Ignacio Zarco Meneses

Expediente 671/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
671/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Zarco Meneses

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de doce de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes el auto que desechó la demanda promovida por ***; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen.I

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente...I

  3. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA *****, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de doce de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de mayo de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso ****, a través del cual da cumplimiento a los requerimientos formulados mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso. FIJACIÓN DE ACTOS. En ese tenor, de un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: El auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 517/2022, mediante el cual, el juez responsable no acordó de conformidad el escrito mediante el cual Ignacio Zarco Meneses interpuso recurso de apelación contra la resolución interlocutoria de veintiuno de marzo del mismo año, misma que, a su vez, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones de todo lo actuado por defectos en el emplazamiento planteado por dicha parte procesal. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución reclamada no causa un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Es importante mencionar que, a partir de la publicación de la Ley de Amparo en vigor, la fracción V del artículo 107, establece un concepto más preciso para comprender de manera clara el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De suerte tal, que con esa aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, atendiendo al texto de la ley, se ha considerado por regla general, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba confesional ofrecida por la contraparte, etcétera. Así, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. El anterior criterio lo encontramos en la jurisprudencia P./J. 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo. Ahora bien, una vez examinados, tanto el escrito de demanda, así como el diverso que se provee, se advierte que Ignacio Zarco Meneses instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional, un acto del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, consistente en el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 517/2022, mediante el cual, el juez responsable no acordó de conformidad el escrito mediante el cual Ignacio Zarco Meneses interpuso recurso de apelación contra la resolución interlocutoria de veintiuno de marzo del mismo año, misma que, a su vez, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones de todo lo actuado por defectos en el emplazamiento planteado por dicha parte procesal. Además, en el ocurso de cuenta manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en el juicio ejecutivo mercantil de origen el cuatro de mayo de dos mil veintitrés se celebró la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, ordenándose dictar sentencia en tal asunto. Como se ve, dicha determinación jurisdiccional no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refieren a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifestó el promovente en ambos ocursos, se advierte que el proveído reclamado en la presente instancia constitucional (treinta de marzo de dos mil veintitrés), fue emitido dentro de un juicio del orden mercantil en el que la parte quejosa es demandada, y el cual no afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos, pues tal determinación en modo alguno impide el ejercicio de un derecho fundamental. Se afirma lo anterior, en virtud de que en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia. Aunado a que de las consecuencias que produce, con independencia de la decisión que pudiera tomarse respecto a la legalidad o la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, no depende la suerte de todo el juicio. Además, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales, ya que su vulneración puede carecer de relevancia si en la resolución que en su momento se dicte le es favorable al accionante, en virtud de que desaparecería la afectación que pudo generarle. Efectivamente, tal determinación de ningún modo le impide el ejercicio de un derecho sustantivo, como lo es la vida o la libertad, sino que, los perjuicios que pudiere originar son de naturaleza procesal, al estar relacionados con aspectos relativos al conocimiento y resolución del juicio génesis. En otras palabras, no afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo del amparista, como la vida, la libertad o la propiedad, tutelados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional, sino que en todo caso son cuestiones intraprocesales. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En otras palabras, tal determinación jurisdiccional no afecta de manera inmediata al promovente, dado que sus efectos se verán reflejados en la resolución del juicio de origen y la afectación que, en su caso, le provocara, se traduce en aspectos meramente procesales, no así sustantivos; por esas razones, se afirma, no son de imposible reparación. En ese sentido, como se dijo las afectaciones que el ahora quejoso aduce le produce la determinación reclamada, pueden ser reparadas en el supuesto de que obtenga sentencia favorable en el juicio de origen, o en caso contrario, de acuerdo con lo establecido en el arábigo 170 de la Ley de Amparo, se encuentra en aptitud de reclamarlas a través del juicio de amparo directo, por constituir violaciones a las reglas del procedimiento que se prevén en las hipótesis planteadas por el diverso 172 de la citada legislación. En efecto, el contenido del último numeral invocado es el siguiente: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Conforme a tal porción normativa, en la demanda de amparo directo que, en su caso, sea promovida, pueden controvertirse tanto las violaciones cometidas al dictar la sentencia, como aquellas que se actualizaron durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas del quejoso. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Sustenta la anterior consideración, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto". Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1993, de epígrafe y contenido siguiente: VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. De igual manera, la tesis aislada XX.1o.79 L, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 746, que establece: EMPLAZAMIENTO O NOTIFICACIÓN ILEGAL. PARA HACERLO VALER EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO LABORAL, ES NECESARIO QUE SE HAYA AGOTADO ANTES EL INCIDENTE DE NULIDAD. Si en el amparo directo se hace valer como violación a las reglas esenciales que regulan el procedimiento del juicio laboral, una indebida notificación o emplazamiento, cuando en éste se apersonó el quejoso, se hace necesario que haya agotado los medios ordinarios de defensa dentro del propio procedimiento, es decir, deberá promover el incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que por este medio se pudo anular, revocar o modificar la actuación cuestionada, ya que de no hacerlo así, el Tribunal Colegiado carece de facultades para analizar la legalidad o ilegalidad de ese procedimiento. En razón de lo anterior, como el acto reclamado referido no tiene efectos de imposible reparación, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por Ignacio Zarco Meneses. Es importante señalar que la causal de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Finalmente, en atención al segundo de los ocursos de cuenta, se tiene al promovente proporcionando el número telefónico ****, así como la cuenta de correo electrónico ***, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación no procesal.I

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. SE ORDENA REEXPEDIR OFICIOS. Vistos los autos se advierte que no obra el informe previo ni el acuse de recibo de los oficios por medio de los cuales se requirió el mismo, de las siguientes autoridades responsables: Of. 2930-145 Juez Septuagésimo Tercero Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México. Of. 2930-146 Actuario adscrito al Juzgado Septuagésimo Tercero Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México. Por tanto, reexpídanse vía servicio de mensajería acelerada. SE DIFIERE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia incidental señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con diecisiete minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.VI

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