Ignacio Martínez Sánchez y Otros.

Expediente 104/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
104/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Martínez Sánchez y Otros.
  • Ignacio Martínez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    (4) Agréguese el escrito signado por ***, en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del Comisariado Ejidal del Ejido de *******, mediante el cual solicitan se tenga por señalados como autorizados en términos restringidos a las personas que indican en el de cuenta. Sin embargo, toda vez que en proveído de dos de febrero de la presente anualidad, se tuvo al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, informando que se avocó al conocimiento de la competencia planteada el veinticinco de enero del año en curso por este juzgado federal; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que derive del presente, remítase el escrito precitado a ese órgano jurisdiccional, previa copia que del mismo se deje en autos para constancia. Finalmente, se autoriza al Secretario firmar los oficios que deriven del presente.

  2. Principal

    (4) Agréguese el escrito signado por ***, en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del ****, mediante el cual solicitan se tenga por señalados como autorizados a las personas que indican en el de cuenta. Ahora, toda vez que en proveído de dos de febrero de la presente anualidad, se tuvo al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, informando que se avocó al conocimiento de la competencia planteada el veinticinco de enero del año en curso por este juzgado federal; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que derive del presente, remítase el escrito precitado a ese órgano jurisdiccional, previa copia que del mismo se deje en autos para constancia. Finalmente, se autoriza al Secretario firmar los oficios que deriven del presente.

  3. Principal

    (4) Agréguese el escrito signado por ..., autorizada en términos amplios de la parte quejosa ...., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del Comisariado Ejidal del Ejido de Michimaloya, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, mediante el cual solicita no le sea reconocida la personalidad al supuesto nuevo comisariado que califica de espurio. Ahora, toda vez que en proveído de dos de febrero de la presente anualidad, se tuvo al Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, informando que se avocó al conocimiento de la competencia planteada el veinticinco de enero del año en curso por este juzgado federal; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, mediante oficio que derive del presente, remítase el escrito precitado y anexos a ese jurisdiccional, previa copia que del corcuso se deje en autos para constancia. Finalmente, se autoriza a la Secretaria firmar los oficios que deriven del presente.

