Ignacio Moreno López

Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
358/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Moreno López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, punto 3, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original de este incidente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo, pues se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva; por tanto, se destruirán las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 21 antes invocado, procédase a la destrucción del original del expediente dentro de los treinta días siguientes y deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo 358/2022-IV, promovido por Ignacio Moreno López; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz y turnado el veinte del referido mes y año a este órgano jurisdiccional, Ignacio Moreno López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, los que hizo consistir en: ( La interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dictada en el juicio ordinario civil 657/2020 del índice de la responsable, mediante la cual se declara improcedente la reclamación planteada y se confirma la pensión alimenticia provisional inicialmente fijada, del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, aquí quejoso. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el once de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, y el catorce del citado mes y año, este Juzgado dictó sentencia, en la que, se concedió al referido quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto aquí reclamado atribuido a la autoridad responsable. TERCERO. Inconforme con tal resolución, la tercero interesada Irasema Hernández Hernández, interpuso recurso de revisión, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien por oficio número oficio C-445, de seis de diciembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 312/2022 de su índice, en la que la referida superioridad, determinó lo siguiente: ".PRIMERO. Se tiene por desistida a Irasema Hernández Hernández del recurso de revisión número 312/2022 interpuesto contra la sentencia pronunciada el catorce de julio de dos mil veintidós, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en el juicio de amparo 358/2022. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida." CUARTO. En proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar residente en Veracruz, Veracruz, para que diera cumplimiento a la sentencia amparadora en sus términos. QUINTO. Una vez recabado el informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora, con las constancias anexas en copias certificadas, las cuales tienen plena eficacia convictiva, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; se dio vista a las partes, misma que no desahogaron, no obstante, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En la ejecutoria dictada por este Juzgado, y confirmada por la Superioridad, se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz: ".a) Deje insubsistente la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio ordinario civil 657/2020; y, b) En su lugar, dicte otra, con plenitud de jurisdicción, en la que fundada y motivadamente resuelva lo que en derecho corresponda, pero analizando y valorando todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el reclamante, los cuales fueron previamente destacados, y las pruebas documentales ofrecidas por el demandado en su reclamación, así como las que obren hasta ese estadio procesal..." Por su parte, mediante oficio 31, recibido en este Juzgado el seis de enero del año en curso, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio ordinario civil 657/2020-X, de la que se advierte que, dejó insubsistente la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitió otra, con plenitud de jurisdicción, en la que previo análisis y valorando todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el reclamante y las pruebas documentales ofrecidas por el demandado en su reclamación, así como las que obraban hasta ese estadio procesal, fundando y motivando, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y confirmó el monto de la pensión alimenticia fijada en auto de catorce de julio de dos mil veinte, consistente en el cuarenta por ciento de la pensión jubilatoria que percibe el demandado. Estableciendo al efecto el juez de origen, en relación a los agravios que expresó el demandado, aquí quejoso Ignacio Moreno López, que resultaban improcedentes, ya que, en cuanto a lo argumentado en el sentido de que la actora no manifestó la imposibilidad para allegarse los alimentos, estableció que, no exhibió probanza alguna que acreditara que la actora, se podía allegar de sus propios alimentos; asimismo, en relación al agravio consistente en que debía atenderse a las particularidades del caso concreto, ya que la actora se encontraba