Ignacio Ramírez Salazar
Expediente 1080/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ignacio Ramírez Salazar
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
- Principal
Durango, Durango, a veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de queja en contra de la resolución mediante la cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) d), f), i) y j) del artículo 21 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a uno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Ignacio Ramírez Salazar, contra un acto del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, que considera violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 3, 14, 16, 17 y 123, apartado A y apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es manifiesta e indudable la improcedencia de la demanda de garantías interpuesta por Ignacio Ramírez Salazar, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. .". Tal causa de procedencia está contenida en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al siguiente tenor: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, visible en la página 11, de la Gaceta 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Pues bien, Ignacio Ramírez Salazar reclama del Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De las autoridades señaladas como responsables especialmente el tribunal laboral burocrático, reclamo la Resolución interlocutoria en la cual se declara incompetente para darle seguimiento al juicio laboral del expediente TLB/315/2020, tramitado ante dicha autoridad laboral que forma parte del SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO, De fecha 25 de junio de 2021, misma que me fuera notificada el día 10 de agosto del presente año". En los puntos 4, 5 y 6 del capítulo de hechos de la demanda de garantías el promovente expresó lo siguiente: "4.- Con fecha 15 de junio del 2021, estaba programada la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y resolución, de acuerdo al procedimiento que dispone la ley de los trabajadores al servicio de los tres poderes del Estado de Durango. Sin embargo, la situación jurídica, dio un cambio, debido a que la parte demandada, promovió un INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. Ese día, se desahogó el incidente. Cada una de las partes ofreció sus argumentos jurídicos y las pruebas correspondientes para el desahogo del incidente. El juez instructor, se reservó el derecho para más adelante dictar la resolución interlocutoria del incidente. 5.- El Tribunal Laboral Burocrático, suspendió el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, hasta que dictara la resolución interlocutoria del incidente. 6.- Con fecha 25 de junio del 2021, el c. Juez instructor del Tribunal Laboral Burocrático (AUTORIDD RESPONSABLE), resolvió el incidente, dándole el beneficio a la parte demandada. La Secretaría de Educación del Estado de Durango, dejando al suscrito (quejoso) en un estado completo de indefensión, pues autoriza mandar los autos del expediente laboral a un tribunal de lo contenciosos administrativo. Debido a que se declara incompetente. Lo anterior es violatorio de los derechos Humanos del quejoso y viola el debido proceso en el juicio laboral, en perjuicio del quejoso". De la anterior reseña fácilmente se puede obtener que el promovente reclama una determinación que sólo tiene efectos intraprocesales, pues en la resolución dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno por el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático dentro del juicio laboral TLB/315/2020, en la que declinó la competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Durango, en modo alguno afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, puesto que no se trata de un acto de naturaleza definitiva y, por ende, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que tal reclamo está supeditado a la decisión que emita la autoridad a favor de quien se declinó la incompetencia, que bien puede negar su competencia y así originar un conflicto competencial. Por lo que la demanda que se prové resulta notoriamente improcedente conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desecharla de plano en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Es perfectamente aplicable la jurisprudencia IX.2º. J/9, de aplicación obligatoria para este juzgador federal conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo, consultable en la página 1190, del Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". También la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), consultable en la página 5, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Ignacio Ramírez Salazar, contra el acto que reclama del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango. Notifíquese personalmente.
- Principal
Durango, Durango, a uno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Ignacio Ramírez Salazar, contra un acto del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, que considera violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 3, 14, 16, 17 y 123, apartado A y apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es manifiesta e indudable la improcedencia de la demanda de garantías interpuesta por Ignacio Ramírez Salazar, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. .". Tal causa de procedencia está contenida en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al siguiente tenor: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, visible en la página 11, de la Gaceta 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Pues bien, Ignacio Ramírez Salazar reclama del Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De las autoridades señaladas como responsables especialmente el tribunal laboral burocrático, reclamo la Resolución interlocutoria en la cual se declara incompetente para darle seguimiento al juicio laboral del expediente TLB/315/2020, tramitado ante dicha autoridad laboral que forma parte del SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO, De fecha 25 de junio de 2021, misma que me fuera notificada el día 10 de agosto del presente año". En los puntos 4, 5 y 6 del capítulo de hechos de la demanda de garantías el promovente expresó lo siguiente: "4.- Con fecha 15 de junio del 2021, estaba programada la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y resolución, de acuerdo al procedimiento que dispone la ley de los trabajadores al servicio de los tres poderes del Estado de Durango. Sin embargo, la situación jurídica, dio un cambio, debido a que la parte demandada, promovió un INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. Ese día, se desahogó el incidente. Cada una de las partes ofreció sus argumentos jurídicos y las pruebas correspondientes para el desahogo del incidente. El juez instructor, se reservó el derecho para más adelante dictar la resolución interlocutoria del incidente. 5.- El Tribunal Laboral Burocrático, suspendió el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, hasta que dictara la resolución interlocutoria del incidente. 6.- Con fecha 25 de junio del 2021, el c. Juez instructor del Tribunal Laboral Burocrático (AUTORIDD RESPONSABLE), resolvió el incidente, dándole el beneficio a la parte demandada. La Secretaría de Educación del Estado de Durango, dejando al suscrito (quejoso) en un estado completo de indefensión, pues autoriza mandar los autos del expediente laboral a un tribunal de lo contenciosos administrativo. Debido a que se declara incompetente. Lo anterior es violatorio de los derechos Humanos del quejoso y viola el debido proceso en el juicio laboral, en perjuicio del quejoso". De la anterior reseña fácilmente se puede obtener que el promovente reclama una determinación que sólo tiene efectos intraprocesales, pues en la resolución dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno por el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático dentro del juicio laboral TLB/315/2020, en la que declinó la competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Durango, en modo alguno afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, puesto que no se trata de un acto de naturaleza definitiva y, por ende, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que tal reclamo está supeditado a la decisión que emita la autoridad a favor de quien se declinó la incompetencia, que bien puede negar su competencia y así originar un conflicto competencial. Por lo que la demanda que se prové resulta notoriamente improcedente conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desecharla de plano en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Es perfectamente aplicable la jurisprudencia IX.2º. J/9, de aplicación obligatoria para este juzgador federal conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo, consultable en la página 1190, del Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto". También la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), consultable en la página 5, del Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Ignacio Ramírez Salazar, contra el acto que reclama del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango. Notifíquese personalmente.
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