Ignacio Martínez Perez

Expediente 1401/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1401/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
18/01/2017

Partes del expediente

  • Ignacio Martínez Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 90 a 96), en el que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1401/2016-V, promovido por Ignacio Martínez Espinoza en nombre de Ignacio Martínez Pérez, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Ignacio Martínez Espinoza en nombre de Ignacio Martínez Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades precisados a continuación: Autoridades responsables: "1. Director del Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez del Estado de México. 2. Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México." Actos reclamados: "a) De la autoridad responsable C. Director del Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez del Estado de México. Reclamo: La incomunicación en que se encuentra mi hijo Ignacio Martínez Pérez y su posible traslado del penal de Santiaguito Almoloya de Juárez en el Estado de México a otro Penal ignorando a cual, pues se encuentra incomunicado mi hijo Ignacio Martínez Pérez. b) De la Autoridad responsable C. Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México Reclamo: La orden de Traslado del Penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez en el Estado de México a otro penal ignorando a cual, pues se encuentra incomunicado mi hijo Ignacio Martínez Pérez". SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. La impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. AUTO ADMISORIO. Previo cumplimiento de prevención, la demanda se radicó con el ordinal 1401/2016-V, de la estadística de este juzgado federal, y en proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite, además, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud que se reclama un acto que afecta la libertad personal del quejoso, emitido por autoridades administrativas cuyo domicilio se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía constitucional consiste en: - Incomunicación (Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez del Estado de México). - La orden de traslado del lugar en que se encuentra a diverso centro de reclusión, así como su ejecución. (Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México). TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez del Estado de México, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama (incomunicación) (foja 38), y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Director General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama (traslado y su ejecución), y agregó que el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se ordenó el traslado del quejoso, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", por medidas de seguridad y por haber autorizado su ingreso el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mediante oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/376823/2016 (foja 27) Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que acompañaron a su informe justificado las autoridades responsables, pues del oficio DGPRS/DTL/TD/0786/2016 de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual la autoridad responsable solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, su anuencia para el traslado de diversos reclusos, entre ellos el quejoso (foja 30 y 31) y una vez contestada favorable la petición, mediante diverso oficio DGPRS/DTL/0784/2016 la autoridad responsable autorizó el egreso del interno en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/37823 de nueve de septiembre del mismo año (foja 32); lo cual fue avalado por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en auto de diecinueve de septiembre del año en curso. Constancias a las que dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2° y con las cuales se tiene por acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Precisado lo anterior, se concluye que en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Gaceta del al Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Octava Época, con número de registro 210784, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, publicada en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, con número de registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso particular, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la quejosa omitió señalar a la autoridad a quien recae el carácter de responsable para efectos del presente juicio de amparo y quien fuera quien autorizó la orden de traslado, es decir, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. A fin de constatar lo anterior, conviene señalar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia ahí contempladas derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de referencia, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo; pero esos supuestos no son los únicos, pues existen otras causas previstas en algunos de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por haberse interpretado disposición de contenido jurídico similar, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 193829, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." En ese orden de ideas, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" De los artículos transcritos se obtiene la obligación del quejoso de señalar a la autoridad o autoridades responsables a quienes se atribuya el acto que se pretenda reclamar en el juicio de amparo, pues en modo alguno podría examinarse la constitucionalidad del mismo, si la autoridad no fue oída en el contradictorio respectivo. Ahora, de las constancias remitidas en complemento al informe justificado, se advierte que mediante oficio DGPRS/DTL/TD/0786/2016 de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, su anuencia para el traslado de diversos reclusos, entre ellos el quejoso (foja 30 y 31) y una vez contestada la petición mediante diverso oficio DGPRS/DTL/0784/2016 la autoridad responsable autorizó el egreso del interno, ello en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/37823 de nueve de septiembre del mismo año, por el cual el Comisionado autorizó lo solicitado por dicha autoridad responsable (foja 32) y lo cual fuera avalado por el Juez Cuarto de Distrito de Proceso Penales Federales en el Estado de México (foja 43). Motivos por los cuales mediante provisto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y al Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, para que dentro del plazo de quince días manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables a las citadas, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, el presente asunto continuaría su tramitación solamente con las autoridades señaladas en la demanda inicial. Tal auto se notificó de forma personal el veintiocho de noviembre pasado. Razón por la cual, en el acta de audiencia que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el quince de noviembre pasado y, se ordenó continuar el presente asunto únicamente por las autoridades señaladas de manera inicial en la demanda de amparo. Sobre la base expuesta, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la impetrante omitió señalar a la autoridad a quien le recae el carácter de responsable ordenadora para efectos del presente juicio de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que existe imposibilidad material para examinar la constitucionalidad de la resolución reclamada, pues la autoridad a quien recae el carácter de responsable ordenadora no fue señalada con esa investidura por la conducta omisiva de la quejosa, con lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Las consideraciones precedentes encuentran apoyo en la jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, página 468, número de registro 208065, del contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Por tanto, como lo dispone la fracción V del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Y al no reclamarse de la autoridad responsable ejecutora vicios propios de ejecución del acto reclamado, se hace extensivo el sobreseimiento decretado. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96 Sexta Parte, Séptima Época, cuyo rubro es: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA." Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción V y 216 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1401/2016-V, promovido por Ignacio Martínez Pérez, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México y otra autoridad, y por las razones expuestas en el tercer y quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, mediante la cual el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar el proveído de quince de diciembre del año en curso al quejoso Ignacio Martínez Pérez, por las razones que expone. Atento a lo anterior, se tiene por hecha tal aseveración para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. A lo expuesto, resulta aplicable la jurisprudencia visible en el página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1995, Tomo IV, Materia Común cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Por tanto, comisiónese al actuario judicial de esta adscripción, a efecto de que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México y notifique al quejoso los autos de quince de diciembre del año en curso, así como el presente proveído. A efecto de que se cumpla lo anterior, se requiere a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" para que brinde las facilidades necesarias al actuario judicial de esta adscripción, a efecto de que pueda notificar al interno Ignacio Martínez Pérez; asimismo, brinde las medidas de seguridad. Con el apercibimiento que en caso de ser omiso se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con cincuenta y cinco minutos, tal como se ordenó en proveído de quince de noviembre de dos mil dieciséis (foja 51); sin embargo, mediante proveído de quince de noviembre del año en curso, se dio vista al quejoso para que dentro del plazo de quince días manifestara si es su deseo ampliar su demanda respecto a las autoridades citadas en dicho proveído; sin embargo se encuentra transcurriendo dicho plazo. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para su celebración, se fijan las once horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario, Fernando Saldaña Meneses, que autoriza, firma y da fe.

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