inmiscuida en el ramo laboral, ya que el primero de septiembre del año dos mil siete fue su patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de registro F30161581 O, de acuerdo a la impresión de semanas cotizadas que ella misma exhibió, lo que adujo se corroboró con el estado de cuenta emitido por la Institución Bancaria HSBC MÉXICO S.A., ofreciendo el demandado para acreditar sus agravios, las documentales consistentes en el acta de matrimonio expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Veracruz, impresión de semanas cotizadas por el IMSS, estado de cuenta bancario emitido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUTUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, a los cuales les otorgó la responsable valor probatorio pleno, en términos de los artículos 235, fracciones II, III, VII, 261 fracción IV, 330, 337 de la Ley Procesal Civil, el juez de responsable determinó que la actora sí cumplió con la carga procesal que imponía el artículo 210 del Código Procesal Civil, para percibir una pensión alimenticia provisional, ya que había acreditado el vínculo de afinidad que la unía con el demandado, en carácter de cónyuge, y que de ese vínculo emergían derechos y obligaciones entre los cónyuges, como eran los alimentos, en términos del diverso 233 de la Ley Sustantiva Civil, aunado a que, de acuerdo a los datos aportados en el acta de matrimonio, se verificó que los contendientes eran personas de la tercera edad, y que al momento de haberse presentado la demanda, estos, ya contaban con treinta y nueve años de matrimonio, y que de acuerdo a lo citado por la accionante en los hechos de su demanda, dependió del demandado durante todos esos años, por lo que, al tratarse de una adulta mayor, al contar con sesenta y cuatro años de edad, el juez de origen estimó que, tenía a su favor la presunción de necesitar alimentos, señalando que, máxime que, su cónyuge (demandado) sí contaba con un trabajo remunerativo, por la actividad desarrollada, de acuerdo a las documentales que ofreció la actora en su escrito de demanda, consistentes en la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, expuso el juez natural que, si bien, el demandado refirió que la actora obtenía ingresos propios producto de la actividad laboral que ella desarrollaba como patrón, y de la constancia de semanas cotizadas del IMSS, a nombre del demandado, no sólo aparecía la actividad laboral desarrollada y el salario base de cotización diario ($206.87), sino también, los movimientos por historial laboral, apareciendo, durante el periodo del 01/09/2007 al 10/09/2008, con un salario base de cotización por la suma de $209.04 pesos; estimó que, con ello no se prescindía del estado de necesidad que tenía la actora, ya que, ese dato en específico, era del año dos mil siete al dos mil ocho, transcurriendo entre ese último año y la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al juicio natural, un periodo de once años once meses aproximadamente, por tanto, consideró que, el hecho de que, la actora apareciera con el carácter de patrón durante ese periodo, no desvirtuaba el estado de necesidad que acreditó de manera indiciaria, ni justificaba que continuara teniendo el carácter de patrón en la actualidad, pues incluso el mismo demandado corroboró lo expuesto la actora, en el sentido de que él fue, quién se ocupó de los gastos médicos que generó la actora por la afectación de salud que presentó, lo que llevó al Juzgado del orden común a establecer que el demandado, era el encargado del sostenimiento económico de la actora, por ende, consideró ineficaz el argumento de que la actora contaba con ingresos propios, como producto de una actividad empresarial, ya que, la prueba ofrecida por la propia accionante y que hizo suya el demandado, resultaba ineficaz a éste último, para comprobar que la actora no acreditó el estado de necesidad indiciario. Así también, por lo que respecta al argumento del demandado, aquí quejoso, de que la actora percibía depósitos por concepto de dinero a su cuenta bancaria, exhibiendo al efecto dos estados de cuenta, denominado como "flexible con chequera" a nombre de la actora, correspondiendo ambos al mismo periodo, en el que aparecen tres depósitos realizados los días quince y veintinueve de abril por diversas cantidades, verificándose los cargos que le fueron realizados como erogaciones, apareciendo como depósitos/abonos, la suma de $20,200.00 (veinte mil doscientos pesos 00/100 M.N.), y por concepto de saldo final, la suma de $16,185.72 (dieciséis mil ciento ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.), consideró que, con ello, no se podía establecer que la actora se encontrara realizando una actividad empresarial, y que además, no debía soslayarse, lo expuesto por la actora en su demanda, al referir que, ante el incumplimiento de su esposo, había