Ignacio Martínez Martínez

Expediente 639/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
639/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón circunstanciada asentada por el Actuario adscrito, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo de notificar el oficio que refiere por los motivos que expone; al respecto, y, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión (destruye y depura) Cabe señalar que no se formó cuaderno del incidente de suspensión. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito recibido el once de mayo de dos mil veinte, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Ignacio Martínez Martínez y otros, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Gobernador, Secretario de Salud, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Director en Turno del CERESO "Morelos" y Dirección General de Reinserción Social, todos del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado. "Omisión, de denegación, de brindar medicamentos y cuidados a los promoventes, lo cual está afectando de forma real la integridad física y psicológica de. Ignacio Martínez Martínez." SEGUNDO. En la misma fecha, el Juez de Distrito radicó el asunto bajo el número 295/2020-G, decretó de oficio la suspensión del acto reclamado y se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos en turno, por medio de su respectiva Oficina de Correspondencia Común. TERCERO. El doce de agosto de dos mil veinte, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó la demanda bajo el número 541/2020, y ordenó la separación de autos. CUARTO. El dos de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo por cuanto hace al quejoso Ignacio Martínez Martínez, radicó el asunto con el número de expediente 639/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La falta de atención médica en el centro de reclusión en que se encuentra. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsable, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, destacando que Ignacio Martínez Martínez ha recibido atención médica desde su ingreso y durante el tiempo en el que se ha encontrado recluido, de manera continua y periódica conforme a su edad, genero y padecimientos individuales. Para robustecer lo anterior, la autoridad responsable remitió diversas constancias, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena.". De tales documentales, se corrobora el dicho de la autoridad responsable ya que se desprende los estudios clínicos realizados a la impetrante de amparo el veinte de octubre de dos mil veinte. Así como la nota de valoración médica de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en la que se hace constar como padecimiento actual, problemas para orinar por las noches, por lo que se le dan resultados de laboratorio, en espera de cita para realizar "USG DE PRÓSTATA", y se le receta Tamsulosina y Pentoxifilina. Además, de diversos certificados médicos, siento el más reciente de once de septiembre de dos mil veinte, en el que se hace constar que el paciente se encuentra asintomático al momento de valoración. De igual forma, se desprenden diferentes documentales en los que el ahora quejoso firma de recibo de los medicamentos que se le suministraron. Con lo que se puede desprender que el quejoso Ignacio Martínez Martínez se le ha proporcionado atención médica. De ahí que, para efectos del presente juicio de amparo, se estimen inexistentes los actos reclamados a la autoridad penitenciaria responsable. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, en razón de que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se le atribuyen, sin que se hubiera desvirtuado en autos dicha esa negativa, lo que conduce a sobreseer en el juicio. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 324127, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, visible a página 6673, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley" De igual forma, es de traer a colación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 236, cuyo rubro y texto indican: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No obstante la anterior determinación de sobreseimiento, se hace del conocimiento a la autoridad penitenciaria responsable que deberá vigilar que en todo momento se preserve la integridad y salud de la parte quejosa, en el entendido que soslayar el derecho fundamental aludido, las consecuencias que de ello pudieran derivar serán bajo su más estricta responsabilidad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 73, 74, 75, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ignacio Martínez Martínez, respecto de los actos de autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el quejoso Ignacio Martínez Martínez, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; en consecuencia, con los informes justificados que obran en autos, dése vista a la parte quejosa para que se impongan de su contenido y manifieste lo que a sus intereses convenga, en el lugar en el que se encuentra recluido. Para dar margen a que se desahogue lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy se difiere y para su verificativo se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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