Ignacio Lavariega López y Otros.
Expediente 265/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 265/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2022
Partes del expediente
- Ignacio Lavariega López y Otros.
- Ignacio Lavariega López
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez del Ramo Civil de Primera Instancia, con sede en Pichucalco, Chiapas. 2. Segundo Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia, con sede en Pichucalco, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 265/2022-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, señalando como actos destacados, los siguientes: A. El auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. B. El auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto. Al respecto, a criterio de esta juzgadora respecto del acto reclamado en el inciso A) consistente en el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" La hipótesis en comento descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, el cual exige que el agraviado por un acto, promueva todas las instancias procesales tendientes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y solo cuando por virtud de esas instancias no se haya obtenido éxito en la anulación (lato sensu) de referencia, podrá promoverse demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio legal de defensa se agota cuando se hace valer y se substancía en todos sus términos, hasta que se dicte la sentencia o resolución que lo dé por terminado. Sin esa resolución o sentencia, no podrá decirse que se agotó el recurso o medio de defensa legal y, entonces, el juicio de amparo es improcedente, por coexistir el recurso de mérito, al mismo tiempo en que se promueve el juicio de amparo. En efecto, la fracción XIX se actualiza cuando se promueve el citado juicio, no obstante que se encuentra en trámite el recurso o medio de defensa y, por lo mismo, no ha sido resuelto, aun cuando podría tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que el quejoso estuviese o no obligado a agotar dicho recurso. Consecuentemente, en términos de esta fracción, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio legal de defensa que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto de autoridad respectivo, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un asunto que esté en vías de ser resuelto por ser materia de un recurso ordinario o medio legal de defensa, con efectos semejantes a los que se pretenden y pudieran obtenerse o derivar de la acción constitucional. Sobre el tema, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/96, sosteniendo que el recurso a que se refería la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, idéntica a la diversa XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, requisito éste que debe examinar el juzgador federal. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en cuanto a que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, se impuso al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente de amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesaria la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En el mismo orden de ideas, se ha determinado que al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el cual se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. Consideraciones de las que derivó la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De dicho criterio se colige que, si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el inciso A) se hace consistir en el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Dicha determinación, se desprende de la documental que exhibió la parte quejosa, en la que por escrito fechado y recibido el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por el Juzgado responsable, el aquí quejoso, interpuso recurso de apelación en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, recurso que se admitió a trámite en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós. En ese sentido, se advierte que respecto del acto reclamado en primer término se colman los presupuestos de la causa de improcedencia examinada. En efecto, el primer requisito señalado en el inciso a) se acredita plenamente, toda vez que en contra del auto de nueve de febrero de la presente anualidad, pronunciado en el expediente ***, es decir, el propio solicitante del amparo ***, promovió recurso de apelación, el cual fue admitido en proveído de veintidós de febrero del año en curso por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas (como se advierte de la documental anexa al escrito de demanda). En lo concerniente al requisito identificado con el inciso b), se considera también acreditado, pues por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, admitió en ambos efectos el recurso de apelación de la parte quejosa, y ordenó remitir el mismo a la autoridad de segunda instancia para la substanciación y resolución del mismo. Finalmente, el requisito señalado con el inciso c) se estima actualizado, en virtud de que el citado recurso de apelación es procedente en contra de dicho auto, y tiene por objeto que se conduzca a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como destacado en el juicio de amparo. De modo que, al quedar demostrado que se está tramitando ante un tribunal ordinario algún recurso o defensa legal propuesto por la parte quejosa, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, esto tiende a evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de impugnación que tengan un mismo objeto, pues se podría dar el caso de que se emitieran sentencias contradictorias, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. Además, que no puede pretenderse dividir la continencia de la causa, y tratar de impugnar una parte del acuerdo reclamado a través del recurso de apelación ante el Tribunal Superior, y otra parte por medio del juicio de amparo, porque el auto es una unidad indivisible, motivo por el cual no se puede escindir su estudio a través de dos medios de defensa, uno ordinario ante la potestad común y otro extraordinario como lo es el juicio de amparo. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente, respecto del acto reclamado consistente en el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado, marcado con el inciso B), consistente en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto, a juicio de quien esto determina, se desprende se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. VI. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VII. