Ignacio Zamora Cuevas

Expediente 61/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
61/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Zamora Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    EJ. Uruapan, Michoacán, diez de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE REVISIÓN. Téngase por recibido el oficio 5553, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del cual adjunta los autos del juicio de amparo 61/2019, testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 150/2019, en la que se resolvió confirmar la sentencia que sobreseyó en este asunto. En consecuencia, acúsese recibo; agréguense al expediente el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales y las demás resultan innecesarias; realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Hágase esa circunstancia del conocimiento de las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido, y por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo de la fracción III del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución donde se concedió la medida cautelar. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguese copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No existe recurso pendiente por resolver. BILLETE. Por otra parte, del estado de autos se advierte que mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el billete de depósito N 639956, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibido por la parte quejosa, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, resulta pertinente requerirle a efecto de que, una vez que venza el plazo de SEIS MESES, previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión, comparezca en este Juzgado de Distrito, con documento oficial que la identifique, a recoger la garantía exhibida en el incidente de suspensión, apercibida que de no comparecer a recogerlo dentro del término de dos años, posterior al vencimiento del referido plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en los artículos 36 y 51, de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito su derecho para reclamarlo y se ordenará hacerlo efectivo en favor del Fisco Federal. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. No existen constancias pendientes de proveer su devolución a la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    ME-Agréguese al expediente copia certificada del escrito firmado electrónicamente por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado jurídico del quejoso, a través del cual interpone recurso de revisión y formula agravios, contra la sentencia dictada el trece de mayo del año en curso, en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, obténgase réplica del escrito de cuenta y distribúyanse a las partes; guárdese en la secretaría de este juzgado el escrito original de interposición de dicho recurso que contiene la expresión de agravios, y dentro del término de tres días siguientes al en que se integre debidamente el expediente, remítanse junto con los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación, previamente la integración del cuaderno de antecedentes correspondiente. Tiene aplicación a lo expuesto, por analogía jurídica. Tesis: 2a./J. 116/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 180481 1 de 1 Segunda Sala Tomo XX, Septiembre de 2004 Pag. 306 Jurisprudencia(Común) REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios. Finalmente, en relación a las peticiones que formula el ocursante en el sentido de que se le notifique de manera electrónica y autorice el acceso al expediente electrónico del recurso que interpone, el Tribunal de Alzada correspondiente, proveerá lo conducente, en su caso, al radicar aquel medio de impugnación. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte tercera interesada, así como a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 61/2019 SENTENCIA CONSTITUCIONAL. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 61/2019-IV, que promovió Ignacio Zamora Cuevas, por conducto de su representante legal Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve, a través del sistema electrónico de juicio en línea, con folio 757381 y registro 000154/2019 de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, recibido al siguiente día por este Juzgado, Ignacio Zamora Cuevas, por conducto de su apoderado jurídico Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, presentó demanda de amparo indirecto contra las autoridades y actos que indicó en la misma. En dicho escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, considera violados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. En auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, este Juzgado al que por razón de turno le tocó el conocimiento de la demanda de amparo, la registró con el número 61/2019-IV, y previno al quejoso para que manifestara de manera clara, precisa y concreta: a) el acto que reclama de la autoridad señalada como responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, b) la