Ignacio Martín Moreno García
Expediente 565/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ignacio Martín Moreno García
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede y vista la certificación secretarial, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de veinticuatro de junio del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ****************************** consecuentemente se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se tuvo por no presentada demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta y la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente del amparo para que desahogara el requerimiento contenido en el proveído de dos de junio del año en curso, sin que a la fecha lo haya realizado. Ahora, debe decirse que, en el referido auto, se requirió a la parte inconforme, en los términos siguientes: En ese sentido, para estar en condiciones de proveer respecto de su admisión y procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones I, IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad complemente la demanda como a continuación se indica: Manifieste en forma clara, completa y en orden cronológico los antecedentes de los actos reclamados, para cuyo efecto deberá proporcionar las actuaciones más importantes que han tenido lugar en el incidente de pensión alimenticia definitiva y pago de pensiones alimenticias debidas. En el entendido que se abstendrá de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial. Concomitantemente con ello, indique el estado procesal exacto y actual del procedimiento natural, lo anterior, resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad -de ser procedente- de conceder la suspensión provisional, asimismo, para determinar el alcance de los efectos de la medida cautelar solicitada. En caso de que los ahí contendientes o algún tercero ajeno a la controversia, hubiera promovido juicio de amparo con motivo de las resoluciones emitidas en el contradictorio de origen, indique el número de expediente, órgano jurisdiccional ante el cual se radicó el mismo y el estado procesal que guarda de dicho sumario. Precise el acto que reclama en el presente asunto, toda vez que el capítulo correspondiente al acto reclamado señaló la interlocutoria de dieciocho de marzo del año en curso; empero, en los antecedentes refirió que en contra de dicha determinación interpuso recurso de apelación, mismo que no fue admitido por el juez natural en auto de veintiséis de abril subsecuente; acuerdo que es del tenor literal siguiente: Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe ******************** a quien se le tiene por presentado haciendo las manifestaciones de referencia sin lugar a acordar de conformidad el recurso de apelación que indica toda vez que el mismo es extemporáneo. Esto es, el peticionario del amparo deberá precisar si reclama la interlocutoria de dieciocho de marzo del año en curso o el proveído de veintidós de abril subsecuente. Precise la denominación de la autoridad responsable, toda vez que de sus antecedentes se advierte que mencionó al "Juez Cuadragésimo Segundo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México"; empero, en el capítulo relativo señaló al Juez Octavo de lo Familiar de esta capital. De ser posible, transcriba o remita copia simple de la resolución de dieciocho de marzo del año en curso, así como del auto de veintiséis de abril siguiente. Al tomar en consideración que solamente presentó cuatro copias del escrito inicial, deberá exhibir un juego más del mismo; lo anterior, para estar en posibilidad de correr traslado con ellas a todas las partes, en atención a que señaló una autoridad responsable, un tercero interesado, la respectiva para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos más para formar los cuadernos incidentales, con el apercibimiento que de no hacerlo, se postergará la apertura de dicho incidente; lo anterior, acorde a lo dispuesto por el artículo 114, último párrafo de la ley de la materia. [- - -]" En ese sentido, el requerimiento que se abstuvo de cumplimentar la parte quejosa, versa directamente sobre los requisitos previstos en artículos 108, fracciones II, IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo. Así las cosas, al tomar en consideración que la finalidad de una prevención es, por una parte, auxiliar al promovente en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia y, por otra, que el Juez de Distrito esté en posibilidad de admitir la demanda, una vez cumplidos todos los requisitos de forma y contenido de aquélla, con base en los cuales sea dable concluir que los presupuestos procesales de la acción constitucional están satisfechos y que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por lo tanto, como el cumplimiento de la prevención es condición para proveer sobre la admisión de la demanda y en la especie ello no aconteció, dado que se reitera, no se desahogó lo solicitado, con fundamento en el artículo 114, en relación con el numeral 108, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dos de junio del año en curso y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda. Máxime que en la citada determinación, se le hizo saber a la parte solicitante del amparo las consecuencias que legalmente podían derivar de su incumplimiento. Notifíquese por medio de lista a la parte inconforme.