Ignacio Medrano Duque

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Medrano Duque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del comunicado 11781/2023, a través del cual se le devolvió un cuaderno de pruebas consistente en los autos originales del expediente 114/2020 del índice de la citada responsable. Cúmplase.

  2. Principal

    Se ordena la devolución del tomo de pruebas formado en autos, sin que haya necesidad de solicitar al juzgado el acuse de recibo de su recepción, puesto que, se tendrá como tal, el sello de recibido por parte del órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico, de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Finanzas, de esta ciudad, a través del cual en atención al requerimiento contenido en proveído de tres de mayo pasado, informa que se programó el pago a favor de la quejosa para los últimos cinco días hábiles del mes de agosto del presente año, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito presentado por Jorge Armando Tello Delgado, endosatario en procuración de Ignacio Medrano Duque; en tal virtud, se le tiene dando cumplimiento a la prevención contenida en auto de veinte de abril del año en curso. DEMANDA Visto el escrito de demanda de amparo y diverso aclaratorio, presentados por Jorge Armando Tello Delgado, endosatario en procuración de Ignacio Medrano Duque, contra actos del Juez Primero Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales, se provee; DESECHAMIENTO DE DEMANDA A efecto de proveer lo conducente, se hace necesario traer a contexto lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del numeral acabado de transcribir, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso, el juicio de amparo deviene improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, interpretada en sentido contrario, del numeral 107 de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio cuyos efectos carezcan de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 189, que aparece publicada en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia o laudo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en ninguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el expediente de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que ésta fuese adversa, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. Ahora bien, en el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado lo es: el desahogó de prueba confesional de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, y la declaración de confeso, del absolvente Ignacio Medrano Duque, dentro del expediente 114/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; lo cual no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en tal acto reclamado, pues de acuerdo a las reflexiones precedentes, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la determinación que constituye el acto reclamado lo es desahogó de prueba confesional de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, y la declaración de confeso, del absolvente Ignacio Medrano Duque, dentro del expediente 114/2020 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para la emisión de la sentencia definitiva. Lo anterior, en virtud de que el acto aquí reclamado no puede ser combatido de forma autónoma o aislada a través del juicio de amparo indirecto, pues para ello habrá que esperar que se produzca la resolución final del mismo, contra la cual se podrán plantear todas las eventuales inconformidades que la parte inconforme pudiera tener sobre el trámite de dicho procedimiento, así como la legalidad de todos y cada uno de los actos que lo originaron. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 4a. 12, de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Página 335, Materia Común, Registro 207992, Octava Época, que dice: "PRUEBAS, ADMISION DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACION PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento. Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 6/94, que sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, Tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de rubro y texto: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juez señalado como responsable, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia definitiva es adverso a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Se invoca en lo conducente la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS, VIOLACIONES PROCESALES EN MATERIA CIVIL EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN, DESECHAMIENTO Y RECEPCIÓN DE. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO DIRECTO. La fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo se refiere a la recepción de pruebas y no a su admisión; sin embargo, cabe decir que esa misma fracción se debe aplicar, por analogía, como lo permite la fracción XI del mismo precepto, al caso de la admisión de pruebas, lo mismo que a su desechamiento, porque como el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, obviamente el sentido de la sentencia definitiva que pronuncie el juzgador dependerá de las pruebas que le rindan las partes. Esto quiere decir que todo lo relacionado con la prueba afecta las defensas de las partes, trascendiendo al resultado del fallo, y cuando éste les es adverso, obviamente les debe quedar expedito su derecho para llevar su inconformidad hasta el superior jerárquico en la apelación y en el orden constitucional hasta los Tribunales Federales que conozcan del amparo directo." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto reclamado. Apoya la conclusión de mérito, conforme lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

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