ubicación exacta del inmueble materia del acto reclamado, que según refirió bajo protesta de decir verdad, se le pretende desposeer en una fracción; y, c) cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que cronológicamente constituyen los antecedentes del acto reclamado, el estado actual del juicio de origen, así como las partes que lo conforman (fojas 17 a 22); una vez cumplidos tales requerimientos de manera completa (fojas 24 a 28 y 34 a 38), por auto de veinticinco de febrero del presente año, se admitió la demanda de amparo, por el acto reclamado y autoridad responsable, siguientes: ". del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, de quien reclama: .la inminente sujeción a secuestro de la porción del inmueble de la cual mi mandante tiene posesión conforme a derecho por ser propietario de esa porción, que se pretende llevar a cabo de manera injustificada e ilegal dentro del interdicto que se lleva a cabo ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, con el número de expediente 1093/2018. .el inmueble se encuentra en el predio rústico denominado El Zurumutal, ubicado en el Rancho El Cuate, municipio de Tancítaro, Michoacán." Atento a ello, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le corresponde; en el propio auto se reconoció el carácter de tercera interesada a Esperanza Zamora Cuevas, parte actora en el procedimiento de origen del acto reclamado, a quien se tuvo por emplazada en auto de trece de marzo del presente año, sin que compareciera al presente juicio (fojas 51 a 54 y 64 a 66). En dicho proveído también se admitió la prueba testimonial ofrecida por el quejoso, a cargo de Ismael Calderón Yerena, Jesús Antíoco Prado Casillas y Gilberto Alcalá Bucio. En actuación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 253), se admitió la prueba documental que ofreció el quejoso, consistente en las actuaciones que conforman el juicio de origen (fojas 143 a 252). Finalmente, previos diferimientos, se citó a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las once horas con cincuenta minutos del once de abril de dos mil diecinueve, en la que se desahogó el citado medio de prueba, así como sus restantes etapas, al tenor del acta que antecede (fojas 261 a 267); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, ello, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó entre otros, el diverso 3/2013, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; porque en el caso se reclama la inminente orden de secuestro de un inmueble ubicado en el municipio de Tancítaro, Michoacán, el cual se encuentra dentro del territorio en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, Ignacio Zamora Cuevas, reclama lo siguiente: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad:  La inminente orden de sujeción a secuestro de la porción del inmueble de su propiedad, que forma parte del predio rústico denominado El Zurumutal, ubicado en el Rancho El Cuate, municipio de Tancítaro, Michoacán, dentro del interdicto para recuperar la posesión 1093/2018, que promovió Esperanza Zamora Cuevas ante el juez responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, en cuanto a que ante él se tramita el interdicto para recuperar la posesión 1093/2018, que promovió Esperanza Zamora Cuevas frente al quejoso Ignacio Zamora Cuevas (foja 75). Lo que se corrobora con las copias certificadas del citado interdicto, que remitió el juez responsable como soporte a su informe justificado, que concuerdan con las que ofreció el quejoso, mismas obran glosadas dentro del expediente principal de este juicio; documentales que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado. Son aplicables en la especie los criterios que a continuación se indican: Tesis: 749 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002815 1 de 1 Pleno Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Pag. 830 Jurisprudencia(Común) "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Tesis: 226 Apéndice de 1995 Quinta Época 394182 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 153 Jurisprudencia(Común) "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable el criterio: Tesis: 158 Apéndice de 1985 Quinta Época 395571 1 de 1 Pleno Parte VIII Pag. 262 Jurisprudencia(Común) "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Ahora bien, este Juzgado Federal advierte de oficio que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Tal precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos, los recursos establecidos en las leyes ordinarias, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Pag. 902 Jurisprudencia(Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." A efecto de sustentar la razón por la que se actualiza dicha causa de improcedencia, es necesaria una breve reseña de los antecedentes que se desprenden de las constancias que aportó el juez responsable como soporte de su informe justificado, consistentes en la totalidad de las actuaciones del interdicto para recuperar la