tenido que andar pidiendo prestado para sufragar sus alimentos y gastos propios de su hogar, confesión que, el juzgador natural, determinó valorar conforme a lo dispuesto por el artículo 320 de la Ley Procesal de la materia, aunado a que, consideró que el demandado, no acreditó circunstancia diversa a la que citó la actora, de que ella tiene que pedir dinero prestado, estimando por ello ineficaz el citado argumento de que la actora contaba con ingresos propios. De igual manera, la responsable, en lo concerniente a que al momento de decretarse la pensión alimenticia no se atendieron las particularidades del caso, señaló que sí fue analizado, comenzando con los años que tenían los aquí contendientes como cónyuges (treinta y nueve años aproximadamente), que ambas partes eran personas de la tercera edad, que la actora refirió ser dependiente económico del demandado, y que de acuerdo a la constancia de semanas cotizadas, se justificó que el demandado percibía ingresos propios, obteniendo un salario diario de $2,061.87 (dos mil sesenta y un pesos 87/100 Moneda Nacional), así como también, que la actora exhibió un contrato de arrendamiento de quince de octubre de dos mil diecinueve con cuatro recibos de dinero, reporte de ecocardiograma, fotocopia de diagnóstico de colostomía, emitido por la doctora Carmen Elena Castillo Segura, medios de convicción a los cuales les otorgó valor probatorio indiciario, conforme a lo previsto por los diversos 210, 235 fracción III, 330 de Ley Procesal, determinando que, con ello, quedaba justificado que la actora generaba gastos de habitación, al encontrarse arrendando un bien inmueble, el cual habitaba, por la cantidad de cinco mil pesos mensuales, así también, del estado de cuenta bancario que exhibió la actora, manifestó la responsable que, se observaron los gastos por concepto de cable, gas, y que sus padecimientos de salud, correspondientes al año dos mil once y dos mil dieciocho fueron en clínicas privadas, los cuales fueron sufragados por el seguro que le fue proporcionado por su cónyuge (demandado), sin que éste último hubiera acreditado que se encontrara proporcionando seguro de gastos médicos mayores en favor de su cónyuge, ni que erogara gastos por ese concepto, señalando que, máxime que, la contratación de un seguro de gastos médicos mayores por parte el deudor alimentario era insuficiente para tener por cubierto el rubro de atención médica, pues con el citado contrato, no se cubrían todas las necesidades básicas relativas a la salud, por lo que, estimó que, al no haber acreditado el demandado ninguno de los hechos que adujó en relación a proporcionar a su cónyuge un seguro de gastos médicos mayores, ni estar erogando cantidad cierta por ese concepto, sus manifestaciones carecían de validez para lo pretendido, sin que soslayara que la actora, acreditó de forma indiciaria el entorno social en el que se venía desenvolviendo, así como las costumbres que tenía en su hogar y primordialmente que se trataba de una persona que se encontraba en la tercera edad. Del mismo modo, la responsable, en relación a lo referido por el demandado, en el sentido de que, a pesar de los ingresos que percibe la actora, él ha cumplido con la aportación quincenal para los gastos de su casa y que le proporciona a la actora para uso personal un vehículo Nissan, tipo Pathfinder, estableció que no exhibió probanza alguna para acreditar que ha estado proporcionando el rubro de alimentos, además de que el cumplimiento voluntario no resultaba ser el medio idóneo para la procedencia de su recurso. Por su parte, por lo que respecta a lo citado por el demandado en el sentido de que, él laboró para la empresa Servicios Administrativos ARA DCD S.A. DE C.V., nueve años, ciento siete días, y de acuerdo al informe que rindió la citada empresa, al haberse dado por terminada la relación laboral, recibiría la cantidad bruta de $253,567.00, (doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y siete pesos cero centavos moneda nacional) pero que después de efectuarse los descuentos correspondientes, la cantidad a pagar sería de $117,509.78 (ciento diecisiete mil quinientos nueve pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional), y que dentro de los descuentos ya se encontraba la pensión alimenticia ordenada por ese juzgado, cuyo monto equivalía a la suma de $82,490.22 (ochenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos con 22/100 M.N), y que la actora en un día recibió el esfuerzo de toda la vida laboral y que eso era injusto; consideró la responsable, que si bien, el demandado ofreció como prueba para acreditar su agravio la documental consistente en el escrito signado por Andrés García Gutiérrez presentado en oficialía de partes de ese Juzgado el doce de agosto de dos mil veintiuno, mismo que le otorgó valor probatorio, conforme a lo previsto por