Ignacio Laveaga Zazueta
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ignacio Laveaga Zazueta
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, por medio del cual remite testimonio de la queja civil 13/2021, relativo al juicio de amparo 2/2021, promovido por Ignacio Laveaga Zazueta. Así entonces, de la resolución dictada por el órgano revisor, se advierte lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa Ignacio Laveaga Zazueta. Atento a lo anterior, gírese al acuse respectivo y, toda vez que contra el fallo anterior no procede recurso alguno, por tanto se declara que el mismo causa estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívense las actuaciones como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
se notifica por lista de estrados a la parte quejosa Culiacán, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por la Subdirectora Jurídica y Registral en suplencia de la Directora del Registro público de la Propiedad del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al proveído de dieciocho de los actuales, informa que por medio de la boleta de entrada número 417536, quedó registrado el acto denominado "Cancelación de Inscripción", sobre el bien correspondiente al folio electrónico 74026. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Notifíquese por lista de estrados a la parte quejosa.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ********************mediante el cual se desiste del incidente de suspensión, en virtud de que con fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el amparo en revisión número 108/2020, relativo con el juicio de Amparo número 80/2020, radicado en este Juzgado, resolvió que se confirma el fallo recurrido y que la Justicia de la Unión Ampara y Protege al suscrito quejoso en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por lo informa que el presente incidente de suspensión debe dejar de tener efectos, solicitando sea devuelto el documento de la fianza depositada ante este Juzgado y se ordene la cancelación de la misma. Asimismo, solicita copias certificadas del presente escrito y del acuerdo que recaiga sobre esta solicitud. En virtud de lo anterior, se reserva acordar respecto lo manifestado, hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, remita el testimonio dictado en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cinco de enero de dos mil veintiuno. I. Quejoso. Ignacio Laveaga Zazueta. II. Acto reclamado. La resolución emitida en el recurso de revocación contra el proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se ordenó dejar sin efecto la citación para sentencia, y ordenar nombrar como tutora del demandado en el juicio de origen a la progenitora, y a su vez se nombra como representante especial a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, dentro del juicio de cese de pensión alimenticia 691/2019. III. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En principio, la fracción XXlll del artículo 61, en relación con el ordinal 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la resolución del recurso de revocación contra el proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se ordenó dejar sin efecto la citación para sentencia, y ordenar nombrar como tutora del demandado en el juicio de origen a la progenitora, y a su vez se nombra como representante especial a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, dentro del juicio de cese de pensión alimenticia 691/2019, que constituye el acto reclamado, no puede considerarse actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Por ello, la resolución reclamada únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. Es así, toda vez que las pretensiones del promovente pueden quedar satisfechas si obtiene sentencia favorable a sus intereses, y en caso que dicha resolución definitiva le fuera adversa, es factible de impugnarse como violación a través de diverso medio de defensa, que en su caso pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. Se cita como ilustrativa la jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la publicación de seis de junio del año en curso del Semanario Judicial de la Federación, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En las relacionadas condiciones, como el acto reclamado en esta vía constitucional, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, la demanda de amparo que se analiza. IV. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo. VI. Se exhorta a las partes a transitar a la modalidad de juicio en línea. Por otra parte, debido a la enfermedad producida por el virus SARSCoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarla, se exhorta a la parte quejosa para efectos que, en su caso, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). VI. Presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional. Se hace saber al promovente que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de personas persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. VII. Presentación de promociones físicas a través de la OPC. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común (OPC) de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa; lo anterior deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar promoción de forma física. VIII. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica.
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