posesión 1093/2018, las cuales concuerdan con las pruebas documentales públicas que ofreció el quejoso, y que son los siguientes: 1. Mediante escrito de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, Esperanza Zamora Cuevas, a través de sus apoderados jurídicos, demandó a Ignacio Zamora Cuevas, mediante interdicto para recuperar la posesión de una fracción del predio rústico denominado El Zurumutal, ubicado en el Rancho El Cuate, municipio de Tancítaro, Michoacán. Señaló que la fracción del inmueble materia de la controversia se conforma por una porción del predio de su propiedad y por la servidumbre de paso que le servía de acceso por la entrada oriente; atento a lo cual solicitó que se sujetara a secuestro dicho bien con sus accesorios, y se depositara en favor de una diversa persona bajo su más estricta responsabilidad. 2. En auto de veinte de noviembre de ese año, el juez responsable tuvo por recibido dicho interdicto en la vía Sumaria Civil, ordenó registrarlo con el número 1093/2018, y previo a admitirlo, para estar en condiciones de proveer con apego a derecho sobre la medida precautoria solicitada por la promovente, admitió y ordenó el desahogo de las pruebas ofrecidas para ese efecto (fojas 98 a 100). 3. Una vez cumplido lo anterior, en auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el juez admitió a trámite la demanda interdictal, ordenó emplazar al demandado Ignacio Zamora Cuevas, y correrle traslado con los documentos respectivos. En relación con el secuestro solicitado por la parte actora, dijo que no obstante que con la prueba testimonial que ofreció y desahogó para tal efecto, la cual consideró digna de pleno valor probatorio, se acreditaron los extremos del artículo 651 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, reservó proveer al respecto en atención a lo asentado en los hechos de la demanda, en el sentido de que el quejoso plantó árboles de aguacate, por lo que el juez consideró necesaria la intervención de un experto que determinara el valor de los frutos que pudieran existir en la fracción del predio en conflicto (foja 104). 4. El once de enero de dos mil diecinueve, el actuario adscrito al Juez responsable, se constituyó en el domicilio señalado como del demandado Ignacio Zamora Cuevas, a fin de emplazarlo a juicio, y notificarle el contenido del auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y al no encontrarlo presente dejó citatorio con Diana Zamora Zaragoza, persona que lo atendió, se identificó, le informó que sí conoce al demandado, quien vive en ese domicilio, es su papá y en ese momento se encontraba fuera de la ciudad. El catorce de enero del año actual, el ministro notificador se presentó de nueva cuenta en el domicilio del demandado, en donde fue atendido nuevamente por Diana Zamora Zaragoza, quien le informó que su padre regresaría a ese domicilio hasta el día miércoles de esa semana; atento a lo cual procedió a cumplimentar el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, y entendió el emplazamiento del demandado con dicha persona, a quien le entregó las copias de traslado de la demanda y sus anexos, así como el instructivo en el que se insertó el acuerdo a notificar, y le hizo saber el término para contestar la misma. Finalmente, el actuario asentó que la persona con quien entendió el emplazamiento no quiso firmar por no ser un asunto de ella (fojas 106 a 110). 5. En auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo por recibido en tiempo y forma el escrito de contestación de la demanda que presentaron los apoderados jurídicos de Ignacio Zamora Cuevas, y por opuestas sus excepciones y defensas (fojas 117 a 124, y 134). 6. Finalmente, en proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, el juez de los autos acordó de conformidad el escrito que presentó Jorge Talavera Chávez, en el que aceptó el cargo de perito que le fue conferido en auto previo, y le otorgó el término de tres días para que emitiera el dictamen (foja 137). Ahora bien, el quejoso afirma en su demanda de amparo que es propietario de la fracción del inmueble en conflicto, y como tal también ejerce su posesión, por lo que el auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que el juez responsable valoró las pruebas documentales y testimoniales que aportó la parte actora y tuvo por justificada la procedencia de la medida precautoria consistente en el secuestro del inmueble y sus frutos, así como la inminente orden de ejecución de ese proveído, la cual ya se está preparando mediante la designación de perito, afectan sus derechos fundamentales porque le pueden causar perjuicios de difícil reparación, esencialmente, porque su procedencia se sustentó en testimonios que a su consideración carecen de eficacia probatoria para tener por acreditados los requisitos legales establecidos para ello. Atento a la causa de pedir, se debe considerar el contenido de los artículos 261, 262, 272, 276 y 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que rezan: "Artículo 261. Antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo, a solicitud de parte se pondrá en depósito la cosa en disputa hasta que se resuelva a quien debe entregarse; previa fianza que otorgue por la cantidad que fije el Juez, quien hará la designación del depositario. (.)