Ignacio Salgado Rodríguez
Expediente 925/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ignacio Salgado Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Por tanto, una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data, el presente expediente deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo intentada. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, con cuatro copias, sin anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); y regístrese bajo el juicio de amparo número 925/2023. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En términos de lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe analizar el escrito de demanda y si advierte de oficio la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, es pertinente destacar que para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 297/2021, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. En ese entendido, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establece (...) De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado en sentido contrario, de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. En relación con el plazo para dictar el laudo correspondiente, los artículos 884 a 890, de la Ley Federal del Trabajo, aplicables al caso, disponen lo siguiente (...) : "(.) De dichas disposiciones es posible obtener el término con que cuenta una Junta para emitir el laudo que resuelva en definitiva el juicio laboral, una vez declarado el cierre de la instrucción en el controvertido de que se trate. Así es, tales artículos establecen que una vez declarada cerrada la instrucción: 1. Dentro del término de diez días siguientes deberá formularse, por escrito, el proyecto de resolución en forma de laudo, con los requisitos que indica el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo. 2. Elaborado el proyecto respectivo, deberá entregarse una copia a cada uno de los miembros de la Junta, quienes dentro del término de cinco días hábiles, de su recepción, podrán solicitar la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; en este último caso, la Junta, con citación de las partes, fijará día y hora para el desahogo de la diligencia que corresponda dentro del término de ocho días (artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo). 3. Transcurrido el término a que se refiere el artículo 886, de la Ley Federal del Trabajo (cinco días hábiles a partir de la recepción del proyecto de laudo), o bien, desahogadas las diligencias que en ese término se hubieren solicitado (desahogadas dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de los cinco días hábiles), el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes contados a partir de cualquiera de los dos supuestos antes mencionados (artículo 887 del a Ley Federal del Trabajo). 4. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el resultado (artículo 888, de la Ley Federal del Trabajo). Si el proyecto fuere aprobado sin modificación alguna, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si se hicieren modificaciones al proyecto, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado (artículo 889, de la Ley Federal del Trabajo). Engrosado el laudo, el secretario recogerá las firmas de los miembros de la Junta, y una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Por tanto, el término máximo para emitir el laudo en un asunto en el que se ha declarado cerrada la instrucción, es de treinta y tres días hábiles contados a partir de que decretó dicho cierre instructivo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2ª./J.33/2019, estableció que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En ese entendido, si en el presente asunto, el inconforme manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, habiéndose desahogado todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, y el término para presentar alegatos, se determinó enviar a dictamen para el dictado de laudo el juicio laboral 297/2021, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz; entonces, el plazo de treinta y tres días hábiles que le otorga la Ley Federal del Trabajo a la autoridad responsable para el dictado del laudo transcurrió del dos de agosto al diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, previo descuento de los días inhábiles (esto es, sábados y domingos, el catorce de septiembre por ser inhábil en términos del artículo 19, de la Ley de Amparo, así como el quince del citado mes, por haber sido declarado como no laborable por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante circular 12/2023, de ocho de marzo de dos mil veintitrés); por lo que el término de cuarenta y cinco días naturales posteriores al que la Junta responsable debió emitir el laudo, transcurre del veinte de septiembre al tres de noviembre de dos mil veintitrés. En esas condiciones, si la demanda de amparo se promovió el once de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que a la fecha de presentación, no había transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el término en que legalmente debió emitirse el laudo respectivo, y atento a ello, no se advierten elementos objetivos para determinar que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Por tanto, se evidencia que el efecto jurídico que produce el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 297/2021, de su índice, en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es meramente de carácter intraprocesal, pues sus efectos o consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que incide únicamente en la tramitación del citado juicio, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad al emitir resolución, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Asimismo, se invoca como apoyo la jurisprudencia (...) Sin que obste lo anterior, que los referidos plazos puedan agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo; sin embargo, no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento-, no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento, en su caso, podría determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de cuarenta y cinco días naturales. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia (...) En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ignacio Salgado Rodríguez. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia (...) DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita practíquense las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como autorizado con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Abimael Herrera Hernández, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, toda vez que se trata de un asunto laboral en el que acude al amparo la parte trabajadora. Finalmente, consérvese por separado, en la Secretaría de este Juzgado, las copias del escrito de demanda de cuenta. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *******, contra la omisión reclamada de la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.
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