Ignacio Moreno Bañaga

Expediente 1025/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1025/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Moreno Bañaga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: Destruir el presente expediente, al ser un juicio que desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de once de septiembre de dos mil veinticuatro, dejado junto con copia del auto de referencia, en el domicilio procesal de la parte quejosa*****, por lo que se ordena la notificación del auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, presuntamente promovida por *********; fórmese el expediente electrónico y físico, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese con el número 1025/2023- III-D. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del Juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Destacado lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3 y 5, fracción I, del mismo ordenamiento; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 18/01/24 16:52:23 (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.).". En efecto, de los numerales transcritos, se desprende, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser promovido a instancia de parte agraviada; esto es, la persona física o moral a quien le afecte el acto. Por su parte, el numeral 6 de la Ley de Amparo establece que la parte quejosa podrá promover juicio de amparo a través de representante legal, apoderado, defensor en materia penal o cualquier persona en casos específicos que prevé dicho ordenamiento legal, como lo es en el caso de menores de edad, discapacidad, mayor sujeto a interdicción (artículo 8 de la Ley de Amparo) o tratándose de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 15 de la Ley de Amparo). No obstante, cualquier que sea el caso, todo escrito presentando en un procedimiento judicial debe ser firmado o contener la huella dactilar de su autor o sus autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial porque a través de dicha firma o huella dactilar, se exterioriza la expresión de la voluntad del promovente para instar la instancia constitucional, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales. "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, acorde con tales preceptos, la falta de firma o huella dactilar se traduce en la falta de interés jurídico o legítimo de la parte quejosa para promover el juicio. ? Caso concreto. Ahora, en el caso que nos ocupa, de la certificación de cuenta se advierte que el escrito inicial de demanda que instó el presente juicio constitucional no fue firmada y/o plasmada la huella dactilar de su promovente **************es la huella dactilar que obra al calce del mismo (y las nueve copias que acompañó) se trata de una simple impresión en fotocopia; situación que no puede considerarse como una "irregularidad", en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; pues como se dijo, el diverso numeral 6 de la Ley de la Materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general reclamada. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". 3 Visible en la página 241, Tomo I, Segunda Parte -1, Enero de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." De tal suerte que, la demanda presentada en esos términos -sin firma autógrafa o sin huella dactilar-, no obliga al órgano jurisdiccional a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado por el peticionario de amparo; o bien, con su huella dactilar, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza ni las consecuencias inherentes a la misma. En esas condiciones, si la demanda de amparo que se atiende no contiene la expresión de la voluntad del promovente -pues no contiene su huella dactilar, sino que la que obra al calce de la misma se trata de una simple impresión-, siendo que, como ya se dijo, todo escrito presentando en un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o sus autores o contener su huella dactilar, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial porque a través de dicha firma o huella dactilar, se exterioriza la expresión de la voluntad de la parte promovente para instar la acción constitucional; de tal manera que su ausencia, convierte la promoción en un documento anónimo o privado de autenticidad; es inconcuso que el libelo constitucional de cuenta debe desecharse por carecer de la huella dactilar del promovente de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, se invoca por analogía el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro 2009142, visible en la página 2154 del Libro 18, correspondiente al mes de Mayo de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado 4 Visible en la página 146, Tomo VI, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Consecuentemente, al no cumplirse en el caso particular con el principio de instancia de parte agraviada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por su manifiesta e indudable improcedencia. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315 del tomo X, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA." DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en A*******. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente

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