Ignacio Muñoz Gomez
Expediente 718/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ignacio Muñoz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos la misiva que suscribe el jefe de Unidad de Causa y Gestión del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, por el que acusa recibo del 11919/2021 de veintiuno de octubre pasado, al que se anexaron dos discos versátiles digitales que fueron remitidos como apoyo al informe justificado.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que firma la autoridad responsable magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio propio 11022/2021, mediante el cual se le notificó el proveído de cinco de octubre del año actual, por el que causó ejecutoria el fallo constitucional pronunciado en autos y se ordenó el archivo del presente expediente judicial. Ahora, con relación a los anexos que devuelve, consistentes en dos discos versátiles digitales que contienen constancias de la carpeta digital de la causa penal **** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra; en obvio de dilaciones procesales innecesarias, mediante oficio que derive del presente, remítanse dichos anexos al mencionado juzgado al resultar innecesaria su retención. Se solicita el acuse de recibo respectivo, vía electrónica al correo institucional de este juzgado federal 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida dentro del término legal establecido para ello; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión se concedieron las medidas cautelares provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que el magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, consistentes en un disco versátil digital (D.V.D); se ordena la devolución de dicha documental.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 718/2020-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte (foja 1), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada en la propia data a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, ***** solicitó, por derecho propio, el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV- ACTO RECLAMADO. --- EL ILEGAL TRASLADO EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO A DIVERSO CENTRO ESTATAL DE PREVENSIÓN (sic) Y READAPTACION SOCIAL EN LEON, GUANAJUATO, SIN CAUSA JUSTIFICADA LEGALMENTE, NI ORDEN JUDICIAL, LO CUAL VULNERA DERECHOS HUMANOS Y FUNDAMENTALES DEL SUSCRITO QUEJOSO." "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A) DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENSION (sic) Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE CELAYA, GTO., CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE. B) DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, con domicilio ubicado en (.) C) JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA TERCERA REGIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GUANAJUATO. Con domicilio ubicado en (.) D) MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA PENAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO. GTO., domicilio el ubicado en (.)". Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por acuerdo de quince de diciembre siguiente (fojas 32 a 35), este juzgado admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 718/2020-V; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, tuvo como terceros interesados a los agentes del ministerio público que intervinieron tanto en la causa penal como en el toca de donde emanan los actos reclamados; finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, porque el acto reclamado consiste en la resolución de alzada que confirmó la de primer grado, por la cual se calificó de legal el traslado, del imputado ahora quejoso, de un centro de reclusión a otro. Dicho traslado ocurrió del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad de Celaya al Centro Estatal Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato. Esto pone de manifiesto que el traslado comenzó a ejecutarse en Celaya y concluyó en León; con lo cual es claro que se surte la competencia territorial para conocer y resolver del asunto presente, a favor de este juzgado, a prevención habida cuenta que ante esta potestad se presentó el escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado es: i) La resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada en el toca 80/2020-O de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, emitido en la causa penal 1P2819-27, por el que se calificó de legal el traslado del imputado, aquí quejoso, del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social ubicado en León, Guanajuato; y ii) Las consecuencias de la resolución indicada en el inciso que precede, tales como el continuar en Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social ubicado en León, Guanajuato. Los anteriores actos les son reclamados a las autoridades responsables: 1. Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; 2. