Ignacio Santos Bracamontes
Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ignacio Santos Bracamontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense para que obren como correspondan las razones actuariales que anteceden de las que se advierte que al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional no le fue posible notificar a la parte quejosa Ignacio Santos Bracamontes y terceros interesados Seguproin, Sociedad Civil y Goodrich Aerospace de México, Sociedad de Responsabilidad Limitad de Capital Variable, el proveído de veintisiete de junio del año en curso por los motivos que indica; en consecuencia, proceda el Actuario Judicial, a notificar el citado auto a la parte quejosa y terceros interesados de mérito, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter estrictamente personal, en términos del artículo 27, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para recibir notificaciones, o aclare el indicado en autos.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguense para que obren como correspondan las razones actuariales que anteceden de las que se advierte que al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional no le fue posible notificar a la parte quejosa Ignacio Santos Bracamontes y terceros interesados Seguproin, Sociedad Civil y Goodrich Aerospace de México, Sociedad de Responsabilidad Limitad de Capital Variable, el proveído de veintisiete de junio del año en curso por los motivos que indica; en consecuencia, proceda el Actuario Judicial, a notificar el citado auto a la parte quejosa y terceros interesados de mérito, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter estrictamente personal, en términos del artículo 27, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo; lo anterior, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para recibir notificaciones, o aclare el indicado en autos.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS SEGUPROIN, SOCIEDAD CIVIL Y GOODRICH AEROSPACE DE MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LOS REPRESENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE AMPARO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por el quejoso Ignacio Santos Bracamontes, mediante el cual manifiesta causales de sobreseimiento respecto del presente juicio. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por otra parte, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capitulo anterior." Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: Las dilaciones y la omisión de dar trámite al juicio laboral 834/2018-2B, así como la omisión de notificar a las partes. Sin embargo, con las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito recibido en esta fecha, así como de la constancia anexa a este, relativo al auto de veintiuno de junio del presente año, en el que se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, del que se advierte que las partes llegaron a un convenio, con lo cual se dio por terminada de manera voluntaria la relación de trabajo; por lo tanto, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con la contestación por escrito de la petición que formulo, con lo cual la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la integran, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con el número de registro 250438, cuyo título y contenido dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." De igual forma, se estima aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las once horas con diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, toda vez que por proveído de veintiuno de junio del año en curso, se proveyó respecto a su contenido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES
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