Ignacio Mendoza Oropeza

Expediente 1607/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1607/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Mendoza Oropeza

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno único del incidente de suspensión. Sin que se pase inadvertido el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, toda vez que, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, por sentencia definitiva de veintinueve de septiembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación al punto especificado de la sentencia emitida en el presente juicio es decir: "1. Realizar todas las gestiones inherentes a efecto de que se materialice lo ordenado en la ejecutoria del juicio agrario ********************/2013, lo que implica obligar mediante las atribuciones y facultades legales al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado y Director del Registro de la Propiedad en el Estado, ambos con sede en esta ciudad, a dar cabal cumplimiento con la citada sentencia, así como vigilar que atienda los requerimientos que al efecto le haga. ". Por su parte, en el mismo plazo requiérase al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional: "2. Dar puntual cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario ********************/2013, así como dar respuesta a la solicitud de trámite que la parte quejosa le planteó el nueve de marzo de dos mil veinte, debiendo informar todos los trámites con relación a ese procedimiento de ejecución, hasta el cabal cumplimiento de la sentencia de mérito." Y en cuanto al Director del Registro de la Propiedad en el Estado: "3. Tildar los asientos registrados en el tomo ********************, asimismo, tildar el contrato de donación pura y simple y a título gratuito que realizó ...... a favor de ********************, el veintiséis de febrero de dos mil trece, inscrito con el número ********************, libro de propiedad correspondiente a Zinapecuaro, Michoacán." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa a la autoridad responsable de que se trata, por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia; aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y consignación. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Titular del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, así como al Gobernador del Estado de Michoacán en cuanto superiores jerárquicos para que ordenen a la Delegación del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, así como al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán respectivamente, cumplan con la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no demostrar que dieron la orden, se les impondrá una multa por el equivalente a cien a mil Unidades de Medida y Actualización, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables. Luego, atento a que en términos del artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los Tribunales Agrarios no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Magistrado responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". Por otra parte, tomando en consideración que resulta innecesario el cuaderno de pruebas que remitió la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad, devuélvase el mismo a su lugar de origen, solicitando acuse el recibo de estilo correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, agréguese el escrito signado por el quejoso ********************; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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