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, y vista la certificación de referencia se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las inconformes y terceros interesados, en proveído de doce de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en este asunto, respecto de lo cual las partes no formularon manifestaciones. Ahora, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de la Materia. En ese sentido, se impone precisar que mediante sentencia autorizada el treinta de abril de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito determinó negar el amparo a la parte quejosa. Consecuentemente, mediante ocurso con registro 6650, **********, interpusieron recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito mediante ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el R.C. 121/2021-I, de su índice, en el cual dicho cuerpo colegiado determinó revocar la resolución recurrida y conceder el amparo a la parte quejosa, al considerar toralmente lo siguiente: Pues bien, hecha la anterior precisión de los argumentos de agravio de las recurrentes y como se anticipó al inicio del presente considerando, debe decirse que son fundados únicamente en cuanto sostienen que sus conceptos de violación no debieron desestimarse como inoperantes para el juicio de amparo, pues contrario a lo que en ese sentido expuso el juez de Distrito en la resolución impugnada, en su demanda de amparo las quejosas sí expresaron argumentos y razones jurídicas para controvertir la resolución reclamada. En efecto, como se advierte de las constancias del juicio de amparo que se revisa, la resolución señalada como acto reclamado consistió en la interlocutoria de diez de agosto de dos mil veinte, en que se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de febrero de ese mismo año, proveído este último en el que se negó acordar favorablemente la petición de las personas morales comerciantes (quejosas) para que se resguardara como confidencial el contrato de prestación de servicios que habían celebrado con el despacho jurídico denominado *********************. Ahora bien, al emitir la citada resolución reclamada en el amparo, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, señalado como autoridad responsable, expuso las siguientes consideraciones torales: (Lo transcribe) Sin embargo, como lo plantearon las quejosas en su demanda de amparo, el juez responsable omitió pronunciarse sobre la totalidad de los argumentos de agravio que expusieron al interponer el recurso de revocación, específicamente aquellos en los que se inconformaron con la desestimación del contrato de prestación de servicios profesionales (contrato ****) como un documento confidencial, aun cuando en él no se hubiera planteado alguna estrategia legal; lo que controvirtieron al señalar que dicho contrato contenía los términos y las condiciones para la prestación de servicios legales que las comerciantes -entre otras personas contrataron con **************, por lo que se trataba de una comunicación entre un abogado y su cliente, que contenía información revelada por ambas partes, la cual sería utilizada para brindarle asesoría legal a las comerciantes. Aunado a que de las constancias del juicio de origen se advertía que ****** era la contraparte de las comerciantes en los procedimientos en los cuales iban a ser asesoradas por ************, circunstancia que -en consideración de las quejosas demostraba que toda la información relativa a dicha prestación de servicios jurídicos debía considerarse como de carácter confidencial, pues -agregaron- de divulgarse implicaría la vulneración a sus derechos de defensa y a la vida privada establecidos en la Constitución Federal, en la medida en que su contraparte tendría acceso y conocimiento de su estrategia legal y de las comunicaciones con sus abogados. Refieren las recurrentes en el mismo tenor, que el juzgador de amparo no advirtió el argumento que plantearon para controvertir la consideración del juez responsable, en cuanto a que el multicitado contrato de *** no tiene el carácter de confidencial, debido a que el síndico consideró que no le revestía ese carácter; afirmación que atacaron al señalar que ello es violatorio de los artículos 6, 14, párrafo segundo, 16, párrafo décimo segundo, y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y de los numerales 1, 9 y 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el juez responsable, como rector del procedimiento concursal y como sujeto obligado en términos del artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se divulgue el contenido de ese documento, dado que contiene información confidencial, por referirse a una comunicación entre un abogado y su cliente, la cual tiene el privilegio legal de estimarse confidencialidad; además de que se vulnera el derecho humano a la defensa y la vida privada de las comerciantes, por lo que resulta irrelevante que el síndico haya señalado que dicho contrato no tiene el carácter de confidencial, pues contrario a esa afirmación, es la propia ley la que le otorga el carácter de confidencial a