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado, sede y base Salvatierra; 3. Director del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato; y 4. Director de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social del estado -denominación correcta de la indicada por la parte quejosa como "DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO"-. La anterior fijación de actos reclamados corresponde a la real intención de la parte agraviada y al cúmulo de actuaciones obrantes en el sumario. De modo que no es inadvertido que la parte quejosa expresó como materia del reclamo constitucional el traslado de que fue objeto, de un centro estatal de reclusión en esta ciudad a otro ubicado en León, Guanajuato. Sin embargo, de asumirse que ese acto -traslado- es el reclamado en este asunto, se generaría una situación indeseable y perjudicial para la parte quejosa, porque se actualizaría sin más una causal de improcedencia que impide analizar el fondo del asunto. Es así porque la resolución del juez primario que calificó de legal el traslado, constituye una nueva situación jurídica que sustituyó procesalmente al traslado mismo; y a su vez, la resolución de segunda instancia que confirmó la determinación del juez penal de origen, también sustituye a la determinación apelada; de manera que lo anterior impide examinar el fondo del asunto por actualizar una causa de improcedencia. De ahí que sea procedente tener como actos reclamados los que se fijaron en este considerando. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables (fojas 41, 88 a 90, 137 y vuelta), al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades constituyen confesiones expresas y espontáneas con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con sendas documentales que las autoridades responsables acompañaron a su respectivo informe de ley, consistentes en copias certificadas de constancias procesales del toca 80/2020-O de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, y del acta de Comité Técnico 120/2020 del Centro Estatal de Prevención Social en esta ciudad; probanzas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más relevantes del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Ante el Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado, con sede y base en Salvatierra, Guanajuato, se sustancia la causa penal 1P2819-27, instruida a Ignacio Muñoz Gómez, por su posible participación en el hecho que la ley define como delito de privación ilegal de la libertad. Esta causa penal se encuentra en periodo de instrucción (fojas 100 y 101). 2. Por determinación administrativa de ocho de noviembre de dos mil veinte, contenida en el acta 120/2020 el Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, ordenó el traslado del interno ahora quejoso Ignacio Muñoz Gómez, de dicho centro de reclusión al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León (fojas 88 a 109). 3. Mediante resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, el juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado, sede y base Salvatierra, Guanajuato, calificó de legal el traslado indicado en el punto que precede (fojas 118 a 121). 4. Inconforme con la anterior determinación, la parte ahora quejosa interpuso recurso de apelación del que conoció la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en la causa penal 80/2020-O, donde por resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, confirmó la providencia impugnada y sometida a su potestad (fojas 122 a 136). Esta es la resolución reclamada en forma destacada en este asunto constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación. Como cuestión previa cabe acotar que en el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en el toca penal de origen. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la parte quejosa, pues este resolutor considera que la determinación asumida por el magistrado responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de la parte peticionaria del amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficiosa sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte agraviada, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." I. Ahora, del análisis integral al escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa expresa, en esencia y en atención a la causa de pedir, que la resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto por los numerales 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La parte quejosa alega, en esencia y en atención a la causa de pedir, en sendos segmentos de los conceptos de violación "SEGUNDO" y "TERCERO" (fojas 5 y 6), que el mandamiento de traslado conculca sus derechos fundamentales -legalidad, seguridad jurídica y debido proceso-, porque, en su parecer, carece de fundamentación y motivación. Para sustentar el motivo de inconformidad en trato, la parte quejosa menciona que no ha incurrido en falta administrativa alguna, ni está involucrado en asuntos de delincuencia organizada. Asimismo, narra algunas de la circunstancias ocurridas el día de su traslado, tales como que los custodios le informaron en forma altanera que el agraviado sería trasladado; que no le mostraron orden de traslado y que contaron con su expediente clínico; que cuando lo sacaron de su celda