Ignacio Salazar López
Expediente 78/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ignacio Salazar López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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HA TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA QUE LAS PARTES INTERPUSIERAN RECURSO DE REVISION EN CONTRA DEL AUTO DE******DICTADA EN ESTOS AUTOS, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DESTRUCCION...LA INFORMACION ES PUBLICA Y ESTARA A DISPOSICION DE LAS PARTES CUANDO LO SOLICITEN...
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VISTO LO DE CUENTA......TENGASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE......RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO......AHORA BIEN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LO INFORMADO POR LA RESPONSABLE...HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO...SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO....EN CONSECUENCIA, DEJESE SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL....
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Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Ignacio Salazar López, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este órgano de control constitucional en proveído de veinticinco de enero del año en curso (fojas 4 a 9); y al efecto manifiesta lo siguiente: 1. Que el acto que tilda de inconstitucional es la omisión de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de proveer respecto de la admisión y calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 3950/2014 y su acumulado 6170/2013. 2. Que la fecha en la que la junta responsable se reservó de proveer respecto de las pruebas, data desde el siete de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente , se admite a trámite en sus términos. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. Audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional que deberá tener lugar a las diez horas con diecisiete minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Informes justificados. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Prevención en caso de negarse a recibir la notificación. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien a mil días de salario mínimo general vigente en toda la República Mexicana, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. De igual forma, comuníquesele que se le sancionará con multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en toda la República Mexicana, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I del ordenamiento legal en cita. Requerimiento a las partes respecto de causales de improcedencia. Asimismo, con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. Requerimiento a las partes respecto de la existencia de diversos juicios. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. Intervención del agente del Ministerio Público de la Federación. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Del tercero interesado. Ahora, respecto del emplazamiento de los terceros interesados, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Puntualización respecto de la denominación errónea de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la normatividad en comento); sin embargo, el suscrito considera que no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, sino que eso dependerá del contexto de cada asunto; puesto que algunas ocasiones el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares; por lo que de ser ese el caso, no es dable sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable. Esto en aras de una interpretación de la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previsto en los artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Notifíquese.
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