Ignacio Salvador Hernández
Expediente 471/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Salvador Hernández
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cinco de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de diez de mayo de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como defensora particular de ********************con la correspondiente firma electrónica, contra los actos de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur- Oriente, con sede en Tehuacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número ********************/2023. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juez de distrito que conozca del juicio de amparo indirecto, deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, la parte promovente indicó que reclama de: 1.- Los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur- Oriente, con sede en Tehuacán 2.- El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, licenciado ********************. Sustancialmente lo siguiente: La solicitud de orden de aprehensión dentro de la carpeta número ********************/2020/TEHUACAN y sus acumuladas realizada por el licenciado ********************, en su carácter de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional La emisión de la orden de aprehensión cumplimentada en su contra el cinco de mayo de dos mil veintitrés. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la solicitud de orden de aprehensión dentro de la carpeta número ********************/2020/TEHUACAN y sus acumuladas, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ésta última interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .;" De los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del justiciable, pues el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio real y actual con motivo de un acto de autoridad o de una ley. Lo cual presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando a instar el cese de esa violación y, es, por consecuencia, ese derecho protegido lo que constituye el interés jurídico, indispensable para la procedencia del juicio de amparo. En este contexto, se destaca que la afectación al interés jurídico (artículo 5 de la ley de la materia), consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve trasgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, o por el contrario, para que desaparezca, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. En el caso concreto, como se destacó, el quejoso reclama de los agentes del Ministerio Público, la solicitud de orden de aprehensión, lo cual estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se está afectando de manera personal y directa. Sin embargo, contrario a lo considerado por el quejoso, la solicitud de orden de aprehensión no es un acto que afecte su libertad personal o alguno de sus derechos sustantivos, pues se trata de una simple petición o solicitud que hace el ministerio público a una autoridad judicial, lo que, por tanto, en sí mismo, no afecta real y actualmente sus derechos humanos tutelados constitucional y convencionalmente; de ahí que tal solicitud no genera algún perjuicio a dicho interés, ni un agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o, en su caso, persona sujeta a una investigación judicializada; máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, razón por la cual el juicio de amparo instado en su contra es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: Registro digital: 2015350 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.50 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2497 Tipo: Aislada "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE." La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente. De tal manera, la simple petición de emitir una orden de tal naturaleza resulta jurídicamente irrelevante en la esfera de derechos del quejoso y, en todo caso, sería la determinación judicial que la otorgue la que sí podría generarle una afectación en su derecho humano de libertad. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la emisión de la orden de aprehensión que refiere se ejecutó el cinco de este mes y año, por lo cual el siete siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal ********************/2020/TEHUACÁN, esto lleva a determinar que respecto a la afectación que pudo sufrir derivado de esos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI , de la Ley de Amparo, porque sus efectos se consumaron de manera irreparable. En el numeral citado se establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para abordar su legalidad, en atención a que aun y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, la sentencia pronunciada perdería eficacia, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Del contenido del artículo 77, fracciones I y II , de la Ley de Amparo, se observa que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica; lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que la sentencia pueda producir la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es decir, actos consumados son aquellos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate Entonces, como se explicó, los actos que trascendieron a los derechos del quejoso son la solicitud de orden de aprehensión y la orden emitida en esa causa que se ejecutó el cinco de este mes y año. Sin embargo, como se destacó, de lo narrado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión judicial expresa de su parte, se advierte que la misma se ejecutó el cinco de este mes y año, por lo cual el siete siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial dentro de la causa penal ********************/2020/TEHUACÁN, de manera que los efectos que produjo dicha orden, al ejecutarse en contra de su destinatario -quejoso-, se consumaron de manera irreparable, al no poder restituirlo en el goce del derecho que estima violado. Ello, porque no es factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de la orden de aprehensión, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de su derecho humano de libertad personal, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de que dejo de gozar con motivo de tal acto En mérito de lo expuesto, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN POR DESPACHO AL QUEJOSO Ahora bien, toda vez que el aquí quejoso ********************se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, a fin de dar cumplimiento a lo ordenando en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al Juez de lo Penal en Tehuacán, Puebla, a fin de que: El juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, ordene al Diligenciario del juzgado a su cargo, para que de inmediato: 1.- Se constituya de manera inmediata en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, y localice al aquí quejoso ********************. 2.- Le notifique el contenido íntegro del el presente auto. Concluida la diligencia encomendada se solicita al actuario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. Se solicita al Juez de lo Penal que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al diligenciario encargado de practicar esta notificación, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles. Se requiere al citado juez, a fin de que tan luego se desahoguen la diligencia ordenada en el presente acuerdo, remitan la correspondiente constancia a través de correo electrónico a la dirección5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al número telefónico 22 22 37 7660, ello con la finalidad de agilizar la comunicación procesal dada la situación pandémica en que estamos inmersos; apercibido que de no cumplir con lo ordenado se impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que menciona, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, téngase en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley en cita, a las diversas que refiere en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones de su parte. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ******************** y ******************** a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 3 y 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, a través del usuario ********************, para lo cual, se remiten los autos a la Analista Jurídico SISE adscrita, para que proceda a realizar el alta respectiva. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Notifíquese; electrónicamente al quejoso por conducto de su autorizado, y por despacho al quejoso en el lugar de su reclusión.
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