los diversos 235 fracción III, 239, 337 de la Ley Procesal en consulta, quedando justificada la terminación laboral entre el demandado y la citada empresa, y que derivado de esa conclusión laboral el demandado percibiría una cierta cantidad y que se le efectuaron los descuentos correspondientes, en el que se encontraba el pago de la pensión alimenticia en favor de la aquí actora, por la cantidad que citó el disidente, el hecho de que la actora hubiera percibido esa cantidad, era atendiendo al pago único que se realizó al demandado por la terminación laboral, y que la cantidad equivalía al porcentaje establecido como pensión provisional, quedando con ello, garantizado el rubro de alimentos en favor de la actora, para que de esa forma se garantizara su subsistencia; por lo que, por ello, estimó ineficaz el argumento que expuso el recurrente al encontrarse decretado el porcentaje de forma legal. También, en lo tocante al hecho de que el demandado manifestó que es jubilado y no le alcanza, dado que se encontraba viviendo en un lugar diverso al de la actora, y que por ello, debía pagar luz, agua, comida, ropa, calzado, e incluso que requería de dinero para su recreación y esparcimiento, exhibiendo para ello, dos recibos de informe de pago signados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de uno de octubre y tres de noviembre del año dos mil veintiuno, a nombre del demandado, así también, ofreció como prueba el oficio número 159001410100/C(V/U2962/2021, dirigido a ese Juzgado, presentado ante oficialía de partes el veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, misma que hizo suya, a las que les otorgó la responsable, valor probatorio, conforme a lo previsto por los diversos 235 fracción III, 330, 337 de la Ley procesal adjetiva de mérito. Refirió, el juez de origen que, con las documentales ofrecidas por la parte demandada, esto es, el informe que rindió el Jefe de la Oficina de la Delegación Regional del Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, se demostraba la capacidad económica del demandado, quien obtenía, con la pensión por vejez, la cantidad de $61,381.84 (sesenta y un mil trescientos ochenta y un pesos 84/100 M.N.) mensuales; así también, que se le realizaban descuentos por concepto de préstamos por parte de dos entidades financieras por la cantidad de $17,529.31 (diecisiete mil quinientos veintinueve pesos 31/100 M.N.), el descuento por ISR en razón de $2,940.88 (dos mil novecientos cuarenta pesos 88/100 M.N.), que de acuerdo a los recibos de pago exhibidos en el recurso que se analizaba, se verificó que en el mes de octubre del año dos mil veintiuno, el descuento que se realizó al demandado, de la pensión por vejez, fue por la cantidad de $11.048.74 (once mil cuarenta y ocho pesos 74/100 M.N.) mensuales, así también, se constató que el préstamo que se le realizaba de la financiera Fortaleza era por la suma de $3,807.41 (tres mil ochocientos siete pesos 41/100 M.N.), que las prestaciones que obtuvo el demandado en ese mes, fue por la suma de $36,829.15 (treinta y seis mil ochocientos veintinueve pesos 15/100 M.N.), por concepto de deducciones la cantidad de $17,797.03 (diecisiete mil setecientos noventa y siete pesos 03/100 M.N.), quedándole un alcance líquido por la cantidad de $19,032.12 (diecinueve mil treinta y dos pesos 12/100 M.N.), que en el mes de noviembre del año dos mil veintiuno, el demandado obtuvo como percepciones la suma de $68,854.50 (sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), por concepto de deducciones la suma de $51,764.94 (cincuenta y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 94/100 M.N.), que en ese mes el descuento por concepto de pensión alimenticia fue en razón de la cantidad de $20,656.35 (veinte mil seiscientos cincuenta y seis pesos 35/100 M.N.), por concepto de préstamo en financiera en ese mes se le realizó, por la cantidad de $13,721.90 (trece mil setecientos veintiún pesos 90/100 M.N.). y por concepto de l.S.R. por la cantidad de $17,386.69 (diecisiete mil trescientos ochenta y seis pesos 69/100 M.N.), quedándole al demandado en ese mes una vez efectuados descuentos legales y personales, la cantidad neta de $17,089.56 (diecisiete mil ochenta y nueve pesos 56/100 M.N.). Señalando, la responsable que, para establecer la pensión alimenticia, debía ser tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario percibía, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario, y que los derechos personales derivados de las necesidades alimentarías, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente, como era el préstamo de la "Financiera Fortaleza", al tratarse de una deducción adquirida de carácter personal, por lo que señaló que, la citada deducción, no podía disminuirse, al establecer el monto de la pensión, ni las demás que devengan como préstamos personales. Exponiendo