Igor Rodrigues Do Carmo

Expediente 950/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
950/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Igor Rodrigues Do Carmo

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, del cual se advierte que recibió los autos originales del juicio de amparo 950/2023 del índice de esta autoridad, y que se avoca al conocimiento del mismo. En virtud de lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y archívese este asunto como totalmente concluido; en la inteligencia de que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 19 fracción I inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese....

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, informa que se hace disponible el expediente electrónico del juicio de amparo ********************. De las constancias obrantes en el expediente electrónico del juicio de amparo ******************** del índice de la oficiante, se advierte el exhorto 196/2023, con número de orden 226/2023, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, del que se desprende la razón actuarial de veintiuno de julio del año en curso, en la que se hizo constar que al constituirse el fedatario judicial en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, el agente federal Migratorio le manifestó que la parte quejosa ********************, no se encontraba alojado en dicho lugar; asimismo al introducirse y vocearlo no se localizó a la persona buscada. Planteamiento de competencia. Previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo, corresponde analizar el planteamiento de competencia a favor de este órgano jurisdiccional que hace el juez declinante, en tanto que ello constituye un presupuesto procesal de orden público. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina no aceptar la competencia para resolver el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, ya que no se comparten las razones de la autoridad oficiante, conforme se justifica a continuación. A fin de sustentar lo anterior, es necesario destacar que del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, a quién reclamó los siguientes actos: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME: a) La ilegal detención y privación de mi libertad, comunicación y acceso al servicio de salud, con esto vulnerando nuestros derechos que como extranjeros tenemos y que prevé el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir mi derecho asilo, y el reconocimiento como refugiado y en consecuencia vulnera nuestra prerrogativa que consagra el artículo 15 de la Ley de Amparo. El acto de autoridad que señalo en contra de las autoridades responsables también vulneran en mi perjuicio el debido proceso, derechos humanos consagrados en la Constitución de este País, y previstos en Tratados Internacionales. En razón de que la privación de nuestra libertad al que somos objeto ha rebasado el término de 36 horas que la autoridad migratoria tiene como límite en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: "Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de: I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente; II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer la información mencionada, de conformidad con la legislación aplicable". d) Asimismo, las autoridades responsables han omitido proporcionar información al quejoso de que tiene derecho "al otorgamiento de protección complementaria", consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontrara en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción III, artículo 3 fracción XXVI, fracción XXXI, de la Ley de Migración. "Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:" XXVI. Protección complementaria: a la protección que la Secretaría otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; XXXI. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;" Luego, el juzgado declinante por proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, decretó la suspensión de plano que solicita el quejoso en relación a los actos reclamados en cita, en los autos del juicio de amparo ******************** de su índice, y requirió a las autoridades informe sobre la suspensión de plano decretada. Además, se giró exhorto en el cual ordenó al Actuario adscrito al órgano exhortado, en el caso, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, para que se constituyera en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con domicilio en esta ciudad, a efecto de que buscara al quejoso y lo requiriera para que manifestara si era su deseo ratificar o no la demanda de amparo promovida en su favor. De igual forma, tal y como se advierte de la razón de veintiuno de julio del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad del actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, de encontrar al quejoso toda vez que en la base de datos de la estación migratoria no se encontró registro. Aunado a lo anterior, del oficio DL/MXLI/DCMAJ/1253/2023 remitido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, hace del conocimiento que dicha autoridad desconoce al referido quejoso, toda vez que no se encuentra a disposición del Instituto Nacional de Migración, y que no se encuentra y que en ningún momento se ha encontrado alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria de Mexicali. Previo a lo anterior, en proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, emitido por el órgano declinante, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al expediente ******************** de su índice, en virtud de que como se destacó párrafos supra, se advertía que el quejoso se encontraba en la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, ordenando remitir el juicio de amparo ******************** al Juez de Distrito de Baja California en turno, a fin de que conozca de la presente demanda de amparo, con fundamento en los dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado se está ejecutando en esta ciudad de Mexicali, Baja California. De ahí que con fundamento el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinó que el Juez de Distrito competente legalmente para conocer del asunto será el del lugar donde se esté ejecutando el acto reclamado Por todo ello, determinó que el juez que debe conocer de la demanda de que se trata es un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Enseguida, es necesario establecer que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse previamente al estudio de la constitucionalidad del acto. Aplica la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de la voz y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1). Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y 3). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de las hipótesis antealudidas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; además, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis Aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME: a) La ilegal detención y privación de mi libertad, comunicación y acceso al servicio de salud, con esto vulnerando nuestros derechos que como extranjeros tenemos y que prevé el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir mi derecho asilo, y el reconocimiento como refugiado y en consecuencia vulnera nuestra prerrogativa que consagra el artículo 15 de la Ley de Amparo. El acto de autoridad que señalo en contra de las autoridades responsables también vulneran en mi perjuicio el debido proceso, derechos humanos consagrados en la Constitución de este País, y previstos en Tratados Internacionales. En razón de que la privación de nuestra libertad al que somos objeto ha rebasado el término de 36 horas que la autoridad migratoria tiene como límite en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. Lo anterior en virtud de que desde el día que fuimos detenidos y privados de nuestra libertad en esta ciudad, por personas que ahora se son funcionarios de la autoridad responsable sin encontrarse justificada mi detención, no me han informado de mis derechos y tampoco el motivo, por lo que al encontrarme privado de mi libertad considero que fui objeto de un ilegal detención además de que se me ha restringido la comunicación y mi derecho al debido proceso considerando con tales autoridades responsables tratan en nuestra contra mi deportación o expulsión del país, motivo por el cual es que acudimos a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Esto es así en razón que a este momento no nos han notificado o indicado cuál es nuestra situación legal en estas instalaciones donde estamos detenidos y privados de mi libertad. b) De igual forma se reclama que se ha violado el DEBIDO PROCESO, LOS DERECHOS HUMANOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO, esto debido que desde el día que fuimos detenidos, nos tienen privados de nuestra libertad e incomunicado en las instalaciones de la estación migratoria de Mexicali, Baja California, del Instituto Nacional de Migración (INAMI), ubicado en la garita ubicada en el centro de la ciudad. c) Las autoridades responsables han omitido proporcionar a los quejosos información de la que tenemos derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en términos del artículo 13 fracción III, de la Ley de Migración que a letra dice: "Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de: I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente; II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer la información mencionada, de conformidad con la legislación aplicable". d) Asimismo, las autoridades responsables han omitido proporcionar información al quejoso de que tiene derecho "al otorgamiento de protección complementaria", consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontrara en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción III, artículo 3 fracción XXVI, fracción XXXI, de la Ley de Migración. "Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:" XXVI. Protección complementaria: a la protección que la Secretaría otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; XXXI. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;" Esto es así, porque el promovente en nombre del quejoso en su escrito inicial de demanda señala como acto reclamado la privación de la libertad, detención e incomunicación, asimismo, de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente en forma expresa manifestó que el quejoso se encontraba en la Estación Migratoria de Mexicali, Baja California, sin embargo, de las constancias que integran el expediente electrónico ******************** radicado ante el Juzgado declinante,, se advierte que dicho quejoso no se encuentra alojado en esta ciudad; y que en ningún momento se ha encontrado alojado en la Estación Migratoria de esta ciudad de Mexicali. Por tanto, el acto que por esta vía se combate no es un acto declarativo, pues surte efecto positivo al actualizarse la privación de su libertad del aquí quejoso en el lugar en el que se encuentre; empero, de las actuaciones allegadas por el Juez declinante y la autoridad migratoria en esta ciudad, ello no acontece en la ciudad de Mexicali, Baja California; y por ello se ubica en el supuesto que se contiene en el segundo párrafo del referido precepto 37 de la Ley de Amparo, es decir, que será competente el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. Es aplicable la tesis I.1o.A.44A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". De igual forma, cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 14/2014 (10a.), que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes once de abril de esta anualidad, Materia(s): (Común), cuyo rubro y contenido establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Asimismo, resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia número 1a./J. 48/2005 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Bajo esa perspectiva, es que no se acepta la competencia planteada para resolver el juicio de amparo ********************. En esas condiciones, devuélvase el juicio de amparo al juzgado de origen, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo que se deje en este juzgado para constancia. Realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese....