no le permitieron tener contacto con su familia y abogado, sino hasta que estos acudieron al centro de reclusión ubicado en León. Que es claro que su traslado es ilegal y violatorio de derechos humanos por carecer de una orden de traslado. Asimismo, en la porción del concepto de violación "CUARTO", la parte quejosa afirma que la resolución de primera instancia -dictada por el juez de primer grado- vulnera lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucional; ello porque incurrió en una deficiente motivación. Que esto se constata con lo expuesto por el magistrado penal responsable cuando menciona "(.) AHORA BIEN ESTA SALA REVISORA NO SOSLAYA LA DEFICIENTE MOTIVACIÓN EXISTENTE EN EL FALLO COMBATIDO AL NO ADVERTIRSE RAZONAMIENTOS LÓGICO JURÍDICOS QUE EXPLIQUEN LA ACTUALIZACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL TRASLADO INVOLUNTARIO QUE FUE CALIFICADO DE LEGAL (.)." Los planteamientos en trato son inoperantes. La inoperancia de lo discutido por la parte quejosa, estriba en que con tales argumentos intenta demostrar la ilegalidad de actos distintos al que constituye el acto reclamado en forma destacada en este asunto. En efecto, la materia del reclamo es, como se precisó en el considerando segundo de este fallo, la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada en el toca 80/2020-O de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, emitido por el juez de primer grado en la causa penal 1P2819-27, por el que se calificó de legal el traslado del imputado, aquí quejoso, del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social ubicado en León, Guanajuato; y sus consecuencias como el hecho de que continúe recluido en ese lugar. Sin embargo, la parte quejosa orienta sus argumentos de inconformidad en contra de la orden administrativa de traslado y en contra de la resolución de primer grado dictada por el juez de la causa penal, a través de la cual calificó de legal dicha orden de traslado; empero, no así en contra de la determinación de segundo grado que confirmó la de primera instancia, que constituye la materia del reclamo en este asunto. De ahí la ineficacia de los conceptos de violación. Para corroborar el anterior aserto, conviene indicar que los preceptos 74 y 75 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, disponen: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." De los transcritos preceptos legales se desprenden, en lo que ahora interesa, los principios de congruencia y exhaustividad que debe observar el juzgado de amparo al dictar una sentencia en un juicio de derechos fundamentales; también se desprende que esos principios están referidos a que las sentencias no solo deben ser congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo, sin omitir algo, ni añadir cuestiones distintas a las hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Es aplicable, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 33/2005, legible en la página 108, tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados." De igual modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la litis en el juicio constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo, tal como se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 123/99, legible en la página 190, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, Materia Común, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo." Así, cuando en un concepto de violación se pretende poner de manifiesto la inconstitucionalidad de actos que no fueron señalados como reclamados en el juicio de amparo, dicho motivo de inconformidad será inoperante, pues, como se dijo, la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo. Por lo que debe concluirse que si los conceptos de violación atacan actos o consideraciones ajenas a la litis constitucional, en caso de darles respuesta, se estaría dejando de observar el referido principio de congruencia, inmerso en los artículos 74 y 75 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo que precede, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia IV.3o.C. J/1, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 655, del tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." Luego, si en la especie el acto reclamado en forma destacada lo es la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada en el toca 80/2020-O de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el auto de diez de noviembre de dos mil veinte, emitido por el juez de primer grado en la causa penal 1P2819-27, por el que se calificó de legal el traslado del imputado, aquí quejoso, del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social ubicado en León, Guanajuato; y sus consecuencias como el hecho de que continúe recluido en ese lugar; entonces es inconcuso que los argumentos de disenso en mención son inoperantes porque, como se indicó, tratan de evidenciar la irregularidad de actos distintos al reclamado en este asunto -orden de traslado resolución de primer grado que la calificó de legal-. Por ello, tales argumentos de inconformidad deben declararse ineficaces, pues este operador jurídico