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Es ese mismo sentido, conviene mencionar que el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 25/2015, se pronunció en torno al principio de definitividad en tratándose de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación. En aquel asunto, el Tribunal Pleno resolvió que incluso cuando se reclamen actos derivados de juicios tramitados ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir a incoar la acción de amparo, deberán agotar los recursos establecidos en las normas ordinarias. Tales asertos se encuentran contemplados en la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En el caso, la parte quejosa reclama B) el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de queja previsto por el artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el auto combatido; precepto que establece: ".Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento; II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley." [Énfasis añadido] Dicho medio de impugnación sigue su trámite conforme a las disposiciones siguientes: ".Artículo 698.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante éste, dentro de las veinticuatro horas que sigan a la notificación del acto reclamado, expresando agravios y acompañando copia para que obre en autos. Recibida la queja, dentro del tercer día, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación y el testimonio respectivo. El superior, dentro del mismo término decidirá lo que proceda. Se impondrá al juez del conocimiento que no rinda informe con justificación y testimonios dentro del término señalado, la sanción de hasta diez días de salario mínimo vigente en el Estado. Artículo 699.- Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviere fundada en derecho o hubiere recurso ordinario de la resolución reclamada, será desechada por el tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado, solidariamente, una multa de diez y hasta veinte días de salario mínimo vigente en el Estado. Artículo 700.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en las causas apelables, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación." De los citados preceptos, se advierte que el recurso de queja se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre las determinaciones que admiten la procedencia del recurso de queja, se encuentran aquellas que no admiten la apelación. Por tanto, si en el caso la parte quejosa reclamó un auto en el que se determinó que no era procedente admitir su recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el expediente ***, es evidente que, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa antes señalado. En consecuencia, en observancia al principio de definitividad, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de mérito en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció, sin que en el caso se surta algún caso excepción al enunciado principio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.96 C, de rubro: "AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION EN EL JUICIO CIVIL. ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE QUEJA PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)." De suerte que, al no haberlo hecho, se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; por tanto, se impone sobreseer en el presente sumario, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***; toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para tales efectos a las diversas personas que designa, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFIC APOR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Juez del Ramo Civil de Primera Instancia, con sede en Pichucalco, Chiapas. 2. Segundo Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia, con sede en Pichucalco, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 265/2022-2-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, la parte quejosa comparece a esta instancia constitucional, señalando como actos destacados, los siguientes: A. El auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. B. El auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto. Al respecto, a criterio de esta juzgadora respecto del acto reclamado en el inciso A) consistente en el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" La hipótesis en comento descansa en el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, el cual exige que el agraviado por un acto, promueva todas las instancias procesales tendientes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y solo cuando por virtud de esas instancias no se haya obtenido éxito en la anulación (lato sensu) de referencia, podrá promoverse demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio legal de defensa se agota cuando se hace valer y se substancía en todos sus términos, hasta que se dicte la sentencia o resolución que lo dé por terminado. Sin esa resolución o sentencia, no podrá decirse que se agotó el recurso o medio de defensa legal y, entonces, el juicio de amparo es improcedente, por coexistir el recurso de mérito, al mismo tiempo en que se promueve el juicio de amparo. En efecto, la fracción XIX se actualiza cuando se promueve el citado juicio, no obstante que se encuentra en trámite el recurso o medio de defensa y, por lo mismo, no ha sido resuelto, aun cuando podría tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, independientemente de que el quejoso estuviese o no obligado a agotar dicho recurso. Consecuentemente, en términos de esta fracción, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio legal de defensa que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación del acto de autoridad respectivo, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un asunto que esté en vías de ser resuelto por ser materia de un recurso ordinario o medio legal de defensa, con efectos semejantes a los que se pretenden y pudieran obtenerse o derivar de la acción constitucional. Sobre el tema, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/96, sosteniendo que el recurso a que se refería la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, idéntica a la diversa XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, requisito éste que debe examinar el juzgador federal. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en cuanto a que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, se impuso al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente de amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesaria la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En el mismo orden de ideas, se ha determinado que al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el cual se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. Consideraciones de las que derivó la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De dicho criterio se colige que, si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, solo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el inciso A) se hace consistir en el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Dicha determinación, se desprende de la documental que exhibió la parte quejosa, en la que por escrito fechado y recibido el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por el Juzgado responsable, el aquí quejoso, interpuso recurso de apelación en contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, recurso