Ilda Ramona Renteria Hernandez
Expediente 1472/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/02/2022
Partes del expediente
- Ilda Ramona Renteria Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido a ILDA RAMONA RENTERÍA HERNÁNDEZ, no se inconformó con el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, ambos de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo, intentada por el quejoso es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías promovida por ILDA RAMONA RENTERÍA HERNÁNDEZ, por su manifiesta e indudable improcedencia.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, que suscribe la quejosa ILDA RAMONA RENTERÍA HERNÁNDEZ, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado de Distrito, mediante proveído de veintidós de diciembre del año en curso. Luego, del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la referida demanda es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia; y,b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia III.5º.A. J/6 10a., aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.". En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se atribuya dicho carácter. En ese contexto, en términos de la fracción II del artículo 5° de la ley en comento, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas y con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro veintitrés, octubre de dos mil quince, Tomo IV, Página tres mil ochocientos veintitrés, que dice: AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse que los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación. Por otro lado, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. En efecto, los órganos del Estado pueden adquirir también la calidad de particulares, cuando no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, dado que ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que, se insiste, la autoridad pierde tal calidad y adquiere la de un gobernado. En ese orden de ideas, si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado, actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del arábigo 5°, fracción II, de la ley de la materia. En esta tesitura, los actos que se combaten no les reviste la característica de "actos de autoridad para efectos del amparo", sino que tienen su origen y efectos en una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano laboral, dadas las razones siguientes que expone la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, específicamente en el apartado relativo a los hechos, de la forma siguiente: 1.- Como lo acredito con la copia de la publicación de fecha 10 de agosto del año 2021, del periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, me fue otorgada la Jubilación Dinámica a la suscrita Ilda Ramona Rentería Hernández, a partir del día 01 de septiembre del año 2021, como resultado de la sesión de cabildo celebrada por los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, con fecha 30 de Julio del año 2021. 2.- La jubilación dinámica que me fue concedida fue porque reuní todos los requisitos que el contrato colectivo laboral establece, toda vez que pertenecía como personal activo a la agrupación sindical denominada Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, y con fecha 26 de julio del año 2021, mi representante sindical mediante oficio que le fue recibido el día 27 de julio del mismo año, por el Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, solicitó se autorizara mi jubilación dinámica a partir del día 01 de septiembre del año 2021, como lo acredito con la copia certificada del oficio en comento. 3.- Consecuentemente a lo señalado en el punto que antecede, y en atención a la solicitud de jubilación en favor de la hoy quejosa mediante acta de cabildo celebrada por los integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, con fecha 30 de julio del año 2021, por unanimidad se me otorgó la jubilación a partir del día 01 de septiembre del año 2021, como lo acredito con la copia del acta en mención." (.) En el mismo sentido, en el ocurso de aclaración de demanda de amparo, la parte quejosa manifiesta lo siguiente: "Bajo protesta de conducirme con verdad, y en vía de aclaración, manifiesto que mi situación laboral es de jubilada del H. Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit. Por lo que actualmente no me encuentro laborando, Esto en razón del dictamen de jubilación, que por unanimidad determinó en mi favor el Ayuntamiento anterior al actual, mediante acta de cabildo número 92 de fecha 30 de julio del año 2021. Conforme las manifestaciones reproducidas, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resultando válido afirmar la existencia de vínculo laboral entre la peticionaria de derechos humanos y las autoridades responsables. Por su parte, la promovente del amparo reclama la cancelación del acta de cabildo número 92 correspondiente a la sesión celebrada el treinta de julio de dos mil veintiuno; la cancelación o revocación de la jubilación que le fuera otorgada por el Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, sin que se le haya instruido proceso administrativo o laboral alguno; y, la privación de su sueldo o percepción jubilatoria por parte del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, sin que en esa relación las citadas dependencia intervengan con carácter de autoridad, esto es, no son actos emanados de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tiene es estrictamente laboral. Es así, pues los actos reclamados derivan de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre la quejoso y el Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, la cual se entabla entre particulares; por tanto, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Luego, debe considerarse que lo reclamado por la quejosa no tiene el carácter de acto emitido por una autoridad, toda vez que le reviste un carácter estrictamente de trabajo, dado que incide directamente en los derechos que de esa naturaleza, que corresponden al demandante de derechos fundamentales, de ahí que la problemática que se suscite al respecto, debe estar sujeta a la ley laboral que corresponda. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es así, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre sujetos, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones laborales, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el estado, y sus trabajadores, es del ámbito competencial, establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que se corrobore el nivel en que el quejoso y las autoridades señaladas como responsables se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías que se promueve es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante la autoridad correspondiente, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 414, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 436, del Tomo II del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al periodo de 1917 a Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse Es igualmente aplicable la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXV, página 510, que a la letra señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO, RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS. Si se reclama en amparo la orden por la que se puso a disposición de la Comisión Mixta de Escalafón, cierta plaza, así como la ejecución de esa orden y la