no puede darles respuesta, ya que de hacerlo, contravendría el aludido principio de congruencia que toda sentencia constitucional debe observar. Por otra parte, alega la parte quejosa que la resolución reclamada violenta en su perjuicio el principio de celeridad y prontitud procesal inmerso en el artículo 17 constitucional, toda vez que por obvias razones el hecho de que lo hayan trasladado al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de León, implicará retrasos, porque todas las diligencias se efectuarán mediante videoconferencias, dependiendo así de la viabilidad de las conexiones; o en su caso, será necesario y traslado prolongado de donde se encuentra ubicado al lugar donde está radicada la causa penal de origen. Este argumento es infundado. En principio cabe acotar el motivo de disenso en trato es novedoso habida cuenta que la parte omitió formular dicho planteamiento ante la sala penal responsable. No obstante, este resolutor considera que carece de sustento jurídico lo así alegado por el agraviado. Lo anterior porque, contrario a lo discutido, las máximas de la experiencia permiten concluir que las diligencias judiciales desahogadas, no en forma presencial sino mediante el uso de tecnologías como video conferencias, no constituyen un factor que retrase o detenga la marcha procedimental en los asuntos, antes bien, son un medio que posibilitan el desahogo de diligencias en tiempo real a pesar de que los actores en el proceso se ubiquen en lugares distintos, lo que abona al principio de economía procesal pues se torna innecesario el traslado de las partes a un recinto en específico para presenciar alguna diligencia. Además, las diligencias por video conferencias son el medio idóneo para continuar con la secuela procesal en tiempos de pandemia generada por el Covid-19, de lo contrario sería imposible el desahogo de los distintos actos procesales en que se requiera la presencia física de las partes. De realizarse actos procesales con la presencia física de las partes, se asume un potencial riesgo de contagio por no evitar aglomeraciones en recintos cerrados e inobservar una sana distancia, tal como lo han establecido las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. De ahí que se considere infundado el concepto de violación en estudio. II. En diverso segmento del concepto de violación "CUARTO", afirma la parte agraviada que el tribunal de alzada vulnera derechos fundamentales porque omitió fundar y motivar su resolución. Es infundado el anterior planteamiento. Contrario a lo alegado, en la resolución reclamada se expresaron los motivos y fundamentos en que se apoyó para concluir que los que agravios de parte la recurrente hoy quejosa son infundados y así, confirmar la decisión de primer grado apelada. -En el considerando primero fijó su competencia para conocer y resolver del recurso de apelación sometido a su potestad acorde al artículo 52, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Guanajuato. En el considerando segundo, precisó que el hoy quejoso está legitimado para interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de primer grado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVII, 121, fracción I, y 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los diversos 456 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales. -En el considerando tercero estableció que realizaría el análisis oficioso del asunto sometido a su potestad en cumplimiento a la obligación de tutela de los derechos humanos reconocidos por el artículo 1° constitucional; ello acorde con el objeto del recurso de apelación previsto en el artículo 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de confirmar, modificar o revocar la decisión apelada. En los considerandos cuarto y quinto se hizo alusión respectivamente al contenido de la determinación impugnada y a los motivos de inconformidad expuestos por el apelante hoy quejoso. -En el considerando sexto se determinó que son infundados los motivos de agravio expuestos por la parte apelante y por ello confirmó la determinación de primera instancia, recurrida. Entre otras consideraciones, se sostuvo: i) Que en la determinación administrativa del traslado, dictada en el dictamen técnico 120/2020 por el Comité técnico del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, se estableció que dicho centro tiene una capacidad instalada de cuatrocientos seis espacios que corresponden al número de camas con las que se cuenta en los cuatro dormitorios; que en ese centro se tiene una población actual de seiscientas doce personas; que dicha sobrepoblación representa un obstáculo para implementar una sana distancia, medida que resulta imposible ejecutar, lo que pude originar una propagación acelerada de contagios del COVID-19, debido a la concentración de internos en espacios reducidos, comprometiendo así la salud de los internos. ii) Que la persona interna de nombre Ignacio Muñoz Gómez padece hipertensión arterial sistémica, por lo que es considerado persona vulnerable ante el COVID-19, conforme a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, por