que se admitió a trámite en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós. En ese sentido, se advierte que respecto del acto reclamado en primer término se colman los presupuestos de la causa de improcedencia examinada. En efecto, el primer requisito señalado en el inciso a) se acredita plenamente, toda vez que en contra del auto de nueve de febrero de la presente anualidad, pronunciado en el expediente ***, es decir, el propio solicitante del amparo ***, promovió recurso de apelación, el cual fue admitido en proveído de veintidós de febrero del año en curso por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas (como se advierte de la documental anexa al escrito de demanda). En lo concerniente al requisito identificado con el inciso b), se considera también acreditado, pues por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, admitió en ambos efectos el recurso de apelación de la parte quejosa, y ordenó remitir el mismo a la autoridad de segunda instancia para la substanciación y resolución del mismo. Finalmente, el requisito señalado con el inciso c) se estima actualizado, en virtud de que el citado recurso de apelación es procedente en contra de dicho auto, y tiene por objeto que se conduzca a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como destacado en el juicio de amparo. De modo que, al quedar demostrado que se está tramitando ante un tribunal ordinario algún recurso o defensa legal propuesto por la parte quejosa, que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, esto tiende a evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de impugnación que tengan un mismo objeto, pues se podría dar el caso de que se emitieran sentencias contradictorias, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. Además, que no puede pretenderse dividir la continencia de la causa, y tratar de impugnar una parte del acuerdo reclamado a través del recurso de apelación ante el Tribunal Superior, y otra parte por medio del juicio de amparo, porque el auto es una unidad indivisible, motivo por el cual no se puede escindir su estudio a través de dos medios de defensa, uno ordinario ante la potestad común y otro extraordinario como lo es el juicio de amparo. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente, respecto del acto reclamado consistente en el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente ***, por el cual, entre otras cuestiones, se tiene al quejoso por notificado de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado, marcado con el inciso B), consistente en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto, a juicio de quien esto determina, se desprende se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. VI. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VII. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Es ese mismo sentido, conviene mencionar que el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 25/2015, se pronunció en torno al principio de definitividad en tratándose de actos en juicio de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación. En aquel asunto, el Tribunal Pleno resolvió que incluso cuando se reclamen actos derivados de juicios tramitados ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que sean de imposible reparación, antes de acudir a incoar la acción de amparo, deberán agotar los recursos establecidos en las normas ordinarias. Tales asertos se encuentran contemplados en la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En el caso, la parte quejosa reclama B) el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de queja previsto por el artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, normatividad que rige el procedimiento de donde emana el auto combatido; precepto que establece: ".Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento; II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley." [Énfasis añadido] Dicho medio de impugnación sigue su trámite conforme a las disposiciones siguientes: ".Artículo 698.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante éste, dentro de las veinticuatro horas que sigan a la notificación del acto reclamado, expresando agravios y acompañando copia para que obre en autos. Recibida la queja, dentro del tercer día, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación y el testimonio respectivo. El superior, dentro del mismo término decidirá lo que proceda. Se impondrá al juez del conocimiento que no rinda informe con justificación y testimonios dentro del término señalado, la sanción de hasta diez días de salario mínimo vigente en el Estado. Artículo 699.- Si la queja no está apoyada por hecho cierto o no estuviere fundada en derecho o hubiere recurso ordinario de la resolución reclamada, será desechada por el tribunal, imponiendo a la parte quejosa y a su abogado, solidariamente, una multa de diez y hasta veinte días de salario mínimo vigente en el Estado. Artículo 700.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en las causas apelables, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación." De los citados preceptos, se advierte que el recurso de queja se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre las determinaciones que admiten la procedencia del recurso de queja, se encuentran aquellas que no admiten la apelación. Por tanto, si en el caso la parte quejosa reclamó un auto en el que se determinó que no era procedente admitir su recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el expediente ***, es evidente que, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa antes señalado. En consecuencia, en observancia al principio de definitividad, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de mérito en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció, sin que en el caso se surta algún caso excepción al enunciado principio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.96 C, de rubro: "AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION EN EL JUICIO CIVIL. ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE QUEJA PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)." De suerte que, al no haberlo hecho, se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; por tanto, se impone sobreseer en el presente sumario, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haberse actualizado las causas de improcedencia previstas en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente ***, por el que se determinó que no ha lugar a admitir a trámite el recurso de apelación que hizo valer el quejoso en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de haber fenecido el término para tal efecto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***; toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados para tales efectos a las diversas personas que designa, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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