  4. Principal

    (4) Agréguese el oficio ******************** signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, recibido a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto ..., por los motivos que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa la resolución de veinticinco de enero último, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones personales por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, hasta en tanto señale domicilio cierto y actual para recibir notificaciones. "Pachuca de Soto, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibido el expediente relativo al juicio de amparo indirecto . del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, promovido por .., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del .., contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Acúsese recibo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número .. III. Consideraciones previas (Competencia). Ahora, de la certificación de cuenta se aprecia que en este órgano de control constitucional, no existe algún proceso penal federal, juicio civil federal o algún procedimiento diverso al amparo, promovido por el .., o que se siga en contra de éste, a través del cual se hubieran ordenado los actos que le atribuye a este Juzgado Federal; en consecuencia, a pesar de que la parte quejosa señaló a este órgano jurisdiccional como autoridad responsable, no ha lugar a declararse legalmente incompetente para conocer del presente asunto, en razón de haber sido señalada como autoridad responsable en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que la sola circunstancia de que en una demanda de amparo indirecto se señale como autoridad responsable al Juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no da lugar a declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del juzgador señalado como autoridad responsable es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. A fin de corroborar lo anterior, respecto de los actos reclamados a esta Juzgadora Federal se deben tener en consideración las razones que sirvieron de base para resolver el conflicto competencial 11/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN). En ese asunto, la sala de la SCJN consideró que el desacuerdo entre los tribunales intervinientes no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de la materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. También, la Primera Sala de la SCJN estimó que lo anterior no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer un asunto, ya que previamente debe constatar si el acto recamado deriva de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Así, la Sala de la SCJN determinó que el Tribunal declinante, contrario a lo que consideró, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con la demanda de amparo directo. Concluyó que de lo contario, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por voluntad o equivocación, a determinado órgano judicial a quien le atribuyan el dictado de una sentencia, existente o inexistente, para que quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 constitucional, los tribunales que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar las siguientes directrices: a) De ninguna manera conlleva a que de inmediato decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y solo produce dilación en la impartición de justicia. b) El órgano de amparo está obligado, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél, dado que si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir el acto que se le reclame al tribunal, no puede ser considerado como autoridad responsable, de modo que no existe algún impedimento legal para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, debe prevenir a la parte quejosa para que precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal es plantear el impedimento para conocer del asunto de, por ejemplo, uno o más magistrados integrantes en los casos de un órgano colegiado, se le deberá prevenir para que aclare su petición y, en su caso, exponga las razones en las que las sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b). Las consideraciones anteriores fueron reflejadas en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." El criterio mencionado es aplicable por analogía al caso, debido a que, aun cuando hace referencia a los supuestos en que exista un conflicto entre tribunales colegiados, lo relevante es que en el presente asunto también se señaló como autoridad responsable a este Juzgado de Distrito, sin que en el caso se advierta una razón objetiva para declararse legalmente incompetente, pues como se precisó en la certificación de cuenta, en este órgano de control constitucional no existe algún proceso penal federal, algún juicio civil federal o un procedimiento diverso al amparo, promovido por la moral quejosa o que se siga en contra de la misma, de ahí que no existan los actos que se le atribuyen a este órgano jurisdiccional. Así, atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la SCJN, se considera que no es procedente realizar un pronunciamiento de incompetencia ipso facto, ya que si bien debe evitarse que una autoridad sea juez y parte en el conocimiento de un asunto, también lo es que primero debe verificarse la vinculación que efectivamente pudiera tener el juzgado con los actos reclamados. De modo que, si del escrito inicial de demanda no se advierte algún acto reclamado en el que -con suficiente verosimilitud- pueda ser partícipe este Juzgado de Distrito, no se advierte justificación alguna para no conocer de la demanda de amparo de cuenta. Sin que en el caso, la presente determinación implique la desatención de las siguientes jurisprudencias: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional."1 "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia."2 "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato."3 Ello, en virtud de que son inaplicables al caso, ya que se refieren a los supuestos en que esté demostrado que el acto reclamado fue emitido por el mismo juzgador que conoce del amparo, lo que no acontece en la especie, pues de la certificación de cuenta se desprende la inexistencia de los actos reclamados a este Juzgado de Distrito, aunado a que la parte quejosa no exhibió medio de prueba alguno de que los actos reclamados fueron emitidos por este Juzgado Federal. De igual forma, se estima que no resultan aplicables al caso en concreto, en virtud de que en éstos se analizaron supuestos en donde los actos reclamados eran actuaciones judiciales emitidas por jueces federales en su calidad de instructores de procesos penales federales, y donde no se tenía duda del origen del acto impugnado, de ahí que se concluyó en dichos criterios que resultaba aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Aunado a que, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.) parte de un análisis realizado a la Ley de Amparo vigente, mientras que la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 estudio la Ley de Amparo abrogada, de ahí que su actualice una razón más para no ser exactamente aplicable al presente caso. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegido del Vigésimo Noveno Circuito al resolver el relativo al conflicto competencial número ., a través del cual determinó competente a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo de mérito, a pesar de haber sido señalado con el carácter de autoridad responsable. Sin que lo anterior implique un pronunciamiento respecto a la competencia por territorio propuesta por la autoridad oficiante, pues dada la decisión que se adoptará en párrafos subsecuentes, será el homologo federal al que se remita el asunto por conocimiento previo a quien corresponda pronunciarse al respecto, con la finalidad de no invadir su facultad de decisión. IV. Decisión sobre la acción de amparo. En primer lugar, es oportuno insertar el contenido de los siguientes preceptos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el Sistema de Recepción, Registro y Turno de asuntos; y las consultas de turno, que disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. (.) "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; (.)