Ignacio Quintana Calixto
Expediente 12/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ignacio Quintana Calixto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...
- Principal
... desahoga el requerimiento efectuado en autos... se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, debido a que el promovente no está facultado para promover el juicio de amparo en representación de... lo anterior es así, pues las facultades otorgadas al autorizado en términos del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, únicamente lo facultan para ofrecer y rendir pruebas, presentar alegatos, interponer recursos, comparecer a las audiencias, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento administrativo; es decir, las facultades que le fueron conferidas no tienen los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, o en el caso, para promover el juicio de amparo a su favor... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL PROMOVENTE, EL ACUERDO QUE DICE: *** desahoga el requerimiento efectuado en autos; al respecto, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, de los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que la facultad de ejercer la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. La noción perjuicio, para la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar el cese de esa transgresión. Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la parte quejosa es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, respecto de la norma, acto u omisión reclamados que considere ser violatorios de los derechos previstos en el artículo 1 de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimada para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular de ese derecho, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés de la parte quejosa: a) Que cause algún perjuicio o afectación a la persona gobernada, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. b) Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos de la parte quejosa de forma directa o indirecta, ya sea por ser la destinataria del acto o por la especial situación frente al orden jurídico. En consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Resulta aplicable la tesis siguiente: Localización: Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704 "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo con el criterio invocado, corresponde a la parte quejosa demostrar la procedencia de la acción constitucional; para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; por tanto, no basta la existencia del acto para concluir que éste necesariamente perjudica a la parte promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. Ahora bien, en relación con el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada en un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe tener el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Asimismo, la Sala referida ha dispuesto que la falta de este presupuesto procesal (interés legítimo) puede evidenciar la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduciría a desechar la demanda. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014433 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Página: 1078 "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, el artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece lo siguiente: "Artículo 28. Los interesados podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para ofrecer y rendir pruebas, presentar alegatos, interponer recursos, comparecer a las audiencias, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento administrativo, pero no podrá desistirse del procedimiento ni delegar sus facultades en terceros. En el juicio contencioso, para el ejercicio de estas mismas facultades, únicamente podrá autorizarse a licenciados en derecho con cédula profesional legalmente expedida". Tiene aplicación al caso la siguiente tesis: Registro digital: 2001581 Jurisprudencia Materias(s): Común, Administrativa Décima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Libro XII, Septiembre de 2012 Tomo 2 Tesis: 2a./J. 90/2012 (10a.) Página: 1176 AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el cual estableció que el actor en el juicio contencioso podrá autorizar en términos del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para ofrecer y rendir pruebas, presentar alegatos, interponer recursos, comparecer a las audiencias, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento administrativo, pero no podrá desistirse del procedimiento ni delegar sus facultades en terceros, pero solo dentro de la vía ordinaria, no así para interponer juicio de amparo a su favor. HECHOS En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el promovente es el siguiente: La resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida en el recurso de reclamación Interpuesto por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, dentro del Juicio Contencioso Administrativo ***, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, y que le fuera notificada al promovente de manera personal el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, cabe destacar que en la resolución que se reclama, la autoridad responsable concedió a la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la suspensión del acto impugnado en el Juicio Contencioso Administrativo ***, por cuanto al registro de las sanciones en el libro de los Servidores Públicos Sancionados de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. Por otra parte, de la documental exhibida por el promovente consistente en copia certificada del proveído de diez de enero de dos mil veinte, relativo al auto de radicación del juicio contencioso administrativo *** del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, se advierte que en dicho auto le fue reconocido el carácter de autorizado en términos del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz al aquí promovente Ignacio Quintana Calixto. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente, debido a que el promovente no está facultado para promover el juicio de amparo en representación de ***, lo anterior es así, pues las facultades otorgadas al autorizado en términos del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, únicamente lo facultan para ofrecer y rendir pruebas, presentar alegatos, interponer recursos, comparecer a las audiencias, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento administrativo; es decir, las facultades que le fueron conferidas no tienen los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, o en el caso, para promover el juicio de amparo a su favor. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: *** quien se ostenta como autorizado en el juicio de origen de ***, promueve juicio de amparo indirecto contra actos de la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 12/2021. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracción I, 112 y 114, fracción II de la Ley de Amparo prevén la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes a que se refiere el artículo 110 de la citada ley. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, en su fracción I, dispone que la demanda de amparo, entre otros requisitos, debe contener el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Amparo determina que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esa Ley, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Así, se tiene que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecta el acto reclamado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. En otro aspecto, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece que quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en el siguiente: La resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, emitida en el recurso de reclamación Interpuesto por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, dentro del Juicio Contencioso Administrativo ***, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, y que le fuera notificada al promovente de manera personal el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Asimismo, cabe destacar que en la resolución que se reclama, la autoridad responsable concedió a la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, la suspensión del acto impugnado en el Juicio Contencioso Administrativo ***, por cuanto al registro de las sanciones en el libro de los Servidores Públicos Sancionados de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. En otro aspecto, el promovente se ostenta como autorizado de *** en términos del artículo 27 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, dentro del Juicio Contencioso Administrativo *** del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con residencia en esta ciudad; sin embargo, omitió anexar las constancias respectivas con las que acredite dicho carácter. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, debido a que el promovente omitió acreditar con documento fehaciente el carácter de autorizado de la parte quejosa. REQUERIMIENTO Acorde con lo anterior, para permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al promovente para que por escrito y dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, bajo protesta de decir verdad, cumplan con lo siguiente: a) Exhiba copia legible, completa y certificada de las constancias con las que acredite el carácter de autorizado de la parte quejosa en el juicio Contencioso Administrativo *** del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz. b) Asimismo, se solicita atentamente que del escrito mediante el cual cumpla con la prevención efectuada en el inciso que antecede, también acompañe las copias que resulten necesarias para cada una de las partes. Lo anterior se considera necesario para la tramitación o desechamiento de este asunto. Asimismo, se hace saber al promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. De igual forma, se hace del conocimiento del promovente del delito en que pudiera incurrir quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS, ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES Se faculta como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** y ***, debido a que tienen cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante por no contar con dicho registro. CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, hágase del conocimiento del promovente, que en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de considerarse necesario, se tomará en cuenta, como medio de comunicación el correo electrónico que indica en el escrito que se provee. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se exhorta a las partes a que hagan uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico". PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.
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