lo que ante tal cuadro clínico demanda mayor atención por la emergencia sanitaria que prevalece, que derivado de la sobrepoblación y hacinamiento que registra el centro de reclusión de Celaya, su estancia y permanencia representa un riesgo a su integridad y salud física. iii) Así, acotó la sala penal responsable, se aprecia que no fue el incremento de personas privadas de la libertad o el hacinamiento y la falta de espacios en el Centro Estatal de Prevención Social de Celaya lo que originó la decisión de trasladar al apelante, ahora quejoso, al diverso centro de reclusión en León, sino su padecimiento -hipertensión arterial sistémica-, y que debido a esas circunstancias del centro de reclusión, las que impiden mantener una sana distancia, necesaria para evitar el contagio del virus Sars-Cov2, se consideró actualizado el supuesto previsto en la fracción II del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; esto es, el recurrente fue trasladado por existir riesgo para su integridad y salud, ante la posibilidad de ser contagiado, como parte de un grupo vulnerable. -Con base en lo anterior, expuso la sala penal responsable, es infundado el disentimiento por el que se menciona que se violentó el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, habida cuenta que en la especie se actualizó el supuesto de excepción previsto en el numeral 52 de la codificación recién invocada, el que claramente estatuye la facultad de la autoridad penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, lo que hace evidente lo infundado del agravio cuando menciona que es facultad exclusiva de la autoridad judicial. -Que la sala penal no soslaya la deficiente motivación en que incurrió el juez primario al calificar de legal el traslado impugnado; empero, que dicha alzada comparte el argumento del Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, con relación a la inevitable vinculación entre el hacinamiento existente en el citado centro y el riesgo objetivo para la salud de las personas internas, especialmente las que padecen alguna enfermedad como la que presentó el imputado, hoy quejoso. -Que es indiscutible que la cercanía entre las personas es un factor de riesgo para contraer la enfermedad de que se habla, la cual en múltiples casos desencadena la muerte. Que es notoria, lo que releva de necesidad de prueba, la fatal vinculación a la que se ha hecho alusión. -Que además, las autoridades sanitarias a nivel mundial y nacional han determinado, derivado de la observación científica, la necesidad de evitar la proximidad entre las personas como una forma efectiva de prevención para la reducción del referido contagio y, con ello, la disminución de fallecimientos. Tal circunstancia ha llevado a pronunciamientos jurídicos que constituyen el asidero jurídico que el Comité Técnico del Centro Estatal de Prevención utilizó en su determinación de traslado, bajo la premisa de salvaguardar la salud del apelante, hoy quejoso. -Que es pertinente hacer referencia a la resolución 1/2020 de diez de abril de dos mil veinte dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulada "Pandemia y Derechos Humanos en las Américas" en donde se expone que "Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente la Pandemia del Covid 19, los estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo tales como . personas privadas de la libertad ."; de igual modo, acotó la sala penal, que resulta procedente acudir al "Pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República Mexicana, frente a la pandemia por Covid 19", realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. -Que el fundamento anterior y los datos proporcionados por la autoridad penitenciaria sobre el exceso de personas internas en el centro de reclusión de Celaya -seiscientas doce personas en un espacio reservado solo para cuatrocientos seis-, información que no fue cuestionado y que muestra el hacinamiento existente en dicho lugar, aunado a la mayor vulnerabilidad y riesgo en que se ubica el apelante Ignacio Muñoz Gómez por padecer hipertensión arterial sistémica, son motivos suficientes para justificar el traslado ordenado por la autoridad administrativa porque con ello se tiende a garantizar el derecho a la protección de la salud como lo mandata el artículo 4° constitucional. -Que dicha protección constitucional se robustece con el contenido del artículo 18 de la propia constitución, habida cuenta que el derecho humano a la salud se reconoce también como un medio para lograr la reinserción social, lo que exige su protección legal; que por ello, el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge los derechos que tienen constitucionalmente reconocidos las personas privadas de la libertad, entre ellas, el derecho a la protección de su salud. -Con relación al derecho alegado por el imputado relativo a permanecer cerca de su domicilio durante la tramitación de su proceso penal y que por ello el traslado conculca ese derecho, la sala consideró que tal prerrogativa no es absoluta, dado que se encuentra supeditada a los casos y condiciones que establezca la