Ignacio Murueta Hernández
Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ignacio Murueta Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual transcribe la resolución de seis del mes en curso, dictado en el juicio de amparo directo *** de su registro, del que se advierte que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, por cuanto hace a los actos reclamados a los Magistrados de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia y al Secretario de Acuerdos interino, adscrito a la Segunda Ponencia de dicha Sala, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formulada por este juzgado federal el veintiuno de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, y vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve el impetrante de amparo, así como su escrito aclaratorio, se tiene al ocursante promoviendo la preste instancia constitucional, contra las autoridades y actos siguientes: De los Magistrados de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia, la resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación *** del registro de dicho órgano jurisdiccional, mediante la cual se modificó la sentencia dictada el veinte de agosto de dicha anualidad por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, dentro del expediente ***, relativo al juicio de nulidad de escritura promovido por el quejoso Ignacio ***, y ***, en contra de *** por propio derecho y en su carácter de representante legal de una sucesión, y su acumulado *** relativo al juicio reivindicatorio promovido por este último en contra de los nombrados en primer término. Del Secretario de Acuerdos interino, adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento a dicha determinación. Del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, el auto de once de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del aludido expediente *** de su registro y su acumulado, mediante el cual se ordenó la entrega material del inmueble materia de la controversia. Del Secretario y Diligenciario, ambos encargados de los expedientes pares, adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, la ejecución de dicha determinación. Sin que pase desapercibido para el suscrito, que el quejoso hace alusión al oficio 534 del registro de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, señalando al efecto que a través de dicha misiva, se pretende dar cumplimiento a lo ordenado en el toca de apelación *** del registro de dicho órgano jurisdiccional. No obstante, atendiendo a las manifestaciones que realiza el quejoso bajo protesta de decir verdad, tanto en su escrito de demanda con el diverso aclaratorio, lo cierto es que dicha misiva no puede ser considerado como acto reclamado de manera destacada, al tratarse tan solo de una comunicación oficial emitida por la superioridad, a efecto de hacer del conocimiento de las partes, en específico, del juez de primera instancia, la determinación que se reclama de once de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación de referencia. En ese sentido, y con relación a los actos que se reclaman respectivamente del Juez, Secretario y Diligenciario, todos adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, consistentes en el auto de once de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del aludido expediente *** del registro de dicho órgano jurisdiccional y su acumulado, así como su ejecución, procede desechar la demanda constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a esta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203,196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." En ese sentido, en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sentido, ambos de Ley de Amparo, que son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de los anteriores preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución del laudo o sentencia, cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Lo anterior, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución. Así, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento jurisdiccional en etapa de ejecución puedan intentar el juicio protector de derechos humanos tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo y el entorpecimiento de la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. De esa manera, lo que se logra es que se continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado, al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. En ese orden de ideas, el amparo procede en contra de actos después de concluido el juicio de origen, que son preliminares a la ejecución de sentencia y que no intentan ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del procedimiento natural, ya que en contra de éstos procede la instancia constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin al juicio o en su caso declare la imposibilidad de ejecutar la sentencia, y específicamente, tratándose de remates, la resolución que lo apruebe o desapruebe. Para esclarecer lo que debe entenderse por "última resolución", conviene acudir a la definición proporcionada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 32/2008, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." En términos del criterio jurisprudencial antes citado, por última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o laudo, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, como quedó precisado, en el particular la parte promovente reclama respectivamente, del Juez, de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, el auto de once de junio de dos mil veintiuno dictado dentro del aludido expediente *** del registro de dicho órgano jurisdiccional y su acumulado, mediante el cual se ordenó la entrega material del inmueble que se defiende, así como su ejecución atribuida al Secretario y Diligenciario, ambos adscritos al juzgado de referencia. En ese sentido, se concluye que en el caso se reclaman actos emitidos en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, y que por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, la demanda de amparo sea improcedente, ya que solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el juicio, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, sin que ello ocurra en el presente asunto. En tales condiciones, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la misma ley, atento a lo cual, lo que procede, con apoyo en el precepto 113 de la misma ley, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, lo anterior, en virtud de que no existe duda en el suscrito juzgador para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Incompetencia. Asimismo, y con relación a los diversos actos que se reclaman de los Magistrados de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia, consistente en la resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, en el toca de apelación *** del registro de dicho órgano jurisdiccional, mediante la cual se modificó la sentencia dictada el veinte de agosto de dicha anualidad por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, dentro del expediente ***, relativo al juicio de nulidad de escritura promovido por el quejoso *** y ***, en contra de *** por propio derecho y en su carácter de representante legal de una sucesión, y su acumulado *** relativo al juicio reivindicatorio promovido por este último en contra de los nombrados en primer término; así como su ejecución atribuida al Secretario de Acuerdos interino, adscrito a la Segunda Ponencia de dicha Sala, se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo y, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, de los aludidos numerales se aprecia que el juicio de amparo directo