." "Artículo 262. Las providencias precautorias consistirán en el arraigo de la persona y en el secuestro de bienes y podrán decretarse tanto como actos prejudiciales como después de iniciado el juicio respectivo." "Artículo 272. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna, ni gestión de algún género que tienda a entorpecer las diligencias." "Artículo 276. La persona contra quien se dictare una providencia precautoria, podrá reclamarla en todo tiempo, antes de que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio correspondiente, y a ese efecto se le notificará dicha providencia, en el caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación se substanciará en forma incidental. "Artículo 278. Contra la resolución en que se decrete una providencia precautoria no procede recurso alguno. Las resoluciones en que se niegue admitirán el recurso de queja." Preceptos en los que se establece la procedencia del secuestro de bienes como una de las medidas precautorias que puede solicitar la parte actora para garantizar el cumplimiento de la obligación que reclama del demandado. Pero además, prevén la posibilidad de que la persona contra la que se dictó dicha medida pueda impugnarla en todo tiempo, antes de que se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de origen, para lo cual se le debe notificar el acuerdo respectivo, en el caso de no haberla ejecutado con su persona o con su representante legítimo. Agregan, que tal impugnación debe hacerse a través de la reclamación, cuya tramitación será en la forma incidental, y que, en contra de la resolución -incidental- que decrete la providencia precautoria no procede recurso alguno; y contra aquélla que la niegue se admite el recurso de queja. Lo anterior concuerda por identidad jurídica, con lo establecido en el criterio que se cita a continuación: Tesis: I.3o.C.249 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 189049 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIV, Agosto de 2001 Pag. 1363 Tesis Aislada(Civil) "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida. De lo anterior se evidencia, que la reclamación prevista en el artículo 276 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa a través del cual se puede revocar, modificar o nulificar la providencia precautoria decretada en los autos de origen. Es así, porque al ser tramitada como incidente implica que la reclamación debe ser ejercitada por quien tiene la legitimación procesal para ello, tendrá los periodos de prueba, de alegatos, y finalmente se emitirá la resolución respectiva, en la que el juez analizará de nueva cuenta si quien la solicitó satisfizo a su juicio la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida, o bien, si el incidentista aportó medios de convicción eficaces para desvirtuar la existencia de esos supuestos; con la consecuente declaración de subsistencia, modificación o revocación de la medida cautelar impugnada. Por tanto, como quedó de manifiesto con lo anterior, el quejoso Ignacio Zamora Cuevas es parte demandada en el juicio de origen, como tal fue emplazado a través de diversa persona, sin que impugnara esa actuación, y por el contrario, compareció a ese juicio a dar contestación a la demanda y a oponer sus excepciones y defensas, esto es, se impuso del contenido de los autos, en los cuales aún no existe sentencia ejecutoriada; por ello, está en aptitud de impugnar la orden de secuestro del inmueble en conflicto, y la consecuente ejecución, a través del recurso de reclamación antes precisado, en el cual tendrá la posibilidad de desvirtuar la eficacia probatoria de los testimonios en que se sustentó la procedencia de dicha medida cautelar, y de ofrecer los medios de prueba que considere convenientes a su derecho. Ilustra sobre lo anterior, el criterio siguiente: Tesis: III.5o.C.88 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 179224 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Febrero de 2005 Pag. 1751 Tesis Aislada(Civil) "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EN CONTRA DE SU EJECUCIÓN PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. Una nueva reflexión sobre el tema lleva a concluir que el acto procesal materia de impugnación en el incidente de reclamación establecido por el artículo 253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, es únicamente la ejecución de la providencia precautoria y no la resolución que la determina, por lo que este Tribunal Colegiado se aparta parcialmente del criterio sustentado en la jurisprudencia que aparece publicada en el Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1284, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.". Del análisis conjunto de los artículos 252 y 253 de la