ley, tales como delincuencia organizada e internos que requieran medidas especiales de seguridad. Que en el caso no se trata de un sentenciado, sino de un procesado; sin embargo, en la intención del legislador al establecer las bases para la reinserción social se incluyeron supuestos de excepción a ese derecho las que por mayoría de razón también son aplicables a personas que se encuentran procesadas en centros de reclusión, circunstancia esta última por la que es desacertado argumentar el logro de su integración a la sociedad. Por lo expuesto, acotó la sala, la decisión recurrida es apegada a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que, en términos de los artículos 131 y 135 de la citada Ley Nacional de Ejecución calificó de infundados los agravios y por tanto confirmó la resolución apelada. Ahora bien, lo expuesto revela que en la decisión reclamada se hizo alusión a las disposiciones legales que le dan competencia para conocer y resolver el recurso de apelación; también hizo un análisis de los agravios presentados en el medio de impugnación ordinario planteado; se expresaron las normas legales aplicables, los hechos y las razones por las cuales consideró que la providencia apelada fue dictada conforme al principio de legalidad. Luego, contrario a lo discutido por la parte quejosa, la resolución reclamada goza de fundamentación y motivación; sin que pueda exigirse a la sala penal mayor amplitud o abundancia a la contestación de agravios de la parte apelante ahora quejosa, para tener por colmada la obligación de fundar y motivar la reclamada determinación. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia I.1º.C. J/1, de rubro y texto: "FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN. Si bien el artículo 16 de la Constitución General de la República consagra las garantías de fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso, debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada. Al igual que la jurisprudencia I.1º.T J./40, de rubro y texto: "MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los numerales legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá conducir a la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación, lo que no acontece cuando la autoridad responsable señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para absolver de lo reclamado." Además, del examen a la resolución reclamada en forma destacada, este operador jurídico de amparo estima que fue dictada conforme Derecho, pues la responsable realizó un análisis suficiente para establecer con exactitud su consideración de confirmar la decisión recurrida en apelación. Acertadamente la sala penal responsable determinó que no se conculca al quejoso del derecho humano de permanecer recluido en un centro de reclusión cercano a su núcleo familiar conforme al artículo 18 constitucional. Ello, porque si se pondera el citado derecho con el diverso a la salud, es concluyente que en la especie debe prevalecer este último porque procura mayor beneficio al agraviado al situarse por encima de otros valores jurídicos la vida y la salud de los gobernados; pues es claro que existe riesgo objetivo para la integridad y la salud del quejoso, por dos factores fundamentales, el exceso de población interna en el Centro Estatal de Prevención Social de esta localidad -circunstancia que en sí hace latente la posibilidad de incrementar los contagios-, y la condición médica del agraviado, específicamente, que padece de hipertensión arterial sistémica, circunstancia que lo ubica en un grupo altamente vulnerable en caso de contagio de COVID-19, con riegos de afectación severa a su salud e incluso alto riesgo de muerte. Lo que precede, hace patente que, como correctamente lo adujo la sala penal responsable, en el caso se actualizó la hipótesis de traslado excepcional contenido en la fracción II, del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; pues dicho traslado se autorizó al considerar los efectos exponenciales de la pandemia provocada por el virus Sars-Cov2 en el centro de reclusión de esta ciudad, en el que originalmente se encontraba el ahora quejoso, para de manera preventiva y debido a su condición médica -enfermo de hipertensión arterial sistémica-, determinar su traslado al diverso Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en León, procurando así la protección de su salud y vida. En otro aspecto, la invocación de las tesis y jurisprudencias en el escrito de demanda, es insuficiente para el fin pretendido por la parte quejosa, toda vez que no pueden servir de sustento a los conceptos de violación, pues estos resultaron ineficaces para el fin pretendido, acorde a lo expuesto en párrafos que preceden. En las relatadas condiciones, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados en vía de consecuencia, por no haberse combatido por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a *****, en contra de los actos de las autoridades, que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último punto considerativo de esta sentencia.
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