Igor Morett Valenzuela y otros
Expediente 789/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Igor Morett Valenzuela y otros y Otros.
- Graciela Judith Esparza Azcoitia
- Andres Gonzalez Rodriguez
- Igor Morett Valenzuela y otros
- Ines Chacon Segura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 202, en relación con diverso 201, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que los quejosos hayan interpuesto recurso de inconformidad contra el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, en el que se determinó que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Archivo del asunto. Toda vez que el expediente se encuentra integrado, háganse las anotaciones en el libro electrónico y con fundamento en lo que se establece en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible de conservación, en razón que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y se concedió la protección constitucional, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que se establece en dicho artículo. Cuadernos incidentales. Por otra parte, manténganse por separado los cuadernos relativos al incidente de suspensión y por lo que hace al duplicado, en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en lo previsto en la fracción II, inciso a), del artículo 19, una vez que haya transcurrido el término de seis meses que establece dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo general en cita, se determina que es conservable, debido a que se concedió la medida cautelar definitiva, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo a los cuadernos incidentales. Asimismo, en atención a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a los quejosos en auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia, sin que lo hicieran, por tanto, con fundamento en lo que se establece en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "[.] NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General y Subdirector de Recursos Humanos, ambos del CINVESTAV, realicen lo siguiente: Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberán devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. [.]" El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que las autoridades responsables dependientes del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, dejen insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, devuelvan a los quejosos las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal, y reintegrándoles como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: prima vacacional, recompensa anual por antigüedad, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda de alimentos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, prótesis dental, beca al desempeño académico, ayuda de transporte, ayuda para gastos de defunción, ayuda para encuadernación de tesis, compensación especial de fin de año y estímulo al trabajador de fin de año, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia las autoridades del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, informaron mediante los oficios registrados con los folios 11179 y 11606, que dejaron insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como sus efectos y consecuencias, además de que exhibieron las actas administrativas circunstanciadas de cumplimiento de veinte de julio de dos mil veintitrés, de las que se advierte la devolución a los quejosos a través de los cheques expedidos en su favor, de los montos correspondientes en cumplimiento a la ejecutoria. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la actuación de las autoridades responsables se ajusta de manera integral a los efectos establecidos en la ejecutoria, por lo cual se estima que el fallo protector se encuentra cumplido, sin exceso o defecto alguno. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y vía electrónica a los quejosos.
- Principal
Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de la apoderada del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con el que informa que en cumplimiento a la ejecutoria, se encuentra a disposición de los quejosos el título de crédito expedido en su favor a efecto de devolverles las cantidades que les fueron retenidas, de lo que se toma conocimiento. En esas condiciones, con fundamento con fundamento en lo que se establece en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dese vista a los quejosos y requiéraseles, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de lo informado por esa autoridad, asimismo, como lo solicita la oficiante, deberán constituirse en días y horas hábiles en el local que ocupan las oficinas de la Subdirección Jurídica de ese centro de investigación a efecto de recibir los títulos de crédito expedidos en su favor con motivo del acatamiento del fallo y que se encuentra a su disposición ante la citada subdirección, hecho lo cual, se les solicita lo hagan del conocimiento de este juzgado para estar en posibilidad de acordar lo que en derecho proceda. Lo anterior, bajo el apercibimiento que en caso de existir omisión, sin causa justificada se acordará lo que en derecho proceda en relación con el acatamiento de la ejecutoria de amparo en su perjuicio, asimismo se hace de su conocimiento que el retraso en el cumplimiento de la sentencia de amparo será atribuible a los quejosos. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en lo que se establece en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la subdirectora de Recursos Humanos, al secretario administrativo y al director general, todos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten de manera fehaciente que entregaron a los quejosos los títulos de crédito que contienen el monto de la cantidad a devolverles, para lo cual deberán realizar las gestiones necesarias para localizarlos, o bien, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, en el plazo concedido, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en la fracción I del numeral 237, en relación con el diverso 259 ambas de la Ley de Amparo, por desacato a un mandato judicial. Notifíquese y vía electrónica a los quejosos.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Asimismo, agréguese a los autos el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo al rubro citado y copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el toca del recurso de revisión R.A. 440/2022 de su índice. Acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en atención a lo resuelto por este juzgado federal en la sentencia dictada en este asunto en la que se concedió la protección constitucional a los quejosos, para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el director General y subdirector de Recursos Humanos, ambos del CINVESTAV, realicen lo siguiente: (.) Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal en cumplimiento al precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: beca de exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares, ayuda para gastos de defunción y ayuda para encuadernación de tesis, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por el tiempo que subsistió la aplicación. Asimismo, deberán dejar insubsistentes todos y cada uno de los efectos y consecuencias derivados de la aplicación de la porción normativa declarada inválida por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad referida. (.) En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades director General y subdirector de Recursos Humanos, ambos del CINVESTAV, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con los efectos de la sentencia y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a criterio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo expuesto, se hace del conocimiento que aún cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duraron sus encargos y por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades responsables deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese.
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