." Tales dispositivos legales establecen que los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma relacionada, cuando al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Asimismo, son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, las demandas de amparo que se refieran a los mismos actos de autoridad, en cuyo caso se turnará al que tenga el último antecedente del asunto. Caso concreto Destacado lo anterior, los actos reclamados en el presente juicio (104/2023-4), promovido por .., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del .., entre otros, se hacen consistir en: Acto Autoridad - La expedición del artículo 106, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos. - La promulgación del artículo 106, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos. 1.- A la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, señala diversos actos reclamados empero, todos derivados del hecho de que las autoridades responsables les pretenden desposeer de sus tierras, incluso, que la Comisión de Vigilancia del mismo Ejido, pretende destituir a los aquí quejosos y nombrar a otros para que los nuevos nombrados, accedan a la entrega de tierras del citado ejido, con la finalidad de ejecutar la construcción de gasoducto .. Por su parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en el juicio de amparo ., del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, promovido por .., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del ., los actos ahí reclamados, entre otros, son los siguientes: Acto Autoridades - La expedición del artículo 106, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos. - La promulgación del artículo 106, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos. 1.- A la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. 3.- Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Juicio de amparo que actualmente se encuentra en trámite. En el asunto antes precisado, también se reclaman diversas acciones encaminadas a desposeer de las tierras del Ejido quejoso, con la finalidad de ejecutar la construcción del gasoducto .. En tal virtud, es evidente que respecto del juicio de amparo .., del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se actualiza el supuesto de conocimiento previo antes invocado, pues conoció entre otros de los mismos actos aquí reclamados (la expedición y promulgación del artículo 106, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, así como las diversas acciones tendientes a la construcción y operación del gasoducto .., atribuidos a las mismas autoridades responsables, aunado a que se trata de los mismos .., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del .. Lo anterior, máxime que el propio Acuerdo General invocado establece que para el turno de asuntos, por criterio de relación, no es de relevancia si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Además, en relación a la norma reclamada, cabe señalar que la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el oficio SECNO/1726/2019, de uno de julio de dos mil diecinueve, al resolver la consulta formulada por el Titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en lo que aquí interesa determinó lo siguiente: "De los datos anteriores se advierte que en los juicios de amparo .. la misma persona reclama la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de la impugnación de normas generales, entre otros actos. Ahora bien, el artículo 46, fracción IV del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales", dispone que procede la vinculación "cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente de asunto, aunque las partes no seas las mismas". Es importante determinar el alcance de la porción que se refiere a "acto de autoridad" para determinar si se actualiza el supuesto de relación ahí previsto. La intención de la norma consiste en relacionar juicio nuevos cuando un órgano jurisdiccional ya haya estudiado algún antecedente, pues ello fomenta que las decisiones de los órganos sean consistentes con lo resuelto en casos anteriores. En ese sentido, el concepto de "acto de autoridad" previsto en el mencionado artículo 46, fracción IV, incluye casos como el presente, pues uno de los juzgados involucrados en la consulta ya conoció de un antecedente donde está involucrada la misma parte quejosa y donde ésta impugnó la misma norma reclamada. Así pues, el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar debe pronunciarse sobre el nuevo juicio de amparo. De esta forma, se incentiva que, respecto de una misma cuestión planteada, que afecta a la misma persona quejosa, se emitan pronunciamientos congruentes entre sí." De la citada transcripción, se observa que cuando en dos o más demandas de amparo se impugnen normas generales por un mismo quejoso, procede la vinculación de las mismas al que tenga el último antecedente del asunto, pues el citado Juzgado ya conoció de un antecedente donde está involucrada la misma parte quejosa y donde ésta impugnó la misma norma reclamada, debiendo entonces, el órgano jurisdiccional que conoció en primer lugar de pronunciarse sobre el nuevo juicio de amparo, ello con la intención de incentivar que, respecto a una misma cuestión planteada, que afecta a la misma persona quejosa, se emitan pronunciamientos congruentes entre sí. En ese sentido, se reitera que en el caso, al tratarse de la misma parte quejosa en el juicio de amparo . del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, como en el diverso . del índice de este Juzgado Federal, puede hablarse de un mismo acto de autoridad respecto de lo reclamado a las autoridades legislativas, de ahí que se actualice el conocimiento previo y quien deba de conocer del presente asunto, es el citado Juzgado Tercero Homologo. Máxime, que en el diverso juicio de amparo . del índice de este Juzgado Federal, obra el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se remitió dicho asunto por conocimiento previo al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, por considerar que conoció, entre otros, de los mismos actos reclamados en el multicitado juicio biinstancial .. de su estadística (la expedición y promulgación del artículo 106, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, así como las diversas acciones tendientes a la construcción y operación del gasoducto ..), los cuales resultan ser los mismos aquí impugnados, atribuidos a las mismas autoridades responsables, aunado a que se trata de los mismos quejosos .., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente del .., competencia planteada que fue aceptada por el homólogo Tercero mediante auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, lo cual constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia 7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 804, del Tomo XVIII, Octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN"4.  Remisión de autos al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. En consecuencia, remítase al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, el presente juicio de amparo, por estimarse corresponde conocer por razón de turno, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del mismo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de derechos, y del presente proveído. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ., en su calidad de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del .. a. Domicilio. Toda vez que el domicilio de la parte quejosa se ubica fuera del territorio donde ejerce competencia territorial este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, en turno, con residencia en Nezahualcóyotl, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique este acuerdo a la impetrante en el domicilio ubicado en ..; asimismo, en el acto de la notificación antes ordenado, le requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos; finalmente, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, a efecto de que realice la diligencia encomendada, esto con apoyo en los artículos 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a ., y en los restringidos de dicho numeral a .., por así solicitarse expresamente. c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario .. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. XI. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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