Ignacio Veloz Montoya

Expediente 1917/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 44 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1917/2015
Año
2015
Actuaciones
44
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Ignacio Veloz Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión por separado; sin embargo, no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerite proveer su destino; Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable secretario General de Gobierno del estado, con residencia en esta ciudad, consistentes en el expediente administrativo 94/I/2005 y un cuaderno de desistimiento a nombre de Juan Valdez Pérez. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con un oficio con registro 21153. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal, en el amparo en revisión administrativo 499/2017-4, los autos del juicio de amparo 1917/2015, dos tomos de pruebas y diversos periódicos. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró, posteriormente los periódicos en cita y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados (fojas 344-352). En atención a que la sentencia de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados en el presente asunto, con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. En otro aspecto, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que por una parte se negó y por otra se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, toda vez que ya transcurrieron los seis meses a que se refiere la fracción III, punto vigésimo del acuerdo de mérito, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Luego, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable secretario General de Gobierno del estado, con residencia en esta ciudad, las constancias que en su momento remitió como justificación de sus actos, consistentes en el expediente administrativo 94/I/2005 y un cuaderno de desistimiento a nombre de Juan Valdez Pérez; lo anterior, en razón de que resulta innecesaria su retención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo doy cuenta al Juez con un oficio registrado con el folio 14324. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, de cuyo contenido se desprende que la Superioridad admitió a trámite el recurso de revisión promovido por el quejoso Ignacio Veloz Montoya, contra la sentencia de ocho de septiembre del año en curso, dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo indirecto 1917/2015-7, el cual quedó registrado bajo amparo en revisión administrativo 499/2017-4. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. Doy fe. Vicky

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. El secretario. El cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al juez con la certificación que antecede y con un oficio registrado con el folio 13230. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Ignacio Veloz Montoya, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución de ocho de septiembre del año en curso, que negó el amparo y protección solicitado; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de revisión contra de la sentencia de mérito, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Cecy*

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1917/2015, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por el Secretario General de Gobierno (foja 41), del emplazamiento de los terceros interesados Gustavo Veloz Aguilar y Teresa de Jesús Valdez Alvarado (foja 63 y 334, respectivamente), así como con el resto de constancias que integran el presente juicio. A lo que la juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda (fojas 18 a 33), así como la instrumental de actuaciones y la presuncional (foja 53), y con la documental ofrecida por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, consistente en las constancias relativas al expediente administrativo 94/I/2005. A lo que la juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes los fomuló. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1917/2015; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ignacio Veloz Montoya demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describe: Autoridades responsables: Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: - La resolución de siete de septiembre de dos mil quince, emitida dentro del recurso de inconformidad interpuesto en el procedimiento administrativo de vacancia y adjudicación 94/I/05. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda fue turnada a este juzgado; en auto de dieciséis de octubre de dos mil quince (fojas 34 y 35), se registró con el expediente 1917/2015 y se requirió a al promovente para que realizara la protesta de decir verdad respecto de los antecedentes narrados en la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno siguiente (foja 36), el quejoso manifestó que los hechos que constituían los antecedentes del acto reclamado los narraba bajo protesta de decir verdad. En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil quince (foja 37), se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe justificado, se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que inició el catorce de enero de dos mil dieciséis (foja 74). En sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 80 a 95), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región negó el amparo solicitado. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. En ejecutoria de doce de enero de dos mil diecisiete, los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigesimotercer Circuito revocaron la sentencia recurrida y ordenaron la reposición del procedimiento para el efecto de que se emplazara al juicio como tercera interesada a Teresa de Jesús Valdez Alvarado. En auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 203 y 204), se repuso el procedimiento para el efecto de que se emplazara a la tercera interesada citada, por lo que se requirió al quejoso para que señalara el domicilio de dicha parte. En proveído de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 297 y 298), se ordenó que el emplazamiento referido se realizara por medio de edictos, ya que resultó infructuosa la investigación del domicilio idóneo para tal efecto; por lo que se dejó insubsustente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de siete de julio de dos mil diecisiete (foja 334), se tuvo realizado el emplazamiento en comento y se señaló nueva fecha para la audiencia del juicio, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - La sentencia de siete de septiembre de dos mil quince, en la que se consideró fundado el recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución definitiva emitida en el procedimiento administrativo de adjudicación 94/I/05 (promovido por el quejoso) y se revocó dicha determinación para el efecto de declarar la vacancia del predio involucrado y ordenar una nueva adjudicación. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Secretario General de Gobierno aceptó la emisión de la resolución reclamada (foja 41). Además, dicha autoridad remitió la copia certificada de las actuaciones relativas al procedimiento administrativo de origen; documental pública que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En suma, se encuentra acreditada la existencia de la resolución reclamada. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil cinco ante la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas, Ignacio Veloz Montoya solicitó la declaración de vacancia y adjudicación del lote cinco, colonia Tierra y Libertad, Villa de Cos, Zacatecas, con una superficie de cuatrocientos veinticinco hectáreas (fojas 1 a 3 del tomo de pruebas relativo al procedimiento administrativo natural). 2. En auto de la misma fecha, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas ordenó registrar la solicitud con el expediente 94/I/05, la admitió a trámite, ordenó citar al titular del predio involucrado y publicar mediante edicto el inicio del procedimiento (fojas 17 y 18 del tomo de pruebas citado). 3. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil seis, Juan Valdez Pérez se opuso a la solicitud de adjudicación presentada (foja 42 del cuaderno en referencia). 4. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil seis, Gustavo Veloz Aguilar se opuso al procedimiento en comento (foja 68). 5. En resolución de veinte de mayo de dos mil catorce (fojas 413 a 416), el Director de Fraccionamientos Rurales consideró improcedente el procedimiento de origen, al haber quedado sin materia, en virtud de que el lote involucrado había vuelto al dominio del Estado para una nueva adjudicación, dado el desistimiento que había realizado su titular. 6. Inconforme con la resolución anterior, el promovente interpuso recurso de inconformidad. En sentencia de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas consideró fundado el recurso interpuesto y revocó la determinación impugnada para el efecto de declarar la vacancia del predio involucrado y ordenar una nueva adjudicación. La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Los conceptos de violación resultan infundados, en una parte, e inoperantes, en otra, como se argumentará a continuación. La materia del presente juicio se integra por tres aspectos: 1. El primero relativo al concepto de violación dirigido a demostrar que en la resolución reclamada se debió decretar la adjudicación del predio materia de la litis en favor del amparista. 2. El segundo referente al argumento en el que se aduce que el acto reclamado resulta incongruente, al haber abordado aspectos que no formaban parte de la litis planteada. 3. El tercero relacionado con la pretensión de que en la resolución combatida debió estudiarse la totalidad de las pretensiones del promovente del procedimiento administrativo de origen. Por cuestión de técnica, se realizará el estudio de los motivos de inconformidad en un orden diverso al planteado en la demanda de amparo, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada y al mayor beneficio que pudiera alcanzar la parte quejosa. En una parte del primer motivo de inconformidad (foja 5) y del tercero, el peticionario del amparo arguye, en concreto que la autoridad responsable no se limitó a fallar únicamente sobre los puntos materia de controversia, sino que introdujo cuestiones ajenas a la litis, al analizar los diversos procedimientos de desistimiento que fueron allegados, lo que transgrede el principio de congruencia, al resolverse sobre hechos consentidos por las partes, referente a que sobre trescientas noventa y cinco hectáreas del inmueble no existió oposición alguna; por tanto, a