Ignacio Vázquez Acevedo
Expediente 1925/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1925/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ignacio Vázquez Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo noveno, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, en términos del punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese para que obren como corresponda el escrito signado por ******************** en su carácter de quejoso por medio del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós; por lo tanto, se acuerdo: DESECHAMIENTO. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, y con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en virtud de que de su contenido, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, conviene precisar que en esencia la parte quejosa reclama la ilegal y posible orden de embargo decretada por el Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y Actuaria adscrita al mismo, a lo cual cita el contenido del auto reclamado, a saber: "Vista la oposición para la entrega de los bienes muebles embargados dentro del presente juicio en diligencia de fecha 25 (veinticinco) de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve), se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto dictado en fecha 17 (diecisiete) de octubre del año 2022 (dos mil veintidós), en su punto IV y como se solicita, se autoriza el auxilio de la fuerza pública, y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario. Se instruye al Actuario o Actuaria en funciones en la Coordinación de Actuarios de este distrito judicial para que, se constituya de nueva cuenta en el domicilio de la parte demandada Ignacio Vázquez Acevedo ubicado en calle Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, y cerciorado que sea, requiera a Ignacio Vázquez Acevedo la entrega de los bienes muebles embargados en diligencia de fecha 25 (veinticinco) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), para ponerlos en posesión del depositario designado Roció Zaragoza Tenorio. Para dar cumplimiento al punto que antecede, gírese atento oficio al licenciado Salvador Cruz Neri, Secretario General de Seguridad Pública, para que comisione elementos necesarios a su cargo y auxilien al Actuario o Actuaria en la práctica de la diligencia encomendada. Hágase saber a la parte actora para que, en caso de proceder al rompimiento de chapas y cerraduras como ha sido autorizado, y a fin de observar las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucional a fin de observarse el debido proceso y mantener la igualdad entre las partes, al momento de la diligencia deberá ser acompañado por personal calificado para ello (cerrajero), a su costa, quien deberá identificarse ante el actuario o actuaría a quien corresponda el desahogo de la diligencia encomendada" Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o auto combatido. Como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable -aún cuando no se encuentra dato suficiente que permita determinar la cuantía del negocio de origen- es susceptible de reclamarse mediante la promoción del recurso pertinente - ya sea de apelación o de revocación -, toda vez que el acto constituye una medida de aseguramiento, por lo que su impugnación se encuentra prevista en el Código de Comercio vigente al momento de promover el juicio de origen, cuyo contenido resulta en los siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso.(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." De ahí que, si la inconforme estima que el auto reclamado fue emitido de forma ilegal o indebida, es evidente que previo a la promoción de este juicio de amparo, debió haber agotado el recurso de revocación a que se alude en la transcripción anterior, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que en el caso, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si la inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, la parte impetrante de amparo es parte demandada en el juicio de origen, de modo que el acto de molestia no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), con número de registro digital 2017693, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 102/2017, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, de contenido siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". De igual manera, resulta invocable la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), con número de registro digital 2005047, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 30/2013, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, de contenido siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Juez remite constancia de notificación. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por medio del cual remite la constancia de notificación realizada al aquí quejosa ******************** respecto del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintisiete; situación de la que este Juzgado Federal toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el Secretario Pedro Gabriel Galán Pérez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE ENERO ACTUAL POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese para que obren como corresponda el escrito signado por ******************** en su carácter de quejoso por medio del cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós; por lo tanto, se acuerdo: DESECHAMIENTO. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, y con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en virtud de que de su contenido, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Primeramente, conviene precisar que en esencia la parte quejosa reclama la ilegal y posible orden de embargo decretada por el Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y Actuaria adscrita al mismo, a lo cual cita el contenido del auto reclamado, a saber: "Vista la oposición para la entrega de los bienes muebles embargados dentro del presente juicio en diligencia de fecha 25 (veinticinco) de octubre del año 2019 (dos mil diecinueve), se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto dictado en fecha 17 (diecisiete) de octubre del año 2022 (dos mil veintidós), en su punto IV y como se solicita, se autoriza el auxilio de la fuerza pública, y el rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario. Se instruye al Actuario o Actuaria en funciones en la Coordinación de Actuarios de este distrito judicial para que, se constituya de nueva cuenta en el domicilio de la parte demandada Ignacio Vázquez Acevedo ubicado en calle Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, y cerciorado que sea, requiera a Ignacio Vázquez Acevedo la entrega de los bienes muebles embargados en diligencia de fecha 25 (veinticinco) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), para ponerlos en posesión del depositario designado Roció Zaragoza Tenorio. Para dar cumplimiento al punto que antecede, gírese atento oficio al licenciado Salvador Cruz Neri, Secretario General de Seguridad Pública, para que comisione elementos necesarios a su cargo y auxilien al Actuario o Actuaria en la práctica de la diligencia encomendada. Hágase saber a la parte actora para que, en caso de proceder al rompimiento de chapas y cerraduras como ha sido autorizado, y a fin de observar las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucional a fin de observarse el debido proceso y mantener la igualdad entre las partes, al momento de la diligencia deberá ser acompañado por personal calificado para ello (cerrajero), a su costa, quien deberá identificarse ante el actuario o actuaría a quien corresponda el desahogo de la diligencia encomendada" Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o auto combatido. Como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable -aún cuando no se encuentra dato suficiente que permita determinar la cuantía del negocio de origen- es susceptible de reclamarse mediante la promoción del recurso pertinente - ya sea de apelación o de revocación -, toda vez que el acto constituye una medida de aseguramiento, por lo que su impugnación se encuentra prevista en el Código de Comercio vigente al momento de promover el juicio de origen, cuyo contenido resulta en los siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso.(REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." De ahí que, si la inconforme estima que el auto reclamado fue emitido de forma ilegal o indebida, es evidente que previo a la promoción de este juicio de amparo, debió haber agotado el recurso de revocación a que se alude en la transcripción anterior, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que en el caso, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si la inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, la parte impetrante de amparo es parte demandada en el juicio de origen, de modo que el acto de molestia no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), con número de registro digital 2017693, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 102/2017, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, de contenido siguiente: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". De igual manera, resulta invocable la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), con número de registro digital 2005047, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 30/2013, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 401, de contenido siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Juez remite constancia de notificación. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, por medio del cual remite la constancia de notificación realizada al aquí quejosa ******************** respecto del acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintisiete; situación de la que este Juzgado Federal toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.""
- Principal
Razón actuarial. Visto el contenido de la razón actuarial que antecede, se advierten los motivos que tuvo el fedatario judicial adscrito para notificar en forma personal al quejoso y/o sus autorizados, el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós. En tales circunstancias, por única ocasión y a efecto de no vulnerar los derecho humanos del aquí quejoso, mediante oficio que derive del presente acuerdo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, para que por su conducto notifique al aquí quejoso el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, y una vez realizado lo anterior, remita las constancias que considere pertinentes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este Juzgado le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y con relación al artículo 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Notifíquese
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