Ignacio Muñoz Gómez

Expediente 616/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
616/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Muñoz Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Ahora, el uno de marzo actual culminó la vigencia de la circular señalada en el párrafo que antecede; por tanto, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de once de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, causa estado el proveído en cita. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran los tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, del acuerdo en cita. Como lo establece el artículo 35, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, de autos se advierte que no fueron ofrecidas por las partes documentos originales, ni tampoco obra billete de depósito toda vez que no se aperturó incidente de suspensión. En diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA

  2. Principal

    Agréguese el oficio de referencia, signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en León, con el que devuelve diligenciado el exhorto 178/2020 (849/2020) del índice de este juzgado, que le fue enviado para que notificara al quejoso ***, el auto de once de noviembre del año en curso, dictado en el presente expediente, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y dese de baja la comunicación oficial.

  3. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, **, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En primer término, debe destacarse que, del contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, medularmente, en lo siguiente: ? El traslado del Centro de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad a uno diverso, donde se encuentra recluido, lo cual, resulta ser una cuestión inherente a las condiciones de internamiento en que se encuentra por estar regulado actualmente en la Ley Nacional de Ejecución Penal.Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. A la luz de la reforma constitucional de dos mil ocho, surgió a la vida jurídica la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuerpo normativo que establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. n contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente; en relación a lo cual, la regla general es que la autorización sea previa, aunque, de manera excepcional, será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez.Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, lo que permite estimar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el traslado. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Orden de traslado, ¿acto dentro o fuera de procedimiento para efectos del juicio de amparo? Ahora, si bien puede considerarse que las órdenes de traslado se suscitan como actos fuera de procedimiento. sto solamente acontece cuando no existe una calificación legal por parte del juez competente. En efecto, este tópico fue dilucidado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2015. Determinó que la trascendente intervención que tiene el juez de ejecución en los traslados; por tanto, cualquier acto que dicte conexo a la orden de traslado, es uno que debe ser considerado como dentro de procedimiento penal, pues actúa en una etapa de éste.Razón por la cual, la Primera Sala del Tribunal Constitucional consideró que la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, en el contexto de un procedimiento en cualquiera de sus fases, incluída la de instrucción o la de ejecución de la pena impuesta, conforme al conglomerado de normas vigentes a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, debe considerarse como un acto dictado dentro de mismo, siempre y cuando haya sido emitida o validada por el juzgador rector en cada una de sus etapas Bajo ese orden de ideas, para la procedencia del juicio de amparo, los actos que afectan la libertad personal se distinguen entre dictados dentro o fuera de procedimiento; así que, para considerarse dentro de los primeros, es necesario que la orden de traslado sea validada o no por la autoridad judicial competente, ya sea anterior a la orden de traslado, o bien, posterior a ella. ? Definitividad en el juicio de amparo.En efecto, el principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, implicaría hacer inviable el juicio de amparo; esto, no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso *** al aducir que fue trasladado a otro centro de reclusión, se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados. Por tanto, se precisa que, si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tratarse de un traslado urgente o excepcional, esto es, contra la decisión que califique de legal la determinación administrativa de traslado, también procederá el recurso de apelación; sin embargo, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento sobre su calificación, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, de conformidad con lo previsto en los ordinal 116, fracción I, en relación con el diverso 117, fracción III, de la precitada legislación. Luego, como la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias.En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Sin que esto implique se afecten los derechos sustantivos del quejoso y que el acto reclamado pueda ser emitido fuera de procedimiento, ya que, como se dijo, la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas; lo cual, a la postre, representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario. En efecto, el conjunto de las citadas reformas puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; por lo que se adujo que para lograr esa transformación era necesario reestructurar el sistema, circunscribiendo únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de «jueces de ejecución de sentencias». Lo que conllevaba evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por lo que debía ser el Poder Judicial el que debía vigilar que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria; terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte. Así, al ser el juez de ejecución el que vigila la pena impuesta, así como el régimen en el que se encuentra la persona privada de su libertad, es evidente que se creó un sistema de control judicial alrededor del sistema penitenciario; lo que evidencia que este control judicial también prevalece sobre los traslados. Las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, sirven como base para establecer que se actualiza la causal de que se trata, porque el quejoso, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió combatir mediante recurso de apelación el traslado involuntario y urgente, en su carácter de sentenciado, ante el juez de ejecución para que ser sustanciado por el tribunal de alzada; o la controversia judicial contra la determinación administrativa. Consecuentemente, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por el acto reclamado consistente en el traslado de un Centro de Reclusión a otro.

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