su juicio, debió analizar la vacancia solicitada por el quejoso y no los desistimientos que no fueron alegados por las partes. En una parte del segundo concepto de violación (foja 6) y del tercero, el amparista afirma que en la resolución reclamada existió un exceso en los pronunciamientos realizados, ya que los procedimientos de desistimiento 486/2004 y 6/2006 no fueron agregados con la intención de que se resolvieran, por lo que al no haberse solicitado tal determinación, resulta incongruente que se hubiera abordado su estudio, sin que se haya motivado y fundado tal proceder. Esto, tomando en cuenta que la única petición planteada por el promovente del procedimiento natural fue la adjudicación previa declaración de vacancia. Los motivos de inconformidad anteriores resultan inoperantes, pues no controvierten las razones que sobre el aspecto combatido se emitieron en el acto reclamado. En efecto, resultan inoperantes los conceptos de violación que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, al no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Novena Época, julio de dos mil, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Así como la diversa tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1138, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." En el acto reclamado (fojas 450 a 465), la autoridad responsable, en esencia, consideró que: 1. Resultaba fundada una parte de los agravios, en tanto, contrariamente a lo considerado en la resolución recurrida, en términos del artículo 41 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, para que quedara plenamente demostrada la figura de vacancia era necesario que fuera declarada por la autoridad competente, dejando a disposición del Estado el predio para una nueva adjudicación y ordenándose la cancelación de las inscripciones realizadas en el Registro Público de la Propiedad. 1.1. Aunado a que las figuras materia del procedimiento natural (desistimiento, vacancia y adjudicación), eran independientes unas de otras y su configuración implicaba la actualización de diversos requisitos determinados en la ley de la materia; por lo que la autoridad competente debía dictar la determinación de cada una de ellas (en la misma o diversa resolución), sin lo cual era como si no existieran. 1.1.1. En el caso, si bien existían dos desistimientos ratificados por el titular del inmueble materia de la litis, ese simple hecho no los hacía existir, sino que resultaba necesario que la autoridad competente declarara lo conducente, lo que no había acontecido. 1.2. Por tanto, resultaba fundado el segundo agravio vertido y se revocaba la resolución recurrida. 2. En consecuencia, para evitar resoluciones contradictorias, se asumía jurisdicción sobre el procedimiento administrativo natural y sobre los desistimientos 486/2004 y 6/2006, en los cuales se pretendía la vacancia del fraccionamiento objeto de las peticiones para una nueva adjudicación. 2.1. En ese sentido, se encontraba acreditado que el titular del predio involucrado había desistido respecto de la totalidad de la superficie que configuraba tal inmueble, lo que se consideraba irrevocable en términos del artículo 42 de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas; en consecuencia, resultaba innecesario el análisis de la vacancia solicitada por el promovente de origen, pues los desistimientos referidos eran suficientes para tal efecto. 2.2. Luego, se declaraba vacante el lote objeto del procedimiento y se dejaba a disposición de la Dirección de Fraccionamientos Rurales para una nueva adjudicación. 2.3. En el entendido de que el a quo debía ser el encargado de llevar a cabo dicha adjudicación, en los términos de los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Fraccionamientos Rurales, para lo cual, entre otros requisitos, debería publicarse en el Periódico Oficial del Estado, por dos veces consecutivas, de nueve días en nueve días, un aviso en el que se hiciera saber que se presentaron las solicitudes de adjudicación por parte de Gustavo Aguilar Veloz, Ignacio Veloz Montoya y Teresa de Jesús Valdez Alvarado y fijarse fecha para la celebración de una audiencia concilatoria. De lo anterior destaca que la autoridad responsable consideró que las figuras de desistimiento, vacancia y adjudicación eran independientes y cada una debía cumplir los requisitos específicos establecidos en la ley de la materia; que para evitar resoluciones contradictorias se debían resolver, de manera conjunta, los desistimientos que sobre el predio involucrado obraban en el procedimiento; y que al ser eficaces éstos para el efecto de declarar la vacancia del predio objeto del litigio, resultaba innecesario el estudio de la solicitud que en ese sentido realizó el amparista. Así, en el acto reclamado se consideró que el pronunciamiento sobre la vacancia del predio objeto de la litis constituía un presupuesto para dilucidar sobre la adjudicación y, sobre esa base, debían resolverse primero los desistimientos que podían generar dicha vacancia. De manera que el análisis que se combate se realizó al considerarse preferente y a fin de que, sobre ese aspecto, no existieran resoluciones contradictorias; lo que conlleva que se estimó innecesario que se tratara de una cuestión planteada por las partes. En los argumentos en estudio, el