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 19832/2023 que remite la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al cual anexa copia digitalizada del juicio de amparo ********************, de su índice, promovido por ********************en favor de ********************, contra actos de la Autoridad Migratoria Responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, toda vez que mediante proveído de veinte de julio del año en curso declinó su competencia por cuestión de territorio, al estimar que los actos reclamados se ejecutaron y continuarán ejecutando en esta ciudad de Mexicali, Baja California, ordenando remitir el juicio de amparo de referencia al Juez de Distrito de Baja California en turno, a fin de que conozca de la presente demanda de amparo. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************en favor de ********************, contra actos de la Autoridad Migratoria Responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, fórmese expediente con el número 950/2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en relación a la competencia planteada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, este Juzgador estima necesario precisar que del análisis de las constancias remitidas, se advierte que mediante proveído de veinte de julio del año en curso, ordenó girar oficios a las responsables a fin de que informaran el cumplimiento a la suspensión de plano, así como exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a efecto de que el actuario se constituyera en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, y en caso de que el quejoso continuara detenido en sus instalaciones, le notificara el presente auto; y verificara que las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en dicho proveído y cesaran de inmediato los actos reclamados; asimismo, asentara las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encontrara dicho agraviado. En consecuencia, solicítese de la manera más atenta, al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, que, de no existir inconveniente legal alguno, remita las constancias relativas a la referida comunicación oficial en relación con la diligencia de notificación al quejoso, así como los informes que en su caso le fueron rendidos por las responsables, e informe lo que hubiere proveído al respecto dentro del juicio de amparo ******************** de su índice, lo anterior, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional se encuentre en aptitud de poder emitir el pronunciamiento respecto a la incompetencia planteada. En tales circunstancias, se reserva proveer hasta en tanto el Juzgado oficiante remita las constancias relativas a la comunicación oficial de mérito. Notificaciones a la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a al licenciado ********************así como únicamente para oír y recibir notificaciones a********************De igual forma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que el Actuario de la adscripción, se constituya en el domicilio señalado por las partes en el presente juicio, a fin de hacer de su conocimiento los proveídos que contengan notificación personal. En apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. En la inteligencia de que, con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, en la versión pública de las resoluciones o autos que se emitan en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales. También, se les hace saber que para que las constancias que alleguen al expediente se consideren, en principio, información confidencial, deberán manifestar dicho carácter al momento de exhibirlas, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Notifíquese....

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