Ignacio Mendoza Jiménez
Expediente 617/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Mendoza Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y negado la suspensión tanto la provisional como la definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*
- Principal
Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 617/2019-IX, promovido por Ignacio Mendoza Jiménez, por propio derecho, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad capital; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, a través del portal electrónico, Ignacio Mendoza Jiménez promovió demanda de amparo, por propio derecho, en contra de la autoridad señalada supralíneas, de quien reclamó los actos que precisó de la siguiente manera: ".Respecto de la autoridad responsable denominada Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo (a), reclamo el artículo UNDÉCIMO TRANSITORIO del Decreto de 19 de febrero de 2019, por el cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por haber sido emitido en violación al principio de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .Respecto de la autoridad responsable denominada Septuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo (a), reclamo: el Decreto de 10 de mayo de 2019, mediante el cual emite la convocatoria a participar para la elección de cinco Consejeros Ciudadanos de la Fiscalía General para el Estado de Michoacán , como primer acto de aplicación del diverso artículo transitorio UNDÉCIMO TRANSITORIO del Decreto legislativo 123, por haber sido emitido en violación al principio de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Actos que el quejoso consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5º, 13, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramitación. Por razón de turno el conocimiento del asunto le correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; por ese motivo, mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó registrar el caso como el expediente 287/2019-IX; se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el ocho de julio pasado, en los términos asentados en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por reclamarse normas cuya aplicación podría verificarse dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la tesis, invocada conforme a lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del mismo cuerpo normativo, P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que los actos reclamados a las autoridades responsables son los siguientes: El proceso legislativo del que derivó el artículo undécimo transitorio, del decreto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, Como primer acto de aplicación, el Decreto de 10 de mayo de 2019, mediante el cual emite la convocatoria para participar en la elección de cinco Consejeros Ciudadanos de la Fiscalía General para el Estado de Michoacán. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán aceptó la existencia de los actos reclamados. Luego, válidamente puede colegirse que son ciertos los actos que se combaten en el presente asunto, debido a que el actuar de la autoridad responsable se encuentra probado por el hecho de que sus actos forman parte de un procedimiento legislativo y de elección, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no es objeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Cimienta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; ello en virtud de que el examen de las causales de improcedencia previstas por la propia Ley de Amparo, es de orden público. Tal razonamiento se ve robustecido por las tesis que se reproducen a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En este sentido, al rendir su respectivo informe justificado, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión adujo que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; pues, en su decir, no existe evidencia de que los actos reclamados le irroguen algún perjuicio a la esfera jurídica del peticionario del amparo. Tal aserto resulta infundado. Para evidenciar lo anterior, conviene destacar que los artículos aludidos supralíneas son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." De las porciones normativas transcritas se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)." Como se observa, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas a través del criterio que se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización y rubro se insertan en seguida: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." La jurisprudencia referida sustenta los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requerir de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causa perjuicio a la persona física o moral que sea sujeto del impuesto, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que, las leyes heteroaplicativas: 1) Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. 2) Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia inmediata anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. Nacen con ella misma. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Sentado lo anterior, a efecto de determinar si se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por las citadas autoridades responsables, en principio, debe dilucidarse si los actos combatidos son de individualización incondicionada, esto es, que no se encuentran sujetos a que el nacimiento de sus consecuencias jurídicas se someta a la realización de algún acto o hecho jurídicos posteriores a su entrada en vigor, o si, por el contrario, requiere de dicho evento. Para ello, conviene señalar que el dispositivo reclamado prevé lo siguiente: "UNDÉCIMO. El Congreso del Estado y el Fiscal General, respectivamente, publicarán las convocatorias relativas al titular del órgano interno de control y a los consejeros ciudadanos del Consejo Consultivo, en un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Quienes hayan participado como aspirantes a Fiscal General no podrán ser designados consejeros ciudadanos." Como se observa, el precepto reproducido establece esencialmente que: 1. A partir de la publicación de la ley vigente, tanto el Congreso del Estado, como el Fiscal General, se encuentran facultados para emitir convocatorias para la elección del titular del órgano interno de control y de los consejeros ciudadanos que integren el Consejo Consultivo; y, 2. Que no podrá designarse como consejeros ciudadanos a aquellas personas que hayan participado como aspirantes a Fiscal General del Estado. Tales circunstancias, patentizan que el artículo Undécimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, por su sola vigencia no produce una afectación concreta en la persona o patrimonio del justiciable, sino que es una norma de carácter heteroaplicativo, ya que para su materialización en la esfera jurídica del gobernado es necesario un acto de aplicación en el que se actualice lo siguiente: a) Que se emita una convocatoria para la elección de consejeros ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo; y, b) Que se niegue la posibilidad de ser electa como consejero ciudadano a determinada persona, con motivo de haber participado como aspirante para Fiscal General del Estado. Es así, porque no basta que una persona afirme que determinada norma afecta su esfera jurídica o que le irroga una merma a sus derechos fundamentales, sino que resulta indispensable que se acredite que la norma que se pretende combatir fue aplicada al peticionario del amparo, o al menos, que sus circunstancias actualizan alguna de las hipótesis de aplicación. Ahora, en la especie, de ningún modo puede considerarse que la sola entrada en vigor de la norma impugnada irrogue alguna afectación a la esfera jurídica de las personas en lo general; sino que, en el caso, para considerar que el dispositivo legal que se pretende combatir fue aplicado al peticionario del amparo, resultaba necesario que se acreditara tanto la emisión de una convocatoria para la elección de consejeros ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, que se hubiere negado el acceso al procedimiento de elección a determinada persona y, que el motivo para ello, fuese que anteriormente participó como aspirante para Fiscal General. Luego, en el caso, resulta factible considerar que, el aquí quejoso, Ignacio Mendoza Jiménez carece de interés jurídico o legítimo para promover el presente juicio de amparo; porque no acreditó que se le hubiere aplicado la norma que pretende combatir, ni siquiera que sus circunstancias hubieren actualizado la hipótesis de aplicación. Lo anterior, porque si bien existe prueba el diez de mayo del año que transcurre, el Congreso del Estado de Michoacán publicó, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la convocatoria para la elección de cinco Consejeros Ciudadanos de la Fiscalía General del Estado; lo cierto es que no existe prueba de que, el aquí peticionario del amparo, Ignacio Mendoza Jiménez hubiere presentado solicitud como aspirante al cargo antes mencionado; tampoco existe prueba de que dicha solicitud hubiere sido rechazada, mucho menos de que el motivo del rechazo hubiere sido que, con antelación, participó como aspirante a Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo. Es decir, aun cuando no sea motivo de controversia la existencia de la convocatoria respectiva; la realidad es que no existe evidencia de que Ignacio Mendoza Jiménez hubiere desplegado alguna acción a través de la cual expresara su deseo de participar en el procedimiento de selección de consejeros ciudadanos; ni siquiera existe prueba alguna de que anteriormente el aquí quejoso hubiera participado como aspirante para Fiscal General del Estado y que por ese motivo se encontrare impedido para participar en el proceso de selección de consejeros ciudadanos. De hecho, las únicas probanzas aportadas por el peticionario del amparo fueron las siguientes: Impresión de la publicación de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, del Periódico Oficial, relativa al Decreto 123 del Congreso del Estado, a través del cual se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (fojas 12 a 20); Impresión de la publicación de diez de mayo de esta misma anualidad, del Periódico Oficial, relativa al acuerdo 184 del Congreso del Estado, a través del cual emite convocatoria: "A la sociedad en general, a participar para la elección de cinco Consejeros Ciudadanos de la Fiscalía General." (foja 21); Copia de un título de licenciado en derecho expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a favor de Carlos Iván Martínez Rosas; Copia de la cédula profesional 2742550, expedida por la Secretaría de Educación Pública a favor del aquí quejoso Ignacio Mendoza Jiménez; Copia del acta de nacimiento del mismo peticionario del amparo; y, Copia amplificada de la credencial para votar con clave de elector MNJMIG71011616H100, expedida por el otrora Instituto Federal Electoral a favor de Ignacio Mendoza Jiménez. Como se observa, ninguno de los documentos aportados por el peticionario del amparo resulta eficaz para acreditar que el ahora promovente del amparo participó como aspirante para Fiscal General del Estado, mucho