quejoso se limita a afirmar que dicho estudio resultaba ajeno a la litis al no haber sido planteado por las partes, además que, a su juicio, se trataba de hechos consentidos al no haber oposición respecto de la totalidad de la superficie involucrada; sobre esa base, concluye que debió estudiarse su solicitud de vacancia y no los desistimientos en comento. Sin embargo, soslaya controvertir que en el acto reclamado se consideró un presupuesto del fondo del asunto el estudio de los desistimientos en comento, lo que excluye que debiera haber sido planteado por las partes, asimismo, que tal análisis tuvo como finalidad evitar la existencia de resoluciones contradictorias sobre el mismo aspecto y que el resultado de éste hacía innecesario el pronunciamiento sobre la vacancia solicitada al ya haberse declarado ésta. Esto es así, pues, como se expuso, lo alegado parte de la base de que al no haber sido planteado por las partes resultaba incongruente el estudio de los desistimientos analizados; no obstante, se insiste, en el acto reclamado se consideró un requisito previo tal pronunciamiento y necesario para evitar resoluciones discordantes, lo que revela que se determinó que era innecesario que hubiera sido materia de las pretensiones de las partes. Además, queda intocada la consideración relativa a que se estimó redundante el estudio de la solicitud de vacancia realizada por el amparista, dado que tal declaración ya se había realizado; lo anterior, porque el amparista únicamente insiste en que se debió estudiar sólo su pretensión al ser la única que fue planteada, lo que, se reitera, se encuentra excluido por lo determinado en el acto reclamado. Sin que el hecho de que se afirme que se trataba de cuestiones consentidas controvierta las razones destacadas, pues la circunstancia relativa a que no hubiera oposición alguna sobre una parte de la superficie del terreno objeto del procedimiento natural incide en la pretensión de adjudicación, lo que no excluye que se hubiera podido considerar los desistimientos en comento como presupuesto de ésta. Por tanto, al no controvertirse la consideración toral que sobre el aspecto combatido se emitió en el acto reclamado, tal razonamiento continúa rigiendo en éste, por lo que no podría variarse el sentido en que fue emitido. En consecuencia, no es posible considerar que para el análisis que se controvierte no se hubiera expuesto justificación alguna, pues, se reitera, éste tuvo sustento en que se trataba de un aspecto presupuesto de la adjudicación solicitada y en la necesidad de que no existieran resoluciones contradictorias sobre tal cuestión; lo que constituye un argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones que motivaron la decisión y, en general, se citaron los preceptos normativos que se estimaron aplicables. En otra parte del segundo motivo de inconformidad y del tercero (foja 7), el quejoso señala, en esencia, que la autoridad responsable evitó entrar al estudio de la adjudicación solicitada, pese a que reasumió jurisdicción, lo que resulta incongruente, al no existir reenvío en el procedimiento natural, por lo cual debió resolver la totalidad de lo planteado y no, sin fundamentación y motivación, excusarse de tal pronunciamiento. Es así, pues se dividió el procedimiento, al solo resolverse una parte de lo solicitado, sin que, insista, existiera justificación alguna. En una parte del tercer concepto de violación (foja 9), el quejoso afirma que el hecho de que se haya dejado de resolver sobre la totalidad de sus pretensiones trastoca su derecho de petición; además de que se vinculó a un tercero que resultaba ajeno al procedimiento. Los argumentos anteriores resultan inoperantes, pues no controvierten la razón toral que se plasmó respecto de los aspectos combatidos en el acto reclamado. En efecto, al realizar el estudio del recurso de revisión materia de la resolución reclamada, la autoridad responsable consideró fundada una parte de los agravios vertidos, en el sentido de que de aquélla no se desprendía que se hubiera declarado vacante el lote en cuestión y que hubiera quedado a disposición del Estado, como lo señala el artículo 41 de la Ley de Fraccionamientos Rurales abrogada (fojas 457, reverso y 458 del tomo relativo al procedimiento natural). Lo anterior, como se reseñó, aunado a que las figuras materia del procedimiento natural (desistimiento, vacancia y adjudicación) eran independientes unas de otras y su configuración implicaba la actualización de diversos requisitos. Sobre esa base, al declarar la vacancia del inmueble involucrado, se determinó dejarlo a disposición del Estado, por conducto de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, para una nueva adjudicación, en el entendido de que se debía seguir el procedimiento establecido en los artículos 43 a 50 de la ley citada, en particular, fijarse fecha para que se realizara una audiencia de conciliación entre los solicitantes de adjudicación. De lo anterior se sigue que en el acto reclamado se consideró que la adjudicación solicitada debía ser materia de un procedimiento específico, en el que se dilucidara, previa conciliación, sobre la pretensión de todos los que pidieron tal adquisición. Lo anterior implica que se consideró que en la resolución reclamada no se podía decidir sobre tal adjudicación