Ignacio Martínez Sánchez
Expediente 202/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ignacio Martínez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de veintisiete de abril del año en curso, dentro del recurso de queja 59/2023 la cual en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por **, a través de *** autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de ampro indirecto 202/2023-3. Notifíquese". Se confirma la recepción de oficio 3181/2023 de su índice y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes. Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase al Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de ********************interpuesto bajo el número ********************de su índice, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por ***, en su carácter de autorizada de la parte quejosa *** a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En ese orden, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 101 y 102 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55, lo siguiente: El acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juico ********************/20252 instaurado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo por el cual la responsable de manera ilegal e indebida no tuvo como demandadas a todas las señaladas por el quejoso y tomó las prestaciones reclamadas de manera no solicitada. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Bajo esa óptica, este órgano estima actualizada la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal, siendo que en el caso los actos reclamados fueron suscitados dentro de juicio que no son de "imposible reparación". Primeramente, conviene citar el contenido de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente desde el tres de abril de la citada anualidad, los cuales señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:[.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y Ley de Amparo: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." De los preceptos anteriores se observa, que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto ********************procederá en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de "imposible reparación". Los actos que se consideran de esta naturaleza son aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte y que la afectación que generan no sea susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable porque ésta recae sobre cuestiones meramente formales. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales propiamente dichos, se entendiera que esos actos para ser calificados como de "imposible reparación" necesitaran producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no ********************que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Dicha interpretación, fue dispuesta por la Corte a partir de las dos condiciones que el legislador estipuló para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento a que refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En otras palabras, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el gobernado sufre una afectación en los mismos estos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, pueden ser reclamados a través de las violaciones procesales sufridas mediante amparo directo de acuerdo con el inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional y los artículos 171, 172 y 173 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis P./J. 37/2014 (10a.) visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con número de registro 2006589 y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser tal ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no ********************que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Entonces, si el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del juico ********************/20252 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo por el cual la responsable de manera ilegal e indebida no tuvo como demandadas a todas las señaladas por el quejoso y tomó las prestaciones reclamadas de manera no solicitada, es evidente que su trascendencia dependerá del sentido de la resolución que ponga fin al juicio de origen, pues en caso de que ésta sea contraria a los intereses del quejoso, el acto aquí reclamado se traducirá en una violación procesal reclamable en amparo directo; de tal suerte que, es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo al tenor del artículo 172, fracción XII de la Ley de Amparo. De ahí que, el acto reclamado no pueda considerarse como de "imposible reparación" porque no trae como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza sustantiva de manera inmediata, ya que sus efectos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable dentro del expediente agrario de origen. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 113, 172, fracción XII y demás relativos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Se aplica a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 117/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 159, de rubro y texto: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo." Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Además, el que se deseche de plano la demanda de amparo, de ninguna forma implica que se estén transgrediendo los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, ya que esas prerrogativas se encuentran plasmadas en la Constitución Federal para los particulares y no para las personas morales oficiales investidas de imperio. Es aplicable, en lo conducente, la tesis III.1o.A.3 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el siguiente rubro: "PROTECCIÓN JUDICIAL. ESE DERECHO HUMANO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, SE DIRIGE A PARTICULARES (PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS) Y NO A PERSONAS MORALES OFICIALES (AUTORIDADES)." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y en términos del artículo 12 de la misma Ley ********************a en ********************, virtud de que si se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta y a las demás personas que menciona en términos restringidos del citado numeral. Se autoriza la consulta del presente expediente; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "********************", en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto o anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Notifíquese personalmente a través del usuario proporcionado.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Ignacio Hernandez Sanchez1904/2022
- Ignacio Jimenez Gonzalez253/2016
- Ignacio Leyva Nieto1238/2023
- Ignacio Madrid Lozada242/2022
- Ignacio Magos Hernández1795/2022
- Ignacio Martínez Pelcastre909/2023
- Ignacio Neri Cazares657/2021
- Ignacio Pérez Hernández631/2022
- Ignacio Perez Vargas1098/2017
- Ignacio Pérez Vargas224/2020
- Ignacio Tinajero Escobar907/2020
- Ignacio Ulises Cruz Ramirez549/2019