Ignacio Mucio Salinas Dávila
Expediente 2035/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2035/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ignacio Mucio Salinas Dávila
Actuaciones
- Principal
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE EL CITADO AUTO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES;SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO....
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por *****, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este órgano de control constitucional en proveído de dos de diciembre del año en curso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano; para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Así, este juzgador advierte que en el caso particular, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con lo establecido en el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen:.... De acuerdo con el primer precepto legal transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio constitucional, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de improcedencia de la acción constitucional, y con el fin de no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, estableció una regla que justifica la improcedencia del juicio de amparo, con base en diversas reglas establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por su parte, el segundo numeral citado, establece que para los efectos del juicio de amparo tendrá el carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, incluso, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ochenta y nueve, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso, de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso se duele de la retención de su sueldo, aguinaldo, bono y demás percepciones que como servidor público devenga en la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco. De igual manera, se aprecia que el solicitante de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que hasta el momento no ha renunciado al cargo que ostenta como servidor público y que no tiene conocimiento de que exista un procedimiento administrativo en su contra, agregando que su jefe superior únicamente ha realizado "mobbing" en su contra (foja 17). Además, se tiene a la vista el estado que guarda el juicio de amparo 1765/2019-IV de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, el cual fue consultado a través del sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y será tomado como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que destaca que las autoridades Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, Titular de la Fiscalía General de la República y el Titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, llamadas por el quejoso en su libelo inicial de demanda como responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, esto es, señalaron que no existe un procedimiento administrativo seguido en contra del aquí quejoso. Por tanto, resulta evidente que el peticionario reclama prestaciones de índole laboral, y por lo tanto, la conducta desplegada por las autoridades señaladas como responsables, se encuentran inmersas en una relación jurídica de coordinación, por lo que no puede considerarse que actúen con el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, tomo II, número de registro 2011298, de texto y rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Para una mejor comprensión, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han establecido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Bajo tales premisas, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, los actos que realicen las autoridades que fueron señaladas por el quejoso como responsables, derivados de la relación existente entre éstas y el impetrante, deben entenderse inmersas en la última de las hipótesis señaladas, es decir, relaciones de coordinación, ya que en tales circunstancias, las autoridades que fueron señaladas como responsables no actúan con el imperio característico de los actos de autoridad, sino como si fueran un particular en una relación jurídica de coordinación. Lo anterior, ya que el apartado B, del artículo 123 constitucional, establece las bases que rigen las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, incluso, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general, en las cuales se coloca al Estado, en una posición jurídica similar a la de un patrón. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 10/90 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y dos, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución." Igualmente, la tesis 2a. L/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Tomo IV, Octubre de 1966, página 315, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE UNA SECRETARIA DE ESTADO, CON SUS TRABAJADORES, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. De lo dispuesto por los artículos 123, apartado "B", parte inicial, de la Constitución, 1o., 2o. y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o., 2o. y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que si los organismos federales no son descentralizados, sino desconcentrados y, por tanto, quedan comprendidos dentro de una Secretaría de Estado del Ejecutivo Federal, ha de considerarse que conforme al último de los preceptos invocados, corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de los conflictos laborales en que sea parte alguno de dichos organismos desconcentrados." Así como, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 314, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDA LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta conforme al indicado ordenamiento." En esa tesitura, debe señalarse que el acto que reclama la parte promovente, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues las señaladas como autoridades responsables, no obran con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Asimismo, por identidad de razón, la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 164, Tomo VIII, Octubre de 1991, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja interpuesto en contra del auto de desechamiento dictado dentro del juicio de amparo indirecto 607/2019-IV, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz.
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Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por***********Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como el juicio 2035/2019-II-2 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes**********Previo a acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este tribunal federal realiza el siguiente análisis: El artículo 112 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiarla para verificar que se colmaron los requisitos que marca la ley en cita, y que no existan irregularidades en la misma; así, entre los requisitos que marca la ley de la materia, se encuentran los previstos en su artículo 114, fracciones I y II, que señalan lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; (.)." Por su parte, el artículo 108, fracción V, de la mencionada ley, señala lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Ahora bien, en confrontación de los normativos citados con la demanda de garantías, se obtiene que la parte quejosa no colmó lo previsto en tales preceptos legales. Ello es así, debido a que la demanda que nos ocupa carece de una relación de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con relación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; dado que si bien, la parte quejosa indica claramente que se duele de la retención de su sueldo, aguinaldo, bono y demás percepciones que como servidor público devenga en la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, omite señalar si la relación de trabajo subsiste, es decir, si la retención de los referidos emolumentos deriva de algún procedimiento administrativo seguido en su contra, o en su caso, de la posible baja o cese en el puesto que desempeñaba el mismo. Ya que para decidir sobre la procedencia del presente juicio, debe atenderse a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad vertidas en la demanda de amparo, por ser los únicos elementos con que cuenta para proveer. De igual manera, en caso de resultar procedente el mismo, al analizar sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, este juzgador podrá en un análisis ponderado de constitucionalidad, establecer si la privación del salario implica la violación de un derecho fundamental establecido en el artículo 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prevención En consecuencia, antes de proveer sobre la admisión de la demanda presentada a fin de cumplir con los requisitos previstos en la aludida fracción normativa del artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II y 112 del ordenamiento legal citado, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, por escrito al que acompañe las mismas copias que adjuntó a su demanda, y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: Precise si la retención de sueldo, aguinaldo, bono y demás percepciones que como servidor público devengaba el quejoso Ignacio Mucio Salinas Dávila en la Fiscalía General de la República en el Estado de Tabasco, deriva de algún procedimiento administrativo seguido en su contra, o en su caso, de la posible baja o cese en el puesto que desempeñaba el mismo. La anterior consideración se sustenta en la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Requerimiento de que las manifestaciones se realicen bajo protesta de decir verdad. Asimismo, se le hace saber al promovente del amparo, que dado que se requiere que realice manifestaciones, bajo protesta de decir verdad, deberán ser desahogadas de manera personalísima por quien promovió la demanda (Ignacio Mucio Salinas Dávila) y que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta en su escrito aclaratorio serán confrontadas con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XXIV, Materia Común, de Julio de 2006, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Así como la tesis número II.2o.P.51 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 781, tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DELITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 211, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. El delito que prevé el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo es un delito que para que se configure debe ser intencional, pues si bien es cierto que tal figura no exige un resultado, también lo es que la omisión o afirmación de un hecho falso es con la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, es decir, dicho delito requiere que la omisión o alteración de los hechos sea con la finalidad y dañada intención de obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, la protección constitucional, además de que la falta de su señalamiento o alteración sea indispensable para que trascienda al resultado del fallo, lo que constituye el elemento subjetivo del tipo penal; por lo que al no quedar acreditada la firme intención dolosa de obtener una sentencia favorable a sus intereses, y que dicha omisión no constituye antecedente del acto reclamado, sin el cual no se hubiera podido resolver el juicio constitucional, no se actualizan los elementos del tipo penal que para ello prevé precisamente el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo." Apercibimiento Se apercibe al promovente que de incumplir con la prevención precisada dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Domicilio y autorizados. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta.
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