sin que se siguiera el procedimiento contemplado expresamente para tal efecto. Así, en el acto reclamado se expuso la justificación del porqué no se estudió la adjudicación solicitada a pesar de que se asumió la jurisdicción de la autoridad de primera instancia, por lo que no puede considerarse incongruente por sí solo tal pronunciamiento. En ese sentido, el quejoso se limita a controvertir que al reasumirse jurisdicción se debió realizar el estudio de la totalidad de las pretensiones materia de la litis; no obstante, con lo anterior se deja intocado el hecho de que se consideró necesaria la tramitación de un procedimiento autónomo en el que se decidiera sobre la adquisición en referencia, previa conciliación de las partes, pues el que hubiera reasunción de la jurisdicción de primera instancia no excluye por sí solo que se hubiera podido determinar la necesidad de un diverso trámite para la resolución integral del asunto. Esto, tomando en cuenta que se estableció que: (i) se trataba de una figura jurídica independiente; y, (ii) el efecto de la declaración de vacancia era que se pusiera a disposición de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, para la substanciación del procedimiento regulado por la ley de la materia. Asimismo, el hecho de que se hubiera vinculado a una persona ajena al procedimiento natural en los efectos de la resolución reclamada no puede estimarse incongruente por sí solo, dado que se determinó que debía formar parte en el trámite de adjudicación que se consideró necesario para resolver sobre tal pretensión, por lo que su mención constituye una consecuencia derivada de dicha consideración, la que, se reitera, no fue combatida de manera eficaz por el amparista, de ahí que debe seguir la misma suerte y mantenerse incólume, al ser una cuestión accesoria a lo intocado. Luego, al no controvertirse las razones anteriores, éstas continúan rigiendo el sentido de la resolución reclamada, por lo cual resultan inoperantes los conceptos de violación en estudio. Con todo, a nada práctico conduciría el estudio del fondo de lo planteado, ya que parte de la base de que la resolución reclamada debió abordar necesariamente el estudio de la adjudicación solicitada, sin dividirse el procedimiento planteado; sin embargo, lo anterior parte de una premisa incorrecta, pues únicamente en los casos en que no existe pluralidad de personas que solicitan la adjudicación puede resolverse conjuntamente el desistimiento y la adquisición. En efecto, el artículo 43 de la abrogada Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas (legislación que se estimó aplicable en el acto reclamado al caso concreto) establece: "ARTÍCULO 43.- Si conjuntamente con el desistimiento se presenta solicitud de adjudicación, por un tercero, y no habiendo persona alguna que reclame mejor derecho que el solicitante, se procederá a la adjudicación a su favor del lote desistido. Si hubiere oposición se procederá conforme a lo señalado en los artículos siguientes". Del precepto anterior se deduce que solo cuando no exista controversia sobre la adjudicación se podrá resolver conjuntamente el desistimiento y dicha adquisición, pues se prevé que en caso de que exista oposición de realizará el procedimiento previsto para tal efecto en las disposiciones posteriores. Por tanto, contrariamente a lo alegado, no era posible que se resolviera en el acto reclamado sobre la adjudicación solicitada, ya que la autoridad responsable determinó que había pluralidad de personas que pretendían la actualización de esa figura en su favor, lo que excluye que pudiera determinarse aquélla, al solo poderse realizar tal pronunciamiento, se reitera, cuando no existe oposición, en términos del artículo 43 citado. En otra parte del primer concepto de violación (foja 4) y del tercero, el quejoso argumenta, en esencia, que la resolución reclamada causa agravio, ya que no determinó que le asistía el derecho de adjudicarse el inmueble involucrado, siendo que demostró la existencia de la compraventa realizada en su favor por el entonces titular del predio, el que es de fecha anterior a la adquisición del opositor Gustavo Veloz Aguilar; además, que acreditó que los pozos que se encuentran en dicha propiedad fueron instalados por el amparista y es quien los explota. El argumento sintetizado resulta inoperante, pues se dirige a controvertir el fondo de la adjudicación pretendida en el procedimiento natural, cuestión sobre la que, como se dilucidó, se determinó debía ventilarse un trámite autónomo; entonces, lo alegado resulta ajeno a la litis que se determinó en la resolución reclamada, por lo que a nada práctico conduciría su estudio. En conclusión, al resultar inoperantes, en una parte, e infundados, en otra, los conceptos de violación y no actualizarse algún supuesto en el que proceda la suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacio Veloz Montoya contra el acto que reclamó del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en la sentencia de siete de septiembre de dos mil quince, en la que se consideró fundado el recurso de inconformidad interpuesto contra la resolución definitiva emitida en el procedimiento administrativo de adjudicación 94/I/05; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

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