boletinación y exámenes correspondientes; debe decirse que las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y los titulares de las dependencias del Ejecutivo, en lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento del Estatuto Jurídico para los Empleados al Servicio de los Poderes de la Unión, son de orden contractual, pues regulan la forma en que se han de prestar los servicios y demás actividades de dichos trabajadores, sin que en esas relaciones los titulares intervengan con carácter de autoridad; de tal suerte que por éste, es improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, sólo tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra Constitución Federal. Por otra parte, los actos reclamados, atribuidos al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Mixta de Escalafón, deben ser discutidos en su legalidad, ante el Tribunal de Arbitraje, como lo dispone el artículo 99, fracción I, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues a dicho tribunal se le ha conferido jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten respecto a la aplicación de dicho estatuto, lo que no puede hacer esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por medio del juicio constitucional sólo puede establecerse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Respalda igualmente lo anterior, la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXII, página 1768, que establece: ESTADO PATRONO, NO PROCEDE EN CALIDAD DE AUTORIDAD. El Estado al promulgar el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, se autolimitó en su soberanía y facultades de expedición de nombramientos, ceses, remociones y suspensiones, sujetándolos a las disposiciones respectivas que contienen el ordenamiento acabado de citar, concediendo acciones a los trabajadores para ocurrir ante el Tribunal de Arbitraje a dirimir cualquiera cuestión suscitada por aquellos motivos, e imponiéndose la carga, por conducto del organismo correspondiente, de comparecer en juicio, como demandado o actor, según el caso, en idénticas circunstancias que cualquier particular; es decir, el propio Estado, al autolimitarse de la manera antes dicha, en todo lo concerniente a cuestiones que se susciten con motivo de contratos de trabajo que celebre con sus empleados, obra en calidad de patrón y sus actos dan lugar a la reclamación correspondiente por el interesado, ante el referido tribunal, de acuerdo con la fracción I del artículo 99 del mencionado estatuto y, por consiguiente, en esos casos no procede en calidad de autoridad sino de contratante; por tanto, en la especie el secretario de Hacienda al ejecutar el boletín expedido por la Comisión de Escalafón, designando su representante en el concurso, convocando a los empleados respectivos para obtener la plaza que desempeña la quejosa, y otorgarle el nombramiento consiguiente, indudablemente que no ejecuta actos de autoridad. Asimismo, es de tomarse en cuenta, por lo ilustrativo de su contenido la tesis publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página 3674, con registro digital 374020, que indica: "ESTADO PATRONO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EJECUTADOS EN SU CARACTER DE. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia en constante jurisprudencia, ha decidido que las cuestiones que se susciten entre los empleados y los titulares de las diferentes dependencias del Ejecutivo y de los organismos sindicales en ellas formados, son de origen netamente contractual, esto es, se ejecutan por la relación obrero patronal sui géneris existente entre tales empleados y los titulares, quienes en estos casos, no intervienen como autoridades propiamente dichas, pues no ejecutan actos de imperio, sino que se refieren a aquella relación contractual. Ahora bien, como fundamentalmente el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que vulneren las garantías individuales, es indudable que cuando el titular de una dependencia del Ejecutivo y la comisión de escalafón de la misma convocan a un concurso de competencia para ocupar determinado empleo, no ejecutan actos de autoridad, y por tanto, el amparo es improcedente por este motivo, independientemente de que sea aplicable en el caso, la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo". No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio de los peticionarios del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, Fracción I y 5, fracción II, de la Ley de la Materia, la acción de amparo, intentada por el quejoso es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías promovida por ILDA RAMONA RENTERÍA HERNÁNDEZ, por su manifiesta e indudable improcedencia. No se soslaya a la anterior determinación, lo establecido en los artículos 7 y 127 del Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal1, que señalan que dicha ley no es aplicable a los trabajadores de confianza, así como que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resolverá 1 ARTÍCULO 7o.- Esta Ley sólo regirá las relaciones entre los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal de Nayarit, y los trabajadores de base. Los empleados de confianza no quedan comprendidos en ella. ARTÍCULO 127.- En la Capital del Estado habrá un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer de las controversias y conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley; deberá ser Colegiado y lo integrarán: Dos Representantes que nombrará el Titular del Poder Ejecutivo; Dos Representantes de los Trabajadores, designando uno el Comité Ejecutivo de la Sección Magisterial del Estado y otro el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones descentralizadas de carácter Estatal y un árbitro que nombren entre sí los representantes citados. Este último fungirá como Presidente. Por cada miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje habrá un Suplente. las controversias y conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de dicha ley, toda vez que de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que la quejosa fue trabajadora de base, por lo que la solicitud previa para la autorización de su Jubilación se fundamentó conforme el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:EPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por ILDA RAMONA RENTERÍA HERNÁNDEZ; demanda de amparo que promueve contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, y otra autoridad. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1472/2021. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Antes de acordar lo procedente respecto a la admisión o no de la demanda, con fundamento en el artículo 114, en relación con los numerales 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: A) Precise la situación laboral en la que se encuentra actualmente; esto es, si aún se encuentra laborando y si percibe sueldo alguno por parte del Ayuntamiento responsable. Lo anterior, resulta necesario a fin de que este Juzgador Federal pueda establecer la litis en la instancia constitucional que pretende instaurar; en la inteligencia que la promovente deberá acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para emplazar a las partes, toda vez que este forma parte integral de su demanda; apercibida que de no cumplir con todo lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo, del artículo 114, de la Ley de Amparo.
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