Ignacio Pérez Contreras

Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Pérez Contreras
  • Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado en Ciudad del Carmen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el veinte de abril de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió del veintisiete de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintinueve y treinta de abril, así como los días uno, cinco, seis y siete de mayo de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera el aludido medio de impugnación, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bamaca Morales, secretario de juzgado con quien actúa y da fe

  2. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Juez y Secretaria Instructora interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, remite copia certificada de los acuerdos de veintitrés y treinta de marzo de dos mil veintitrés, así como la constancia de notificación al quejoso del auto de veintitrés de marzo del año que transcurre, una razón actuarial de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, toma de protesta de veintiocho de marzo del año en curso, al perito valuador, así como del oficio *** y el oficio ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad por exhibidas las constancias que adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, ***, apoderado legal de ***, mediante escrito presentado electrónicamente el dos de febrero de dos mil veintitrés, promovió demanda de amparo contra actos del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado y otra autoridad, a quienes le reclamó la omisión de acordar y notificar lo solicitado en el escrito de dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, presentado ante la Oficialía del Juzgado Laboral el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que solicitó la designación de perito evaluador, dentro del expediente laboral ***. Ahora bien, la Juez del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, en su informe justificado aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado y mencionó que el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo en el cual señaló al Ingeniero ***, perito en valuación de inmuebles y bienes muebles de maquinaria y equipo de embarcaciones de agrimensura, topografía y apeo y deslinde; además, ordenó citar al perito en mención para el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, a fin de tomar protesta de ley y la aceptación del cargo conferido por la autoridad responsable. Asimismo, mediante el oficio de cuenta remitió copia certificada de los acuerdos de veintitrés y treinta de marzo de dos mil veintitrés, así como la constancia de notificación al quejoso del auto de veintitrés de marzo del año que transcurre, una razón actuarial de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, toma de protesta de veintiocho de marzo del año en curso, al perito valuador, así como del oficio *** y el oficio ***. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió. Bajo ese contexto, en razón de que mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ***, la Juez responsable acordó el escrito de dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, de ***, apoderado legal de ***, (aquí quejoso), en el cual señaló al Ingeniero ***, perito en valuación de inmuebles y bienes muebles de maquinaria y equipo de embarcaciones de agrimensura, topografía y apeo y deslinde; además, citó al perito en mención para el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, a fin de tomar protesta de ley y la aceptación del cargo conferido por la autoridad responsable y dicho acuerdo se notificó vía electrónica al quejoso el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** signado por la Jueza y Secretaria Instructora Interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Carmen, mediante el cual, rinden su informe justificado en el sentido de que son parcialmente ciertos los actos reclamados por la parte quejosa. Como justificación a su informe remiten copias certificadas del juicio laboral ***. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y sus anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades responsables, las copias certificadas que adjuntaron a su informe justificado, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, tomando en consideración que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que, la parte quejosa señaló como actos reclamados la omisión de acordar y notificar la solicitud que formuló mediante escrito de dieciocho de diciembre de dos mil veintidós, consistente en que se designe un perito valuador legalmente autorizado; y que la autoridad responsable si bien, acompañó a su informe justificado el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que provee respecto de dicha petición, lo cierto es que no exhibió la constancia de notificación de dicho acuerdo practicada al actor ****. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con sede en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita la constancia de notificación practicada al actor **** (aquí quejoso), del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral ***. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Carlos Eder Juárez Solís, Secretario Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, quince de marzo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. 13/03/24 09:40:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.eb.92 PEDRO GONZALO COLLANTES GUTIERREZ 2 Agréguese a los autos el escrito de ******, quien se ostenta apoderado legal de la parte quejosa *****, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a la demanda de amparo la carta poder de trece de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que ******, le otorga el poder a *****. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado legal con el que se ostenta. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 13/03/24 09:40:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.eb.92 PEDRO GONZALO COLLANTES GUTIERREZ Juicio de amparo 107/2023-IV 3 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por *****, apoderado legal de *****, contra actos del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado y otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, a la omisa, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 13/03/24 09:40:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.eb.92 PEDRO GONZALO COLLANTES GUTIERREZ 4 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. Y, si bien es cierto, la demanda de amparo contiene un apartado titulado "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO", sin embargo, sólo se menciona lo siguiente: "Solicito se le requiera a la autoridad responsable el informe justificado, pues lo que se pretende con la presente demanda de garantías es la pronta administración de justicia, se declare la protección constitucional solicitada. Transcripción de la que se desprende que no existe solicitud expresa de la suspensión del acto reclamado, por ende, no se colma el requisito previsto en el artículo 125 de la Ley de Amparo, conforme al cual, la suspensión del acto reclamado se decretará a petición del quejoso. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento del tercero interesado, es decir, la contraparte del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el 13/03/24 09:40:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.eb.92 PEDRO GONZALO COLLANTES GUTIERREZ Juicio de amparo 107/2023-IV 5 contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de 13/03/24 09:40:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.eb.92 PEDRO GONZALO COLLANTES GUTIERREZ 6 justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a las personas que refiere. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad 13/03/24 09:40:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.eb.92 PEDRO GONZALO COLLANTES GUTIERREZ Juicio de amparo 107/2023-IV 7 legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, secretario con quien actúa y da fe.

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