legislación procesal civil del Estado se colige, por una parte, que el auto que niega la medida precautoria solicitada es apelable por el solicitante, mientras que el que la concede no admite recurso alguno. Ahora bien, el referido artículo 253 es claro por cuanto alude al ejecutado, es decir, aquel sobre el que recayó la ejecución (sea parte o tercero) y no hacia quien se dirige el mandato que en todo caso sería el demandado, lo que denota la realización de la medida. Ello se corrobora si se toma en cuenta que el artículo en comento dispone que deberá notificársele la ejecución cuando la diligencia no se hubiera practicado con la persona a la que se dirige o su legítimo representante. Finalmente, el numeral especifica que la reclamación debe fincarse en que tal diligencia no se practicó de acuerdo con la ley, es decir, sólo pueden alegarse aspectos de forma relacionados con el modo en que se exteriorizó la providencia y no atinentes al contenido de la orden correspondiente. En ese orden de ideas, es evidente que el incidente establecido en el artículo que se interpreta lo instauró el legislador para que quien pudiera resultar perjudicado por vicios propios de la ejecución de una medida precautoria tenga oportunidad de combatirlos a través del procedimiento incidental mencionado." De ahí, que resulte improcedente el juicio de amparo, porque como quedó de manifiesto, en contra del acto reclamado de que se duele Ignacio Zamora Cuevas bajo el argumento de que se sustentó en la ilegal valoración de los medios de prueba aportados para ello, que realizó el juez responsable en auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el interdicto para recuperar la posesión 1093/2018, y su inminente ejecución, la ley ordinaria concede un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, a través del cual el quejoso puede hacer valer todo lo dicho ante esta instancia constitucional, a fin de que sea modificado, revocado o nulificado; pues aún no existe sentencia ejecutoria en el procedimiento de origen, lo que lleva a colegir que tiene expeditos sus derechos para hacer valer tal recurso, antes de promover el juicio de garantías. Sirve de sustento a lo anterior, por similitud jurídica, el criterio siguiente: Tesis: III.5o.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 182571 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Pag. 1284 Jurisprudencia(Civil) "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. De los artículos 252 y 253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se advierte que entre sus disposiciones no existe ninguna contradicción ni antinomia, pues el primero establece que la resolución que conceda una medida precautoria "no admite recurso alguno", prohibición general referida directamente a los recursos ordinarios que prevé el mismo código, es decir, apelación, revocación y queja, en tanto que el segundo de manera expresa establece no un recurso sino un medio de defensa disponible sólo para el ejecutado y el tercero, quienes pueden impugnar la providencia o su ejecución a través de la reclamación vía incidental. Por tanto, para que proceda el amparo indirecto contra el embargo precautorio es indispensable que el ejecutado o, en su caso, el tercero promovente del amparo, agoten previamente dicho medio de defensa." En tales circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal está impedido para analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados. Apoya lo así expuesto, la jurisprudencia número 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decrete el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". No afecta a lo anterior, el hecho de que se hayan admitido y desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, entre ellas los testimonios de Ismael Calderón Yerena, Jesús Antíoco Prado Casillas y Gilberto Alcalá Bucio, en virtud de que tuvieron como finalidad evidenciar la inconstitucionalidad de la medida cautelar cuya ejecución reclama, la cual no será materia de estudio de fondo en el presente juicio, en virtud del sobreseimiento decretado por las razones ya expuestas. QUINTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente Juicio de Garantías promovido por Ignacio Zamora Cuevas, por conducto de su representante legal Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Rubén Olvera Arreola, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, hasta hoy trece de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa asistido de Bertha Patricia Villicaña Martínez, secretaria que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    IV.-Agréguese a los autos el escrito con anexos de cuenta, signado por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado jurídico del quejoso Ignacio Zamora Cuevas; en atención a su contenido, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, téngase al promovente por ofreciendo las documentales que adjunta, las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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