Ignacio Movis Duràn

Expediente 595/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
595/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Movis Duràn

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Se ordena devolver al Juez Primero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, copia certificada de las constancias que integran la causa judicial 324/2018-3, y un disco versátil digital DVD, de los cuales se ordenó su guarda por separado en un tomo, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Finalmente, como se advierte en la certificación, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no se giró el oficio correspondiente al Licenciado Israel Antonio Montiel López, en su carácter de defensor del quejoso IGNACIO MOVIS DURÁN, a fin de comunicarle la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a ello, gírese oficio al Licenciado Israel Antonio Montiel López, por conducto del Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social de Gobierno del Estado, haciendo de su conocimiento el contenido de la referida resolución, debiendo anexar copia simple de la misma; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por oficio al defensor citado. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el secretario de juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por la autoridad responsable Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa que con fecha seis de diciembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento en la causa judicial 324/2021 instruida contra el quejoso * * *, por acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, anexando copia certificada del disco versátil digital que contiene dicha actuación. Vistas las constancias que integran el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a Ignacio Movis Durán, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Director del Centro de Prevención y Readaptación Social del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, de quienes demandó la prisión preventiva decretada el once de julio del año en curso, dentro de la causa penal 324/2021; y, el auto de vinculación a proceso emitido dentro de la misma causa penal 324/2021, por el delito de homicidio culposo. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno se tuvo a la autoridad responsable, rindiendo su respectivo informe justificado, mediante el cual aceptó el acto que se le reclama. Por oficio 5019, recibido en este juzgado de Distrito en esta fecha, con registro 19232, el Juez responsable hizo del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional que el seis de diciembre del año en curso, decretó el sobreseimiento en la causa judicial 324/2021 instruida contra el quejoso * * * por acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Y para corroborar su dicho remitió copia auténtica del disco versátil digital que contiene dicha actuación. Así una vez impuesta esta resolutora de las constancias remitidas por la responsable se advierte que en audiencia de acuerdo reparatorio de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgador de origen en el minuto 03:04 dio el uso de la voz a la defensa de la parte ahora quejosa y en la cual manifestó, que habían acordado entre las partes una salida alterna, mediante acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato y expuso que consistía en la cantidad de $440,000.00 (cuatrocientos cuarenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), reparación de daño material y moral por medio de cheque 0591335 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno a favor de la ofendida, el cual con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno acudió al Ministerio Público a efecto que le fuera entregado dicho numeral y en la misma data se dio por reparada en su totalidad del daño, y en ese sentido solicitó fuera aprobado el acuerdo reparatorio, el Agente del Ministerio Público, manifestó que había condiciones para la celebración de dicho acuerdo, y en ese sentido el asesor jurídico de la parte ofendida manifestó que se encontraban de acuerdo y solicitaban fuera aprobado dicho acuerdo reparatorio y cumplido el mismo y en ese sentido en la misma audiencia el Juez responsable en el minuto 10:12 aprobó en sus términos el acuerdo reparatorio y como consecuencia de ello decretó el sobreseimiento de la causa judicial y en ese sentido decretó la libertad del imputado aquí quejoso. Una vez expuesto lo anterior, se destaca que el artículo 631, fracción V, de la Ley de Amparo, faculta a esta juzgadora, en cualquier momento de la sustanciación del presente juicio de amparo, analizar causa que se actualice y que origine la improcedencia del juicio constitucional, sin que sea obstáculo la circunstancia de haber admitido la demanda en su oportunidad. Una vez precisado lo anterior, se estima que debe sobreseerse en el presente asunto, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII2 , del artículo 61 de la Ley de Amparo, causal que no amerita mayor interpretación, pues de su literalidad se evidencia que, para que se actualice, es necesario que el quejoso exprese su consentimiento con el acto reclamado. Ahora, los artículos 184 y 186, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: I. El acuerdo reparatorio, y II. La suspensión condicional del proceso. Artículo 186. Definición Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal." Sobre el tema, cabe destacar que los acuerdos reparatorios son un medio autocompositivo, pues se celebran entre la víctima u ofendido y el imputado, cuyo fin es convenir la reparación de las consecuencias causadas por la comisión de un hecho considerado como delito, el cual una vez aprobado por el Ministerio Público o el Juez de Control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, respecto de delitos que afectan bienes jurídicos disponibles, de carácter patrimonial, que consisten en afectaciones menos graves o constituyen delitos culposos. En este sentido, las partes pueden suscribir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido, esto es, cuando la obligación adquirida, se cumple en el plazo establecido para tal fin. Asimismo, la suspensión del proceso a prueba también es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia, genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. En tal contexto, los acuerdos reparatorios y la suspensión del proceso a prueba, constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal, que si bien no dejan de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren, como presupuesto, el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. Expuesto lo anterior y conforme a la narración de hechos efectuada en párrafos precedentes, en el caso se tiene que la parte quejosa reclamó en su escrito de demanda la prisión preventiva decretada el once de julio del año en curso, dentro de la causa penal 324/2021; y, el auto de vinculación a proceso emitido dentro de la misma causa penal 324/2021, por el delito de homicidio culposo. Posteriormente, el Juez de Control, informó que en audiencia celebrada el seis de diciembre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso y la víctima citada, llegaron a un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato y, derivado de ello, decretó el sobreseimiento de la causa judicial y ordenó la inmediata libertad del ahora quejoso. En consecuencia, si el quejoso, accedió a suscribir una solución alterna, en el caso, la terminación anticipada del proceso penal, mediante un acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, ello entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso que señaló como acto reclamado, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna, debe entenderse para todos los efectos legales. Ello es así, porque el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Al respecto, es aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, página 461, registro digital 2014495, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la misma normatividad, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese y por oficio o correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; a las autoridades responsables y tercero interesado; y al Licenciado Israel Antonio Montiel López, por conducto del Director de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídico Social de Gobierno del Estado.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que con fecha veinticinco de noviembre del año en curso, se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en Turno, en el Estado de México con Residencia en Naucalpan de Juárez, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se emplace al tercero interesado José Daniel Ortiz Hernández; Asimismo, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial enviada identificada con el número de orden 375/2021 y origen 371/2021, con la finalidad de indagar a qué autoridad correspondió diligenciarla, se advierte que correspondió conocer de la misma al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En tales condiciones, para dar margen a que llegue dicha comunicación oficial, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín que autoriza y da fe.

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