dicho documento por lo que correspondía al juez responsable resguardarlo e impedir que se divulgara. Premisas y consideraciones de las cuales se advierte lo fundado y suficiente de los argumentos de agravio en estudio de las quejosas y aquí recurrentes, pues sus conceptos de violación no debieron desestimarse como inoperantes sino al contrario, calificarse como fundados por la omisión que atribuyeron al juez responsable en cuanto a analizar y pronunciarse sobre la totalidad de los agravios que plantearon en el recurso de revocación, cuya interlocutoria de diez de agosto de dos mil veinte señalaron como acto reclamado. En ese sentido, los efectos de la concesión del amparo, fueron para que el juzgador responsable realizara lo siguiente: a Deje insubsistente la resolución de fecha diez de agosto de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de concurso mercantil tramitado bajo el expediente *** de su índice, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de un auto de veinte de febrero de ese mismo año, señalada como acto reclamado en el presente juicio de amparo y, en su lugar. b Dicte otra en la cual se pronuncie de nueva cuenta y con plenitud de jurisdicción sobre la materia de ese recurso, atendiendo para ello a la totalidad de los argumentos de agravio que expusieron al interponer el recurso de revocación, específicamente aquellos en los que se inconformaron con la desestimación del contrato de prestación de servicios profesionales (contrato ****) como un documento confidencial, aun cuando en él no se hubiera planteado alguna estrategia legal; así como en cuanto a que resultaba irrelevante que el síndico hubiera señalado que dicho contrato no tenía el carácter de confidencial, dado lo que al respecto establece la propia legislación invocada por las comerciantes al interponer su recurso. Requerido el cumplimiento de la sentencia protectora, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante oficio con registro 16666, solicitó prórroga para emitir el fallo correspondiente. En ese sentido, mediante comunicación oficial número 375, a la cual se anexó la resolución de diez de enero de dos mil veintidós -dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo-, en la que se determinó toralmente lo siguiente: Ciudad de México, diez de enero de dos mil veintidós. Vistos los autos del concurso mercantil radicado con el número de expediente ****, para resolver el recurso de revocación interpuesto por las comerciantes ****** en contra del auto dictado el veinte de febrero de dos mil veinte, referente a que, a consideración del síndico, en términos de lo dispuesto en el artículo 332 de la ley de la materia, no estimó como confidencial el contrato de prestación de servicios con *********. Determinación que se emite en cumplimiento a la ejecutoria dictada recurso de revisión 121/2021. II. CONSIDERACIONES QUINTO. Estudio del asunto en estricto cumplimiento al fallo protector. Cabe precisar que los efectos establecidos en la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 121/2021 dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito consistieron en lo siguiente: a Deje insubsistente la resolución de fecha diez de agosto de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de concurso mercantil tramitado bajo el expediente *** de su índice, en que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de un auto de veinte de febrero de ese mismo año, señalada como acto reclamado en el presente juicio de ampro y, en su lugar. b Dicte otra en la cual se pronuncie de nueva cuenta y con plenitud de jurisdicción sobre la materia de este recurso, atendiendo para ello a la totalidad de los argumentos de agravio que expusieron al interponer el recurso de revocación, específicamente aquellos en los que se inconformaron con la desestimación del contrato de prestación de servicios profesionales (contrato ****) como un documento confidencial, aun cuando en él no se hubiera planteado alguna estrategia legal, así como en cuanto a que resultaba irrelevante que el síndico hubiera señalado que dicho contrato no tenía el carácter de confidencial, dado lo que al respecto establece la propia legislación invocada por las comerciantes al interponer su recurso. Enseguida, se procede a estudiar los motivos de disenso identificados con los incisos 1 y 2 dada su estrecha relación. Aducen las inconformes, que se vulneró en su perjuicio los artículos 6, 14, párrafo segundo, 16, párrafo décimo segundo y 20, apartado B, Fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 7 de la Ley de Concursos Mercantiles y de los numerales 1, 9, y 113, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el suscrito, como rector del procedimiento y como sujeto obligado en términos del artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, tiene la obligación de tomar todas las medidas para evitar que se divulgue el contenido del contrato de prestación de servicios que acordaron con *************, dado que contiene información confidencial, por referirse a una comunicación entre un abogado y su cliente. Conforme a lo anterior, estiman que fue irrelevante que el síndico haya señalado que dicho contrato no tiene el carácter de confidencial, y que por