Ignacio Martínez Villafaña
Expediente 246/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ignacio Martínez Villafaña
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos *************, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el ********del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede ARCHIVARLO DEFINITIVAMENTE, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, nueve de abril de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a *****, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y actos que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la cédula B-III-1 en Tlalnepantla, Estado de México. ACTO RECLAMADO La negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso la cantidad de $211,000.00 (doscientos once mil pesos moneda nacional), previa solicitud que ingresó dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0000376/2021, de su índice. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, se estima actualizada en el presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que no se cumplió con el principio de definitividad. Para tal efecto, debe mencionarse que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;". De tales preceptos transcritos se advierte que el juicio es improcedente cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Así, una vez contrastado el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se colman los supuestos de la causal de improcedencia que se enuncia. En principio se actualiza la primera de las hipótesis, ya que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa, a saber: Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-III-1 en Tlalnepantla, Estado de México. En cuanto a la segunda, el numeral 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Adicionalmente, en la exposición de motivos de la iniciativa del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció que el Ministerio Público llevaría la conducción de las investigaciones bajo la supervisión y autorización de un Juez de Control, quien sería el encargado de aprobar y dar seguimiento de las diligencias y medidas cautelares necesarias para la investigación de los delitos, es decir, el Juez de Control sería quien tuviera a cargo, desde la presentación del imputado, durante la investigación por parte del Ministerio Público, la formulación de la acusación y hasta el auto de apertura del juicio oral, el cual sería llevado a cabo por otro Juez distinto; y en el momento en que el inculpado sea designado al Juez de Juicio Oral, el Ministerio Público dejará de ser investigador para convertirse en acusador. En esas condiciones, la Constitución así como la ley adjetiva, dan la oportunidad de impugnar las determinaciones de la autoridad ministerial investigadora, esto es: Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar. El archivo temporal. La aplicación de un criterio de oportunidad El no ejercicio de la acción penal Hecha la precisión anterior, en el caso concreto la parte quejosa en esta vía, reclama: La negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso la cantidad de $211,000.00 (doscientos once mil pesos moneda nacional), previa solicitud que ingresó dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0000376/2021, de su índice. Acto reclamado que es impugnable mediante el medio de defensa que establece el numeral 258 del Código Nacional antes citado. Luego, si el señalado medio de impugnación, posibilita que se analicen los actos reclamados, indefectiblemente esa circunstancia puede llevar a que se modifique o revoque el proceder de la autoridade que se reclama. Así las cosas, es manifiesto que el justiciable, previo a intentar el juicio de amparo, debió interponer contra el acto reclamado el medio de impugnación establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, empero, como no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con ello se actualiza la causal de improcedencia en comento. Cierto, en la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si la autoridad investigadora comete omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las omisiones o determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando la autoridad investigadora es omisa o negligente en cumplir con sus funciones de investigación, y en el caso, como consecuencia la omisión de investigar respecto del delito de que se trata. De lo que se concluye que el Juez de Control debe revisar las decisiones u omisiones en el curso de una investigación, a efecto de que determine si tal actuación es ilegal o no, y ordene a la autoridad correspondiente, de ser el caso, a que lleve a cabo las diligencias que sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, para lo cual la parte inconforme debe promover el medio de impugnación correspondiente. Lo anterior es así, porque el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación de los actos reclamados. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Es menester precisar el concepto de resolución definitiva, como requisito sine qua non, que con el carácter de principio regulador del juicio de amparo, se requiere para su procedencia e interposición. Ciertamente, por resolución definitiva debe entenderse la última, o sea la que ponga fin al asunto, que no sea susceptible de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. De ahí que los actos que aquí se reclaman, como ha quedado precisado, no tienen el carácter de definitivos, puesto que dichos actos deben estar sujetos a la aprobación del Juez de Control correspondiente, respecto al medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se considera así, pues en el caso no se actualiza algún supuesto de excepción de los previstos en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que en la especie se impugnan: La negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso la cantidad de $211,000.00 (doscientos once mil pesos moneda nacional), previa solicitud que ingresó dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0000376/2021, de su índice. Por lo que como se dijo, previamente a la promoción del amparo se debió agotar el medio de impugnación antes citado, para cumplir con el requisito de definitividad y hacer procedente la acción constitucional, pero como no fue así, tal omisión entraña la improcedencia del presente juicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se DESECHA la presente demanda de amparo. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que, el acto reclamado es impugnable mediante el medio de defensa que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba hacerse alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para efectuarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene el correo que proporciona el promovente, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. AUTORIZACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de esta determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, del acuerdo de nueve de abril del año en curso, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y cuyo acuerdo dice: "...Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, nueve de abril de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a *****, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y actos que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la cédula B-III-1 en Tlalnepantla, Estado de México. ACTO RECLAMADO La negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso la cantidad de $211,000.00 (doscientos once mil pesos moneda nacional), previa solicitud que ingresó dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0000376/2021, de su índice. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, se estima actualizada en el presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que no se cumplió con el principio de definitividad. Para tal efecto, debe mencionarse que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;". De tales preceptos transcritos se advierte que el juicio es improcedente cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Así, una vez contrastado el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se colman los supuestos de la causal de improcedencia que se enuncia. En principio se actualiza la primera de las hipótesis, ya que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa, a saber: Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-III-1 en Tlalnepantla, Estado de México. En cuanto a la segunda, el numeral 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.)" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Adicionalmente, en la exposición de motivos de la iniciativa del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció que el Ministerio Público llevaría la conducción de las investigaciones bajo la supervisión y autorización de un Juez de Control, quien sería el encargado de aprobar y dar seguimiento de las diligencias y medidas cautelares necesarias para la investigación de los delitos, es decir, el Juez de Control sería quien tuviera a cargo, desde la presentación del imputado, durante la investigación por parte del Ministerio Público, la formulación de la acusación y hasta el auto de apertura del juicio oral, el cual sería llevado a cabo por otro Juez distinto; y en el momento en que el inculpado sea designado al Juez de Juicio Oral, el Ministerio Público dejará de ser investigador para convertirse en acusador. En esas condiciones, la Constitución así como la ley adjetiva, dan la oportunidad de impugnar las determinaciones de la autoridad ministerial investigadora, esto es: Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar. El archivo temporal. La aplicación de un criterio de oportunidad El no ejercicio de la acción penal Hecha la precisión anterior, en el caso concreto la parte quejosa en esta vía, reclama: La negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso la cantidad de $211,000.00 (doscientos once mil pesos moneda nacional), previa solicitud que ingresó dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0000376/2021, de su índice. Acto reclamado que es impugnable mediante el medio de defensa que establece el numeral 258 del Código Nacional antes citado. Luego, si el señalado medio de impugnación, posibilita que se analicen los actos reclamados, indefectiblemente esa circunstancia puede llevar a que se modifique o revoque el proceder de la autoridade que se reclama. Así las cosas, es manifiesto que el justiciable, previo a intentar el juicio de amparo, debió interponer contra el acto reclamado el medio de impugnación establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, empero, como no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con ello se actualiza la causal de improcedencia en comento. Cierto, en la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si la autoridad investigadora comete omisiones o negligencias en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las omisiones o determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando la autoridad investigadora es omisa o negligente en cumplir con sus funciones de investigación, y en el caso, como consecuencia la omisión de investigar respecto del delito de que se trata. De lo que se concluye que el Juez de Control debe revisar las decisiones u omisiones en el curso de una investigación, a efecto de que determine si tal actuación es ilegal o no, y ordene a la autoridad correspondiente, de ser el caso, a que lleve a cabo las diligencias que sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, para lo cual la parte inconforme debe promover el medio de impugnación correspondiente. Lo anterior es así, porque el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación de los actos reclamados. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Es menester precisar el concepto de resolución definitiva, como requisito sine qua non, que con el carácter de principio regulador del juicio de amparo, se requiere para su procedencia e interposición. Ciertamente, por resolución definitiva debe entenderse la última, o sea la que ponga fin al asunto, que no sea susceptible de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. De ahí que los actos que aquí se reclaman, como ha quedado precisado, no tienen el carácter de definitivos, puesto que dichos actos deben estar sujetos a la aprobación del Juez de Control correspondiente, respecto al medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se considera así, pues en el caso no se actualiza algún supuesto de excepción de los previstos en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que en la especie se impugnan: La negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso la cantidad de $211,000.00 (doscientos once mil pesos moneda nacional), previa solicitud que ingresó dentro de la carpeta de investigación FED/MEX/TLAL/0000376/2021, de su índice. Por lo que como se dijo, previamente a la promoción del amparo se debió agotar el medio de impugnación antes citado, para cumplir con el requisito de definitividad y hacer procedente la acción constitucional, pero como no fue así, tal omisión entraña la improcedencia del presente juicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se DESECHA la presente demanda de amparo. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que, el acto reclamado es impugnable mediante el medio de defensa que establece el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba hacerse alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para efectuarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes para seguir la tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene el correo que proporciona el promovente, como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. AUTORIZACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de esta determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa. Lo anterior para los efectos conducentes. Doy fe.
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