Ignacio Ramón Olvera Dávila
Expediente 443/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Juez Segundo de lo Familiar, Tijuana, Baja California
- Ignacio Ramón Olvera Dávila
- Zully Angela Olvera González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito presentado por la tercero interesada, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa las fotocopias que solicita, previa constancia de recibo que se recabe. Atento a lo anterior, la ocursante deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente.
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Juicio de amparo 443/2021 El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se reserva ordenar el archivo del expediente, virtud que se encuentra pendiente de resolver el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
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CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el quejoso reclama del Juez Segundo de lo Familiar, de esta ciudad: Expediente Acto reclamado Juicio de pérdida de patria potestad 1505/2018 promovido por Julieta Del Pilar González Cruz contra Ignacio Ramón Olvera Dávila. Falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de modificación de custodia provisional. Juicio de pérdida de patria potestad 3474/2019 promovido por Ignacio Ramón Olvera Dávila contra Julieta Del Pilar González Cruz. Omisión de dictar medidas cautelares del resguardo de la menor de edad de iniciales Z. A. O. G.. Omisión de establecer un régimen de convivencia con la infante. Tercero. Son ciertas las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que integran los juicios de pérdida de patria potestad de origen, que adjuntó al mismo; documentales que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el juzgado, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral trascrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado, es decir, cuando la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, virtud de un acto posterior y diverso. Acorde con lo anterior, se considera que en el caso concreto han cesado los efectos de lo reclamado, ya que el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de lo Familiar, de esta ciudad, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, emitió un régimen de visitas y convivencias a distancia a través de medios electrónicos entre el aquí quejoso y su menor hija de iniciales Z. A. O. G., en el juicio de pérdida de patria potestad 1505/2018 promovido por Julieta Del Pilar González Cruz contra Ignacio Ramón Olvera Dávila, No pasa inadvertido que si bien este pronunciamiento se realizó únicamente en el referido juicio, y a pesar de que declaró improcedente la excepción de conexidad planteada por el impetrante, en atención a que los expedientes 1505/2018 y 3474/2019 se encontraban en distintas secretarías, pero en el mismo órgano judicial, ordenó la radicación de los mismos en una sola; lo anterior, a fin de evitar cualquiera situación que impidiera el debido cumplimiento del régimen de convivencia establecido, y de igual forma, evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Con relación a la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de modificación de custodia provisional, así como de dictar medidas cautelares del resguardo de la menor de edad de iniciales Z. A. O. G., este órgano jurisdiccional considera que con la emisión del referido régimen de convivencia, éstas se encuentran colmadas, ya que de las constancias que remitió la responsable se desprende que el quejoso radica en el Estado de Jalisco, y la infante en esta Entidad Federativa, de ahí que, atendiendo a las condiciones del caso concreto, la responsable precisó que el régimen de convivencia establecido podría ser suspendido cuando exista peligro para la menor, a fin de salvaguardar su interés superior, o bien, modificado, hasta en tanto se lleve una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación de protocolo con la niña, por lo que no se realizó modificación alguna a la determinación de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se otorgó provisionalmente la guarda, custodia y protección de la infante en favor de su progenitora. Documentales previamente valoradas, que resultan eficaces para demostrar que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas por el solicitante de amparo, ya que después de haber presentado su demanda, la autoridad responsable emitió el pronunciamiento respectivo a fin de procurar la convivencia paterno-filial de los impetrantes, restituyéndoles así en el goce del derecho fundamental vulnerado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la citada legislación. Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 443/2021, promovido por Ignacio Ramón Olvera Dávila, por propio derecho y en representación de la menor de iniciales Z. A. O. G., contra las omisiones que reclamó del Juez Segundo de lo Familiar, de esta ciudad, precisadas en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.
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Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por el representante especial de la menor quejosa, mediante el cual hace del conocimiento su periodo vacacional. Asimismo, en relación con el diverso ocurso, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la propia ley, se le tiene ofreciendo las pruebas que indica y formulando alegatos; lo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Por último, en relación con lo manifestado en el sentido de que se lleve a cabo una entrevista entre la menor quejosa y el suscrito, tomando en consideración los argumentos referidos por el profesionista de mérito, se ordena remitir copia certificada del escrito de cuenta al juez responsable, para que, de considerarlo apto, idóneo y en aras de salvaguardar el interés superior del menor, realice la diligencia que refiere, ya que es a dicho juzgador a quien le corresponde ponderar cual es la voluntad de la menor en relación con la controversia planteada respecto de su guarda, custodia y convivencia con sus padres, así como valorar si en el medio familiar en el cual se encuentra actualmente, existen o no circunstancias de vulnerabilidad que la puedan afectar; a más que lo que se reclama en el presente juicio es la supuesta conducta omisiva del juez familiar, de ahí que en poco trascendería una entrevista en este sumario con la infante quejosa.
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