eso, el juzgado hay determinado no clasificarlo de esa forma, puesto que es la propia ley la que le otorga tal carácter y por ello correspondía resguardarlo. Son fundados pero inoperantes los anteriores motivos de inconformidad en razón de lo siguiente: En efecto; se dice que son fundados dichos motivos de inconformidad toda vez que el caso, no debió haberse negado la petición de las comerciantes de resguardar en el seguro del juzgado con el carácter de confidencial el contrato de prestación de servicios que acordaron con ******* por el solo hecho de que el síndico haya estimado que no tenía tal carácter ese documento, puesto que, efectivamente conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública todas las autoridades, entre ellas, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para el resguardo de la información o documentación que contenga datos personales en los términos y con las condiciones que fije la ley. Al respecto, los artículos 1, 9 y 113 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública disponen: Los transcribe Del contenido de las disposiciones legales antes transcritas se tiene que efectivamente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es de orden público y tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad; asimismo, que dichas autoridades se encuentran obligadas a transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales que obren en su poder; considerándose como información confidencial aquella que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable; por lo que la prerrogativa de la protección de datos personales y clasificación de confidencial de la documentación que contenga dichos datos deriva de la propia ley. Sin embargo, aunque fundado el motivo de disenso, resulta inoperante pues frente a esa prerrogativa también se encuentra el orden público e interés social que protege la Ley de Concursos Mercantiles y por ende, el interés colectivo de los acreedores de conocer la información rendida por el síndico a través de sus informes en la etapa de quiebra, con el fin de brindar seguridad jurídica en cuanto al pago de los acreedores dentro de ese procedimiento; es decir que el interés público que privilegia la Ley, no solo es conservar a las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, sino también evita poner en riesgo de los sujetos a concurso mercantil y de los demás con los que tenga una relación comercial, como en el caso de los acreedores de la concursada. Así es, el procedimiento regulado en la Ley de Concursos Mercantiles, conforme al artículo 1, también es de interés público y tiene como finalidad esencial la conservación de las empresas con las que mantiene una relación comercial la comerciante quebrada a través de la celebración de convenios entre ésta y sus acreedores o en su caso, la venta de la empresa concursada y los bienes que la integran a efecto de asegurar el pago a sus acreedores, lo anterior con el fin de garantizar una adecuada protección a todos ellos frente al detrimento del patrimonio de la empresa del concurso, tal y como se desprende del contenido del artículo 3 de la Ley de Concursos Mercantiles, que establece que la etapa de quiebra, tiene como finalidad la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago de los acreedores. Asimismo, conforme al numeral 169 de dicha ley, la sentencia de declaración de quiebra debe contener, entre otros: La declaración de que se suspende la capacidad de ejercicio del comerciante sobre los bienes y derechos que integran la masa; así como la orden al comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes de entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la masa, con excepción de los inalienables, inembargables e imprescriptibles. El síndico como órgano auxiliar en la quiebra, cuenta con plenas facultades de administrador y de dominio en relación con la empresa concursada; es decir, que al fungir como administrador de la empresa concursada lo que incluye sus bienes, contabilidad, estados financieros, entre otros; además, dicho especialista toma de manera coercitiva la administración de la concursada y cuenta con capacidad decisoria y de ejecución por las funciones que la ley le otorga enajenación de los bienes de la empresa para que la concursada incluso la titularidad de los derechos litigiosos derivados del concurso mercantil recae en la fallida, pero representada por el síndico nombrado dada la merma en la capacidad jurídica de la quebrada en la administración y defensa de la empresa así como la representación legal derivada del estado de quiebra. Dicho especialista, además tiene la obligación de rendir bimestralmente un informe de las labores que realice en la empresa de la comerciante así como un informe final sobre su gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la ley de la materia, debiendo detallar la información mínima de carácter financiera, contable, fiscal, administrativa, corporativa y jurídica del comerciante, con la obligación de acompañar la documentación que sustente dicho informe; lo anterior tiene como objetivo que los acreedores reconocidos conozcan la documentación presentada junto con el informe rendido por el síndico; es decir, mantener una