procede en los siguientes casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y, b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Por su parte, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, precisa que debe entenderse por sentencia definitiva cuando decida el juicio en lo principal, y por resolución que pone fin al juicio cuando sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido. Por otra parte, los numerales 107, fracción V, del Pacto Federal; 170 de la Ley de Amparo; y, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, refieren a un Tribunal Colegiado de Circuito como órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Finalmente, el artículo 47 de la Ley de Amparo, prescribe que cuando ante un Juez de Distrito se presente una demanda de amparo en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en cuyo caso, este último órgano constitucional decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. Asimismo, dispone el referido arábigo 47 que, si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere del informe previo o justificado de la autoridad responsable, el Juez de Distrito se declarará incompetente en los términos indicados en el párrafo anterior, y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de la suspensión. Como se ve, el artículo 47 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito para que declare su incompetencia legal si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del asunto. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que resulta legalmente incompetente para conocer del acto reclamado, toda vez que constituye una determinación que da por concluido el juicio de origen. En consecuencia, el amparo directo es la vía idónea a la que puede acudir la parte quejosa, por ser éste el medio eficaz en el que se podrá resolver en definitiva sobre la constitucionalidad de la resolución impugnada y su consecuente ejecución. Al respecto, son aplicables las jurisprudencias 3a./J. 30/90 y 3a./J. 23/92, emitidas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL." y "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS." De igual forma, es aplicable por su idea jurídica, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En las relatadas circunstancias, se declara que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia legal para resolver el juicio de amparo promovido contra la resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia, dictada en el toca de apelación 350/2019, en la que se modifica la sentencia de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, perteneciente a Zacatelco, Tlaxcala, y su consecuente ejecución. A mayor abundamiento, no sobra señalar que no pasa desapercibido que el suscrito, que el quejoso también se duele de la falta y/o indebida notificación de dicha sentencia de segunda instancia. No obstante, aún en el supuesto no concedido de que dicho acto hubiese sido reclamado de manera destacada, lo cierto es que el juicio de amparo indirecto en su contra de igual forma devendría improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad. Lo anterior, tomando en consideración que el promovente del amparo es parte en el controvertido de origen, así como en el recurso de apelación de mérito, y por tanto, se encontraba en aptitud de combatir la falta o indebida notificación de la sentencia reclamada, a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Por tanto, al no haber promovido dicho medio de defensa, es obvio que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, y que en consecuencia, el juicio de amparo que en su caso promoviera en la vía indirecta en contra de tal acto u omisión, devendría improcedente. Asimismo, tampoco pasa desapercibido que el quejoso refiere que no tuvo conocimiento de la resolución reclamada, emitida en la segunda instancia, y que en todo caso, esta fue notificada a su abogado designado en autos. No obstante, lo cierto es que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron. Lo anterior, ya que como quedó expuesto, la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, como resulta ser el incidente de nulidad de notificaciones, y por tanto, para cumplir con esa obligación procesal, las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con registro digital 175974, de rubro "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES". En mérito de lo anterior, es que se concluye que debe escindirse la demanda constitucional que dio origen al expediente en que se actúa, al reclamarse actos que en todo caso, son materia de estudio en el amparo en la vía directa. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, una vez que obre en autos la constancia de la notificación del presente proveído realizada a la parte quejosa, remítase el presente expediente, con sus anexos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, para los efectos previstos en el citado artículo; solicitando el acuse de recibo respectivo; y fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 801/2021-I. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda a la presente demanda, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes a la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1. Señale con precisión, el acto que reclama de cada una de las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, toda vez que del capítulo señalado como "IV.- ACTOS RECLAMADOS" no se advierte con exactitud, cual es el acto que reclama de cada una de las autoridades responsables, al hacer alusión a diversos oficios, acuerdos y fechas de diversas resoluciones. Por tanto, y a efecto de fijar correctamente la litis constitucional, es necesario que se especifique con claridad cada uno de los actos que atribuye a las autoridades responsables. 2. Manifieste bajo protesta de decir verdad, de forma breve y concisa, los antecedentes de cada uno de los actos reclamados, en atención a que los narrados en su demanda de amparo, de igual forma no resultan claros, y en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. 3.Deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes en unión de la demanda de amparo. Resulta pertinente señalar que de conformidad con la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, el quejoso, su abogado o autorizado o ambos, que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo Apartado B del artículo 26 constitucional. Con el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que el domicilio que señaló la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal y zona conurbada al Municipio de Apizaco, Tlaxcala, háganse las notificaciones de este y las subsecuentes, en la lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, aun las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. No obstante, dada la trascendencia del presente proveído, se faculta al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que por única ocasión notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído, en el domicilio ubicado en "***". En otro ámbito, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que designa, por así solicitarlo expresamente. En atención a su petición de realizarle las notificaciones derivadas del presente sumario en los correos electrónicos y teléfonos que refiere, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé como medios para tal efecto. No obstante, y en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalados los correos electrónicos *** y *** y los teléfonos *** y ***a efecto de que por ese medio, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen de por lista. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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