menos para evidenciar que hubiere presentado solicitud para ser tomado en cuenta en el procedimiento de selección de Consejeros Ciudadanos; de hecho, ninguno de los documentos privados exhibidos por el peticionario del amparo se encuentra relacionado con algún procedimiento de selección. No pasa inadvertido que en la parte final de la demanda que dio génesis al expediente que se resuelve, el aquí quejoso indicó lo siguiente: "Se adjuntan al presente escrito de interposición de demanda de amparo, los siguientes documentos como parte del caudal probatorio, respecto de los cuales, para los efectos del inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la SCJN y el CJF, manifiesto bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra de sus correspondientes en físico: 1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en original del acuse de recepción de documentación de mi postulación al cargo de Fiscal General del Estado, recibido en la Presidencia del H. Congreso del Estado de Michoacán." (El énfasis es añadido). Sin embargo, contrario a lo indicado por el solicitante de la protección constitucional, dicha documental no obra entre los anexos de la demanda, pues, como se indicó, los únicos documentos aportados por el peticionario fueron los descritos con antelación. Tampoco se inadvierte que, al rendir su informe justificado, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán indicó lo siguiente: ".sin demostrar un agravio personal y directo el quejoso, quien en todo momento y etapa del procedimiento vio respetados sus derechos."; y, que dicha circunstancia podría generar incertidumbre respecto a que el ahora solicitante del amparo, participó en el procedimiento de selección de consejeros ciudadanos o no. Sin embargo, de las constancias aportadas por la responsable, como cimiento de su informe justificado, se obtiene que sólo fueron presentadas veintidós solicitudes de aspirantes para la elección de consejeros ciudadanos; y que ninguno de los solicitantes fue Ignacio Mendoza Jiménez, aquí quejoso (fojas 38 a 42). Además, aun en el caso de que eventualmente se considerase que el aquí quejoso sí participó en el citado proceso de selección, lo cierto es que no estaría demostrado que se le negó el acceso, se le descalificó o no resultó vencedor, por la razón específica de haber participado previamente en la elección de fiscal estatal. Por ende, al no haber acreditado que se le negó el acceso al procedimiento de selección de Consejeros Ciudadanos de la Fiscalía General del Estado, con fundamento en el artículo Undécimo Transitorio, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; ni siquiera que sus circunstancias actualizaran la hipótesis prevista en el dispositivo legal antes señalado y que, por ese motivo, no le hubiera sido factible participar en el procedimiento de selección indicado supralíneas; válidamente puede afirmarse que Ignacio Mendoza Jiménez carece de interés jurídico o legitimo para ocurrir al juicio de amparo, precisamente porque no acredita que exista un acto de aplicación de la norma, mucho menos que, por su sola entrada en vigor, el precepto legal combatido le hubiere irrogado perjuicio en su esfera jurídica. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia que se inserta en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. Amparo en revisión 56/2016. Silvia Marcela Martínez Vivanco. 5 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. Amparo en revisión 523/2018. Sergio Murguía Aguirre y otros. 12 de septiembre de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Eduardo Romero Tagle y Marco Tulio Martínez Cosío. Amparo en revisión 506/2018. Juan Luis Hernández Salas y otros. 3 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. Amparo en revisión 761/2018. Luis Enrique Fernández Mejía y otros. 30 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Adriana Carmona Carmona. Tesis de jurisprudencia 51/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 08 de marzo de 2019 a las 10:11 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de marzo de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En suma, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de esta capítulo, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio en que se actúa. Luego, al haberse declarado el sobreseimiento del asunto, quien esto provee se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra del acto reclamado. Cimienta lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." QUINTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en los autos del juicio de amparo promovido por Ignacio Mendoza Jiménez, por propio derecho, contra los actos que reclamó del Congreso del Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy trece de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de julio de dos mil diecinueve. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que en proveído de veinticinco de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado que rindió el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y, toda vez que el plazo de ocho días para que éstas se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Ignacio Alvarez Alcauter403/2021
- Ignacio Eduardo Alejandro Navarro Frias892/2018
- Ignacio García Aguilar409/2020
- Ignacio Garcilazo Acosta1234/2021
- Ignacio González Paz275/2016
- Ignacio Gutiérrez López629/2020
- Ignacio Mendoza Oropeza1306/2022
- Ignacio Mendoza Oropeza377/2023
- Ignacio Molina Ponce978/2015
- Ignacio Moreno Martínez1257/2023
- Ignacio Moreno Martínez1282/2023
- Ignacio Ochoa Guzmán712/2020