estricta y necesaria vigilancia sobre la administración de la empresa en quiebra lo que solo se logra contando con la información financiera, contable y corporativa de las comerciantes en quiebra a fin de no poner en riesgo la viabilidad de los negocios que como unidad económica representan los acreedores; con lo que dicha norma también tutela el derecho de acceso a la información de los acreedores y el principio de transparencia en el concurso mercantil. Así las cosas, es correcto lo aseverado por las inconformes en cuanto que es irrelevante que el síndico no estimara con el carácter de confidencial el documento denominado ***** pues conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, corresponde a este órgano jurisdiccional tomar las medidas necesarias para determinar si se le otorga tal carácter o no al mencionado documento. En esa línea de pensamiento, este órgano jurisdiccional determina que no le asiste la razón a las inconformes, en cuanto a que el documento denominado ******, exhibido por el síndico en su informe bimestral de labores, deba resguardarse con el carácter de confidencial; lo anterior por que si bien es cierto, dicho documento se refiere a una comunicación entre cliente y su abogado como lo aducen las inconformes; también resulta ser que contiene la prestación de servicios legales que contrataron las comerciantes con ******, respecto del cual, como le refieren las propias recurrentes, ****** acreedora en el concurso mercantil es la contraparte de **** en los procedimientos en que dice, serán asesoradas por ******; lo que implica que precisamente, dicha contratación también tiene un contenido de carácter económico, con motivo de los honorarios que pudiesen haber pactado entre las comerciantes en quiebra y la citada persona moral, lo que incide directamente en la masa. Por tanto, si con la sentencia de quiebra, se suspendió la capacidad de ejercicio de las comerciantes sobre los bienes y derechos que integran la masa, que pasaron a la administración del síndico para que con ellos se hagan efectivos sus créditos a los acreedores reconocidos -como el caso de *****, es inconcuso que tal documento no puede ser resguardado con el carácter de confidencial, pues frente a dicha prerrogativa, se encuentra el interés colectivo de los acreedores de conocer la información contenida en el mismo, al tener implicaciones económicas que pueden afectar a la masa concursal, poniendo en riesgo la viabilidad de los negocios que como unidad económica representan los acreedores; por lo que dicho interés se ve protegido bajo una estricta vigilancia sobre la administración de la empresa en quiebra a través del conocimiento pleno de la información exhibida en el citado informe. Además, las inconformes no expusieron algún razonamiento por el cual estiman que en el caso vulnere su derecho de defensa, o por qué, de conocer ***** el mencionado documento, se verían afectados, ni tampoco señalaron si realmente se ha ejercido alguna acción por o en contra de **** bajo el asesoramiento de *******; con motivo de dicho contrato, habida cuenta que la titularidad de los derechos litigiosos derivados del concurso mercantil si bien recae en la fallida, con motivo del estado de quiebra, ahora se encuentra representada por el síndico, dada la disminución en la capacidad jurídica de las quebradas en la administración y defensa de la empresa así como la representación legal; por lo que, la justificación de no resguardar con tal carácter ese acuerdo de voluntades, no radica en el documento en sí mismo, sino impedir que se restrinja el acceso a los acreedores y con ello ocasionar un daño a la masa. Efectivamente, resguardar con la calidad de confidencial dicho documento, impediría que las partes tuvieran una estricta vigilancia de la información de carácter financiera, contable, fiscal, administrativa, corporativa y jurídica del comerciante rendida a través del informe bimestral del síndico; haría nugatorio interés colectivo de dichos acreedores de acceso a la información; se vulneraría el principio de transparencia y buena fe que debe regir en el proceso concursal, con la finalidad de lograr el pago a los acreedores y además pondría en riesgo la viabilidad de los negocios que como unidad económica representan los acreedores; derechos que también se encuentran tutelados en la Ley de Concursos Mercantiles y porque son de mayor entidad frente a los derechos de confidencialidad y defensa alegados por las recurrentes. Al afecto, conviene traer a colación la figura de la personalidad jurídica societaria independiente, que es uno de los ejes de cualquier sistema económico, ya que ofrece a los individuos la seguridad jurídica de que en condiciones de normalidad, los actos de la persona moral no trascenderán a la esfera jurídica de quienes la integran; sin embargo, en situaciones de abuso, la doctrina denomina "la desestimación de la personalidad jurídica societaria" conocida como "levantamiento del velo corporativo" que ha sido diseñada precisamente para facultar al juzgador de prescindir de esta ficción del derecho, cuando la persona jurídica es una simple pantalla de protección de quienes a través de ella realizan actos de fraude civil en perjuicio de