Ildefonso Curiel Méndez

Expediente 707/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
707/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Ildefonso Curiel Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del escrito presentado por el licenciado *******, apoderado legal de la moral tercero interesada, y en atención a lo que solicita, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de abril de dos mil veintidós. Devolución de documentos Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, licenciado *******; y en atención a su contenido, como lo solicita el promovente de mérito, se ordena desglosar del juicio de amparo los documentos que refiere y que se anexaron al escrito de demanda, previa copia que de estos se deje en autos, ello en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de enero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 707/2021-I, promovido por **, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el día siguiente, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo. Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el consecutivo 707/2021-I, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se emplazó a la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: De las autoridades responsables: a.- Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, con residencia en esta ciudad. b.- Oficina Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, con sede en esta ciudad. Reclamó como acto destacado: El embargo o aseguramiento respecto del automotor consistente en Caterpillar Wheel Loader, con número de serie 89P1731, modelo 1993 (trascabo). Tercero. Existencia de los actos reclamados. En el informe justificado rendido conjuntamente por la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, ambos en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en el aseguramiento del vehículo Caterpillar Wheel Loader, serie 89P1731, modelo 1993 (trascabo). Pues así se advierte del contenido del informe justificado rendido conjuntamente por ambas autoridades, ello con motivo de la denuncia de robo hecha por el propio quejoso y para el esclarecimiento de los hechos; lo que se acredita con las documentales que adjuntaron al referido informe, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de documentos públicos expedidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. En el caso, la suscrita estima que respecto del aseguramiento de la maquinaria que reclama ** se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama el aseguramiento de un trascabo de su propiedad, con número de serie 89P1731, modelo 1993, Caterpilar Whell Loader. Luego, tal acto es de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la parte quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que el accionante del amparo en este sumario ofertó las documentales consistentes en: Pedimento de Importación a nombre de la señora ** del modelo 1993, Caterpilar 980B, Wheel Loader, número de serie 89P1731. Nota de cotización, expedida por Exporting LLC, en el Paso Texas, por la cantidad de $62,742.00 (sesenta y dos mil setecientos cuarenta y dos pesos). Nota a nombre del quejoso, expedida por A&J TRACTOR, en la cual se observan datos respecto de la maquinaria identificada con número de serie 89P1731, 1993, Caterpillar, 980B, Wheel Loader, la cual se encuentra redactada en idioma inglés. Ahora, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, esta juzgadora goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. En consideración de la suscrita, las documentales precisadas en los incisos a) y b), no resultan eficaces para acreditar la propiedad del automotor asegurado, toda vez que el primero se encuentra a nombre de **; en tanto que el segundo documento consiste únicamente en una nota de cotización a nombre del quejoso; ello es así, porque de tales documentos no se desprende la titularidad por parte del quejoso, al no ser de aquéllos a través de los cuales se le hubiera transmitido el dominio de los mismos; antes bien, se aprecia que del pedimento exhibido que el vehículo en cuestión fue importado por una tercera persona, esto es, por **. Con relación a la tercera de las documentales que exhibió el quejoso, cabe puntualizar que tampoco resulta eficaz para acreditar su interés jurídico con respecto al vehículo con número de serie 89P1731, 1993, Caterpillar, 980B, Wheel Loader, toda vez que el documento que exhibe se encuentra redactado en un idioma distinto del castellano, y, por ende, no satisface las exigencias establecidas por la legislación para otorgarle pleno valor probatorio. Es así, porque la documental precisada en el inciso c) se trata de un documento privado, el cual no está encomendado por la ley, a un funcionario público revestido de fe pública o los expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y al encontrarse redactado en idioma extranjero, esto es, en inglés, el quejoso debió exhibir la traducción al castellano, en virtud de que la carga procesal corresponde al interesado, ya que el órgano jurisdiccional no puede otorgar valor probatorio a un documento del cual no tiene la certeza del contenido del mismo, ello conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 133 y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio a la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: ARTICULO 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129. ARTICULO 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. ARTICULO 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano. Lo anterior, encuentra sustento a la anterior determinación, la tesis II.A.23.A, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 492, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196779, cuyo rubro y texto es el siguiente: DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. MEDIO DE PRUEBA EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En todo documento que se encuentre redactado en idioma extranjero y pretenda utilizarse como medio de prueba en materia administrativa, el interesado que lo ofrezca estará obligado a presentar la traducción al castellano, en caso contrario, carece de valor probatorio. De igual forma, es sustentable en la tesis XX.25 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Tomo II, Agosto de 1995, página 509, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 204489, cuyo tenor literal es: DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO PRESENTADOS EN JUICIO. CORRESPONDE AL INTERESADO EFECTUAR LAS TRADUCCIONES EN EL OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE LOS. Es inexacto que sea obligación del órgano jurisdiccional efectuar las traducciones de los documentos que en idioma extranjero vengan a juicio, en razón de que, dicha traducción es una carga procesal que corresponde al interesado en el ofrecimiento y desahogo de la documental que obra en idioma extranjero, por tanto, si el recurrente fue omiso en realizar la traducción en comento, debe estarse a las consecuencias de esa omisión. En esta tesitura, con tales documentales la parte accionante no acredita que cuenta con algún derecho de propiedad o posesión y que, por consecuencia, que se vea afectada su esfera de derechos, pues se reitera, no se exhibió documento idóneo para acreditar la titularidad respecto del bien asegurado. En este orden, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto que se reclama y su ejecución, de modo que, al no aportar prueba fehaciente que acredite el derecho que tiene para impugnar el aseguramiento de la maquinaria que aduce es de su propiedad, es claro que deviene improcedente el juicio de amparo por no acreditar de forma fehaciente el interés jurídico. Lo anterior, con independencia de que se haya tenido por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable atinente al aseguramiento del mismo, así como que este acto reclamado derive de la propia denuncia de robo interpuesta por el propio quejoso, pues esa circunstancia no lo relevaba de la obligación de acreditar en este juicio de garantías su interés jurídico. Cobra aplicación, el criterio jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, con registro 187777, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, el peticionario del amparo haya narrado, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 207221, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a esta juzgadora para efectuar el análisis de los conceptos de violación planteados. Al respecto resulta aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 244, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 195741, de rubro y texto siguientes: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, contra los actos y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por las razones ahí expuestas. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada**, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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