IGNACIO MANUEL ROMERO LOPEZ y Otros.

Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
207/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • IGNACIO MANUEL ROMERO LOPEZ y Otros.
  • Ignacio Manuel Romero Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio 2183/2022 recibido a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), enviado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que el citado Tribunal acepta la competencia declinada por este Órgano de Control Constitucional y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ignacio Manuel José María, Gustavo Elías, Abigail, María Luisa, Xóchitl Elia, de apellidos Romero López. Ahora bien, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, entonces, una vez que transcurran tres años, contados a partir del día siguiente al dictado de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado EDGAR IVÀN CRUZ LERMA, Secretario que autoriza y DA FE.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ignacio Manuel José María Romero López, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, manifiesta que el tres de febrero del año en curso, tuvo conocimiento del acto reclamado. En atención a lo anterior, se tiene en tiempo al citado quejoso dando cumplimiento el requerimiento que se le hiciera en autos. Ahora bien, la parte quejosa reclama el auto de cinco de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio 704/2020, sobre nulidad de testamento, índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora [quejosa], contra el proveído cuatro de septiembre de dos mil veinte; ello, porque la autoridad responsable consideró, no ser un medio ordinario de defensa idóneo contra un auto que desecha la demanda, atento lo previsto por el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Al respecto, en el artículo 47 de la vigente Ley de Amparo se establece, entre otras cosas, que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y de inmediato remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Por su parte, en el numeral 170, fracción I, del ordenamiento legal invocado se prevé que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; para tal efecto, aclara que por sentencias definitivas o laudos se entiende los que decidan el juicio en lo principal y, por resoluciones que pongan fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Además, señala que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Sentado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se obtiene que los aquí quejosos Ignacio Manuel José María, Gustavo Elías, Abigail, María Luisa, Xóchitl Elia, de apellidos Romero López, promovieron juicio ordinario sobre nulidad de testamento, en la que reclamaron la nulidad del testamento a finales del mes de agosto de dos mil veinte. La Juez responsable, previno a los comparecientes para que exhibieran los documentos fundatorios de su acción, ya que solo habían exhibido copia fotostática, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se desecharía su escrito inicial. Mediante escrito presentado, la autorizada de la parte actora sostuvo que los documentos originales obraban dentro del expediente civil 418/2019, sobre sucesión testamentaria, del índice del mismo juzgado de primera instancia. La Juez natural acordó desfavorablemente lo anterior, y señaló que el motivo de la prevención fue que exhibiera sus documentos base de la acción en copia certificada, al ser ésta una carga procesal de la parte actora. Inconforme, la autorizada interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado por la Juez del conocimiento, al estimar que el auto que admite o desecha la demanda, no puede ser recurrible, por lo que debió interponer el recurso que legalmente correspondía. La resolución en cuestión constituye el acto reclamado; de ahí, es incuestionable encontrarnos en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo, prevista en la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, en tanto que lo resuelto en aquella implica, haya quedado firme el auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, en la cual se determinó no dar trámite a la demanda de la hoy quejosa. En esa virtud, es procedente el juicio de amparo directo de conformidad con lo preceptuado por los artículos 107, fracción III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Fundamenta tal decisión, la tesis III.7o.A.2 K (10a.), visible a página 1868, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III; Materia(s): Común, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contexto: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA Y EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN SU CONTRA POR NO SER EL IDÓNEO. De una interpretación sistemática de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V, inciso b) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En esa medida, el ejercicio de la acción constitucional en la vía uniinstancial permite al quejoso impugnar la constitucionalidad tanto de la sentencia definitiva como la del auto que desecha el recurso interpuesto en su contra por no ser el idóneo -resolución que puso fin al juicio-, dada la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre ambos actos y por ser un caso único o sui géneris; lo que tiene apoyo también en los principios de indivisibilidad de la demanda, de concentración y de expeditez del procedimiento, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los actos reclamados -sentencia definitiva y auto que desechó el recurso promovido en su contra por no ser el idóneo- se encuentran vinculados estrechamente y forman una unidad que no es jurídicamente conveniente desmembrar para no romper la continencia de la causa, además de que el procedimiento del amparo directo en materia administrativa permite llevar a cabo, dentro de un mínimo de actos procesales, todas las determinaciones necesarias para resolver en forma integral la solicitud del quejoso, con el propósito de obtener la protección de la Justicia Federal; en caso contrario, se establecería la procedencia de las dos vías de impugnación a través del juicio de amparo: la del directo y la del indirecto, para el conocimiento y resolución de actos que guardan tal dependencia, que lo que se resuelva respecto de uno tiene que determinarse por lo que toca al otro, de modo que el Juez de Distrito no podría decidir algo distinto a lo que, en su caso, resuelva el Tribunal Colegiado de Circuito y, a pesar de esa circunstancia, se vería constreñido a observar los trámites previstos para la sustanciación del juicio de amparo indirecto, con el consiguiente retardo en la solución integral de la controversia planteada. Más aún, el juicio de amparo procede contra ambos actos, porque el acuerdo de desechamiento del recurso no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sobre la procedencia del amparo indirecto, ni aun en la fracción IV, que incluye a los actos de tribunales administrativos, realizados después de concluido el juicio, en la medida en que al estar sub júdice la sentencia, no puede decirse que ya hubiera concluido aquél, ni tampoco en la fracción V, sobre actos en juicio que afecten materialmente derechos sustantivos, porque, como se advierte, sólo implicaría la transgresión de un derecho procesal, en su caso. No se opone a lo considerado, que en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 508/2011, de la cual emanó la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido la inaplicabilidad de la diversa jurisprudencia 1a./J. 51/2004, de rubro: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", porque en ese procedimiento no fue materia de estudio el supuesto en que se promueva un mismo juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva y el auto que desecha el recurso intentado en su contra por no ser el idóneo." Bajo esa premisa, dada la especial naturaleza y los efectos que produce dicha determinación, podemos concluir ser de aquéllas que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, dan por terminado el juicio natural; de tal manera, resulta indiscutible en su contra procede el juicio de amparo directo. Se cita por su contenido, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 97/2017 (10a.) Décima Época. Registro: 2015687, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I. Página 241, de rubro y texto: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda y, por ende, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de este Circuito, en turno, con residencia en esta localidad, para los efectos previstos en el dispositivo legal citado. Fórmese el cuadernillo correspondiente, debiéndose dejar copia certificada de todas las constancias que integra el presente asunto; para los efectos legales a que haya lugar. Por último, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente expediente. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y DA FE.

  3. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio DJ/151/2022 signado por la autoridad vinculada R. Ayuntamiento de Tampico, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de nueve de febrero de la presente anualidad, informa que no es posible confirmar una fecha a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, en virtud de que los proyectos presupuestales no pueden basarse en un adeudo en particular, sino bajo los conceptos generales que hacen posible el funcionamiento de los ayuntamientos y la administración de su financiamiento. En virtud de lo anterior, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, con copia del oficio de cuenta, para que en un término de tres días contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable y tercer interesado, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe

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