acreedores, o incumplimiento de obligaciones, derivadas de otra persona moral. Luego, si conforme a la ley, las comerciantes tienen derecho a la protección de las comunicaciones entre cliente abogado, mientras que las sociedades tienen como elemento de protección el "velo corporativo" en cuyo segundo caso, la ley permite el levantamiento de dicho velo en pro de la transparencia y la protección de otros valores importantes; por tanto, este juzgador al modular los alcances del derecho a la protección de las comunicaciones entre cliente-abogado, frente al interés colectivo de los acreedores, determina que debe prevalecer el segundo de ellos, toda vez que la categoría de la información confidencial responde a la necesidad únicamente de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales, mientras que el de los acreedores, obedece a la finalidad establecida en la norma de conocer y vigilar los intereses de la masa. Además, el no tratar con el carácter de confidencial el contrato antes citado, sólo representa una injerencia moderada al derecho de protección a las comunicaciones cliente-abogado, frente al mencionado derecho de los acreedores de conocer y vigilar los intereses de la masa; máxime que dicho contrato obra dentro del procedimiento del concurso mercantil, en cuyo caso, le reviste el carácter de información reservada conforme a lo establecido por el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que no es información que pueda ser conocida por el público en general, sino solamente por las partes del concurso mercantil, quienes deben regir su actuar conforme a los principios de trascendencia, publicidad y buena fe, en términos del artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles. En el mismo sentido jurídico, tampoco puede estimarse que con la determinación anterior se vulnere el derecho de defensa y a la vida privada de las fallidas, así como lo establecido en los artículos 16, párrafo décimo segundo y 20, apartado B, Fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que, las recurrentes no demostraron que derivado del citado documento realmente iban a ejercer acciones y defender derechos que son propios de las comerciantes y ajenos al procedimiento de quiebra; además tampoco puede estimarse que con el auto impugnado se pueda vulnerar su derecho de defensa y a la vida privada, pues se reitera, frente al interés particular, se encuentra el interés social que protege a la Ley de Concursos Mercantiles. De igual forma, tampoco le irroga perjuicio a las recurrentes el hecho de haber ordenado poner a la vista de los acreedores los documentos precisados por las inconformes, pues debe recordarse que los interventores en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, son los encargados de vigilar las actuaciones del síndico respecto de las cuestiones que a su juicio puedan afectar los intereses de los acreedores; lo cual, al poner a la vista de las partes el Acuerdo de Honorarios *****; así como los anexos precisados en el punto V del escrito registrado con la promoción 3580 -en específico a la vista de los interventores- robustece la vigilancia del actuar del síndico y con ello la administración realizada sobre las quebradas, pues dicha documentación al tener un contenido económico es de interés de los acreedores, facultando con ello a los interventores a peticionar el examen de dichos documentos otorgándole el tratamiento de confidencial. Encuadrando con ello, la petición formulada por ********** en el sentido de poner a la vista de los interventores las documentales en comento, esto al guardar relación sobre el tópico de administración de las concursadas, además de ser exhibidas por el síndico al momento de rendir su respectivo informe bimestral; tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Concursos Mercantiles, deviniendo con ello lo fundado pero inoperantes de los agravios precisados en los incisos 1 y 2. Ahora, por cuanto hace al agravio sintetizado en el inciso 3 consistente en que no era procedente requerir al síndico informara sobre los honorarios respecto a los abogados y prestadores de servicio con adeudos registrados en el SAP, en razón que, se estaría practicando pesquisa en la contabilidad de las comerciantes, resulta infundado. Ello, en razón que dicho requerimiento no contraviene lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 del Código de Comercio, aplicado de manera supletoria a la Ley de Concursos Mercantiles, ya que, dicho requerimiento no se decretó de oficio, ni consistió en inquirir a las comerciantes para que lleven o no un sistema de contabilidad específico, ni muchos menos se peticiono sobre un elemento genérico o impreciso, sino por el contrario dichos registros están vertidos en el sistema SAP, precisándose además, que la información requerida podría constituir un pasivo en la masa concursal, la cual tiene que verse reflejada en la contabilidad de las quebradas, siendo interés de los acreedores reconocidos. Máxime que dicha determinación se encuentra convalidada en los últimos dos preceptos normativos, deviniendo con ello infundado el argumento planteado por las recurrentes. Finalmente, por cuanto hace al cuarto agravio referente al requerimiento que se les