Ignacio Villavicencio Aguilar

Expediente 230/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 6 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
230/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
06/05/2015

Partes del expediente

  • Ignacio Villavicencio Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a seis de mayo de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta, que presenta Héctor Joaquín Lecuanda Gómez, en calidad de apoderado legal de Ignacio Villavicencio Aguilar, personería que acredita en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con copias certificadas del instrumento ochenta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro, volumen dos mil setecientos ochenta y dos, de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, pasado ante la fe del Notario Público Número Uno de esta municipalidad, atento a su contenido, se le tiene promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con residencia en esta ciudad, por violación al derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 230/2015. Ahora bien, tomando en consideración que el apoderado legal de la quejosa, compareció a abdicar de la demanda que se trata; por tanto, se tiene a la parte amparista desistiéndose expresamente del escrito de solicitud de protección de derechos fundamentales, y se decreta el sobreseimiento en la presente instancia, en términos del artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la tesis de jurisprudencia 2°./J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página ciento cuarenta y siete que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, validamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano del control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en una caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el aquo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Apoya a lo anterior, la tesis 2a./J. 161/2010, impresa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, página seiscientos ochenta y siete, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Luego entonces, al haberse desistido de este sumario, además que se observa que no existen documentos originales, y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera inciso I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase la devolución del documento que precisa, previa copia certificada que en su lugar se deje, así como razón que por su recibo otorgue en autos. Finalmente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Miguel Lanz Paredes y Andrea Leticia Vertti Maldonado, y para oír y recibir notificaciones a José Alberto Morales Márquez y Juan Pablo Lecuanda Ontiveros, así como domicilio procesal el ubicado en avenida Alvarado, número 432, despacho 7, entre calles Cuarta y Quinta, Zona Centro, de esta localidad. NOTIFÍQUESE.

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