además, la responsable, que si bien, el demandado refería que al vivir en un domicilio diverso le generaba gastos propios para su subsistencia, la actora desde que instó la demanda, manifestó que su contrario ya no vivía con ella, así también, expuso que el demandado tenía su centro de trabajo en la Ciudad de México, al haber estado laborando en la empresa Servicios Administrativos ARA DCD, S.A. de C.V.; por tanto, consideró que al ser un notorio que no necesitaba ser acreditado conforme a lo previsto por el artículo 232 segundo párrafo del Código Procesal Civil del Estado, que el demandado debía generar gastos propios para su subsistencia, ello fue tomado en consideración, al momento de establecer la pensión alimenticia provisional en el auto inicial, además, que el demandado sólo se limitó a referir que tenía gastos personales propios, sin acreditar que los gastos que efectuaba se contrapusieran con la pensión alimenticia provisional, ni que la cantidad que le quedaba después de los descuentos legales le fueran insuficientes para sufragar sus gastos personales, reiterándole que los préstamos de índole personal y los descuentos que se le realizan al demandado de la "Financiera Fortaleza", no podían repercutir en perjuicio de la parte acreedora alimentaria, estableciendo que por ello, no se encontraba acreditado por el demandado, que se le estuviera ejerciendo violencia económica, ya que justificó que los ingresos que obtenía de la pensión jubilatoria le fueran insuficientes. Concluyendo la responsable por todo ello, al haber sido improcedentes los agravios que hizo valer el demandado, la pensión alimenticia provisional decretada sí cumplía con la proporcionalidad que establecían los artículos 239 y 242, del código civil, estimando justo y equitativo confirmar el monto de la pensión alimentaria, fijada en el auto de fecha catorce de julio de dos mil veinte, consistente en el cuarenta de la pensión jubilatoria que percibe el demandado natural, aquí quejoso. En consecuencia, este Juzgado estima que se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo en sus términos, ya que la autoridad responsable, dejó insubsistente la determinación reclamada de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar emitió otra, con plenitud de jurisdicción, en la que previo análisis y valorando todos y cada uno de los argumentos hechos valer por el reclamante y las pruebas documentales ofrecidas por el demandado en su reclamación, así como las que obraban hasta ese estadio procesal, fundando y motivando, determinó declarar improcedente la reclamación planteada y confirmó el monto de la pensión alimenticia fijada en auto de catorce de julio de dos mil veinte, consistente en el cuarenta por ciento de la pensión jubilatoria que percibe el demandado. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 358/2022-IV promovido por IGNACIO MORENO LÓPEZ, se encuentra cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, atendiendo a que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió copias fotostáticas certificadas del juicio ordinario civil 657/2020 de su índice, constantes de doscientas sesenta y dos fojas útiles, mismas que se conservaron de manera separada en un tomo de pruebas; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservando las mismas, remítanse al referido Juzgado, solicitándole el correspondiente acuse de recibo. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Notifíquese vía electrónica a la parte tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable, y por lista electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al quejoso, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLCION QUE DICE: Téngase por recibido el escrito signado por Pedro Olea Breton, por medio del cual, refiere que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dejó de ser abogado del quejoso Ignacio Moreno López y por ello, su domicilio procesal no está autorizado para recibir comunicados personales dirigidos al citado quejoso, motivo por el cual remite el aviso de notificación realizada al quejoso en relación al proveído de nueve de enero de este año. En tales condiciones, visto el estado que guarda el presente juicio y en atención a la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso Ignacio Moreno López a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se ordena la notificación de la presente determinación y del acuerdo de nueve de enero del año en curso, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos con fundamento en el primer párrafo de la fracción II, del artículo 27 de la ley de la materia hasta en tanto subsane la omisión correspondiente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa y vía electrónica a la tercera interesada, hágase entrega de las constancias respectivas.

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