formuló para que le entregaran al síndico la totalidad de la contabilidad, consideran que les causa un agravio en virtud que -a su consideración- ya fue entregada, deviene inoperante, pues el solo hecho de requerir a las comerciantes la entrega al síndico de la totalidad de la administración no ocasiona un daño, puesto que esa determinación aún no contiene alguna decisión que pueda irrogar un perjuicio, pues el proveído o resolución que pudiera originar perjuicio se actualiza cuando se hiciera efectivo tal apercibimiento a través de un diverso acuerdo; lo cual, en el acuerdo recurrido no se estipulo sanción alguna que pudiera causarles un perjuicio. En otras palabras, la actualización del daño trascendental y grave surge cuando por la postura procesal del recurrente, consistente en el incumplimiento respecto del mencionado requerimiento, el Juez de Distrito hace efectivo ese apercibimiento a través de otro proveído, lo cual se insiste, en el auto impugnado no se realizó apercibimiento alguno a las inconformes, de ahí lo inoperante del agravio esgrimido. En mérito de lo anterior, se determina que fueron en una parte fundados pero inoperantes y en otra, infundados los motivos de disenso hechos valer por ***********, lo procedente es confirmar el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte. Por lo expuesto, fundado en los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, se: RESUELVE PRIMERO. Es infundado el recurso de revocación hecho valer por **********. SEGUNDO. Se confirma el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte. TERCERO. Remítase copia certificada de la presente resolución al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, respecto del amparo indirecto 403/2020 para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en amparo en revisión 121/2021-I. Así, en cumplimiento a los lineamientos que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a emitir la presente determinación a fin de declarar si la ejecutoria está cumplida o bien si se incurrió en exceso o defecto en su acatamiento. Al respecto, es conveniente señalar que la autoridad responsable se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector que se emitió con motivo del juicio de amparo tramitado, de modo tal que realice todos y cada uno de los actos determinados en aquél. No obstante, puede suceder que al tratar de realizar ese cumplimiento, la autoridad responsable no se ciña estrictamente a lo determinado en el fallo, sino que lo haga de manera parcial o incompleta, en cuyo caso habrá defecto, o bien, que vaya más allá de lo que se haya ordenado, hipótesis en la cual existirá exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Bien, conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable cumplió con la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores, pues en acatamiento a las consideraciones fijadas dictó la resolución condigna. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de un dispositivo 2°, se aprecia que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, resolvió el recurso de revocación hecho valer por las comerciantes en contra del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, emitido en el concurso mercantil *****, promovido por ***********, con plenitud de jurisdicción sobre la materia de ese medio de impugnación, atendiendo para ello a la totalidad de los argumentos de agravio que expusieron en el mismo, y de forma especial, en los que se inconformaron con la desestimación del contrato de prestación de servicios profesionales (contrato ****) como un documento confidencial, aun cuando en él no se hubiera planteado alguna estrategia legal, así como en cuanto a que resultaba irrelevante que el síndico hubiera señalado que dicho contrato no tenía el carácter de confidencial. Luego, de lo anterior se aprecia que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas se aprecia que el juez responsable no decidió puntos diversos de los que se determinaron en la protección otorgada en el fallo constitucional; y tampoco omitió el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que se le ordenó resolver en la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada. En consecuencia, se declara que la sentencia protectora ha quedado cumplida, pues se acató en sus términos la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese orden de ideas, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obran documentos considerados como no originales; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; póngase a disposición de las quejosas los instrumentos catalogados como "no originales"; en el entendido que de no recogerlos en el término de noventa días hábiles, éstos serán destruidos; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,554 expedientes
- Ignacio Francisco Uribe de la Mora889/2015
- Ignacio García Castañeda182/2018
- Ignacio Leal Garcia769/2021
- Ignacio Leal Garcia770/2021
- Ignacio Leal Garcia768/2021
- Ignacio Mario Madrazo Piña y Otros.388/2020
- Ignacio Martínez Villegas836/2021
- Ignacio Miguel Carral Kramer721/2020
- Ignacio Peredo Ramírez330/2020
- Ignacio Raúl Reyes Basurto1192/2018
- Ignacio Rodríguez Contreras518/2022
- Ignacio Rojas Sánchez643/2021