Ignacio Solorzano Solorzano
Expediente 247/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2019
Partes del expediente
- Ignacio Solorzano Solorzano
Actuaciones
- Incidental
MESA II Toluca, Estado de México, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual el quejoso ______________, manifiesta diversos alegatos a su favor, los cuales con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo ténganse por vertidos, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellos en la audiencia incidental. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión, se evidencia que la audiencia incidental se encuentra prevista para celebrarse el día de la fecha a las nueve horas con treinta minutos; sin embargo, se advierte que no obran en autos los informes previos de las autoridades responsables. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia señalada para esta fecha, por lo cual se difiere y, en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de enero de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), a través del cual el quejoso ******, exhibe un juego de copias de su demanda de amparo para la tramitación del incidente solicitado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado y duplicado, con copia de la demanda de amparo y del acuerdo de admisión, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia del auto admisorio y una copia simples del escrito inicial de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 247/2019-II, promovido por *****, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, México y otra autoridad. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye el quejoso y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido de que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada o telegrama, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión de los actos reclamados dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X , de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de la quejosa, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, el acto reclamado materia del presente incidente de suspensión, se hace consistir en: El despojo del bien inmueble ubicado en ***, ordenado en el expediente *****del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. En ese contexto, toda vez que el acto del que se duele el quejoso ya se llevó a cabo, con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que el acto reclamado reviste el carácter de consumado en virtud de que ya fue ordenado y ejecutado por las autoridades responsables, pues la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló que los desalojaron del mismo; y de considerar lo contrario se le darían efectos restitutorios a la medida cautelar, los cuales son propios de la resolución que en el juicio principal se pronuncie. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 45, del tomo IV, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, con número de registro 226599, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva en el amparo que se pronuncie." Por otro lado, se tiene como domicilio el que cita, para los efectos que refiere; asimismo, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dante Mauricio García González y Alejandro Reyes Quiroz, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." En relación a la solicitud de los quejosos para que se le expida por duplicado copia certificada del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto la copia de la presente determinación; lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. Luego, en relación a las subsecuentes actuaciones, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, que determina que únicamente se puede autorizar la expedición de copias relativas a actuaciones que obren en autos al momento en que se formula la petición, no así de las que en el futuro se puedan emitir, deberá solicitarlas una vez que obren en autos las actuaciones referidas. Por otra parte, respecto a que se le dé vista al Agente del Ministerio Público de esta adscripción, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía que legalmente corresponda. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Elda Irais Martínez Hernández, secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Solorzano Solorzano, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Toluca, México y otra; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 247/2019-II. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción III, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por el quejoso contra el despojo del bien inmueble ubicado ********, ordenado en el expediente 333/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que sea procedente la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que la parte quejosa no exhibió las copias necesarias para su tramitación, ya que sólo anexó cinco copias del referido libelo y en el presente asunto, se requieren de seis ya que señala a dos autoridades responsables, un tercero interesado, además se requiere una para el Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, y dos más para tramitar el incidente de suspensión. En consecuencia, hasta en tanto no sean exhibidas las copias necesarias para tramitar el incidente de suspensión solicitado, se postergará la apertura del mismo, en términos de la última parte del artículo 114 de la Ley de Amparo; por tanto, su solicitud de copias certificadas de la suspensión provisional, será acordada una vez que se aperture el mismo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el supuesto de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Asimismo, resérvese acordar lo conducente tocante al emplazamiento de José Luis González Escamilla, a quien el quejoso señaló con el carácter de tercero interesado de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c) de la citada ley, hasta en tanto obren en autos las constancias que se acompañen al informe con justificación y así estar en aptitud de obtener los domicilios necesarios para lograr su llamamiento a juicio; lo anterior, toda vez que indicó bajo protesta de decir verdad desconocer su domicilio. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso el que cita en su demanda de amparo para los efectos que refiere y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Dante Mauricio García González y Alejandro Reyes Quiroz por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a.J. 176 2012 (10), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, respecto a la vista que solicita se dé al Ministerio Público por los posibles hechos delictivos cometidos en su agravio, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer por a vía que legalmente corresponda.
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