manera presuntiva) la existencia del vínculo laboral entre ambas partes. El Tribunal Colegiado añadió que de los informes rendidos por las instituciones de seguridad social, se logró obtener que algunos trabajadores se encontraban dados de alta por diversos patrones durante el periodo que precisaron prestar sus servicios para la demandada física, lo que torna inverosímil que hayan prestado sus servicios en la misma fecha, sujetos al horario de labores precisado en la demandad del juicio laboral de origen, lo que incluso -puntualizó- va en contra del principio lógico jurídico de contradicción que establece que una cosa no puede "ser" y "no ser" al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, se tiene relaciones laborales con la demandada en el juicio de origen o no se tiene, pero lo que indefectiblemente no puede ocurrir es que simultáneamente se tenga relaciones laborales con ambas. Por tanto, el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo a fin de conceder el amparo y protección de la justicia federal partió de la premisa de que relación laboral de los actores con la demandada en el juicio de origen era inexistente; por lo cual, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en Los Mochis, Sinaloa, debía dejar sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudiquen al inconforme recurrente Ildelfonso González Castro. Pues bien, el interés jurídico del impetrante, quedó acreditado con el hecho de tener en su favor un derecho sobre el inmueble otorgado en garantía hipotecaria con motivo del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria con superficie de terreno de 4,140.00 metros cuadrados y superficie de construcción de 1,113.60 metros cuadrados ubicado en Avenida Heriberto Valdez Romero número 1355 poniente, de la Colonia Scally de Los Mochis, Sinaloa con la clave catastral número MS/04-057-004, siendo que en el juicio sumario civil hipotecario 226/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Los Mochis, Sinaloa, al resolver el recurso de apelación la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió condenar a la demandada y, en caso de incumplimiento voluntario, ordenó sacar a remate el bien sujeto a cédula hipotecaria; cuya ejecución empezó el veintiséis de octubre de dos mil once, en el sentido de designar perito valuador. El inmueble objeto de la ejecución del juicio hipotecario tiene las siguientes colindancias: "AL NORTE: mide 69.00 metros y colinda con prolongación de la Avenida Heriberto Valdez; AL SUR: mide 69.00 metros y colinda con Avenida Benjamín Hill; AL ORIENTE, mide 60.00 metros y colinda con la calle Ignacio M. Altamirano; y AL PONIENTE, mide 60.00 metros y colinda con propiedades del señor Dr. Juan Antonio Lastras. Anterior inmueble objeto de remate en el juicio laboral 2-04-279/2010. Entonces el perjuicio del impetrante radica en no poder ejecutar el juicio sumario civil con relación al inmueble en cita. En este contexto, es oportuno señalar que los efectos de la sentencia constitucional radican en dejar sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del supuesto convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudiquen al inconforme recurrente Ildelfonso González Castro, a partir del proveído de treinta de agosto de dos mil doce, en el que se efectúo a la demandada el requerimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo convenido. En el auto de treinta de agosto de dos mil doce, la Junta determinó que ante el incumplimiento de la demandada con el convenio, se ordenó la ejecución del mismo, por lo cual determinó proceder a embargar bienes propiedad de los demandados. En audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil trece, se embargó el inmueble consistente en "FINCA URBANA, TERRENO Y CONSTRUCCIÓN SOBRE EL MISMO, UBICADA EN ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 4,140.00 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, 69.00 METROS CON PROLONGACIÓN AVENIDA HERBIERTO VALDEZ; AL SUR 69.00 METROS CON AVENIDA BENJAMÍN HILL; AL ORIENTE 60.00 METROS CON CALLE IGNACIO M, ALTAMIRANO; AL PONIENTE 60.00 METROS CON JUAN ANTONIO LASTRAS". Anterior inmueble que también era objeto de ejecución en el juicio sumario hipotecario, donde le reviste el carácter de actor al hoy impetrante; impidiendo con ello, la ejecución del juicio sumario en comento. Pues bien, en cumplimiento a la sentencia constitucional, la Junta Responsable realizó lo siguiente: 1. Mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, ordenó dejar sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del supuesto convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudique al inconforme recurrente Ildelfonso González Castro, a partir del proveído de treinta de agosto de dos mil doce, en el que se efectuó a la demandada el requerimiento de pago por las prestaciones reclamadas bajo apercibimiento de embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo convenido. 2.Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la Junta responsable ordenó cancelar el embargo practicado sobre el bien inmueble consistente en: "FINCA URBANA, TERRENO Y CONSTRUCCIÓN SOBRE EL MISMO, UBICADA EN ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE DE 4,140.00 METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE, 69.00 METROS CON PROLONGACIÓN AVENIDA HERBIERTO VALDEZ; AL SUR 69.00 METROS CON AVENIDA BENJAMÍN HILL; AL ORIENTE 60.00 METROS CON CALLE IGNACIO M, ALTAMIRANO; AL PONIENTE 60.00 METROS CON JUAN ANTONIO LASTRAS; REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD; INSCRIPCIÓN 174, LIBRO 148, SECCIÓN PRIMERO, NOMBRE DEL PROPIETARIO: BEATRIZ SOTO PALAZUELOS"; y, ordenó cancelar la escritura pública Con el actuar de la responsable con el cumplimiento, se otorgó la vista a las partes, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, a efecto de que manifestarán lo que a su interés legal conviniera. La parte quejosa, no desahogó la vista que se le realizó y el tercero interesado sí realizó manifestaciones. Por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que los efectos de la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Laboral, fue que, ante la inexistencia de la relación laboral, la Junta responsable debía dejar sin efecto en su totalidad aquellos actos que perjudicaran al quejoso. Pues bien, el embargo sobre el multicitado inmueble causó un perjuicio al impetrante al no poder ejecutar la sentencia del juicio sumario civil hipotecario, conforme al remate de dicho inmueble, pudiendo ejercer sus derechos sobre éste como mejor le convenga y, siendo los trabajadores acreedores preferentes -derivado de una relación laboral inexistente-; por tanto, si la autoridad responsable dejó insubsistente aquellos actos emitidos en el periodo del juicio laboral que perjudicaran al impetrante, entre ellos, el embargo y la escritura pública respecto del multicitado inmueble, es inconcuso, que el peticionario de amparo esta en aptitud de ejecutar su derecho sobre dicho inmueble en el juicio sumario civil hipotecario, con lo cual fue resarcido en el goce del derecho humano transgredido. En este contesto, atendiendo a las manifestaciones realizadas por el tercero interesado, se precisa lo siguiente: 1. El suscrito Juzgador determina que no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, al partir el Tribunal Colegiado de la premisa de relación laboral inexistente y ordenar dejar sin efecto la totalidad de actos que perjudiquen al quejoso, es indudable que la autoridad responsable debía dejar sin efecto la escritura pública y aquéllos actos relacionados con el embargo del inmueble que el impetrante pretende ejecutar en el juicio sumario civil hipotecario y, al estar embargado en el juicio laboral, le perjudica al impedirle disponer de la ejecución del inmueble. En efecto, adverso a lo sostenido por el tercero, de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la sentencia constitucional se desprende que dejó sin efecto sólo aquellos actos que perjudican al quejoso y, no como refiere todo lo actuado a partir del auto de treinta de agosto de dos mil doce; se reitera, la escritura pública era con relación al inmueble del cual el quejoso ostenta un derecho real ejecutable en su juicio sumario hipotecario y, que derivado del juicio laboral -cuya relación entre actores y demandados, el Tribunal Colegiado determinó que era inexistente- impedía su ejecución; por ello, la Junta dejó sin efecto los actos relacionados con dicho bien y, con ello, el impetrante podrá disponer su ejecución en el juicio sumario civil hipotecario, ejerciendo los derechos que tiene en su favor, de lo contrario, el inmueble quedaría a disposición del juicio labora, los trabajadores -relación inexistente con el patrón- sería acreedores preferentes -al ser materia laboral- perjudicando al quejoso en su esfera jurídica de estar en posibilidad de ejercer un mejor derecho y ejecutarlo en el juicio sumario civil hipotecario. De igual manera, si bien, el tercero señala que en el juicio laboral existen otros acreedores, lo cierto es que, al determinar el Tribunal Colegiado de Circuito, la relación inexistente en el juicio laboral, es inconcuso que nulificó aquéllos actos perjudiciales al quejoso, de ahí que, debía dejarse sin efecto todo acto relacionado con el inmueble, producto de la relación inexistente y, en su caso, los acreedores pueden ejercer sus derechos en el juicio sumario civil hipotecario. Asimismo, con relación a la petición del tercero en el sentido de analizar si la responsable incurrió en exceso al enviarle oficio al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el sentido de cancelar la escritura pública con inscripción 166, libro 1022, sección primera y dejar sin efecto todo lo actuado a partir del auto de treinta de agosto de dos mil doce; quien resuelve determina que no existe exceso. En efecto, el interés jurídico en el presente juicio de amparo radica en el juicio sumario civil hipotecario, en el cual, el impetrante tiene un derecho de ejecución con relación al inmueble, cuya escritura pública se ordenó cancelar; entonces, si el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo para el efecto de que se nulificara en su totalidad los actos que perjudiquen al quejoso, es inconcuso que debía cancelarse la escritura pública y todo aquello relacionado con el inmueble multicitado, derivado de determinación de la alzada de determina que la relación laboral era inexistente, siendo incongruente, nulificar sólo en parte los actos, cuando, el quejoso ha ostentado su perjuicio en el embargo recaído sobre el inmueble en el juicio laboral, de ahí que, la forma de resarcir al justiciable en su esfera jurídica, es permitirle ejecutar el inmueble en el juicio sumario civil hipotecario, quedando a salvo los derechos de los acreedores de acudir a dicha instancia, no pudiendo surtir efectos en el juicio laboral, dado que, lo viciado por una relación laboral inexistente, no puede subsistir en parte. Por lo anterior, la responsable no ha incurrido en exceso, dado que no ha realizado actos diversos a lo ordenado por el Tribunal Colegiado. En el mismo, sentido el tercero solicita que se analice si la responsable incurrió en defecto en el cumplimiento de la resolución; sin embargo, quien resuelve advierte que la responsable otorgó cabal cumplimiento a la sentencia; esto es, por defecto, se entiende que la autoridad no realice todos los actos para otorgar cumplimiento a la sentencia constitucional, por exceso se entiende que realice actos de más; no obstante ello, la junta responsable no realizó actos demás, ni dejó de realizar actos de cumplimiento, actuó conforme a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de dejar insubsistente aquéllos actos que perjudicaron al impetrante, derivado de la relación laboral inexistente que provocó el embargo del inmueble afecto al juicio sumario civil hipotecario dentro del cual, el quejosos tiene derecho sobre la ejecución de dicho bien. En su caso, si los acreedores se sienten agraviados tienen expeditos sus derechos para hacerlos valer, y en su caso, intervenir en el juicio de sumario civil hipotecario; máxime que quien promueve es el representante de los trabajadores, sobre los cuales, no existe exceso ni defecto en el cumplimiento de la sentencia, dado que, el Tribunal de alzada fue claro al determinar la inexistencia de la relación laboral. Por otra parte, el tercero interesado solicita se analicen los lineamientos otorgados en el fallo protector. Pues bien, se reitera, el efecto de la concesión fue para: "En consecuencia, ante lo fundado del motivo de agravio analizado y por los razonamientos y consideraciones jurídicas predichas, este Tribunal Colegiado considera procedente modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el única efecto de que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Los Mochis, Sinaloa, deje sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del supuesto convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudiquen al inconforme recurrente Ildelfonso González Castro, a partir del proveído de treinta de agosto de dos mil doce en el que se efectúo a la demandada el requerimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo convenido; pues es la forma fehaciente de resarcir a la impetrante en el pleno derecho de sus derechos vulnerados, con soporte en lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone, tratándose de actos positivos, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho compelido, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación." La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Los Mochis, Sinaloa, deje sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del supuesto convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudiquen al inconforme recurrente Ildelfonso González Castro, a partir del proveído de treinta de agosto de dos mil doce en el que se efectúo a la demandada el requerimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de pago por las prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento de embargo de bienes suficientes para garantizar el monto de lo convenido. 2. El impetrante tiene un derecho sobre el inmueble y su interés es ejecutarlo en el juicio sumario civil hipotecario. 3. El embargo dentro del juicio laboral le impide ejecutarlo. 4. La Junta responsable debe dejar sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del supuesto convenio celebrado en el sumario laboral de origen, únicamente en la parte que perjudiquen al quejoso. 5. La Junta responsable debe dejar sin efecto el embargo y aquéllos actos relacionados con él dentro del juicio laboral. 6. La Junta responsable el ocho de mayo de dos mil diecisiete, ordenó dejar sin efecto la totalidad de los actos realizados para la ejecución del convenio celebrado en el sumario laboral, sólo en la parte que perjudique al quejoso; ordenó cancelar el embargo y la escritura pública del inmueble que se encuentra afecto al juicio sumario civil hipotecario, en el cual, el quejoso tiene derecho de ejecución sobre el inmueble. 7. La sentencia constitucional esta cumplida sin excesos, ni defectos. Asimismo, el licenciado Antonio Oscar Ojeda Benítez, Notario Público Número 106, presentó un escrito el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual informó que realizó las anotaciones conducentes en la escritura pública número 14,825, de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, expedida por su notaria. Pues bien, en el recurso de inconformidad 21/2017, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, determinó que el Notario Público debía cancelar la escritura pública o bien hacer las anotaciones correspondientes lo que en la especie ya aconteció. Por tanto, es incuestionable que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.
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